En Julio del 2012, indiqué en este espacio que el proyecto minero Quellaveco de la compañía Anglo American produciría 220.000 toneladas de cobre al año, o alrededor de una quinta parte de todo el cobre que se produjo en Perú para el año 2011. La construcción de la mina de cobre tomaría desde ese entonces cerca de cuarenta y cuatro meses.
El proyecto incluyó posteriormente un acuerdo, que involucra la creación de mil millones de soles creado para un fondo de desarrollo de Moquegua. Incorporando el sistema de almacenamiento de agua del río Asana, la presa Chiriote Chuincune y el saldo va a un fondo de desarrollo retornable, una especie de fondo de garantía y préstamos para las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales.
El año 2019, un grupo de agricultores del centro poblado de
Tumilaca efectuó protestas contra Quellaveco. Argumentó que el proceso constructivo de
la mina provocaba contaminación de las fuentes de agua, indicando que la
construcción de la mina afecta al río Asana, cuyo caudal es utilizado para el
riego de más de 450 hectáreas de cultivos.
Con el arribo del COVID-19 a Perú en marzo del 2020, Quellaveco
fue uno de los proyectos mineros que se vieron obligados a suspender por la
pandemia.
De los más de quince mil trabajadores que laboraban en la
construcción de la obra, ubicada en la sierra de Moquegua, el noventa por ciento regresó a
casa. Solo quedaron 1.200 para tareas críticas. El proyecto se construye a más
de cuatro mil metros de altura y tiene un avance del cuarenta por ciento.
Según publicación en el diario La República, la compañía retomará el próximo mes -noviembre del 2020- la construcción de su mina de cobre en el distrito de Torata-Moquegua, paralizada hace cuatro meses por la emergencia sanitaria.
La compañía anuncio que diez mil trabajadores retomarán sus
actividades con el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas para evitar el contagio entre los trabajadores.
En el cronograma de la empresa se tenía previsto iniciar la etapa productiva en 2022. La compañía mantiene esa expectativa de plazo, con un retraso
de algunos meses por la emergencia sanitaria y la menor cantidad de personal
que dispondrán. La inversión se encuentra en el orden entre US$ 5.000 a US$
5.300 millones de dólares, y tendrá un incremento por la pandemia.