Estudiantes de una prestigiosa Universidad Peruana, concluía su investigación sobre el origen y las causas políticas del problema minero en el Perú (2006), señalando lo siguiente:
"El problema de la minería no es en sí misma, si no la falta de responsabilidad de los empresarios mineros que no respetan los estándares ambientales, desequilibrando el ecosistema, además de generar problemas sociales. Para esto, el Estado debe crear instituciones que vigilen las actividades mineras para que protejan los derechos de las comunidades mineras que han sufrido este profundo impacto".
"El problema de la minería no es en sí misma, si no la falta de responsabilidad de los empresarios mineros que no respetan los estándares ambientales, desequilibrando el ecosistema, además de generar problemas sociales. Para esto, el Estado debe crear instituciones que vigilen las actividades mineras para que protejan los derechos de las comunidades mineras que han sufrido este profundo impacto".
Este estudio nos parece que no soporta un estricto análisis científico,aunque sea, por cierto, un tema legítimamente académico y que mereció en esa oportunidad no pocos comentarios contemplando posiciones encontradas entre miembros de la comunidad universitaria.
Se emitieron respetables posiciones en pro y contra sobre el tema tan controversial, esto sucede por el manejo parcial de la información sobre el problema, pues como en esa oportunidad no se llega aún a identificar adecuadamente las variables que intervienen en una investigación científica a los efectos de trascender a los apasionamientos y supuestos sin contar con el debido sustento técnico.
Se emitieron respetables posiciones en pro y contra sobre el tema tan controversial, esto sucede por el manejo parcial de la información sobre el problema, pues como en esa oportunidad no se llega aún a identificar adecuadamente las variables que intervienen en una investigación científica a los efectos de trascender a los apasionamientos y supuestos sin contar con el debido sustento técnico.
Probablemente si se habría analizado con un mayor detenimiento el componente social como una de las variables que influyen en los problemas ambientales generados en el marco de las protestas socio ambientales en contra de la actividad minera, se habría llegado a una conclusión mucho mas fina en ese entonces y que en la actualidad sí se toma con mayor énfasis en el análisis dinámico del problema.
Atendiendo a las solicitaciones del país, se creó el ministerio del Ambiente (2008), logrando la fusión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la estructuración del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), órgano que tiene a su cargo la conservación de 63 áreas naturales protegidas que se estiman en 18 millones de hectáreas. Posteriormente ya con la aprobación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por el Congreso de la República (2009),se contó con un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio al Ambiente, encargado de fiscalizar, supervisar,controlar y sancionar en materia ambiental. Entre sus funciones está dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental, y el régimen de incentivos previsto en la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento las actividades que le corresponden por ley.
Actualmente (2010) es un ente responsable de monitorear, fiscalizar y sancionar hasta con diez años de cárcel a quienes no cumplan con los estándares de calidad ambiental (ECAS) y los límites máximos permisibles (LMP).
Actualmente (2010) es un ente responsable de monitorear, fiscalizar y sancionar hasta con diez años de cárcel a quienes no cumplan con los estándares de calidad ambiental (ECAS) y los límites máximos permisibles (LMP).
Después de la creación de instituciones que vigilen las actividades mineras continúan multiplicándose y escalando los conflictos entre comunidades y empresas mineras, atribuyéndole los orígenes de éstas situaciones mayormente a los reclamos ambientales, porque supuestamente no se respetan los estándares ambientales.
Hasta la fecha los esfuerzos mayormente legales son desplegados tratando de uniformizar la megadiversidad en todo el territorio peruano - lo que a nuestro juicio consideramos un error- para aplicar los instrumentos de gestión ambiental.
El resultado obtenido es que no se logra identificar el umbral de lo establecido como daño ambiental.
Esta asincronía hace pasible de sanciones a inversionistas del sector minero por una eventual falta de responsabilidad focalizada única y exclusivamente en el empresario minero.
En tanto resolvamos este impase subsistente, exijamos sí a la minería procesos ambientales impecables, pero apoyémosla.
El resultado obtenido es que no se logra identificar el umbral de lo establecido como daño ambiental.
Esta asincronía hace pasible de sanciones a inversionistas del sector minero por una eventual falta de responsabilidad focalizada única y exclusivamente en el empresario minero.
En tanto resolvamos este impase subsistente, exijamos sí a la minería procesos ambientales impecables, pero apoyémosla.
El tema pasa entonces saber cómo apoyar a la minería sin poner en riesgo a la salud de las personas, con una minería responsable que no contamine el medio ambiente y compense los eventuales impactos generados a la población asentada en la jurisdicción de las operaciones.
El Perú esta por encima de sus problemas, y la calidad de vida de los peruanos requiere una serena mirada a sus recursos naturales.
Seguidamente una muestra de lo que significa:
Seguidamente una muestra de lo que significa:
Finalmente, estimamos que los actores sociales más que circunscribir su responsabilidad con las sociedades vinculadas a las operaciones mineras, lo que correspondería es hablar de Justicia social para con toda la población excluida del país y que generalmente se apoya en la inversión de capitales nacionales y extranjeros en el sector minero y otros, que constituyen los pilares de su crecimiento y desarrollo sostenible.
