Un tema sustantivo que alienta la corrupción en diversos países del mundo y específicamente en Perú, es la permisividad con que instituciones tutelares y auxiliares del Estado se ven penetradas por este accionar.
Es este escenario, el diario oficial El Peruano, publica el día de hoy en el espacio Tribuna Parlamentaria, un artículo del ex presidente y actual miembro de la Comisión de inteligencia del Congreso de la República, el parlamentario Cesar yrupailla Montes quien indica lo siguiente:
"Hace
una década atrás entró en vigor el Día Internacional contra la Corrupción
fijado para el 9 de diciembre de todos los años, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito conducen los esfuerzos para combatir este delito transversal
a muchos sectores.
La
corrupción está definida como un fenómeno social, político y económico, que
afecta a los países del planeta. Su accionar horada instituciones democráticas
distorsionando procesos electorales, pervirtiendo el imperio de la ley bajo el manto protector
de una burocracia que tienen en los
diezmos y sobornos un sello que los caracteriza.
También impacta en el
crecimiento y desarrollo económico de los pueblos, pues desalienta la inyección
de capitales frescos a la economía de un país pues los elevados gastos que
demanda la corrupción, no terminan siendo internalizados apropiadamente entre
sus costos de operación.
El
Contralor Fuad Khoury, acaba de señalar
que el costo de la corrupción en Perú, se estima en unos 11 000 millones de soles e indica que esta cifra se podría
duplicar si no se actúa con firmeza y celeridad en los casos judicializados.
Ante
estas aseveraciones, es oportuno manifestar que el estado de derecho peruano se
defiende y pone ante la justicia a ex autoridades de los ámbitos nacional,
regional y local que actuaron ilegalmente. Algunos de ellos fueron condenados y
purgan prisión, otros evaden a la Ley y están prófugos como es el caso de ex presidentes
regionales y alcaldes. En ese sentido resulta indispensable sanear el poder
judicial, fiscalía, fuerzas armadas, policía y organismos jurisdiccionales,
donde la meritocracia debe primar a los intereses crematísticos que pudieran
prevalecer en los nombramientos o ascensos jerárquicos.
La
campaña internacional conjunta próxima a culminar este 2015, se centró en cómo
la corrupción perfora la democracia y el estado de derecho, y estando a un poco
más de cien días de las justas electorales generales en nuestro país se hace
necesario redoblar los esfuerzos para actuar contra toda forma de corrupción que
afecta los procesos democráticos en justas electorales".
