Las firmas Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron una demanda arbitral (7 Abril 2011) bajo un proceso de arbitraje contra el Estado peruano y exigirán una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial.
Según Renco, el gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU.
Alegan que recibieron un trato injusto respecto de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
La firma dice que el Gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que, debido a la negativa a extender el PAMA, no pudieron terminar con el proyecto faltante (Construcción de la planta de ácido sulfúrico).
Un segundo argumento es que el Gobierno Peruano trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que esta última tampoco cumplió con las obligaciones que le correspondían del PAMA.
Para Renco, este hecho constituye un trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.
El tercer alegato de Renco es que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante INDECOPI.
Señala que están buscando financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores.
Aduce que el Gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante INDECOPI(por incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulneraría el artículo 10.7 del TLC.
De otro lado, retoman el argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña publicitaria: el Gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos.
Como antecedente se tiene que existe una denuncia contra Renco que fue admitida en un Tribunal de Missouri (USA) por un grupo de pobladores de La Oroya y que, según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.
Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el precitado Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU.
