viernes, 9 de agosto de 2013

Canon minero & conflicto social

Un dato curioso que se presenta en Perú es que actualmente pocas voces se escuchan para analizar científicamente el impacto sobre las decisiones tomadas sobre el impuesto a las sobreganancias mineras,inversión y sus efectos sobre el canon minero y potenciales conflictos sociales.
En nuestro análisis de las negociaciones en torno a las sobreganancias mineras considerábamos la necesidad que las mineras mantengan su competitividad construyendo una relación de confianza y de comunicación adecuada con el gobierno peruano, promoviendo capacidades para sostener la cartera de proyectos mineros prevista o las mejore con las alternativas que se brinden para continuar y/o empezar operaciones en el país. En este contexto, no se aprecia mayor progreso.
La realidad actual es preocupante, no tanto por efectos de la acción o inacción de la administración del gobierno, si no porque los mismos "expertos" y "líderes sociales" llamados para arrinconar a la minería y a las inversiones en el sector, ahora se alzan como baluartes para evitar mayores conflictos sociales ante la disminución del canon minero que era técnicamente previsible. 
El diario La república hace un interesante enfoque sobre esta coyuntura en los siguientes términos:
"La asignación por concepto de canon minero habría caído por sobre el 25% en relación con el año pasado según los cálculos realizados recientemente en función de la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Como se sabe, el 50% de impuesto a la renta minera se transfiere a los municipios y a las regiones para ser invertido en obras de infraestructura física y otros proyectos de desarrollo, innovación y seguridad ciudadana.
No siendo el canon la única transferencia descentralizada, es la más importante entrega de recursos que,junto a la inversión privada, han alimentado en la última década el desarrollo regional.
Desde los 56 millones de soles transferidos a inicios de la década pasada, el canon se ha incrementado fruto del boom de los metales hasta llegar a casi 5 mil millones de soles el año pasado.
La caída de la demanda de materias primas en el mundo y el retraso de varios emprendimientos se han hecho sentir.
El año pasado, la recaudación minera cayó en -20% y la participación de la minería en la recaudación del impuesto a la renta cayó un 26%.
Las regiones más perjudicadas son aquellas que en los últimos 15 años concentraron una alta renta minera.
Es el caso de Arequipa cuya asignación habría caído 45%, Ayacucho (80%), Cusco (88%), Huancavelica (47%), Huánuco (70%), Ica (45%), Junín (40%), Pasco (55%) y Tacna (22%). Solo Cajamarca parece haber quedado a salvo ahora de esta significativa merma de recursos para la inclusión social.
Son muy demostrables los factores endógenos de esta situación y frente a su incidencia hay poca discusión. Son las consecuencias las que demandan un primer aterrizaje práctico, debido a la reproducción de esta caída en los planes de desarrollo regional y en los conflictos sociales. Por ejemplo, es preciso señalar que la Municipalidad Provincial de Espinar (Cusco) según el MEF debería haber recibido 178 millones de soles este año pero solo se le transfirió 9 millones 915 mil,es decir, 92% menos.
Es obvio que esta merma está llamada a jugar un papel en el proceso de diálogo que se lleva a cabo hace 14 meses.
Frente a las salidas facilistas debe advertirse que el problema no reside exclusivamente en montos globales que se dejarán de transferir. Los costos directos de la paralización de obras y proyectos se traducirán en un menor uso de la mano de obra local,más lentitud en la creación de la riqueza en los mercados regionales y menor demanda de bienes y servicios locales.
El Perú, luego de más de una década de bonanza, afronta su primera discusión macro de cómo administrar la escasez, lo que será un test para la responsabilidad.
En la agenda se encuentran demandas de las regiones y municipios al gobierno para que el tesoro reponga los recursos faltantes, la creación de un fondo especial o el uso de los fondos de contingencia que la Ley de Presupuesto de este año contempla.
En la determinación de un modelo de reposición, el gobierno, las regiones y los municipios deberán encontrar puntos de contactos realistas para evitar una puja en la que gane el que toma más puentes y carreteras.
La solución pasa por entender que no todos los recortes tienen la misma trascendencia y ocasionan el mismo perjuicio. Es evidente que los esfuerzos deberían concentrarse en los municipios rurales, los más pobres del país, las obras en ejecución en el presente ejercicio y en el uso provechoso de los recursos no ejecutados. La palabra redistribución adquiere un mayor sentido de solidaridad y utilidad".