Competitividad y minería: más allá de los mitos

Seguidamente trascribo un interesante punto de vista, que comparto, sobre la actividad minera escrito por María Nilda Bernedo y Marco Antonio Shiva  en el espacio Punto de Equilibrio promovido por la prestigiosa Universidad del Pacífico - Perú.

La actividad minera en Perú ha producido innegables beneficios durante la última década. No obstante, en los últimos años, el debate parece haber dejado de abordar temas como el logro de mayor competitividad en este sector, dentro de un plan de desarrollo nacional, para enfocarse en una discusión abierta sobre la inviabilidad de la minería en Perú y una supuesta escasa capacidad de generar mayor bienestar. En este sentido, es preciso evitar algunas simplificaciones sobre la verdadera importancia de la minería para la economía peruana.

Una actividad con condiciones especiales

El programa económico de inicios de los noventa enfatizó el carácter de interés nacional de la promoción de la actividad minera (D.L No. 708). Claramente, el Estado reconoció que la participación del sector privado en esta actividad permitiría, junto con una legislación promotora, elevar considerablemente el nivel de exportaciones y de divisas de la economía. En la actualidad, la minería representa la principal fuente de divisas para Perú (66.3% del total exportado en 2001). A pesar de su importancia para el crecimiento económico, esta actividad no está exenta de críticas sobre el escaso nivel de empleo que genera, el impacto de los proyectos mineros sobre el medio ambiente, y los escasos encadenamientos y valor agregado de su producción.

Según datos del Ministerio de Trabajo, la minería genera 60.000 empleos formales directos y, adicionalmente, se calcula que contribuye en la generación de 240.000 empleos indirectos. Estas estadísticas motivan a algunos críticos a asegurar la inviabilidad del modelo pro-minero, implementado en la última década. Ellos resaltan la aparente incompatibilidad del desarrollo minero con un programa político cuyo objetivo principal es la generación de empleo.

Si bien el aspecto más notorio de la actividad minera es la existencia de empresas modernas, intensivas en capital, con políticas innovadoras en materia de responsabilidad social y con salarios superiores a los del mercado, la otra realidad de la minería en Perú está representada por la minería artesanal, actividad en la que aún existen muchas tareas pendientes.

La competencia por inversión extranjera
Dada la naturaleza de la actividad minera: elevados costos hundidos y largo período de maduración de la inversión, la competitividad en este sector depende, de manera importante, de los factores naturales y geográficos, de los costos de extracción y transferencia, de la infraestructura, de los precios internacionales, y del marco normativo económico y ambiental. En este sentido, tanto las empresas como los Estados promotores de la inversión tienen un papel importante en la competitividad minera. Así, desde la década de los noventa (exceptuando los mayores incentivos otorgados por Chile en los ochenta), se apreció una fuerte competencia entre los países de América del Sur con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para la inversión extranjera. En la actualidad, el sector minero es uno de los sectores que goza de mayores beneficios en materia de incentivos tributarios y legislación específica.
Cuantificando impactos
Según la publicación del INEI: Multiplicadores de la economía peruana, la minería es uno de los sectores con mayor multiplicador de remuneraciones. Así, un incremento de un dólar en las exportaciones mineras genera un aumento indirecto e inducido de US$ 0,55 en las remuneraciones de toda la economía. Por otro lado, el multiplicador referido al empleo del sector minero, en términos de personal ocupado, es bastante menor en comparación con los sectores agrícolas y de servicios. Finalmente, como se esperaba, la minería es el segundo sector más importante en la generación neta de divisas. Específicamente, según los cálculos del INEI, si las exportaciones mineras aumentan en US$ 1, la balanza comercial aumenta en US$ 0,62 aproximadamente. Esto permite, en cierta forma, desmitificar la creencia de que la minería es un sector que, en términos netos, deja pocos dólares al país, como consecuencia de sus elevados niveles de importación.

Las compras anuales del sector minero representaron, aproximadamente, US$ 1.400 millones en el año 2000. Además, los mecanismos de subcontratación involucraron transacciones por cerca de US$ 500 millones. Del total de compras del sector minero, un 60% corresponde a compras a proveedores locales, mientras que el 40% restante corresponde a importaciones. De esta manera, los encadenamientos hacia atrás, si bien están altamente concentrados en sectores manufactureros de menor valor agregado, no son tan limitados como se cree. La tabla insumo producto permite identificar a los proveedores de servicios, químicos, petróleo, transporte y maquinaria, como los principales proveedores de insumos para la minería.

Las empresas mineras muestran mayor relación con los proveedores de servicios, que con los proveedores de bienes de la región donde se sitúan. Este hecho se explica por la formación de asociaciones o empresas de servicios que se localizan alrededor del enclave minero; así como por las políticas de compra en escala que implementan las empresas, las que los proveedores de bienes de la región, en ocasiones, no pueden atender de manera satisfactoria. Este patrón ha llevado a algunos autores a sugerir que el concepto apropiado para los denominados “enclaves mineros” no es el de cluster, sino el de network, pues no se requiere de proximidad geográfica para que la empresa establezca relaciones de algún tipo con otras empresas e instituciones.

Con el objetivo de propiciar mayores encadenamientos y mejoras en la actividad minera, es necesario involucrar más a la población de la región con el proyecto minero, mediante la continuación de la generación de infraestructura vial, del mejoramiento en los niveles de salud y educación. Asimismo, se requiere orientar esfuerzos hacia la mejora de las normas de eficiencia y seguridad por parte de las empresas que prestan servicios a las compañías mineras. Además, se precisa que las empresas que deseen asociarse con la actividad minera dispongan, de manera anticipada, de información sobre la demanda y necesidades de este sector.

Situación actual y perspectivas

Después de haber experimentado una ligera alza en el año 2000, los precios de los minerales cayeron durante el año 2001, lo cual afectó a las empresas mineras y a aquellas relacionadas con el sector, como son las comercializadoras de maquinaria pesada, consultoras de ingeniería, empresas exploradoras, entre otras. En gran medida, esta situación es consecuencia de la actual recesión mundial que ha afectado a la industria de los países de Europa, Asia y Norteamérica. La menor producción industrial en el mundo generó una menor demanda por minerales, que tuvo inmediatas repercusiones en las cotizaciones internacionales.

Al respecto, cabe resaltar la disminución de alrededor de 20% que sufrió el precio del cobre en diciembre de 2001, con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el zinc experimentó una caída del orden de 28% en el mismo período. Por su parte, el precio del oro, principal producto exportador peruano en la última década, no experimentó una reducción sistemática. A pesar de estas tendencias en los precios, el sector minero reaccionó aumentando el volumen exportado. El crecimiento en las exportaciones de cobre y zinc tuvo su origen, principalmente, en el inicio de las operaciones de Antamina a fines de año 2001. Por su parte, la demanda por oro creció por razones especulativas, es decir, por la mayor incertidumbre mundial luego del atentado del 11 de setiembre, lo que impidió, además, que el precio siga el mismo patrón que los otros metales.

Sin embargo, la recesión mundial no es la única razón que explica la sobreoferta de minerales. Los mayores stocks de metales pueden explicarse, también, por la ola de inversiones que se dirigió a América Latina en la última década, así como por los avances tecnológicos que permitieron aumentar la rentabilidad de la actividad, mediante la reducción de costos de explotación en los yacimientos mineros.

La reciente caída de los precios de los minerales responde a la tendencia decreciente que se ha registrado en las cotizaciones en los últimos años, la cual se debe a las características propias de los commodities como, por ejemplo, una demanda ciertamente inelástica y la escasa diferenciación de los productos. Ante esta realidad, además de orientar sus esfuerzos en la búsqueda de proyectos mineros más ambiciosos, los inversionistas extranjeros priorizan un entorno político y económico estable para la toma de sus decisiones.

La minería exige que tanto las autoridades como los mineros pongan en práctica medidas orientadas a incrementar la competitividad del país que, según un informe de la Universidad de Minas de Colorado, se encuentra entre el sexto y octavo puesto de la clasificación de países más atractivos para la inversión minera en materia tributaria, de un total de 52 países analizados.

Durante los años 2000 y 2001, el país ha atravesado un período de inestabilidad política, jurídica y tributaria, que ha impactado negativamente en el sector minero y ha provocado la paralización de proyectos de inversión. Los industriales mineros exigen reglas claras y el compromiso de las autoridades de mantenerlas en el mediano plazo, porque el proceso que se sigue desde la exploración hasta la explotación es de larga maduración. En ese sentido, la introducción de un régimen de regalías mineras en la carta de intención acordada entre Perú y el Fondo Monetario Internacional para el período 2002-2003, podría considerarse como una señal negativa en un entorno de crisis internacional. Si bien es cierto que países vecinos han instaurado esta clase de dispositivos tributarios, con precios tan bajos como los actuales, es conveniente evaluar si es el mejor momento para que Perú adopte medidas que podrían desalentar el flujo de inversiones al sector.

Con tan solo 10% de su territorio explorado, Perú tiene todavía un gran potencial en la industria minera. Lamentablemente, en los últimos tres años, el 30% de las empresas exploradoras se ha retirado del mercado peruano por falta de inversión. De esta forma, los cambios en la legislación deben considerar el actual estancamiento de los precios internacionales, así como el ritmo de las nuevas exploraciones. Si bien existen procesos de privatizaciones y concesiones mineras en espera, se debe procurar promocionar, de manera paralela al desarrollo de la actividad, la exploración de proyectos de mayor vida útil y con mayores requerimientos de inversión.

Avance de proyectos mineros

Si todo continúa de acuerdo a lo programado, una serie de proyectos mineros se estarán ejecutando en Perú en el corto plazo. Uno de ellos es el Proyecto de cobre Toromocho de la empresa Chinalco.

En el año 2009 se daba cuenta del inicio de operaciones previstas para el año 2012 , donde se tiene estimada una inversión de  USD $ 2200 millones.

El año 2010, se propalaba la reubicación de ocho mil familias de la localidad de Morococha, una localidad ubicada en Junín, a un costo de cincuenta millones de dólares.
La fecha de inicio de las actividades seguía consignándose para el año 2012. 

Para agosto del 2011, se continúa  con el cronograma de actividades previstas para la reubicación del Distrito de Morococha ubicado a una altura de 4,500 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 142 kilómetros de la ciudad de Lima.

Sector minero & manejo de cuencas

Una experiencia exitosa del sector minero como aporte a la economía nacional es el haber tendido puentes para actividades humanas en las diversas cuencas hidrográficas del país donde tiene presencia y haber tejido redes en industrias emergentes en los sectores que acompañan al desarrollo minero del país.

Por citar algunos datos, hoy en día Perú desarrolla plantas mineras, elabora celdas de lixiviación y exporta molinos mineros a China hechos por la industria peruana.

Estos logros  van de la mano con el esfuerzo legislativo realizado en los organismos públicos e instituciones del Estado que deberá ajustarse en función de las actuales necesidades y futuros retos que se presentan en búsqueda de su destino.

Se podrá obtener una mayor dinámica en este crecimiento y desarrollo si logramos articular los protocolos y procedimientos  a seguir en la dinámica positiva que viene teniendo el país en el presente siglo.

En esa labor se encuentra el Instituto geológico Minero y metalúrgico del Sector Energía y Minas, que otorga Títulos de Concesiones Mineras, administra el Catastro Minero Nacional y el Derecho de Vigencia y Penalidad ; así mismo, administra y difunde la información geocientífica del territorio nacional.

Otro tanto, realiza el Instituto Nacional de Cultura (INC) dependiente del Sector Educación, que otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)  certificando tal estado en una zona determinada.

En este contexto se presentan dos situaciones paralelas: existe un sustantivo incremento de solicitudes de evaluación arqueológica en diferentes cuencas del país para obtener el CIRA sobrepasando la posibilidad de respuesta del INC y a la par, como producto de estos estudios de evaluación un importante número de sitios arqueológicos han sido registrados y delimitados, permitiendo que las evaluaciones arqueológicas lleguen a lugares remotos del territorio nacional, siendo un aporte adicional de la minería para con la cultura del Perú.

En otro extremo se tiene Organismos Públicos como :

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Verifica el cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales y jurídicas.  Asimismo, supervisa que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del Estado, se realice de acuerdo a lo dispuesto en la Política Nacional del Ambiente. Es un organismo adscrito al Sector Ambiente.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional. Es un Organismo adscrito al Sector Agricultura.



Visión de cuencas para la relación armónica de minería con otros sectores.

Entre otros reguladores del recurso agua , se encuentra la Autoridad del Sector Salud de nivel nacional, y la ejerce a través de la Dirección General de Salud Ambiental.En tanto, que la autoridad a nivel regional son las Direcciones Regionales de Salud  o Gerencias Regionales de Salud o la que haga sus veces en el ámbito regional, y las Direcciones de Salud en el caso de Lima.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está facultado a generar las condiciones necesarias para el acceso a los servicios de agua para consumo humano en niveles de calidad y sostenibilidad en su prestación.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento está facultada para la gestión de la calidad del agua para consumo, entre otros a: Informar a la autoridad de salud de su jurisdicción, los incumplimientos en los que incurran los proveedores de su ámbito de competencia, a los requisitos de calidad sanitaria de agua.

Los gobiernos locales (municipios) provinciales y distritales están facultados para la gestión de la calidad del agua para consumo humano velando por la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento.
El complejo escenario que se muestra ante el abanico de autoridades competentes en Perú, implica la necesidad de fortalecer capacidades de gestión en espacios geosociales donde existen experiencias integradoras en el proceso de regionalización del país, motivo por el cual deviene en indispensable articular el accionar de organismos competentes bajo una mayor y mejor interacción con el conjunto de actores sociales y económicos involucrados por cuencas para actuar siguiendo las políticas de Estado en beneficio de las grandes mayorías nacionales.

Proceso de negociación minera

El proceso seguido en la negociación que involucra a la denominada sobreganancia minera, constituye hoy en si mismo,un conjunto de actividades realizadas bajo ciertas circunstancias con el fin de compartir la bonanza económica que viene lográndose con el soporte de mejores precios internacionales de los metales.
Como un indicador se toma a las exportaciones mineras que sumaron 10,327.59 millones de dólares entre los meses de enero y mayo del 2011, cifra mayor en 26.32 por ciento a los resultados del mismo período del año 2010. Sin embargo, esta coyuntura del crecimiento es producto de las iniciativas y esfuerzos privados y no armonizan con los registros históricos que se sucedieron en Perú, habida cuenta de la multiplicidad de negociadores por parte del Estado y la Nación.

El proceso de desconcentración y regionalización del país genera marcada expectativa respecto de una mayor y más eficiente  atención de servicios básicos como salud, educación,vivienda,conectividad, entre otros y las comunidades ven en ello una suerte de incumplimiento del contrato social para con ellos.
Mejoraría el panorama de contarse con la autoridad real al momento de la negociación, sin embargo, a la autoridad formal nacional,regional y local se le añade un interlocutor difuso llamado a otorgar la licencia social para un adecuado desarrollo de las actividades del sector minero de cara al futuro.

El lento y sostenido incremento de conflictos sociales, no pocos de ellos promovidos por ciertas ONGs y las propias autoridades regionales y locales en franco enfrentamiento con la autoridad nacional y el ordenamiento jurídico vigente, dan cuenta que es condición sine qua non identificar y empoderar a los interlocutores válidos para avanzar en el proceso.

Si algunos idealistas pensaban que con la negociación minera que generó el famoso aporte voluntario llamado "obolo minero" durante la anterior administración del Estado peruano, toda reclamación acabaría, se equivocaron. 

Los hechos se encargarían de demostrarles que siempre habrá discrepancias, sin embargo las controversias entre las partes podrán ser manejadas correctamente si es que se consideran a los socios estratégicos locales como pilares fundamentales para llegar a buen puerto en las negociaciones y la autoridad del Estado que mantenga permanente diálogo y atención oportuna para resolver antes y no después de generado el conflicto social.

Dos cosas caracterizaron las protestas antimineras post acuerdo político-económico, la clásica demanda socioambiental por el recurso agua (cantidad y calidad) y la inadecuada redistribución de los anhelados recursos provenientes del sector minero.

En consecuencia, la voluntad de armonía social en localidades próximas a las actuales y futuras labores mineras a la que el nuevo gobierno central apela y que para su proyecto de aplicar a los recursos provenientes de las sobreganancia minera, contempla un escenario sistémico donde es preciso argumentar y concordar sobre consideraciones, que podrían ser entre otras, las siguientes:

1. La soberanía nacional y el principio de autoridad no deben ser negociables. Es inadmisible negociar bajo presión, con carreteras tomadas, con personas naturales o jurídicas actuando sin control por encima de la Ley o bajo el radar de la supervisión o fiscalización, pues  ninguna actividad, por legítima que ésta sea, puede desarrollarse a costa del medio ambiente peruano.
2. La estabilidad jurídica y el respeto irrestricto a los contratos entre las partes son la base fundamental para el avance del proceso de negociación minera, detalle que es reconocido por prestigiosas instituciones a nivel mundial para el caso del Perú.
3. Despolitizar la actividad minera, el sector minero no es enemigo del crecimiento y desarrollo del país. No se ajusta a la verdad el dicho popular que la minería formal no pague los suficientes impuestos al fisco. Paga los impuestos que las leyes tributarias peruanas establecen.
4. Separar por un lado la aspiración del país por tener una mayor parte de las sobreganancias mineras y por otro, mantener a una parte de la fuerza laboral y a la población en general expectante sin obtener tangibles beneficios directos de la minería, dan como resultado inexorables fluctuaciones en la estabilidad social, con mayor énfasis en las áreas de concesiones mineras.
5. El problema central no es la falta de dinero proveniente de los impuestos captados del sector minero, el desequilibrio subyace en las dificultades de gestión en la captación,distribución y calidad del gasto de los recursos generados en el sector minero. El país deja de captar recursos de la minería informal y en el extremo no combate adecuadamente a la mineria ilegal. Las regiones y localidades que no son merecedoras de los conceptos de canon y regalías mineras sienten que no es justa la distribución de los recursos mineros de propiedad de todos los peruanos según la norma constitucional.
6. Las capacidades de las regiones beneficiadas con mayores recursos mineros deben fortalecerse para que mejoren en su capacidad y calidad de gasto.
7. El país pensar debe, si desea aprovechar la coyuntura de los actuales altos precios internacionales que se obtienen por los metales en el mercado. Si considera que es oportuno el momento, deberá impulsar el incremento de los niveles de producción.
8. El estado peruano debe presentar normas claras respecto al ordenamiento territorial a efectos de promover la captación de mayores capitales en inversiones de riesgo para exploración de nuevos yacimientos mineros.
9. La opción de dinamizar nuevas concesiones mineras deben pasar por generar la confianza de futuros inversionistas y aplicar criterios para optimizar la competitividad minera del país.
10. No puede soslayarse en las conversaciones el tema de los pasivos ambientales,adecuados cierres de minas, entre otros, bajo los impactos generados por los cambios climáticos en un país megadiverso como es el caso peruano.



La negociación minera debe verse como un proceso y no una mesa de diálogo después de los conflictos.



La discusión técnica del "sinseramiento minero", sin apresuramientos, como paso previo a la aplicación de medidas por parte del ejecutivo, de manera tal que se escuchen las posiciones divergentes y se discutan distintas fórmulas para llegar a un consenso con las mineras respecto a las sobre ganancias en el marco del desarrollo sostenible que demanda el país, es en estricto, un clamor del país que camina en búsqueda de su futuro.
En este extremo -por parte de algunas mineras- se han escuchado voces indicando que el marco de impuestos a sobreganancias mineras debe hacerse sobre la renta bruta y no sobre el proceso de extracción o el valor de venta para no elevar los costos de producción.
Sin perjuicio a los acuerdos que se tomen, consideramos que en el dialogo deba definirse e implementarse estrategias para mantener el liderazgo como país con oferta de inversiones social y ambientalmente responsables.
Es imprescindible que el  país  recupere  su capacidad  de  regulación pública, no se trata única y exclusivamente de hacer que la actividad minera tenga una mayor contribución al desarrollo nacional, ésta debe lograrse en desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza.

Due diligence & conflictividad minera

El proceso de investigación y análisis para desarrollarse en minería ante la posibilidad de inversión en el país deberá tener presente un eventual futuro escenario en el marco de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.

Para superar la situación de conflictividad minera, parte de la sociedad civil organizada en ONGs , lanzó las siguientes alternativas de trabajo.  

Por un lado, presentan propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.

Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas,realizar una reforma tributaria y fiscal minera, atender la problemática de la pequeña minería informal y artesanal.

Lo antes mencionado , constituye parte de la siguiente agenda mínima que se está proponiendo:

1. El  país  necesita  recuperar  capacidad  de  regulación pública.   El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
2. En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice y que interactúe con las autoridades regionales y locales.
3. Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
5. Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
6. Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
7. Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
8. Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

De otro lado, ciertas autoridades regionales, como en el caso de Junín, apuntan a modificar el escenario actual y plantean normas de nivel local para construir un nuevo rol a la minería. Tal es el caso del reglamento para regular los alcances de la Ordenanza Regional Nº 108-2011-GRJ/CR, que declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en el departamento de Junín. Considera que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias que desarrollan sus actividades económicas en el departamento de Junín, deberán suscribir compromiso previo en forma de Declaración Jurada, mediante el cual se compromete entre otras cosas a fomentar preferentemente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal. También plantean que las empresas del sector privado y/o sucursales que desarrollan sus actividades económicas en el área de influencia del departamento de Junín, deben señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento.

La nueva administración del Estado peruano, que inicia labores a partir del 28 de Julio del 2011, tienen una agenda pendiente por atender y hacemos votos por que se desarrollen en los mejores términos para mantener el crecimiento del sector minero y del país en general dentro del marco de un desarrollo sostenible.

¿Cómo se ejecutó el Fondo minero?

Nos referimos al Fondo (óbolo) minero que se creó en el año 2006, como resultado de un convenio entre el Ejecutivo peruano y treinta y nueve (39) empresas mineras, en vista de la presión de la campaña electoral de los entonces candidatos presidenciales Alan García y Ollanta Humala, quienes proponían gravar las sobreganancias mineras.

En ese acuerdo, las empresas extractivas se comprometían a donar el 3,75% de sus utilidades para inversiones sociales.
Es así que desde enero del 2007 (inicio de su vigencia) hasta la fecha, las mineras han depositado voluntariamente S/. 2.274,9 millones por este concepto, según el informe de la Comisión de Transferencia de Gobierno.

Mencionábamos antes, que las inversiones ejecutadas representarían el 62% del total depositado.
Un informe del Ministerio de Energía y Minas menciona que la ejecución del Fondo minero se concentró en proyectos de infraestructura (32.94%), cadenas productivas (15.66%) y educación (15.23%), seguidos de inversiones en salud (11.95%) y nutrición y alimentación (11.01%).

Seguidamente presentamos una exposición que realiza el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Antamina, cuenta cómo es la operación del Fondo Minero Antamina.
Confirma que financiado con el 3,75% de los ingresos después de impuestos generados por la operación de Minera Antamina en Perú, el Fondo financia el desarrollo local en Ancash, en los Andes peruanos.
El Fondo ha dirigido contribuciones por más de US$ 262 millones desde 2007 a inversiones en cuatro areas principales: salud y lucha contra la desnutrición crónica infantil,mejora educativa, promoción del emprendedurismo y de fortalecimiento de capacidades institucionales de los estados locales.

Lo antes expresado, es un ejemplo de lo que se ha estado realizando con la participación de ONGs e instituciones locales para atender en parte, las múltiples necesidades existentes en las localidades próximas a las labores mineras.

El sector minero creó en los últimos años una mayor dinámica económica en algunos gobiernos regionales y locales, de tal suerte que se generaron indirectamente deficiencias en la ejecución de los presupuestos descentralizados por la falta de capacidad de gasto local.

Las demandas que originan los conflictos mineros se podrían ver atenuadas  de tomarse conocimiento sobre cómo es que se ejecutarían los Fondos destinados a las localidades que la minería venía atendiendo bajo el concepto de aporte voluntario, una vez que eventualmente se sustituya por gravar el impuesto a las denominadas sobreganancias mineras , si éste fuera el caso.

Hoja de ruta en la minería peruana

Siguiendo la línea de difusión de los planes globales previstos por la nueva administración en Perú que lleve a ser sostenible la inversión privada en las actividades mineras, presentamos una secuencia de datos que mencionara el presidente del partido nacionalista peruano Ollanta Moisés Humala Tasso , en dos escenarios consecutivos.

El primero - en su rol de candidato presidencial - considera como una opción adecuada la creación de macroregiones, donde el uso del ordenamiento territorial como instrumento de gestión sería aplicado para viabilizar las inversiones.

La Hoja de Ruta indica la reactivación del Banco Minero en Perú.

De otro lado, contempla la reactivación del Banco Minero y a la formalización y ordenamiento de la minería artesanal como una tarea pendiente por realizar.

El segundo - en su papel de presidente electo - comenta  varias inquietudes acerca de los planes que tiene para su gobierno. Citó, por ejemplo, su intención de dialogar con el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR, que es el ente que ve la política monetaria y la estabilidad macroeconómica del país) para explorar la posibilidad de ratificarlo,cosa que posteriormente hizo através de los medios masivos de comunicación. De ésta manera, podría considerarse que el futuro mandatario está dando señales claras de estabilidad y adecuadas para mantener los niveles de inversión privada previstos para el país.

Conflictos sociales & mineras juniors

Se denominan mineras juniors en Perú, a las encargadas de realizar exploraciones, desarrollar proyectos y operar minas en un lapso no mayor a tres años. Utilizan principalmente la bolsa de valores de Lima (BVL) como fuente de financiamiento.

Un prototipo bastante difundido, fue el caso de la minera junior Arequipa Reosurces, que luego de hallar el yacimiento aurífero de Pierina, fue adquirida por Barrick Gold, que constituyó Minera Barrick Misquichilca.

Las mineras juniors que cotizan en la BVL son las siguientes:

• Alturas Minerals
• AQM Copper
• Bear Creek Mining
• Candente Gold
• Candente Copper
• Inca Pacific Resources
• Luna Gold
• Norsemont Mining
• Panoro Minerals
• Rio Cristal Resources
• Rio Alto Mining
• Sienna Gold
• Vena Resources    y
• Zincore Metals

En el 2010, el segmento mineras juniors obtuvo una rentabilidad de 174.23% en la BVL, lo que contrasta con lo que va del 2011, pues van perdiendo 30.05% en su índice sectorial acumulado, medido hasta el 06 de julio del 2011

Las pérdidas son asociadas a los efectos de incertidumbre provocados por los conflictos sociales, que causaron la interrupción de los proyectos mineros donde participaron, como fue en el caso específico de Bear Creek Mining en la mina Santa Ana-Puno.

Estrategias para hacer sostenible la inversión privada en minería

La nueva administración del estado peruano se encuentra diseñando estrategias para hacer sostenible la inversión privada en las actividades extractivas.

Está por descontada la importancia que se le atribuye a la necesidad de captar la inversión privada para generar crecimiento y desarrollo sostenible del país.

En la agenda pendiente del nuevo gobierno está el hacer sostenible la inversión privada.

Estado de situación previo al nuevo gobierno

• Niveles de evasión tributaria en lo que respecta al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) se encuentran en 37 % y 49 %.
• Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, resuelve casos atrazados de hasta tres años, tiene miles de demandas por resolver -mayormente demandas de ciudadanos respecto a municipios   -  y para cobrar más de 14 mil millones de soles, de los cuales son recuperables sólo el 40 %.
• Los organismos creados para manejar el tema ambiental respecto de las evaluaciones y fiscalizaciónes en las diversas cuencas no funcionaron adecuadamente, prueba de ello el incremento de conflictos socioambientales generados que en número de 118 fueron reportados de un total de 217 conflictos existentes en el país (Junio 2011).
• Las cuencas de los ríos: Santa, Rímac, Llaucano y Mantaro, son los que albergan al mayor número de pasivos ambientales y no se cuenta con acciones efectivas que reduscan estos pasivos.
• Los costos que demandan la remediación de pasivos ambientales mineros existentes no son considerados en forma integral - sólo alcanza al inventario nacional de minas inactivas - a efectos de recuperar los recursos naturales que son sustento de la existencia de las poblaciones locales.
• Existen 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración de nuevos yacimientos mineros.
• El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que a partir de julio del 2010 asumiera la supervisión y fiscalización ambiental de la gran y mediana minería formal, entre septiembre y diciembre del 2010 ha realizado más de 126 supervisiones a unidades mineras a nivel nacional, respecto de un universo de 169 unidades.
• La administración del estado saliente estaría transfiriendo al nuevo gobierno una cartera de once (11) proyectos de gran minería que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados.
• Existirían una cartera de proyectos mineros que superan los US$ 41,000 millones.

A todo lo mencionado, se le añade un artículo periodístico (Sistema para vigilar los vertimientos mineros a ríos es obsoleto) que resumiría en el siguiente párrafo lo descrito anteriormente:  "Las dos principales entidades estatales encargadas de evaluar y proteger nuestros ríos de la contaminación minera no cumplen a cabalidad su labor", refiriéndose al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) y a la Autoridad nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG).

Objetivos estratégicos 

• Empoderamiento de la Autoridad Tributaria.
• Aumentar la eficiencia en la recaudación de los tributos.
• Empoderamiento de la Autoridad Ambiental.
• Incrementar la eficiencia en la Regulación, Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Acciones sugeridas

• No crear  ningún impuesto nuevo.
• Empoderamiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para hacerla eficaz en la reducción de la evasión y elusión tributaria.
• Creación de oficinas de conciliación previas para reducir las cargas procesales del Tribunal Fiscal a nivel de los gobiernos Regionales.  

Algunas propuestas adicionales

• La inversión privada en minería debe contar con la comunidad como socio estratégico para mantener la calma social, de tal forma que caminen juntos replicando experiencias exitosas ejecutadas en territorio peruano.
• Creación de la Superintendencia del medio Ambiente como organismo público descentralizado adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Errores de gestión por corregir en evaluación y fiscalización ambiental.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),  trata de salvar parte de su responsabilidad política ante la incapacidad de poder resolver las crecientes demandas socioambientales hechas por la población usuaria de los servicios ambientales,los inversionistas del sector minero y los medios masivos de comunicación que hacen eco de la protesta ciudadana ante una evidente inacción por parte de este organismo que no cumplió los objetivos para cual fue creado.

Veamos que aducía éste organismo - através de su Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano - en los meses de febrero y Junio del presente año 2011,para respaldar la decisión  política de dio origen a su creación.    

OEFA IMPUSO MULTAS POR 8 MILLONES DE SOLES A 16 EMPRESAS MINERAS ( Febrero 2011)

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a pocos meses de haber asumido las funciones de fiscalización ambiental de la mediana y gran minería, ha impuesto 23 multas a 16 empresas minera metalúrgicas por haber incumplido sus obligaciones ambientales.

Estas sanciones que alcanzan un monto aproximado de 8.2 millones de nuevos soles, fueron impuestas por el OEFA tras realizar un riguroso estudio y análisis de los 1540 expedientes entregados por el OSINERGMIN en octubre del 2010, muchos de ellos sin resolver y otros en riesgo de prescribir.

Lo dio a conocer el Presidente del Consejo Directivo del OEFA, Walter García Arata, quien señaló que la mayoría de las citadas multas se han aplicado por infracciones detectadas por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2006 y que fueron transferidas al OSINERGMIN en el 2007.

“Tras recibir del OSINERGMIN en octubre pasado los citados expedientes con procedimientos en trámite, en el OEFA les dimos prioridad inmediata a los que estaban próximos a pasar a prescripción”, señaló el presidente de este organismo.

Entre los principales incumplimientos de las mineras se encuentran las infracciones a los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes minero metalúrgicos, el inadecuado manejo de residuos sólidos generados en la actividad minera y otros contemplados en el Reglamento de Protección Ambiental.

Walter García remarcó que de esta forma su organismo viene desarrollando la importante misión de procesar los expedientes transferidos por el OSINERGMIN, así como el de venir ejecutando constantes inspecciones de fiscalización en el sector minero metalúrgico, en resguardo del cumplimiento de las obligaciones ambientales.

La mayor multa impuesta por el OEFA es de 1.6 millones de nuevos soles a la empresa Minera Castrovirreyna S.A., que desarrolla sus actividades en el departamento de Huancavelica, por incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.

Las otras empresas y compañías mineras sancionadas, son: Shougang Hierro Perú, Ares, Raura, San Simón, Aurífera Santa Rosa, Doe Run Perú, Corona, Catalina Huanca, Sipán, Los Quenuales, El Brocal, Arirahua, Volcán, Pan American Silver y Poderosa.

25 PROCESOS SANCIONADORES TIENEN MINERAS POR CONTAMINACION (Junio 2011)

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), informó que a la fecha tiene 25 Procedimientos Administrativos Sancionadores abiertos a seis 6 empresas mineras, por incumplimiento a las normas ambientales especialmente por el vertimiento de aguas residuales al río Rímac.

Entre las empresas involucradas se encuentran la Minera Los Quenuales S.A., Minera Casapalca S.A., Votorantim - Cajamarquilla S.A., Volcan Compañía Minera S.A.A., Perubar S.A. y Compañía Minera San Juan S.A.

Asimismo, dio a conocer que desde septiembre de 2010 el OEFA ha realizado un total de 16 supervisiones a las unidades mineras ubicadas en el río Rímac y que, ante la prioridad que se viene brindando a dicha zona crítica, ha desplegado dos brigadas de supervisores a lo largo de la citada cuenca, de cuyos informes se tomarán las acciones que correspondan.

La contaminación del río Rímac no es una situación de reciente ocurrencia, sino que es un problema que se remonta a más de 100 años y es resultado de continuas descargas que provienen de diversas empresas mineras, industriales, así como también de pobladores que arrojan todo tipo de residuos y vierten aguas servidas de manera directa al río.

Debemos señalar que el OEFA si bien a partir de julio del 2010 asumió la supervisión y fiscalización ambiental de la gran y mediana minería formal, entre septiembre y diciembre del 2010 ha realizado más de 126 supervisiones a unidades mineras a nivel nacional, respecto de un universo de 169 unidades.

Con estas acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, el OEFA promueve y contribuye al cuidado de los recursos naturales, la protección del ambiente y de manera particular, en la mejora de las condiciones de la calidad de vida de la población.
Más acción y menos burocracia.

OEFA, aplicó sus mayores esfuerzos a la parte administrativa procesando los expedientes transferidos por el OSINERGMIN,arrastrando absolutamente todos los errores detectados a esta institución que empezó como OSINERG y paso a ser OSINERGMIN.

Uno de los detalles técnicos pasa por la determinación de los daños ambientales y el difuso incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.

Debemos decir en favor de OEFA que se creó en el espacio inadecuado, pues debió estar ligado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como su antecesor y no depender de un nuevo ministerio como es el Ministerio del Ambiente. Esto con el agravante de no contar con los presupuestos adecuados para poder desarrollar adecuadamente sus funciones.
OEFA se quedo en el plano de llenarse de mayor burocracia para atender la carga administrativa focalizada en la ciudad de Lima,soslayando la labor reguladora ambiental que demanda la actual y potenciales inversiones del sector minero,el medio ambiente y la población peruana en general. 

Impacto de los conflictos en la exploración minera peruana.

En Julio del 2010 aclarábamos en este espacio la interrogante sobre ¿ En gran parte del territorio peruano esta presente la minería? ,referido al mito levantado que en todo el territorio peruano estaría posecionada y actuando la minería.
En ese entonces acompañamos los datos oficiales (referidos a Febrero del 2009) reportados tanto por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del Perú.

Pasado un (01) año y a días de ingresar una nueva administración del Estado peruano, se presenta un nuevo escenario:

• Actualmente, de los 128 millones de hectáreas del territorio peruano , 22.6 millones (17%) son ocupadas por 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración.
• A modo de comparación, decíamos el año pasado que se explotaba o exploraba 1.23% del total del territorio peruano y actualmente menos del 1% de esas áreas concesionadas están siendo plenamente utilizadas por la industria minería.
• Existe un retroceso de la minería producto de los conflictos socioambientales que sufre en la actualidad el país.
• Si bien las áreas concesionadas para la explotación se incrementaron de 0.61% a 0.78% del total del territorio para el periodo antes citado, existe una reducción en  las áreas concesionadas para la exploración de nuevos yacimientos mineros que se redujeron de 0.31% a 0.27%.

Constituye un verdadero reto para el nuevo gobierno reducir los conflictos socioambientales existentes y dar las seguridades del caso a los capitales para así captar inversiones de riesgo dedicadas a impulsar la exploración a fin de lograr el crecimiento  en la industria minera y el desarrollo sostenible del país.

¿Quiénes pagan los retrasos en los proyectos mineros?

Por diversas razones, Perú viene sufriendo una serie de retrasos en las inversiones mineras previstas a desarrollarse dentro de su territorio.

Entre otros casos, mencionaremos a los siguientes:

• La compañía minera Anglo American del Reino Unido con su producción de cobre y molibdeno del yacimiento minero de Quellaveco (Moquegua), con una inversión de US$ 2,500 millones;esperando producir 225 mil toneladas de cobre fino anualmente.
• La compañía minera Newmont (tiene una participación del 51.35% en Minera Yanacocha S.R.L.), para sus labores previstas en Cerro Quilish (Cajamarca) con una inversión de US$ 250 millones y lograr una producción de 275 mil onzas de oro anuales.
• La compañía minera Southern Copper Corporation, con su proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa) demandaría una inversión de US$ 949 millones , produciendo unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año.

Si a estos antecedentes, le agregáramos el escenario en que la administración del estado saliente estaría transfiriendo a su sucesor una cartera de once (11) proyectos de gran minería que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados por el gobierno peruano y habida cuenta que existirían una cartera de proyectos mineros que superan los US$ 41,000 millones, sería muy pertinente plantearse la pregunta ¿Quiénes pagan los retrasos en los proyectos mineros?.
Aquellos retrasos derivados de conflictos sociales no solamente afectan a los inversionistas, a la administración de turno del  Estado peruano, y a la misma población que deja de ser atendida en sus necesidades básicas. 

Labor de las inspecciones & periodismo en sector minero.

Saludamos al periodismo serio del país, encabezado por el decano de la prensa escrita “El Comercio”, que en su publicación del día de hoy martes 28 de Junio del 2011, en la línea de la verdad científica de nuestro comentario realizado en el presente espacio titulado  denuncias y evidencias difusas sobre contaminación minera ,reconoce en sendas publicaciones lo que en los hechos concretos está sucediendo respecto a la  supervisión y fiscalización del tema minero y en el extremo referido al río Rímac.

A continuación reproducimos en parte lo difundido por el prestigioso diario.

En la primera nota periodística indica:

Minam admite que inspecciones que hace a compañías no son fiables.

…. De hecho, a menos de un kilómetro de Ticticocha, el río ya no puede albergar vida animal, pues ha sido envenenado con metales como plomo, cadmio, arsénico, aluminio y zinc.

Así lo corroboró este Diario el mes pasado, tras analizar, junto a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), una muestra de ese río aún en formación, justo cuando sus aguas salían de la Unidad Ticlio de Volcan, compañía que en la cabecera de cuenca del Rímac extrae plata, plomo y zinc.

Pero esa primera contaminación no se le puede atribuir a Volcan, pues podría deberse también a los pasivos mineros que existen en la zona desde largo tiempo. En todo caso, no se puede señalar responsables porque las dos principales entidades estatales encargadas de evaluar y proteger nuestros ríos de la contaminación minera no cumplen a cabalidad su labor.

La ANA, adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag), no ha terminado aún una tarea inicial que empezó a fines del 2009, la cual consistía en evaluar las 20 cuencas más críticas del país, empezando por la del Rímac.

En tanto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), solo ha supervisado 12 vertimientos mineros de la cuenca del Rímac en el último año, pero no incluyó a Volcan, según la lista que nos remitieron.

Aun cuando el OEFA hubiera supervisado las operaciones y el vertimiento de Volcan, el resultado de esa inspección habría sido poco fiel, pues, según los propios funcionarios del OEFA, las empresas son advertidas con al menos una semana de anticipación, a fin de que paguen entre S/.15 mil y S/.30 mil para financiar las visitas de los técnicos.

En noviembre del 2010, la ANA reportó que la empresa minera Casapalca vertía desagües de dos campamentos a la quebrada El Carmen (Huarochirí), que metros abajo se integra al rímac. Uno de esos vertimientos no tenía autorización y el otro no tenía tratamiento previo. Aunque la empresa ya regularizó esa situación, todavía no ha sido sancionada por la contaminación que causó en el 2010.

En el segundo reporte, El Comercio entrevista al saliente ministro del ambiente Antonio Brack , que seguidamente se reproduce íntegramente:

Lo que falta es que exista una sola autoridad.

¿A quién toca sancionar mineras que ensucian el agua?

A la ANA (M. de Agricultura) y el OEFA (M. del Ambiente).

Tras el informe de El Comercio, usted dijo que iba a sancionar de inmediato a mineras que contaminasen. Pero hay decretos supremos de su ministerio que le impiden hacerlo hasta el 2015.

Es que el 2009 se decretaron nuevos estándares para no contaminar el agua; entonces se tuvo que dar un plazo a las mineras para que se adecúen.

¿Cinco años no es mucho?

La empresa no puede cambiar todo su sistema de producción al día siguiente. Pero si incumple en otros aspectos, sí se le sanciona, más allá de los nuevos estándares para el agua.

La ANA no pudo multar el año pasado a Cía Minera Casapalca por echar desagües sin tratamiento ni licencia, debido a que no tiene escala de multas.

Hay que preguntarle a la ANA.

Todo está tan disperso que terminan echándose la pelota unas entidades a otras.

Lo que falta es que exista una sola autoridad, una sola ventanilla. La ANA debe pasar al Minam. Ya será en el otro gobierno. También falta darle más presupuesto al OEFA.

El vertimiento de minera Los Quenuales supera los nuevos límites máximos permisibles.

Anda a preguntarle a la ANA. Yo no puedo responder porque no sé. Después meto la pata.

En suma, de lo arriba señalado podemos acotar lo siguiente :

" A confesión se partes , relevo de pruebas."

Queda registrado que las inspecciones realizadas para efectuar la  supervisión y fiscalización que lleva a una eventual sanción de las compañias mineras es un asunto que demanda una revisión de fondo y forma, toda vez que  estas deben cumplir una serie de principios entre los cuales se encuentra el principio de razonabilidad por lo cual todo acto administrativo debe encontrar su justificación en preceptos legales y en hechos, conductas y circunstancias que lo causen.

Tiene que haber una relación lógica y proporcionada entre el consecuente y los antecedentes, entre el objeto y el fin. Por ello, los agentes públicos (ANA, OEFA, o los organismos que los sucedan) deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico.

En este sentido, las multas que tengan que ver con las inspecciones donde se aplican eventuales cuestionamientos por transgresiones a los LMP son, a la luz de los hechos, pasibles de ser sujetos a revisión, toda vez que los organismos responsables de sustentar los cargos aún continúan con las falencias detectadas en su oportunidad a OSINERGMIN y que OEFA no ha estado en la capacidad de resolver por deficiencias diversas en la administración del estado peruano.

¿Necesidad pública para establecer la titularidad del derecho minero?

Un precedente legal a tomarse en consideración futura para el sector minero se acaba de dar en Perú con la publicación en el diario oficial El Peruano del Decreto Supremo N° 032-2011-EM (publicado el 25/06/2011) que deroga al Decreto Supremo N° 083-2007-EM (publicado el 29/11/2007).

La parte resolutiva del Decreto Supremo derogado, declaraba de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que BEAR CREEK MINING COMPANY SUCURSAL DEL PERÚ -empresa peruana en la cual la empresa BEAR CREEK EXPLORATION COMPANY LTD de la provincia de Columbia Británica,Canada, tiene el 100% de participación-, pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera con Bolivia al sur del país, en un total de seis mil trescientos (6.300) hectáreas de siete (07) derechos mineros , ubicados en el Departamento de Puno, provincia de Chucuito en los distritos de Huacullani y Kelluyo.

Previamente de había considerado que la solicitud formulada por la precitada empresa se encontraba incluida dentro del supuesto de necesidad pública establecido en el artículo 71° de la Constitución Política del Perú , "dado que el interés en establecer la titularidad del derecho minero solicitado trasciende el interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad, toda vez que mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona de incidencia de las actividades mineras".

Como sustento del derogado Decreto Supremo, se considera que se ha hecho de conocimiento circunstancias que implicarían la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del mencionado acto. 

En este contexto, es importante precisar que en este caso en particular se trata de un territorio localizado en zona de frontera y deviene en imprescindible fijar claramente las condiciones futuras que se exigirán para declarar de necesidad pública una titularidad del derecho minero, tanto para los derechos mineros situados fuera como dentro de la zona de frontera, habida cuenta que el artículo 71° de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente , individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder , en beneficio del Estado, el derecho así adquirido y que se exeptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de ministros con forme a Ley.

De otro lado, Perú cuenta con el Decreto Supremo N° 014-92-EM - Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería - que establece en su numeral V del Título preliminar una consideración respecto al derecho adquirido para el normal funcionamiento de la industria minera: que la industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en la actividad minera es de interés nacional.

Sin perjuicio de las denominaciones utilidad o  necesidad pública, interés Nacional, Regional o Local, es de vital importancia para la inversiones mineras - actuales y potenciales - tener muy en claro la arquitectura legal que pueda dar estabilidad jurídica a los capitales tanto nacionales como extranjeros que apuesten por el desarrollo de un sector tan importante como es la minería en Perú.