El martes primero de Febrero del 2011 comentaba en este espacio características del Instituto FRASER y nos referiamos al reporte de encuestas producto de las investigaciones hechas en la percepción sobre el atractivo para el inversionista, como destino de la inversión minera.
Decíamos entonces que el índice de percepción del potencial minero puro, definido por la apreciación de los inversionistas sobre la riqueza geológica de determinado territorio, ubicaba al Perú en primer lugar entre sesenta y cuatro países (encuesta 2005-2006), y , cuando a éste indicador se le incorporaba las restricciones al acceso o uso de los terrenos superficiales y/o subterráneos y las regulaciones en general, como las tributarias, sociales y ambientales, el Perú caía a la posición número cuarenta y tres (43).
Una reciente encuesta realizada por este prestigioso instituto, da cuenta que invertir en Perú presenta mayores riesgos.
Actualmente (Abril 2011) se encuentra en la posición número cuarenta y ocho.
En este lapso bajó cinco puestos debido al ruido político generado por las señales inadecuadas que los líderes políticos están enviando a los inversionistas de todo el mundo sobre la incorporación de un nuevo tratamiento legal para gravar las sobreganancias mineras o eventuales mayores regalías.
De otro lado - según informes de distintos medios de comunicación- se aprecian demandas sociales y ambientales que buscan desincentivar la exploración y explotación minera en determinadas áreas del territorio nacional sujetas a presiones de índole social y a la actuación de sus propias autoridades políticas, las cuales terminan generando serias dudas respecto a la estabilidad jurídica de cara al futuro.
Las señales antes mencionadas, ponen en riesgo los niveles de competitividad de la minería.
Hacemos votos para que los medios difundan las expresiones políticas en su verdadera dimensión -que constituye el marco del proceso electoral democrático que vive el país - sin deformar la bien ganada imagen de país moderno en el tema minero, gracias a una bien ganada posición con respecto al medio ambiente responsable, un marco legal que favorecen las inversiones, permitiendo al país continuar ubicado entre los países privilegiados en términos de recepción de inversiones.
