Ante el honor que me hacen mis pares, colegas y discípulos al consultarme sobre el próximo proceso electoral a realizarse en Perú el 12 de abril del presente año, comparto con ustedes algunas reflexiones asi como la opinión personalísima del suscrito sobre el particular:
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| Escenario electoral en Perú para las elecciones generales del año 2021 |
En toda democracia el voto es un derecho. Pero en determinados momentos de la
historia de un país, ese derecho adquiere también la dimensión de una
responsabilidad moral.
El Perú atraviesa hoy uno de esos momentos. La
fragilidad institucional, la desconfianza en la política, la polarización y los
constantes conflictos entre poderes del Estado han debilitado la confianza
ciudadana.
En ese contexto, votar pensando en el imperio de la ley deja de ser
solo una preferencia política y se convierte en una obligación ética, de tal manera que las reglas se aplican por igual a todos,
que las autoridades están sometidas a la Constitución y que ninguna persona o colectividad política está por encima de la ley.
No se trata de una consigna abstracta; es la
base que permite que las instituciones funcionen, que la economía genere
confianza y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad.
Cuando
el imperio de la ley se debilita, las consecuencias son visibles: proliferan la corrupción, la arbitrariedad, la captura de instituciones y el uso del poder
para intereses particulares, primando los crematísticos en el país que fue un modelo de desarrollo con el floreciente imperio de los Incas.
La historia reciente del Perú ofrece suficientes
ejemplos de cómo la erosión institucional termina afectando no solo a la
política, sino también al crecimiento económico, la inversión y la estabilidad
social.
Un
indicador particularmente dramático de esta crisis institucional es el hecho de
que varios presidentes de la República en las últimas décadas han sido
investigados, procesados e incluso encarcelados por delitos de corrupción. No estuvieron ajenos a seguir estas vicisitudes los funcionarios de los otros niveles de la gestión pública del Estado.
No escapa al conocimiento público que en los últimos 10 años la crisis e inestabilidad política ha hecho que 8 presidentes de la república se sentaran en el sillón de Pizarro, de los cuales solamente dos (2) fueron electos en elecciones generales y el resto ocuparon el espacio por sucesión constitucional o gobiernos de transición tras renuncias o vacancias, donde el balance de poder se concentró en la representación nacional del Congreso de la República.
Así las malas prácticas en democracia llegaron a su clímax con el último referendum nacional realizado el nueve de diciembre de 2018, cuando la propuesta de restablecer la bicameralidad del congreso contemplando senadores y diputados, fue rechazada por amplia mayoría en una cantidad superior al noventa por ciento de electores de la población peruana.
Sin perjuicio de la primacía de la voluntad popular, en el proceso electoral a realizarse este 12 de abril del 2026, se impuso vía reforma constitucional a la bicameralidad, manteniendo el status quo mediante un poderoso senado.
Esta
situación no solo daña la imagen presidencial como piensan algunos, sino lesiona la percepción de todo el país, revelando una falla profunda
en los mecanismos de selección política y en la cultura de la libertad respecto al extremo de la consciencia pública.
La
corrupción no empieza necesariamente con grandes escándalos, diezmos o millonarios
sobornos. Comienza antes, en un acto más sutil pero igualmente
grave: aceptar un cargo público para el cual no se tiene la preparación, la
experiencia o la integridad necesarias.
Cuando alguien asume una función
pública sin la capacidad para ejercerla adecuadamente, se debilita la calidad
de las decisiones públicas y se abre la puerta a la improvisación, al
clientelismo y a la captura de instituciones.
Las
consecuencias de esta práctica son visibles en la vida cotidiana del país. La
falta de preparación y de visión de Estado suele traducirse en las recurrentes
crisis políticas, inestabilidad gubernamental y debilitamiento institucional a que hago referencia.
Los patriotas que se atreven a enfrentar a estas malas prácticas, son neutralizados de diversas formas y en el caso de militares y policías simplemente son invitados a pasar al retiro.
El accionar de los operadores de justicia son ralentizados mediante el argumento presupuestal.
A
ello se suman crisis sectoriales recurrentes que afectan directamente a la población, como
los problemas del deterioro en la seguridad ciudadana, la seguridad en los servicios de salud, la seguridad energética y las crecientes tensiones en torno a
la disponibilidad y gestión del agua justamente en la costa peruana, allí donde se localiza la mayor población de peruanos.
Cuando
las decisiones públicas se toman sin conocimiento técnico, sin planificación y
sin respeto por las instituciones, el país pasa de administrar problemas
estructurales a vivir permanentemente en estado de urgencia y plagado de la informalidad en su vida cotidiana.
Lo que debería
gestionarse con políticas públicas de largo plazo termina convirtiéndose en
emergencias cíclicas tanto de origen antropogénico como natural, con un alto costo social, económico y humano para
millones de personas instaladas en territorio nacional.
Por
ello, frente a cada proceso electoral, los ciudadanos deberíamos hacernos una
pregunta sencilla pero fundamental: ¿qué candidato cuenta con la trayectoria, el equipo y planes de administración de la cosa pública que garantizan realmente el
respeto a la ley y a las instituciones? Más allá de ideologías, promesas o
discursos demagógicos, el criterio mínimo para evaluar a quienes aspiran a gobernar debería
ser su compromiso con el Estado de derecho, la independencia de poderes, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Votar
pensando en el imperio de la ley no significa apoyar a un partido específico.
Significa algo más profundo: defender las reglas que hacen posible la
convivencia democrática. Sin instituciones fuertes, cualquier programa político sea económico, social o ambiental,termina siendo inviable.
Bajo estas consideraciones, muchos partídos políticos y sus candidatos experimentados en lides electorales no pasarían con éxito una auditoría de gestión y por consiguiente la valla electoral.
Estas
reflexiones las hago mirando todo el país, incluyendo porsupuesto al Perú profundo, al país real que vive
más allá de los círculos del poder político y de los debates coyunturales de la
capital Lima, la ciudad tres veces coronada villa.
Conocer el territorio en sus cuencas hidrográficas, sus regiones, sus recursos y las dificultades
que enfrentan millones de peruanos respecto a las brechas existentes en los servicios básicos, permite comprender que el país no puede
seguir repitiendo las mismas fórmulas, ni los mismos rostros políticos que
fracasaron rotundamente en el pasado. Persistir en los mismos errores solo prolonga los
ciclos de crisis y frustración colectiva.
En
ese sentido, resulta fundamental que las nuevas generaciones asuman su rol ante
la historia. Los jóvenes peruanos no solo representan el futuro del país;
también tienen la responsabilidad de renovar la política con ideas,
preparación, ética pública y compromiso con el bien común. Sin su participación
activa y consciente, será difícil romper con las prácticas que han debilitado dramáticamente la gobernanza y gobernabilidad del país.
En estas elecciones generales, la cédula electoral que es considerada la más grande en la história electoral del pais, presenta el desafío de llenar una matriz con filas de múltiples organizaciones políticas y 5 columnas donde en la misma cédula se eligirá al Presidente y vicepresidente de la República (columna 1), senadores nacionales que representan a todo el país (columna 2), senadores regionales que representan a cada región del país (columna 3), diputados a nivel regional (columna 4) y representantes al parlamento Andino (columna 5). Ante la complejidad de las 5 elecciones en la misma cédula, el tiempo estimado para votar que tiene el elector, podría constituirse en un cuello de botella para definir los votos validamente emitidos en ciertas jurisdicciones electorales de un país multidiverso.
La
democracia no se sostiene solo con elecciones; se sostiene con ciudadanos que
comprenden que su voto tiene consecuencias para el futuro institucional del
país.
En el Perú de hoy, ejercer ese voto con responsabilidad implica priorizar
el respeto a la ley por encima de la coyuntura política o de las simpatías
momentáneas.
En
tiempos de incertidumbre, la defensa del imperio de la ley no es solo una
opción política. Es, ante todo, un compromiso con la democracia, con la
integridad de las instituciones y con el futuro del país.
En consecuencia, soy de la opinión que el ciudadano peruano , este en territorio peruano o en el extranjero, debe ir a votar en estas elecciones generales de abril y defender su voto para lograr el bien común de ésta y las futuras generaciones.
Por estas consideraciones mi voto será para la alternativa que reuna las calificaciones antes mencionadas y será consecuente con lo que muy probablemente pensarían mis colegas y amigos que formaron parte de ese 99% de los fallecidos por COVID-19 en el Perú que estaban en edad de votar.
! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !
Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas
DNI N° 08186048
CIP N° 38874
