Parte de las 112 normas dadas bajo el amparo de las facultades legislativas para alcanzar el objetivo agua fueron expuestas por el presidente del consejo de ministros Fernando Zavala en los siguientes términos:
Entre el 2009 y el 2014 el
Gobierno Central transfirió S/18.000 millones a las entidades prestadoras de
los servicios de saneamiento (EPS). A pesar de ello, la calidad de los
servicios no mejoró debido a la mala gestión de dichas entidades.
De las 50 que
existen, 48 están a cargo de municipalidades.Por ese motivo, además de crear un
fondo por S/2.000 millones para cerrar la brecha de infraestructura, el Decreto
Legislativo N° 1280 fortalece la autonomía y promueve la gestión eficiente de
las EPS. Para ello, se está redefiniendo la estructura de las juntas de
accionistas y de los directorios; se están ampliando las facultades del
regulador (SUNASS) para que regule el servicio en pequeñas ciudades, en el
ámbito rural, en el área técnica municipal y en las organizaciones comunales.
Asimismo, se crean los mecanismos para la integración de las EPS, para que
cuenten con una demanda mínima que las haga viables.
El Ministerio de Vivienda
implementará 24 oficinas desconcentradas para brindar apoyo en planificación y
formulación de estudios y en ejecución de proyectos. Y el Organismo Técnico de
la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) fortalecerá su rol de
asistencia técnica para todas las EPS del país. Con estas medidas, el gobierno
avanzará hacia su objetivo de que en el 2021 el 100% de peruanos cuente con
servicio de agua potable y alcantarillado las 24 horas.
