Perú es un país de contrastes, donde dos de cada diez niños sufren desnutrición crónica por un lado y por otro, se supera los $ 68 mil millones de dólares en Reservas Internacionales netas, suma nunca antes acumulada para esta nación latinoamericana, en la cual hoy en día las inversiones privadas significan el ochenta por ciento (80%) de las inversiones totales registradas en el país.
Justamente este año 2013, denominado como "Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria", se presenta como hecho curioso lo que significaría el relanzamiento de la promoción de inversión en el Sector Minero para los anales de la historia en el país de los Incas.
Según lo estimado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la inversión retrasada en Perú es el orden de $ 41,750 millones (20% del PBI) en un total de sesenta (60) proyectos, de los cuales un tercio representan los proyectos mineros postergados, los cuales equivalen a veinte (20) proyectos que suman $ 25,600 millones.
Justamente este año 2013, denominado como "Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria", se presenta como hecho curioso lo que significaría el relanzamiento de la promoción de inversión en el Sector Minero para los anales de la historia en el país de los Incas.
Según lo estimado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la inversión retrasada en Perú es el orden de $ 41,750 millones (20% del PBI) en un total de sesenta (60) proyectos, de los cuales un tercio representan los proyectos mineros postergados, los cuales equivalen a veinte (20) proyectos que suman $ 25,600 millones.
Los principales proyectos retrasados se ubican geográficamente en
Cajamarca (Conga,Galeno,La Granja) que en total suman $ 7,800 millones; Piura
(Ampliación Bayóvar) con $ 520 millones, Apurimac (Haquira) por $ 2,800 millones;
Arequipa (Pampa de Pongo) con $3,280 millones , Moquegua (Quellaveco) por $
3,300 millones, entre otros.
El presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, explicó que _en Perú_estructurar un proyecto y adjudicarlo debería tomar dos años, en promedio, pero actualmente demora hasta seis
años.
En este orden de precisiones, la administración Humala refirió _ en el marco de la VII Cumbre de Alianza Pacífico, realizada
en Cali (Colombia) _que su gobierno ha venido
luchando contra la inercia burocrática del Estado que paraliza inversiones del
sector privado.
Asimismo, para asegurar el futuro de los proyectos de inversión, su gobierno ha declarado de interés nacional la promoción de inversiones a efectos de procurar el crecimiento económico sostenido que viene presentándose en el país.
Asimismo, para asegurar el futuro de los proyectos de inversión, su gobierno ha declarado de interés nacional la promoción de inversiones a efectos de procurar el crecimiento económico sostenido que viene presentándose en el país.
Cabe señalar, que en Perú se promulgó ya antes el Decreto Legislativo N° 708 "Ley de promoción de Inversión en el Sector minero" que data del año 1991 y el pasado jueves 16 de mayo (2013), se publicó el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que establece disposiciones para facilitar la inversión privada,considerando:
-Simplificación del procedimiento para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
-Disposiciones ambientales, referidas a ampliación de componentes auxiliares o mejoras tecnológicas que no impliquen impactos ambientales significativos.
-Facilitación de servidumbre en predios del Estado a través de la posesión provisional del predio.
Estas medidas se suma al reciente proyecto de ley de Promoción del Mercado de Valores,aprobado por el Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada y la Ley que Facilita la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras de Infraestructura, que permitirá adquirir o expropiar terrenos y edificaciones, sin afectar los derechos de los propietarios de estos bienes, con la finalidad de construir obras de infraestructura de interés nacional.
En minería , además de los conflictos sociales que paralizaron proyectos ,
se suma el retraso por la implementación de la Ley Consulta Previa y su reglamentación, que aún no publica la lista de comunidades indígenas y originarias con derecho a
ser consultadas antes de que se realice un proyecto de inversión minera.
Sin perjuicio a los resultados de la consulta _según el ordenamiento legal vigente en Perú_ será el Estado peruano quien finalmente decida si el futuro proyecto de inversión minera se ejecute en su territorio o no.
Una lectura del proceso seguido, es que se estaría buscando promover nuevos grandes proyectos sin previamente dar muestras de seguridades jurídicas a las actuales operaciones y proyectos mineros en cartera que eventualmente pretendan ampliar sus operaciones vigentes.
Los denodados esfuerzos que realizan los inversionistas devienen en resultados infructuosos para alcanzar el inicio de operaciones comerciales, tiene su impacto expresado en la reducción de exportaciones mineras, los cuales ya se están dejando apreciar.
La caída de los precios de los metales en los mercados internacionales influye también en la reducción de inversiones en nuevas exploraciones, sin embargo, lo que reduce sustantiva y decididamente la competitividad peruana en el sector minero es la burocracia estatal que en sus diversos niveles de gestión, ponen en riesgo el futuro de proyectos mineros en Perú.
En este contexto, el futuro de proyectos mineros atractivos a inversiones de capitales_tanto nacionales o extranjeros_pasa no solamente por dictar nuevas normas que forman parte del esfuerzo legal de largo aliento en el país, sino por cumplir con las normas existentes y ordenar el sector, respetando los acuerdos y plazos fijados para la formalización de los mineros, consolidando la autoridad real para neutralizar la posición maximalista de la filosofía antiminera que en buena cuenta resultó siendo un buen complemento de la crisis económica internacional para desacelerar el crecimiento y desarrollo de la minería peruana.
Una lectura del proceso seguido, es que se estaría buscando promover nuevos grandes proyectos sin previamente dar muestras de seguridades jurídicas a las actuales operaciones y proyectos mineros en cartera que eventualmente pretendan ampliar sus operaciones vigentes.
Los denodados esfuerzos que realizan los inversionistas devienen en resultados infructuosos para alcanzar el inicio de operaciones comerciales, tiene su impacto expresado en la reducción de exportaciones mineras, los cuales ya se están dejando apreciar.
La caída de los precios de los metales en los mercados internacionales influye también en la reducción de inversiones en nuevas exploraciones, sin embargo, lo que reduce sustantiva y decididamente la competitividad peruana en el sector minero es la burocracia estatal que en sus diversos niveles de gestión, ponen en riesgo el futuro de proyectos mineros en Perú.
En este contexto, el futuro de proyectos mineros atractivos a inversiones de capitales_tanto nacionales o extranjeros_pasa no solamente por dictar nuevas normas que forman parte del esfuerzo legal de largo aliento en el país, sino por cumplir con las normas existentes y ordenar el sector, respetando los acuerdos y plazos fijados para la formalización de los mineros, consolidando la autoridad real para neutralizar la posición maximalista de la filosofía antiminera que en buena cuenta resultó siendo un buen complemento de la crisis económica internacional para desacelerar el crecimiento y desarrollo de la minería peruana.
