¿Informalidad minera organizada?

Perú, el país de los Incas - un país minero por excelencia - que en sus entrañas y bajo la cordillera de los Andes, guarda ingentes recursos mineros, pasa  por una marcada tragedia al tratar de aprovechar los bienes comunes que no armonizan los intereses del hombre con la naturaleza.

Legados que valoran el significado de suelo, subsuelo, tierra , agua , recursos naturales, ordenamiento territorial, derechos de propiedad , entre otros,  bajo la cosmovisión de ancestrales generaciones que han poblado ecosistemas de montañas y bosques en las zonas aluviales (conteniendo oro a márgenes de los ríos del oriente peruano), son puestos en valor confundiendo paradigmas, principios y conceptos que el esfuerzo legislativo de largo aliento no terminan por regular : La informalidad minera.

En Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.

Las actividades mineras formales tienen fines legales, pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas peruanas, es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales. La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto  del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.

Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.

Esta informalidad minera tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza. Es así que la Infracción, bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.

Proceso Histórico

La informalidad minera organizada en Perú tendría sus antecedentes más próximos en la corriente de pensamiento y forma como se desarrollaron las invasiones de terrenos en 1940 y 1968.  

Un precedente mas ligado a la minería actual, se dio con la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una opción del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima.

  

Recursos polimetálicos encontrados en Tambogrande que generan expectativas. 

Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.

La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación.  Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.

El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.
El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo concesiones mineras en territorios de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba), también en la región Piura, zona norte del Perú.
Una de estas concesiones fue el proyecto minero Río Blanco, que buscó explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazaron el proyecto porque lo consideraron una amenaza para la agricultura y al uso de agua para consumo humano.
Con similares métodos, procedimientos y características que llevaron al desborde popular aunque en diversa magnitud y dimensión llevadas a cabo en Piura, se dieron episodios en Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros.

A inicios del año próximo pasado (2010) se presentaba un reportaje de lo que estaba sucediendo en Madre de Dios, un ejemplo palmario de lo que estaría sucediendo con la informalidad minera organizada.
 

Concesiones mineras

En Derecho Público, la palabra Concesión ; se aplica a los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular (concesionario) o a una empresa (concesionaria), determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas.

En ese orden de ideas, el Estado peruano al otorgar las Concesiones mineras se encuentra atravezando un terreno minado que debe transitar sin perjuicio del cumplimiento del ordenamiento jurídico y considerando el impulso que viene alcanzando la informalidad minera organizada que no toma reparos en utilizar la violencia, así como las legítimas demandas socio ambientales del pueblo  para arrinconar a la administración del Estado en turno, conseguir zonas liberadas de concesiones mineras , a fin de generar el espacio para el desarrollo de la minería ilegal que es por naturaleza salvaje, invasiva y contraria al desarrollo sostenible. 

Ante la formalidad del Estado lleno de normas ambientales (desarticuladas en sus diferentes niveles) que dificilmente llega al consumidor de leyes surgen -sobre la base del interés social y necesidad pública- los operadores que en grado extremo se convirtieron en traficantes, a los cuales habría que neutralizarlos oponiéndoles no solo medidas represivas sino creando políticas públicas de atención a la población peruana necesitada de acciones con resultados concretos de corto y mediano plazo.

Denuncias y evidencias difusas sobre contaminación minera.

Sorprendente el nivel de conclusiones difusas a que llega en sendas publicaciones El Comercio -uno de los principales diarios del país-al afirmar que "hay exceso de metales pesados propios de la actividad minera" pese a que OEFA no le proporcionó información alguna sobre el particular en el caso del río Rímac.
De otro lado, culpa del estado de situación de una eventual contaminación minera a los recientes Decretos Supremos 023-2009 y 010-2010, del Ministerio del Ambiente.
El Lunes 13 de junio del 2011

Este Diario (El Comercio) constató que a menos de medio kilómetro de la naciente del Rímac, ya hay exceso de metales pesados propios de la actividad minera. Más abajo, se sumarán más metales y luego los desagües de poblaciones enteras.

Desde el 2009, con la creación de la Ley de Recursos Hídricos, hay un ente encargado de proteger nuestros ríos. Se trata de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag). Lo cierto es que aún cuando la ANA llegue a determinar el nivel de contaminación que dejan las mineras, no podrá sancionarlas si no cumplen con los ECA- agua.
Las mineras pueden seguir ensuciando por cinco años más, gracias al Decreto Supremo 023-2009, del Minam, el cual les pide que presenten un plan de adecuación al Ministerio de Energía y Minas (Minem); y que se adecúen a su propio plan en un plazo de cinco años.

Por lo dispersa que está la tarea de proteger los ríos, a la ANA (Minag) le corresponde evaluar la contaminación en el río, pero al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Minam, le toca medir la calidad del vertimiento minero.

Si bien OEFA (Minam) debe supervisar los vertimientos mineros, la composición de estos es aprobada antes por Energía y Minas, en base a un estudio de impacto ambiental.

Antes de la ANA, correspondía a Digesa (Ministerio de Salud) evaluar y sancionar la contaminación. Ello cambió el 2009, con la nueva ley.

Sedapal y Digesa también monitorean la calidad del Rímac. También hallan metales en la cuenca alta, aunque disminuyen antes de llegar a la Atarjea, en Lima.

El martes 14 de Junio de 2011

A menos de un km de su naciente, en las punas del distrito de Chicla, el río Rímac –aún en formación– ya discurre envenenado con altas concentraciones de plomo, aluminio, arsénico, cadmio y zinc. Y envenenado continúa a lo largo de toda la cuenca alta. Así lo reveló ayer este Diario, tras haber analizado muestras de agua del Río Hablador.

Pero esos resultados, validados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag), no son suficientes para culpar a las empresas mineras que operan en la zona.

Para saber si son estas compañías formales las responsables del envenenamiento de nuestro principal río limeño, era necesario contar con los informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). Anteayer publicamos las disculpas de funcionarios del OEFA por no poder remitirnos tal información, y la promesa de que la entregarían ayer lunes. Pero tampoco sucedió.

Y aun cuando el OEFA hallara que los vertimientos mineros superan los límites máximos permisibles para el agua (LMP-agua) fijados por ley, esto no implica que la empresa contaminadora vaya a ser sancionada. Esto debido al permisivo Decreto Supremo 010-2010, emitido por el propio Ministerio del Ambiente en agosto del año pasado.

Esta disposición fija los nuevos LMP-agua y otorga a las mineras que ya vienen operando un plazo de adecuación de entre dos y tres años. Para acceder al plazo máximo, debieron presentar hasta febrero un plan de implementación al Ministerio de Energía y Minas. Pero este último no ha remitido ningún documento al OEFA.
... el otro ente con capacidad de sancionar, también está atada de manos frente a las mineras. Esto por culpa de otro decreto supremo del Minam, el 023 del 2009, el cual permite a las mineras adecuarse a los estándares de calidad ambiental para el agua en un plazo de cinco años.

Las denuncias difusas, sin mayor sustento que muestreos puntuales de agua con características organolépticas ofensivas a la estética del recurso, que no discrimina la existencia de daño ambiental generada por el LMP exedido por alguna actividad minera, en lugar de identificar eventuales responsabilidades sectoriales o de algún funcionario público individual, genera temores y pánico generalizado en las personas poco informadas respecto de la actividad del sector minero en su totalidad.

Los mitos en relación a la minería se incrementan justamente por los temores que causa el desconocimiento o la información parcial respecto a los procesos históricos que pasa la minería en el Perú.

Las evidencias difusas que se presentan para determinar el origen de contaminación minera tiene hasta dos asunto previos que no merecieron ser soslayados.

El primero, el análisis de fondo que debió darse a sucesos desarrollados en territorio peruano, como: Tambogrande (Piura), Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros, que toda unidad de investigación periodística debiera tomar en consideración, habida cuenta el rechazo a proyectos y/o empresas mineras que tienen que ver con la necesidad de una adecuada ley de ordenamiento y desarrollo territorial, y la participación de la comunidad en relación al procedimiento de consulta previa a la aprobación del proyecto (Decreto Supremo N° 007-85-VC - Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente). 

El segundo, relacionado a la oportunidad , se produce a escasos días en que se realizará el cambio en la administración del Estado peruano, en un escenario plagado de conflictos socioambientales que tiene como origen el tema minero.

Esperamos que el tema minero se maneje de la mejor manera y hacemos votos para que se realicen los esfuerzos necesarios en todos los involucrados -incluyendo al periodismo serio- a fin de que las partes armonicen en el marco del desarrollo sostenible del país.  

Impuesto minero en Perú

A continuación reproducimos una publicación hecha por el prestigioso diario El Comercio , que consideramos pueda complementar la información expuesta en el presente espacio.

En toda la historia del Perú nunca se vio una promesa de inversión tan alta como la hecha por el sector minero: de US$42.500 millones en los próximos diez años (el 85% de las reservas internacionales netas). Esto, pese a la amenaza constante en los últimos seis años de que el sector será gravado con mayores impuestos.

Un poco de historia.

En la campaña electoral del 2006, el presidente Alan García, al unísono con su contrincante de ese entonces, Ollanta Humala, anunció la aplicación de mayores regalías a las existentes (de 1% a 3% sobre las ventas). Asimismo, aunque con menos eco, en los últimos tres años en el Congreso se presentaron hasta cuatro proyectos de ley orientados a castigar las ganancias extraordinarias que tuvieron las mineras gracias al alza de los precios de los commodities. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó.

Hoy, nuevamente la aplicación del llamado impuesto a las sobreganancias mineras ha sido puesta en el tintero. El miembro del equipo económico de Gana Perú, Luis Alberto Arias Minaya, indica que aún no hay una propuesta clara sobre este asunto. “En los próximos cien días se deberá tener una que permita mantener la competitividad del sector y a la vez que el Estado tenga una mayor participación de las utilidades mineras”, dijo. Así, una nueva carga impositiva al sector es inexorable.

Para Comparar

¿Se justifican mayores impuestos al sector minero? Germán Alarco, investigador de Centrum Católica, indica que sí, porque los minerales son recursos de la nación que se van agotando y las posibilidades de extracción futuras son menores. Asimismo, porque es justo que el país participe de las ganancias extraordinarias resultado de los mayores precios internacionales y no de la mejora productiva del propio sector.

Estos son casi los mismos argumentos que ha planteado el ex candidato –y ahora presidente electo– Ollanta Humala para lanzar el tema durante la campaña. Sin embargo, hay una serie de aspectos que forman parte de la discusión, como la acusación de que la minería paga menos impuestos en el Perú frente a otros países como Chile, aspecto que es discutible.

En marzo pasado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) desarrolló un estudio orientado a determinar si la minería peruana tiene la misma o una menor carga tributaria que en otros países, sorprendentemente descubrió que el sector minero peruano tiene una carga impositiva alta; incluso más que competidores como Chile, México, Canadá y Australia con los que nuestro país se disputa los dólares de la inversión minera.

Miguel Palomino, quien hizo la investigación del IPE, señala que en la medida en que en todos los países no se aplican los mismos impuestos (en unos países, como en Chile, se cobran regalías a las utilidades operativas; en otros, sobre las utilidades netas o las ventas) se tuvo que desarrollar un ejercicio a través del cual se pudiera medir el grado de afectación y se logró descubrir que si una empresa tiene una rentabilidad de 10%, la carga tributaria es de hasta 64,5% en el Perú, superando a los competidores. Sin embargo, a una mayor rentabilidad (por ejemplo de 60% sobre las ventas), la carga impositiva disminuía a 42,6%; siendo en algunos casos igual o menor que los competidores.

Esto crea además localmente una paradoja: las empresas pagan menos en la medida en que más utilidades tienen, cuando debería ser al revés. “Esto es absurdo, porque de esta manera cualquier proyecto que no sea de una rentabilidad alta está afectado y si gana mucho le cobras casi nada”, señala Palomino.

La explicación es muy sencilla, en el Perú las regalías (de hasta 3%) están fijadas en función a las ventas a diferencia de países como Chile, el cual aplica una regalía que es estable (no cae) y castiga más al que más gana, pues en este caso el Estado aplica regalías a la utilidad operativa. “Aquí no se está asociando el impuesto al valor sino a las toneladas de mineral”, señala.

Arias Minaya indica que en los últimos años las mineras peruanas, por los precios altos, no han tenido rentabilidades que hayan oscilado entre el 10% y 60% sino entre 50% y 90% de sus ventas; por lo que en este aspecto han estado pagando mucho menos de lo que deberían. “Eso no refleja el estudio del IPE”, señala, de lo cual se infiere que las mineras han pagado menos de lo que podrían contribuir.

En ese sentido, el aumentar la presión tributaria sobre las mineras pasará necesariamente por revisar las actuales regalías que se cobran al sector minero, según adelantó Minaya.

Nuevos elementos

Por supuesto que el tema de pagar mayores impuestos no es visto con buenos ojos por los empresarios, quienes están a la espera de la invitación del equipo técnico para discutir el tema. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez, demostró estar preocupado porque el grado de competitividad alcanzado por el sector podría verse afectado y con ello los ingresos del país.

“La minería es un sector muy gravitante en la vida económica del Perú no solo por el monto de inversión sino por todo lo que viene asociado… en lugar de gravar eternamente a la minería, que de por sí los impuestos que paga significan un tercio de la recaudación fiscal, debemos invitar a más compañías a venir al país”, señala.

Martínez indica que el tema de cuánto más pagarán las mineras debe resolverse técnicamente. En teoría, aún no se ha determinado un monto ni un porcentaje, pues se requiere de estudios, según indicó Félix Jiménez, miembro del equipo económico de Gana Perú. La preocupación de Martínez no deja de ser cierta: una nueva tasa tributaria podría poner en juego la competitividad alcanzada hasta el momento. Más aun cuando el vaivén político y los problemas socioambientales han generado que en el ránking que desarrolla el instituto canadiense Fraser –que mide el interés de los inversionistas mineros del mundo– el Perú haya caído del puesto 11 al 48 en los últimos dos años.

El economista Alejandro Indacochea, señala que si bien las empresas que están en el país ya tienen inversiones planificadas, continuarán desarrollándolas, por lo que un nuevo impuesto afectará a las inversiones futuras, socabando el potencial del desarrollo minero del país y matando lentamente a la ‘gallina de los huevos de oro’.

“Hay que pensar en agrandar la torta en vez de repartirla”, señala. Lo que tocará en ese sentido será hilar fino. Minaya reitera que se mantendrá la competitividad del Perú frente a los países que explotan similares recursos. Pero el hacerlo no es cosa sencilla, buscar un equilibrio adecuado será una tarea en la que deberán intervenir todos los interesados: los mineros en obtener mayores rentas y el país que busca obtener más recursos para financiar su desarrollo.

Para finalizar, sólo nos provoca hacer un comentario adicional : El tema de impuesto minero no involucra única y exclusivamente aspectos económicos, tiene además componentes Político, social y ambiental.

No incluirlos en el debate técnico generará , sin lugar a dudas , inestabilidad y cuestionamientos sobre la legitimidad del acuerdo logrado.

Impuesto a las sobreganancias mineras e inversión

Seguidamente reproducimos una publicación hecha por la Agencia Peruana de Noticias - Andina- , que estimamos pueda contribuir con informar de los acontecimientos de actualidad minera en Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consideró hoy (11 de Junio del 2011) que los ingresos fiscales que puedan provenir de un impuesto a las sobreganancias mineras, deberían destinarse a inversión en infraestructura.

El titular del MEF, Ismael Benavides, señaló que no se pueden financiar actividades permanentes, como los pagos de salarios o pensiones, con ingresos que pueden ser temporales.

“Con este ingreso se podría financiar la construcción de infraestructura, pues tranquilamente se puede dejar de invertir si se reducen los ingresos fiscales”, manifestó.

Explicó que el problema radica en que mientras los ingresos de las empresas mineras sean altos, por buenos precios de los metales en el exterior, habrá buena recaudación fiscal, pero se reducirán los ingresos fiscales cuando haya una baja en los precios de los commodities.

Aunque previó que los precios de los metales se mantendrán en buen nivel por buen tiempo

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) piensa que en los próximo cinco años deben mantenerse buenos precios para los minerales”, anotó.

Sin embargo, consideró que en la medida que las economías en desarrollo, como China e India, y el sudeste asiático, empiecen a crecer más, van a demandar más minerales.

“Asimismo, las economías desarrolladas no van a estar todo el tiempo en situaciones difíciles y se prevé que en un par de años empezará a crecer Estados Unidos, al igual que Europa”, previó.

Consideró que si en el Perú se eleva el tributo a las empresas mineras, tendrían que gravarse las utilidades brutas y no los ingresos provenientes de las ventas de las extracciones mineras.

“Es un tema complejo, pero en Chile se hizo un trabajo interesante sobre este tema”, anotó en declaraciones a Rumbo Minero de Canal N.

Destacó que la minería es fundamental para la generación de empleo, pues por cada empleo directo, se generan cinco, seis o siete indirectos, así como para la contribución fiscal y el desarrollo de las regiones a través del canon minero.

Finalmente, mencionó que el Perú tiene que ser competitivo y ello tiene que reflejarse en nuestras tasas impositivas.

Programa minero en TV

Saludamos a Rumbo Minero, publicación del sector minero del país, que abrirá en junio del 2011 un espacio televisivo de información relacionado con la minería y actividades relacionadas con ella: Rumbo Minero TV.

Este será el primer programa especializado en TV dedicado a informar sobre actividades del sector en general y a detallar, en particular, los últimos proyectos, inversiones, avances y principales hechos del sector minero del país.

El espacio será emitido por Canal N todos los sábados a las 10 a.m.. Su lanzamiento está programado para el sábado 11 de junio.

El programa tendrá un tiempo de emisión de 30 minutos divididos en cuatro bloques principales: un bloque de noticias, uno dedicado a un informe, otro compuesto por una entrevista a un ejecutivo vinculado con el tema del informe difundido y, por último, un bloque de entrevista a un ejecutivo o funcionario del sector.

Como línea principal de enfoque, el programa buscará orientar sus contenidos a detallar y ofrecer a los televidentes información relacionada al ámbito logístico de los principales proyectos del sector.

Su objetivo, en esa línea, es convertirse en una plataforma de negocios que le permita a su audiencia contar con información fresca, veraz y útil sobre las inversiones previstas en el sector, los proyectos en que se invertirían esos recursos y las oportunidades de negocios que pueden surgir a partir de ellos.

El programa está dirigido a personas ligadas al mundo minero -empresarios, ejecutivos, proveedores, profesionales en minería- pero también a estudiantes y público en general que quieran conocer un poco más sobre esta actividad, fundamental para el desarrollo económico y social del país.

Inversión minera con estabilidad jurídica y económica

Perú promocionó en marzo último su cartera de inversión minera por cuarenta y dos ($ 42,000) mil millones de dólares para los próximos diez años, en la Convención Anual Prospectors and Developers Association of Canada, el evento del sector más importante del mundo.
Estas perspectivas serán viables con la estabilidad jurídica, política y económica que presente el país de cara al futuro.

Una de las tareas prioritarias de la próxima administración de gobierno es afianzar a Perú como un destino importante para las inversiones en América Latina; y para ello resulta indispensable que se garanticen reglas claras y predecibles en el tiempo, seguridad y paz social.
La concertación para alcanzar consensos debe primar a los intereses particulares que nos afirmen en el camino del desarrollo económico con inversión privada e inclusión social.
La experiencia exitosa de los últimos años ha puesto de manifiesto que la inversión privada es el aliado estratégico para seguir generando más trabajo y lograr el desarrollo sostenible en Perú.

Incertidumbre en la exploración minera y políticas tributarias

La incertidumbre de descubrimiento de recursos minerales necesarios para emprender un proyecto minero rentable deben tenerse en consideración cuando se establezcan las políticas tributarias para el sector.

La prospección, exploración,labores de desarrollo y preparación para acceder al mineral demandan significativos recursos y tiempo.

No pocas veces los esfuerzos que demanda las actividades mineras prosperan y se tiene que abandonar la propuesta abortando el proyecto minero.

Los niveles de incertidumbre son muchas veces decisivos para los efectos de tomar la mejor decisión a fin de minimizar los riesgos de inversión . 

Antes de extraer el  mineral se invierte importantes recursos en 
pruebas que demandan tiempo y existe niveles de incertidumbre.

Altos niveles de incertidumbre generan especulaciones y eventualmente desinformación, tal como se produjo en el país a raíz    de una de las más sonadas propuestas electorales del próximo gobierno sobre la aplicación de mayores impuestos a la minería o sobreganancias mineras.

Los inversionistas temen que en Perú se amplíe el rol del Estado en la economía y aumente el gasto público en programas sociales, minando el auge económico que generó la minería en la última década.
La sensibilidad del sector minero formal creció apesar que se mencionara que no se crearían nuevos impuestos a la minería.

Como muestra del impacto causado podemos citar la jornada de hoy lunes seis de Junio, un día después de la realización de las elecciones presidenciales, teniendo como protagonista a la bolsa de Lima que se hundió casi un 12.51 por ciento , el peor nivel desde octubre de 2008, presionada mayormente por los papeles mineros.

De otro lado, las acciones peruanas que cotizan en Estados Unidos se desplomaban, el fondo negociable de MSCI de acciones peruanas iShares perdía un 6,8 por ciento antes de la apertura del mercado, mientras que los papeles de la minera peruana Buenaventura caían un 4,9 por ciento. Los títulos de Southern Copper Corporation perdían un 2,8 por ciento.

Así mismo, en Londres, los papeles del grupo Hochschild cedían más del 8 por ciento -dado que el grupo capta la mayor parte de sus ganancias de sus operaciones en el Perú- y los de su competidor Xstrata cedían un 0,48 por ciento.

El nuevo gobierno peruano debe tener presente esta señal que el sector minero es clave  para la economía nacional y debería otorgarse seguridades a las potenciales inversiones a efectos de estabilizar a los agentes económicos de cara al futuro.

Perú compite hoy por las inversiones mineras, principalmente con Chile, país cuya tasa impositiva efectiva es menor que la del Perú. En el Perú, si uno suma el Impuesto a la Renta, más las regalías, el aporte voluntario, los derechos de vigencia, la participación de los trabajadores, y los dividendos, termina en una tasa efectiva que, dependiendo del caso, puede ir de 48% a 62%. En Chile, si uno suma todo eso la tasa es menor.

En el caso de las regalías, Chile aplica una tasa sobre las utilidades, mientras Perú lo hace sobre las ventas brutas, lo que constituye una diferencia importante.

Actualmente se presume del eventual impacto en los proyectos mineros en cartera que potencialmente se estarían desarrollando en territorio nacional.

Esperamos que nuestro nuevo gobernante continúe liderando el crecimiento del país, promoviendo las inversiones y la estabilidad jurídica y política.

En principio, las propuestas económicas del nuevo gobierno son sensatas : mantener los equilibrios macroeconómicos, consolidar el crecimiento, generar condiciones para que la inversión privada nacional y extranjera se incremente y siga contribuyendo con el crecimiento

Lo importante es mantener las líneas maestras y garantizar la estabilidad jurídica, las reglas claras y predecibles, y dejar claramente establecido que en el Perú se respetan las normas y los contratos.

Este mensaje es ciertamente válido tanto para los inversionistas extranjeros, como para los nacionales.

Régimen tributario minero en Perú

Sin duda alguna, el aumento de los precios internacionales de los minerales incentivó al aumento de la producción y la pretensión exploratoria en territorio peruano.

La megadiversidad existente en Perú no excluye a los escenarios donde se desarrollan labores mineras, por ello es que existen particularidades y situaciones diversas respecto al tratamiento del tema minero.

Es así que se torna compleja la manera de tratar de uniformizar la diversidad y tener una singular apreciación sobre el tema minero y en particular sobre la Renta minera.

En tal sentido,es susceptible hacer diversas simulaciones y corridas de modelos matemáticos.

Uno de los resultados establece que la carga sobre la renta minera en Perú se encuentra entre 64.5% para un nivel de rentabilidad de 10% y 42.6% para un nivel de rentabilidad de 60%. 

Los datos precitados concuerdan con los resultados de la encuesta del Instituto Fraser que considera al Perú como un país que ostenta una carga tributaria mayor que la de sus principales competidores por inversión minera pero menor comparada con países que tienen bajo atractivo para la inversión minera.



Uno de los factores que afectan decididamente las inversiones es el riesgo país.



Para realizar un análisis comparativo de la política tributaria,legislación y tributación minera es fundamental considerar que el retorno sobre la inversión que se requiere en países de mayor riesgo es mayor y eventualmente podría soportar una menor carga tributaria para compensar dicho escenario.

Un tema de actualidad que estaría incrementando el riesgo país tiene que ver con la necesidad de revisión y mejora del sistema de otorgamiento y mantenimiento de concesiones mineras.

Petitorios mineros en Puno.

El Poder Ejecutivo oficializó hoy 29 de Mayo del 2011 el Decreto Supremo Nº 026-2011-EM -publicando en el diario oficial El Peruano- que dispone la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno por un plazo de doce (12) meses.

Entre los considerandos que fundamentan el Decreto Supremo Nº 026-2011-EM. Se aprecia que según la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el Estado es el responsable de velar para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la ley y en las normas reglamentarias sobre la materia.

El dispositivo, fue promulgado por el presidente de la República y refrendado por el ministro de Energía y Minas.

La medida se dictó en el marco del proceso de diálogo que se ha venido desarrollando entre representantes del Poder Ejecutivo y las autoridades regionales y locales de Puno, departamento en el que se viene acatando una huelga indefinida por 18 días en contra de las actividades mineras en la zona sur peruana.

La  suspensión  de  petitorios  Mineros en cuatro Provincias del departamento
de Puno  no constituye buen precedente para futuras inversiones en la Región.

En dicho proceso se ha manifestado la necesidad de efectuar las acciones tendientes a estudiar la situación de las concesiones mineras en las provincias antes mencionadas en una Comisión Multisectorial, haciéndose indispensable adoptar medidas que garanticen la implementación de las medidas que la referida comisión proponga.

Tomando en consideración que los criterios referidos a la admisión de petitorios mineros es un tema sistémico que podría extenderse a otros escenarios del territorio nacional, es altamente probable que la precitada Comisión Multisectorial este integrada también por representantes de la próxima administración del gobierno peruano en función a partir del 28 de Julio del 2011.

Costos ambientales,utilidades y tributación minera.

Algunos argumentos que se vinieron mitificando para la minería en Perú se han expuesto a lo largo de los diferentes reportes brindados en este espacio.

Apuntes que podrían revisarse en el actual debate público respecto a la tributación minera podrían ser:

Las empresas mineras no comparten con el Perú las utilidades obtenidas.

Las empresas mineras pagan 30% de impuesto a la renta, al igual que todas las empresas formales en el Perú. A esta cifra se agrega el que las empresas mineras además de que si pagan dividendos contribuyen con otro 4.1% de impuesto sobre los dividendos. Asimismo, comparten 8% de sus rentas con sus trabajadores, y que en promedio además pagan regalías por 3% del Impuesto General a sus ventas equivalentes al 6% de sus rentas.

Debemos incluir otros impuestos como los aranceles, impuesto selectivo al consumo, entre otros que hacen un global equivalente al 2.5% de sus rentas.

Por otro lado, si consideramos el 3.75% de sus rentas atribuidos al aporte voluntario minero, estaríamos hablando del orden de 54%.

Es decir que las empresas mineras comparten con el país más de la mitad de sus utilidades y que el aumento en los precios de los minerales y el aumento en la rentabilidad de las empresas mineras han beneficiado tanto al País como a los inversionistas mineros.

Las utilidades de las empresas mineras pagan pocos impuestos y no dan trabajo a las mayorías nacionales.

Un estimado refiere que en el periodo comprendido entre el 2005 al 2010 las utilidades netas de la gran minería fueron el orden de los veinticuatro mil millones de dólares y las sobreganancias mineras han estado en el rango de US$ 1,500 millones/año en promedio considerando el periodo del 2007 al 2010, con respecto al 2005.

En la década comprendida entre 1999 y 2009, la minería pagó impuestos internos que superaron los cincuenta y dos mil millones de nuevos soles reales del 2009. Si la minería representó el 7.7% del PBI del país en ese periodo, resulta que la minería pagó proporcionalmente 72% más impuestos de lo que contribuyeron el resto de actividades en otros sectores económicos.

En los últimos diez años la minería aporto S/53,950 millones de nuevos soles para el País.

La minería representa más del sesenta por ciento (60%) de las exportaciones totales del país y más del cuarenta por ciento (40%) del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado.

Sin perjuicio a que la actividad minera se desarrolla sólo en el 1.3% del territorio peruano, el número de puestos de trabajo generados por la actividad minera, en forma directa, se duplicó en la última década, pasando de 71,144 puestos de trabajo en el año 2000 a 147,374 en el 2010.

Haciendo un estimado de números, tenemos que para el 2008, operando en 1.2 % del territorio nacional se beneficiaron a 8.7 % de la población peruana (servidas directa e indirectamente) y tomando en consideración que 13.8 % del territorio nacional (17´674,210 Hectáreas) han sido concedidas a la actividad minera, esperaríamos que cuando lleguemos a cubrir esta proyección de territorio se estaría multiplicando por diez la población potencialmente beneficiaria por la actividad minera en el país.

En suma, la actividad minera beneficia cada vez a más peruanos en razón al crecimiento potencial del sector en el tiempo y referenciado a la excelencia ambiental y social para alcanzar los niveles de inversión logrados en el país.

No debería alterarse el proceso de inversiones y sí fomentar un sistema tributario estable.

Las empresas mineras están obteniendo elevadas utilidades por los mayores incrementos en los precios internacionales de los minerales, sin hacer esfuerzos por mejorar tecnología ni haber incrementado en producción ni exploración.

Las empresas mineras, y el Perú, se han beneficiado con el aumento en los precios internacionales de los minerales, asimismo, estos beneficios se deben también al aumento en la producción minera.

La mitad del aumento en beneficios mineros obtenidos en la década comprendida entre 1999 y 2009 se debe a que la producción minera casi se duplicó en ese lapso.

Este escenario se produjo porque las mineras tuvieron que invertir además del desarrollo tecnológico para reducir el impacto ambiental generado, en exploración y explotación minera gracias a la estabilidad jurídica brindada por el país.

La minería peruana logró captar inversiones por más de dieciocho mil millones de dólares en los últimos quince años.

Perú ocupa actualmente el quinto lugar como destino de las inversiones en exploración a nivel mundial, las que en los últimos años han experimentado un incremento debido a la confianza de los inversionistas en el potencial minero nacional.

Presentan mayor carga tributaria Chile y en otros países mineros que compiten con las empresas mineras que operan en Perú.

Un análisis comparativo de los regímenes tributarios con diversos países demuestra que las empresas mineras en el Perú soporta una mayor carga sobre la renta de países competidores como Chile, Australia y Canadá.

La carga tributaria es mayor en el Perú principalmente debido a:

• Las regalías mineras en el Perú se aplican sobre las ventas, mientras que en Chile y Canadá las regalías se aplican sobre la utilidad de las empresas.
• Porque en el Perú las empresas mineras deben pagar un 8% de sus utilidades antes de impuestos como participación de los trabajadores y esto no ocurre en los otros países que resultan siendo nuestros principales competidores.
• Al aplicar las regalías sobre las ventas da como resultado que para niveles bajos de rentabilidad (10% sobre ventas) las empresas mineras en Perú tendrían una carga sobre la renta especialmente elevada, 64%, mientras que en Chile y Canadá la carga comparable sería de 38% y en Australia de 51%, en todos los casos para las empresas domiciliadas en cada país.

De otro lado, las cargas sobre la renta son mayores que las existentes en Perú en países como Sudáfrica - que ahuyentaron la inversión minera- país en el cual la producción de oro cayó en 53% entre 1999 y 2009 y que pasó de lograr un tercio de la producción mundial a representar el 9% en el 2009.

Los ingresos por tributación minera, nunca llegarán a cubrir los costos reales de remediación del impacto ambiental causados por la industria minera.

A esta posición le sale al frente otra referida al costo oportunidad para la explotación de los minerales,indicando que es ahora o nunca porque si en unos años el crecimiento mundial cae y caen los precios de los minerales entonces no tendremos los miles de millones necesarios para extraerlos.

El proceso de regulación ambiental se adecua a las necesidades del país, priorizando las políticas mineras de estado a las coyunturales políticas de gobierno en sus diferentes niveles.
El marco teórico del sistema de sanciones por impacto ambiental que viene operando en el país proviene de los aportes del Análisis Económico del Derecho y de la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes, sin embargo, todo lo que buscan los sectores radicales en el país es preservar per se el medio ambiente judicializando el tema ambiental minero.
Por ello resulta importante identificar el daño ambiental generado como herramienta de protección antes de sancionar por cuestiones preventivas como es el hecho de pasar límites permisibles instantáneos, lo que mayormente es aplicable en el país.
La emisión y difusión de una  sanción mal aplicada genera malestar y temores infundados en la población y deteriora la imagen no solo de una compañía en particular sino de todo el sector minero.

La gente percibe que el marco legal es asimétrico, favorable para las inversiones mineras y desfavorable para los derechos de las poblaciones, que constituye la génesis de los problemas socioambientales recurrentes en Perú.

Aun no se termina por separar de las mentes de algunos peruanos a la minería contaminante informal de la gran minería.

Se efecuaron esfuerzos para corregir esta situación, el primer paso para formalizar esta minería transitó por reducir el tamaño de las concesiones mediante el ordenamiento territorial.

Si las medidas preventivas fallaran- se hace imprescindible accionar las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada tal como corresponde realizar a la Compañía Minera bajo la atenta mirada de la autoridad sectorial correspondiente, como prescribe la norma peruana y que los encargados de la administración de la cosa pública están obligados hacer cumplir.

OSINERGMIN y luego OEFA sólo fiscaliza al 7% de las operaciones mineras del país, la gran parte ha sido transferida a los gobiernos regionales,instituciones jóvenes con una serie de defectos.

En este tema que consideramos central de la agenda pendiente de los niveles correspondientes de la nueva administración de Estado, sea el Ministerio del Ambiente - OEFA u otra encargada de las funciones de supervisión y fiscalización minera es que, de un lado, revise las fortalezas y debilidades de los instrumentos de regulación ambiental, y, de otro, que la necesaria rigurosidad técnica se instaure para identificar la gradualidad del daño ambiental generado previo a la sanción que el caso amerite.

Las nuevas inversiones y el estado del medio ambiente en el país demandan de una dinámica con capacidades de modernizar nuestra legislación no sólo buscando captar mejores ingresos hoy para el país sino sobre todo garantizar el equilibrio armónico que presentan los procesos de inversiones en el marco del desarrollo sostenible, para lo cual se precisa mantener un sistema tributario estable como garantía de las seguridades jurídicas existentes en el Perú actual.

Sanciones y multas en la industria minera peruana.

Un análisis teórico para averiguar si en Perú se están aplicando adecuadamente el tipo de sanciones en el sector minero y ver opciones para el cálculo de multas y aplicación de otras sanciones dentro de la discusión pública podría servir de cara a la pronta nueva administración del país.

El marco teórico del sistema de sanciones que viene operando en el país proviene de los aportes del Análisis Económico del Derecho y de la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes.

Este analiza los mecanismos por los cuales el Estado regula la conducta de los agentes de la economía disuadiéndolos de su incumplimiento, y por tanto, busca evitar la ocurrencia de eventos negativos.

El modelo del cual se derivó la fórmula práctica de cálculo de multas aplicadas por el regulador estaba basado en los trabajos de Cohen, quien plantea en su modelo una relación principal – agente.

Es en este contexto en que el regulador (principal), regula la conducta de la empresa (agente).

El modelo tiene, entre otros, los siguientes supuestos:

• Las infracciones ocurren de manera aleatoria.
• Los recursos con que dispone el regulador son limitados.
• El objetivo del regulador es reducir la pérdida de bienestar de la sociedad debida a las consecuencias de las infracciones cometidas por las empresas.
• El Estado peruano debe gastar recursos obtenidos de la sociedad con el fin de detectar el incumplimiento de las normas (ex – ante), y/o detectar los daños ocasionados por dicho incumplimiento (ex –post).
• Las empresas realizan un análisis costo beneficio de ser detectados y sancionados antes de incumplir una norma.
• El regulador exige un esfuerzo mínimo a las empresas en el cumplimiento de los reglamentos y normas medioambientales y de seguridad.

Teóricamente, el esfuerzo que realizan las empresas en el cumplimiento de normas modifica la distribución de probabilidades de ocurrencia de contaminación o de accidentes.

En este ejercicio, la solución óptima de la multa es aquella aplicada por el regulador, y que iguala el beneficio ilícito marginal por contaminar o incumplir las normas de seguridad con el Costo Marginal Social (CMS) .

Este CMS está definido como la negativa de la pérdida marginal de bienestar social proveniente de la contaminación ambiental o de la pérdida de calidad de vida de los individuos provocada por los accidentes.

La variable fundamental del modelo en este esquema es el esfuerzo de la empresa en cumplir las normas, pues ella modifica la distribución de probabilidades de ocurrencia de contaminación o de accidentes.

Debido a que este esfuerzo no es observable directamente por el regulador, surge la necesidad de incentivar este esfuerzo.

Mediante multas, el regulador logra teóricamente la disuasión de las empresas y la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

Internalizar implica que la empresa toma en cuenta en sus costos las consecuencias negativas que origina a terceros.

Esta internalización iguala el costo privado con el costo social provocado por la empresa.

Dado a que el regulador no posee facultades compensatorias, no puede cobrar a la empresa la totalidad del valor neto del daño en la multa. Sin embargo, incluye una parte del daño en la multa, toda vez que considera que se debe incluir una proporción de dicho daño para que sirva como señal a la empresa de que deberá asumir la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

También están los temas de la imagen institucional y el riesgo de la minera de ser comprendida como tercero civil responsable para el pago solidario de la reparación conjuntamente con el sentenciado y condenado o ser sujeto de la aplicación de consecuencias accesorias como el cierre de la unidad minera contaminante.

El cierre de minas de operaciones de la época de la colonia apoyarían en la imagen de la nueva minería.

De otro lado, mediante la Ley 28090 del año 2003 y su reglamento del año 2005, el D.S. N° 033-2005-EM se regula el cierre de minas, donde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fiscaliza la ejecución de la garantía.

La norma considera que el plan de cierre de minas deberá describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de operación, cierre final y post cierre. Asimismo, deberá indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles.

El titular de la actividad minera que no cuente con el plan de cierre de minas aprobado, está impedido de iniciar el desarrollo de operaciones mineras.

El titular de la actividad minera deberá constituir garantías a favor del MEM, a fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre final y post cierre, mediante una o varias de las modalidades siguientes:

• Cartas fianza o pólizas de caución u otros mecanismos equivalentes, sin beneficio de excusión, emitidos por un banco nacional o del exterior, de primer nivel, de acuerdo a lo señalado en la ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sus normas reglamentarias y en las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
• Fideicomiso en garantía sobre lo siguiente: en efectivo; administración de flujo; bienes muebles e inmuebles distintos a las concesiones para actividades mineras y a las instalaciones objeto del plan de cierre de minas; y valores negociables excluyendo aquellos emitidos por el titular de actividad minera.
• Fianza solidaria de tercero sobre la base de las modalidades señaladas en los literales anteriores, sin beneficio de excusión.

En este contexto, continuar perfeccionando el tema sobre pasivos ambientales, sanciones y multas en la insdustria minera será de mucha ayuda para ver la competitividad en la captación de nuevas inversiones.

Diálogo sobre tributación minera.

Ambos candidatos a la presidencia de la República peruana en el presente proceso electoral (2011), anunciaron que dialogarán con las empresas mineras - en caso de asumir la administración del Estado - sobre un posible incremento en la tributación minera, teniendo en consideración que ambos apuntan a lograr una ampliación de la recaudación tributaria debido a las nuevas condiciones del mercado internacional : con elevados precios de los metales y alta rentabilidad de las mineras.

En este escenario coyuntural, lo que correspondería entonces es propiciar un debate técnico y alturado  donde resulta insoslayable la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte del Estado.

En este contexto es que se desarrolla las denominadas "propuestas para incrementar los impuestos a las sobreganancias mineras".

Algunas voces apuntan a que deba crearse nuevos tributos o incrementar los existentes para atender los programas de gobierno en lugar de fortalecer y hacer crecer lo que se tiene para salir a competir en el mercado mundial.

Las negociaciones tienen como antecedente una petición similar - cinco años atrás - por parte del gobierno peruano y del cual resultó el aporte voluntario minero equivalente al 3.75% como carga impositiva, según detalles siguientes:

Detalles sobre la carga impositiva aplicada en el Sector Minero.

Tomando en consideración los datos precedentes, se tiene que la carga tributaria aplicada al sector minero actualmente es del orden del cincuenta y cuatro por ciento.

Cabe entonces hacerse la pregunta ¿Hasta cuánto se podría incrementar la carga tributaria minera sin dejar de ser competitivos en el mercado mundial? 
Para dar respuesta a esta interrogante, es preciso evaluar previamente si es oportuno aplicar sus alcances a las empresas mineras que tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha estado dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.

De los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados y gran parte de los contratos vencerán en los próximos cuarenta meses, estando también por finalizar los aporte voluntarios mineros.  

Se estima que la cartera de inversión en minería para el país es del orden de cuarenta mil millones de dólares, por lo cual resultaría conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables.

En tanto se resuelva la interrogante, es importante anotar que el aporte minero por todo concepto al país en la última década se aproximó a cincuenta y cuatro mil millones de nuevos soles, de los cuales sólo el 54% pudo ejecutarse, demostrando que es posible mejorar en la gestión y lograr la ansiada paz social en escenarios como en la actual Región Puno, que desea participar de los beneficios tributarios mineros y rechaza la presencia de operaciones mineras en su jurisdicción territorial. 

Modelo alternativo al extractivismo

"Las exportaciones de los productos mineros metálicos llegaron a 6,292 millones de dólares en el primer trimestre del 2011 y tuvieron un incremento de 29 por ciento (1,414 millones de dólares), con relación al mismo período del año anterior".

Información impactante sin la debida explicación como la precitada - alentadora para algunos - es tomada con preocupación por muchos y fomenta, de algún modo, los conflictos socioambientales.
Ello va de la mano con la necesidad de incrementar acciones con la protección, conservación y preservación del medio ambiente que es asociado con el éxito del sector minero propalado através de los medios de comunicación.

La competencia por el uso de los recursos naturales como el agua resultan cada vez mas frecuentes, con mayor incidencia en algunas cuencas que otras, sin perjuicio del estrés hídrico  focalizado en la desértica costa peruana.

El recurso agua en Costa peruana resulta estratégica para su desarrollo.

Una opción legítima que se viene manejando es que el Estado recupere el control estratégico de la explotación de los recursos naturales no renovables y es en ese sentido que se pronuncian múltiples instituciones que ven con preocupación una eventual explotación desmedida de los recursos naturales. 

El desafío que se le presenta entonces a la nueva administración del Estado peruano es buscar alternativas viables al modelo extractivista que encamine el proceso de desarrollo de las zonas mineras y para el resto del país.

Lo que debe quedar muy claro, es que el desarrollo del sector minero no se contrapone con el desarrollo nacional, pues con el buen manejo ambiental resulta ser uno de los pilares que sostiene el crecimiento del país.

En este contexto, resulta imprescindible que las políticas públicas del próximo gobierno peruano se referencien a las políticas de Estado que orientan la gobernabilidad del Perú.

El Acuerdo Nacional nos parece un eje de referencia que coadyuve a lograr el entendimiento deseado entre la explotación de los recursos naturales y la cartera de inversión prevista en minería.

Economía popular bajo la atracción de la industria minera.

Según la percepción de economía popular fomentada por algunos epígonos “la nación, el territorio, el suelo y subsuelo, nada existe: la economía gira en torno a la minería, es todo...”.
Y probablemente no les falte razón, si tomamos en cuenta la fijación mental que se tiene respecto a esta actividad del hombre contemporáneo que se desarrolla en el 1.3% del territorio peruano.

¿Pero de donde surge todo ese encanto por la minería, especialmente entre las zonas sin tradición minera?.

Intentos por explicar esta profunda atracción humana por la minería  han existido muchas, algunas más acertadas que otras.

Es una suerte de relación amor - odio y causal de emociones encontradas.

Como icono persiste la imagen del rescate en Oro y Plata por la liberación del Inca Atahualpa con el incumplimiento de las promesas esgrimidas por los conquistadores españoles.

Salvando el hecho que la industria minera abarca mas allá que los metales preciosos, asi como las distancias de espacio y tiempo, el panorama económico sustentado en las concesiones mineras presenta contradicciones y vacíos no solamente en las cuentas nacionales y pasivos ambientales, sino en los evidentes problemas de comunicación.

La semiótica entendida por el hombre Andino - como consumidor legal - no llega a entender las señales emitidas por el productor de leyes en materia minera, que materialmente se disemina desde la capital de la República.

De un lado se encuentra el mensaje sobre las regalías mineras por la explotación de las riquezas mineras de un recurso natural no renovable pertenecientes a todos los peruanos.

Por otro, la sensación que no les llega la parte de los beneficios que les corresponde por derecho de propiedad al ser peruanos. 

Esta situación se complica si la zona de influencia de la explotación minera es próxima a su localidad, viendo como se llevan las riquezas y en cambio les dejan paisajes impactados y una eventual secuela de contaminación de los recursos naturales.  

Mensajes distorsionados del efecto ambiental generado en otras actividades y modos de producción por la presencia de la minería, dan como resultado que muchas poblaciones no desean la presencia de la industria minera en sus locaciones y sin embargo, si desean participar del canon minero producido en otras regiones del país.

La población no termina de quedar mas confundida si en el problema de una deficiente gestión de los recursos provenientes de la actividad minera se incorporan señales que promueven una escalada de conflictos sociales donde  participan en forma directa o indirectamente las propias autoridades regionales.

Un ejemplo del efecto generado por la inoportuna distribución de los fondos recaudados del canon minero se puede observar en el siguiente informe donde se explica que integrantes de una Universidad de Puno se movilizó por las principales arterias de esta ciudad protestando contra el Gobierno Regional.

El rector de esta casa de estudios , encabezó la marcha solicitando que el actual Gobierno Regional cumpla con la transferencia de los fondos del canon minero.

La autoridad regional de Puno reconoce la existencia de una deuda pendiente que el gobierno regional tiene con la Universidad de Puno por concepto de canon minero y que será pagada apenas concluya el juicio pendiente contra el ex presidente regional.

La otra imagen, se expone en el siguiente reporte donde se difunde la reunión llevada a cabo entre autoridades regionales de Puno y dirigentes de las comunidades que se oponen a las concesiones mineras.

Ante este panorama, se plantea una controvertida ordenanza regional que declara intangible el territorio puneño.

Los manifestantes, agrupados en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales, sin verificar si las empresas mineras cumplen con las normas de preservación del medio ambiente en la zona, piden en pleno siglo XXI prohibir la industria minera en Puno.

Corresponde a las autoridades y a los candidatos a la presidencia de la República enviar señales claras y firmes de que el Perú seguirá teniendo reglas claras y un buen clima para el desarrollo del sector minero.