martes, 16 de enero de 2018

Crisis política peruana tras Minería & exclusión social

2011...

En el año 2011 presenté hechos históricos en Minería & exclusión social a efectos de hacer notar - tras décadas de recorrer el territorio nacional y contrastar las distintas realidades en diferentes pisos altitudinales del país- que la pobreza y la exclusión en el Perú presenta características singulares a otras latitudes del Planeta; lo cual implica mensurarlas en su real dimensión en el marco de un modelo propio, para alcanzar efectivos resultados generacionales hasta lograr superarlas. 
Es así que como un efecto de una inadecuada lectura de indicadores de operatividad subrayé "el recurrente bajo cumplimiento de metas sociales previstas a alcanzar por los diferentes programas sociales en las sucesivas administraciones del gobierno central peruano y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados sin presentar capacidades de sincronización, resiliencia, sintonía y mucho menos armonizada con las situaciones extremas (naturales y antrópicas) por las que transitan las colectividades asistidas como beneficiarios de dichos programas". 
Es preciso recordar que el año 2011 el precio internacional del metal y particularmente el Oro, alcanzó máximos históricos,beneficiando la economía de la Nación, sin embargo, el rostro humano de la población excluida siguió alimentando cifras estadísticas en rojo.
En América Latina, diversos países, abordaron la inclusión y el desarrollo humano a través de concentrar la dirección de las políticas y programas sociales bajo un sólo organismo, delegando en éste la función de ente planificador, coordinador y rector de estas políticas y Programas.
Perú, al seguir esta corriente, aplicó un modelo similar al de Chile y México.
En este escenario, el Congreso de la República peruana aprobó (22 / 08/2011) el dictamen que dispuso crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS-Ley 29792), para concentrar los principales programas sociales que ejecuta e implementa el Gobierno. Así se le adscribe el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES ; organismo que fuera creado por Decreto Legislativo N° 657 del año 1991 bajo el nombre de Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES, sustentado en la situación de pobreza que afrontaba el país a inicios de la década del 90. Un año después, el Decreto Ley N° 26157, lo ubica como un organismo descentralizado autónomo, dependiente de la Presidencia de la República, con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica. Una década después (2002), la Ley N° 27793 le da forma de Organismo Público Descentralizado (OPD) a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 060-2003-PCM (2003) y el Decreto Supremo N° 004-2004-MIMDES (2004), quedó absorbido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Siguiendo la tendencia de constantes cambios, mediante Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS y Decreto Supremo N°010-2012-MIDIS, pusieron en  evaluación y reorganización a los programas sociales de FONCODES; asimismo, con Resolución Directoral N° 228-2012-FONCODES, se prioriza la pobreza monetaria focalizada en hogares rurales, atendiendo los requerimientos de ese entonces del MIDIS.
Cabe mencionar que en Perú se definió originalmente como la "Inclusión Social", a la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables a la comunidad nacional, con plenos derechos y acceso a los mercados, que requieren un esfuerzo público adicional a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en la pobreza, desigualdad, vulnerabilidades y riesgos.

2018...

La crisis política que viene arrastrando actualmente el Perú, agudiza el malestar popular, alimentada ésta con el indulto del ex presidente Fujimori, efecto Odebrecht, el embate de El Niño costero, sismos y otros eventos que impactan al país en el actual periodo de gobierno.
Es indudable los buenos deseos y esfuerzo institucional realizado por el Estado peruano, a través del tiempo y  en sus tres niveles de gestión, para atender las necesidades de la población excluida del país, sin embargo, esa suma de voluntades no logró obtener sus frutos por que el esfuerzo sin contar con una adecuada planificación hicieron que la frustración se traslade a sectores estratégicos como es la que se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Riego. Un sector que involucra la mayor cantidad de mano de obra no calificada del país, con altos niveles de pobreza, desigualdad extrema en zonas rurales, prominentes vulnerabilidades y elevados riesgos; habida cuenta que poblaciones nucleadas y dispersas de hombres y mujeres del campo no cuentan con servicios básicos. Situación que se agrava con las lagunas de información de precios de sus productos, llevándolos al final del día a subsidiar a las ciudades y desfinanciar a las parcelas agrícolas.
La carencia de una visión prospectiva y planificación estratégica, hacen que los programas sociales ejecuten mirando el espejo retrovisor y de esa forma no se logra alcanzar la cobertura de los beneficiarios.
En resumen, las normas y políticas existen en el papel, sin embargo estas no se cumplen por razones diversas, asi que el Plan Operativo,Presupuesto Institucional,Planes Estratégicos y otros instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Sectorial Multianual son en la praxis elementos burocráticos que no cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados.
La energía por frustraciones acumulada en el tiempo, hacen que las poblaciones excluidas se agrupen exteriorizando su malestar y voz de protesta, tal como sucedió en el pasado y recientemente con productores de arroz y papa, éstos últimos acordaron con autoridades del ejecutivo la adquisición de excedentes de producción mediante los gobiernos regionales para la distribución en los programas sociales.
En este contexto, el desarrollo minero está en función de la estabilidad en la agricultura, pues podrá avanzar en sus diferentes fases en la medida que se reduzca reclamaciones a políticas públicas con toma de carreteras o litigios por uso agua en territorios con tradición minera y fundamentalmente que los programas sociales logren las coberturas deseadas de beneficiarios, mitigando las protestas sociales y socio ambientales que puedan destrabar proyectos mineros que se encuentran en cartera.