El proceso de investigación y análisis para desarrollarse en minería ante la posibilidad de inversión en el país deberá tener presente un eventual futuro escenario en el marco de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.
Para superar la situación de conflictividad minera, parte de la sociedad civil organizada en ONGs , lanzó las siguientes alternativas de trabajo.
Por un lado, presentan propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.
Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas,realizar una reforma tributaria y fiscal minera, atender la problemática de la pequeña minería informal y artesanal.
Lo antes mencionado , constituye parte de la siguiente agenda mínima que se está proponiendo:
- El país necesita recuperar capacidad de regulación pública. El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
- En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice y que interactúe con las autoridades regionales y locales.
- Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
- Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
- Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
- Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
- Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
- Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.
De otro lado, ciertas autoridades regionales, como en el caso de Junín, apuntan a modificar el escenario actual y plantean normas de nivel local para construir un nuevo rol a la minería. Tal es el caso del reglamento para regular los alcances de la Ordenanza Regional Nº 108-2011-GRJ/CR, que declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en el departamento de Junín. Considera que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias que desarrollan sus actividades económicas en el departamento de Junín, deberán suscribir compromiso previo en forma de Declaración Jurada, mediante el cual se compromete entre otras cosas a fomentar preferentemente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal. También plantean que las empresas del sector privado y/o sucursales que desarrollan sus actividades económicas en el área de influencia del departamento de Junín, deben señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento.
La nueva administración del Estado peruano, que inicia labores a partir del 28 de Julio del 2011, tienen una agenda pendiente por atender y hacemos votos por que se desarrollen en los mejores términos para mantener el crecimiento del sector minero y del país en general dentro del marco de un desarrollo sostenible.
