El proceso social en búsqueda de una minería sostenible en Perú, tiene como un antecedente legal al Decreto Supremo Nº 026-2011-EM -publicando el 29 de Mayo del 2011 en el diario oficial El Peruano- que dispuso la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno por un plazo de doce (12) meses.
Esta medida se dictó como resultado del proceso de diálogo desarrollado entre representantes del Poder Ejecutivo del anterior gobierno nacional y las autoridades regionales y locales de Puno, departamento en el que se acató una huelga por 18 días en contra de las actividades mineras en la zona sur peruana.
Similar método se sigue actualmente en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros para lograr que la administración del gobierno peruano en funciones, genere un Decreto Supremo reforzando la posición de no tener minería en esas jurisdicciones territoriales.
En este proceso, se trata de hacer una minería sostenible respetando el medio ambiente y las necesidades de las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos mineros.
Para alcanzar esa minería sostenible, no se debería soslayar responsabilidades compartidas evidentes para lograr un real y efectivo ordenamiento territorial.
Las protestas se incrementan porque no se llega a distinguir a la mineria formal de la minería informal y/o ilegal ; no se toma conocimiento pleno de la regulación correspondiente a los planes de cierre con que cuentan las mineras formales, las cuales garantizan a la población que una vez terminada la vida útil de la mina, se podrá continuar con las actividades normales de las poblaciones aledañas sin afectar negativamente su calidad de vida.
La poblaciones reclaman del Estado peruano una participación de los beneficios que otorga el sector minero formal, ya que no percibe mayor mejoramiento de su calidad de vida pese a que la minería tiene marcada presencia através de los años en sus localidades.
De otro lado, consideran que no pueden seguir siendo juez y parte en las decisiones que involucran a sectores productivos y a los que cautelan el medio ambiente.
La suspensión de concesiones mineras sólo estaría retardando la toma de decisiones que deberá tomar el país en forma consensuada sobre qué es lo que le conviene y sobre todo a las nuevas cuencas mineras y aquellas cuencas que tienen larga tradición minera.
Las opciones son conocidas, optar por dejar los ingentes recursos mineros en donde se encuentran actualmente también constituye una opción válida, sin embargo, la decisión pasa por la libre determinación de los pueblos que cautelan los intereses nacionales de las grandes mayorías actuales y de las futuras generaciones de peruanos.
