martes, 21 de diciembre de 2010

Estado, pasivos ambientales y conflictos sociales.

La Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera en Perú -Ley No.28271- define a los pasivos ambientales mineros como instalaciones,efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
El Ministerio de Energía y Minas, estima en cinco mil quinientos cincuenta y un  pasivos ambientales situados en sesenta y cuatro cuencas hidrográficas del territorio nacional.
La responsabilidad de su manejo adecuado recae en empresas mineras públicas y del sector privado. No obstante, el responsable final es el Estado peruano, habida cuenta que algunos de los precitados pasivos se remontan a tiempos de la colonia y otros, a la acumulación de sucesivas administraciones frente a la gestión de los recursos mineros concesionados. 
Los conflictos mineros van en aumento y ponen en riesgo el desarrollo de la minería - pese a que llevamos años de bonanza gracias a esa minería satanizada - pero los conflictos sociales continúan, siendo las protestas cada vez más violentas.
Los sucesos ocurridos en Cajamarca,Cusco, Arequipa y   recientemente en las localidades de Huaraz y en Recuay con las mineras no deben ni pueden ser soslayados.
Con el uso de la violencia se atentó contra instituciones públicas y privadas, bloquearon carreteras, paralizándose la ciudad sin que el Estado de derecho pudiera detener esta escalada de anarquía y destrucción.
Ante esta realidad, sale el señor ministro del ambiente a declarar en el diario oficial El Peruano (21 Dic. 2010) manifestando que "Los diversos conflictos que se están produciendo en el país  por el problema del agua lo tienen que resolver los gobiernos regionales y las municipalidades que tienen el derecho a intervenir en el tema de acuerdo a la normativa peruana". Asimismo sostuvo que "la escasez del recurso hídrico no se debía a la falta de agua sino a la falta de ingenio para solucionar este grave problema que padecen algunas ciudades...".
Sería inadmisible para nosotros los peruanos que la representación del Estado, abdique en los gobiernos regionales y locales su responsabilidad de velar por la buena gestión en el tema de la gran minería. Recordemos que esa es su función asignada por ley y que el escenario actual es de transferencia de funciones a las nuevas autoridades regionales y locales recientemente elegidas en su mayoría en las diferentes jurisdicciones del país.
Hacemos votos e invocamos en la mejor de las formas porque exista una sana reflexión y se corrijan o aclaren posiciones difundidas por el vocero del Ministerio del Ambiente que preocupan a los actuales capitales invertidos y a los potenciales inversionistas que ven con mucho detenimiento lo que esta aconteciendo en el país.
Si bien es cierto que el país entra en una etapa electoral para elegir a su próximo gobernante, es de imperiosa necesidad que las autoridades salientes de los sectores involucrados cumplan su rol y funciones asignadas por leyes peruanas hasta el último día de su mandato y no den la impresión de vacio de poder y descontrol del problema minero.
En este sentido, no se debería esperar que los conflictos que se estarían gestando y siendo anunciados para el primer trimestre del año 2011 puedan afectar y/o retrazar los proyectos que se encuentran en la cartera de inversiones.
Cautelar no solamente las actividades mineras, sino todas las inversiones que se vienen desarrollando con normalidad en el país, es condición sine qua non para mantener la tendencia del crecimiento económico del Perú y alcanzar el pronto desarrollo que anhelamos.