La actividad minera ilegal en
zonas de frontera genera impactos transfronterizos que obligan a su tratamiento
de manera articulada y consensuada. En ese contexto, la minería ilegal ha
pasado a formar parte de la agenda bilateral con Ecuador. De manera consistente
con las políticas nacionales sobre la materia, los presidentes Ollanta Humala y
Rafael Correa han decidido desarrollar una respuesta conjunta de lucha contra
la minería ilegal en la zona fronteriza común.
El encuentro que las delegaciones
peruana y ecuatoriana realizaron en abril de este año en la zona del puesto de
vigilancia El Tambo, en la provincia de Condorcanqui, reveló la voluntad de las
partes de dar un tratamiento bilateral a la problemática transfronteriza en un
clima de cordialidad y cooperación. La visita fue la respuesta de ambos
gobiernos a la existencia de actividades de minería ilegal en la Cordillera del
Cóndor, escenario del conflicto del Cenepa en 1995.
Para confirmar el compromiso,
delegaciones de ambos países se reunieron sucesivamente en Lima en julio, y en
Huaquillas (Ecuador) en noviembre, con el propósito de acordar –primero– y
revisar el cumplimiento –después– de la hoja de ruta a seguir por el Grupo de
Trabajo Ad Hoc sobre Minería Ilegal, conformado por instituciones peruanas y
ecuatorianas, que han establecido una estrategia conjunta de lucha contra la
minería ilegal en la zona de frontera, con un enfoque preventivo y de
erradicación.
La hoja de ruta contempla
aspectos de protección al medio ambiente y el desarrollo de la zona fronteriza
de ambos países e incluye el intercambio de información sobre marcos legales y
experiencias nacionales, así como campañas de sensibilización, capacitación,
cooperación, asistencia mutua y el desarrollo de visitas de reconocimiento y
operaciones coordinadas de interdicción en las áreas más afectadas.
La estrategia peruana y
ecuatoriana se inscribe en acciones adoptadas de alcance regional. En junio del
2013 la Comunidad Andina adoptó la Decisión 774, que creó la política andina de
lucha contra la minería ilegal; y en mayo del 2013, en la declaración aprobada
por los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica, se incluyó una referencia a este fenómeno, y se creó un
grupo especializado sobre minería ilegal. En el ámbito multilateral, la
Organización de las Naciones Unidas reconoce que la minería ilegal es una de
las formas nuevas y emergentes de la delincuencia organizada transnacional.
Asimismo, como parte de la
respuesta del Estado Peruano ante este problema, el Consejo Nacional de
Desarrollo e Integración Fronteriza ha concertado con los gobiernos regionales
y locales y con la población organizada planes de acción directa, con el
objetivo de fortalecer la presencia institucional del Estado y desarrollar
proyectos de infraestructura en áreas críticas de frontera donde se presenta la
minería ilegal y otros problemas socioambientales de implicancia
transfronteriza.
