Algunos argumentos que se vinieron mitificando para la minería en Perú se han expuesto a lo largo de los diferentes reportes brindados en este espacio.
Apuntes que podrían revisarse en el actual debate público respecto a la tributación minera podrían ser:
Las empresas mineras no comparten con el Perú las utilidades obtenidas.
Las empresas mineras pagan 30% de impuesto a la renta, al igual que todas las empresas formales en el Perú. A esta cifra se agrega el que las empresas mineras además de que si pagan dividendos contribuyen con otro 4.1% de impuesto sobre los dividendos. Asimismo, comparten 8% de sus rentas con sus trabajadores, y que en promedio además pagan regalías por 3% del Impuesto General a sus ventas equivalentes al 6% de sus rentas.
Debemos incluir otros impuestos como los aranceles, impuesto selectivo al consumo, entre otros que hacen un global equivalente al 2.5% de sus rentas.
Por otro lado, si consideramos el 3.75% de sus rentas atribuidos al aporte voluntario minero, estaríamos hablando del orden de 54%.
Es decir que las empresas mineras comparten con el país más de la mitad de sus utilidades y que el aumento en los precios de los minerales y el aumento en la rentabilidad de las empresas mineras han beneficiado tanto al País como a los inversionistas mineros.
Las utilidades de las empresas mineras pagan pocos impuestos y no dan trabajo a las mayorías nacionales.
Un estimado refiere que en el periodo comprendido entre el 2005 al 2010 las utilidades netas de la gran minería fueron el orden de los veinticuatro mil millones de dólares y las sobreganancias mineras han estado en el rango de US$ 1,500 millones/año en promedio considerando el periodo del 2007 al 2010, con respecto al 2005.
En la década comprendida entre 1999 y 2009, la minería pagó impuestos internos que superaron los cincuenta y dos mil millones de nuevos soles reales del 2009. Si la minería representó el 7.7% del PBI del país en ese periodo, resulta que la minería pagó proporcionalmente 72% más impuestos de lo que contribuyeron el resto de actividades en otros sectores económicos.
En los últimos diez años la minería aporto S/53,950 millones de nuevos soles para el País.
La minería representa más del sesenta por ciento (60%) de las exportaciones totales del país y más del cuarenta por ciento (40%) del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado.
Sin perjuicio a que la actividad minera se desarrolla sólo en el 1.3% del territorio peruano, el número de puestos de trabajo generados por la actividad minera, en forma directa, se duplicó en la última década, pasando de 71,144 puestos de trabajo en el año 2000 a 147,374 en el 2010.
Haciendo un estimado de números, tenemos que para el 2008, operando en 1.2 % del territorio nacional se beneficiaron a 8.7 % de la población peruana (servidas directa e indirectamente) y tomando en consideración que 13.8 % del territorio nacional (17´674,210 Hectáreas) han sido concedidas a la actividad minera, esperaríamos que cuando lleguemos a cubrir esta proyección de territorio se estaría multiplicando por diez la población potencialmente beneficiaria por la actividad minera en el país.
En suma, la actividad minera beneficia cada vez a más peruanos en razón al crecimiento potencial del sector en el tiempo y referenciado a la excelencia ambiental y social para alcanzar los niveles de inversión logrados en el país.
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| No debería alterarse el proceso de inversiones y sí fomentar un sistema tributario estable. |
Las empresas mineras están obteniendo elevadas utilidades por los mayores incrementos en los precios internacionales de los minerales, sin hacer esfuerzos por mejorar tecnología ni haber incrementado en producción ni exploración.
Las empresas mineras, y el Perú, se han beneficiado con el aumento en los precios internacionales de los minerales, asimismo, estos beneficios se deben también al aumento en la producción minera.
La mitad del aumento en beneficios mineros obtenidos en la década comprendida entre 1999 y 2009 se debe a que la producción minera casi se duplicó en ese lapso.
Este escenario se produjo porque las mineras tuvieron que invertir además del desarrollo tecnológico para reducir el impacto ambiental generado, en exploración y explotación minera gracias a la estabilidad jurídica brindada por el país.
La minería peruana logró captar inversiones por más de dieciocho mil millones de dólares en los últimos quince años.
Perú ocupa actualmente el quinto lugar como destino de las inversiones en exploración a nivel mundial, las que en los últimos años han experimentado un incremento debido a la confianza de los inversionistas en el potencial minero nacional.
Presentan mayor carga tributaria Chile y en otros países mineros que compiten con las empresas mineras que operan en Perú.
Un análisis comparativo de los regímenes tributarios con diversos países demuestra que las empresas mineras en el Perú soporta una mayor carga sobre la renta de países competidores como Chile, Australia y Canadá.
La carga tributaria es mayor en el Perú principalmente debido a:
- Las regalías mineras en el Perú se aplican sobre las ventas, mientras que en Chile y Canadá las regalías se aplican sobre la utilidad de las empresas.
- Porque en el Perú las empresas mineras deben pagar un 8% de sus utilidades antes de impuestos como participación de los trabajadores y esto no ocurre en los otros países que resultan siendo nuestros principales competidores.
- Al aplicar las regalías sobre las ventas da como resultado que para niveles bajos de rentabilidad (10% sobre ventas) las empresas mineras en Perú tendrían una carga sobre la renta especialmente elevada, 64%, mientras que en Chile y Canadá la carga comparable sería de 38% y en Australia de 51%, en todos los casos para las empresas domiciliadas en cada país.
De otro lado, las cargas sobre la renta son mayores que las existentes en Perú en países como Sudáfrica - que ahuyentaron la inversión minera- país en el cual la producción de oro cayó en 53% entre 1999 y 2009 y que pasó de lograr un tercio de la producción mundial a representar el 9% en el 2009.
Los ingresos por tributación minera, nunca llegarán a cubrir los costos reales de remediación del impacto ambiental causados por la industria minera.
A esta posición le sale al frente otra referida al costo oportunidad para la explotación de los minerales,indicando que es ahora o nunca porque si en unos años el crecimiento mundial cae y caen los precios de los minerales entonces no tendremos los miles de millones necesarios para extraerlos.
El proceso de regulación ambiental se adecua a las necesidades del país, priorizando las políticas mineras de estado a las coyunturales políticas de gobierno en sus diferentes niveles.
El marco teórico del sistema de sanciones por impacto ambiental que viene operando en el país proviene de los aportes del Análisis Económico del Derecho y de la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes, sin embargo, todo lo que buscan los sectores radicales en el país es preservar per se el medio ambiente judicializando el tema ambiental minero.
Por ello resulta importante identificar el daño ambiental generado como herramienta de protección antes de sancionar por cuestiones preventivas como es el hecho de pasar límites permisibles instantáneos, lo que mayormente es aplicable en el país.
La emisión y difusión de una sanción mal aplicada genera malestar y temores infundados en la población y deteriora la imagen no solo de una compañía en particular sino de todo el sector minero.
El marco teórico del sistema de sanciones por impacto ambiental que viene operando en el país proviene de los aportes del Análisis Económico del Derecho y de la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes, sin embargo, todo lo que buscan los sectores radicales en el país es preservar per se el medio ambiente judicializando el tema ambiental minero.
Por ello resulta importante identificar el daño ambiental generado como herramienta de protección antes de sancionar por cuestiones preventivas como es el hecho de pasar límites permisibles instantáneos, lo que mayormente es aplicable en el país.
La emisión y difusión de una sanción mal aplicada genera malestar y temores infundados en la población y deteriora la imagen no solo de una compañía en particular sino de todo el sector minero.
La gente percibe que el marco legal es asimétrico, favorable para las inversiones mineras y desfavorable para los derechos de las poblaciones, que constituye la génesis de los problemas socioambientales recurrentes en Perú.
Aun no se termina por separar de las mentes de algunos peruanos a la minería contaminante informal de la gran minería.
Se efecuaron esfuerzos para corregir esta situación, el primer paso para formalizar esta minería transitó por reducir el tamaño de las concesiones mediante el ordenamiento territorial.
Si las medidas preventivas fallaran- se hace imprescindible accionar las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada tal como corresponde realizar a la Compañía Minera bajo la atenta mirada de la autoridad sectorial correspondiente, como prescribe la norma peruana y que los encargados de la administración de la cosa pública están obligados hacer cumplir.
OSINERGMIN y luego OEFA sólo fiscaliza al 7% de las operaciones mineras del país, la gran parte ha sido transferida a los gobiernos regionales,instituciones jóvenes con una serie de defectos.
En este tema que consideramos central de la agenda pendiente de los niveles correspondientes de la nueva administración de Estado, sea el Ministerio del Ambiente - OEFA u otra encargada de las funciones de supervisión y fiscalización minera es que, de un lado, revise las fortalezas y debilidades de los instrumentos de regulación ambiental, y, de otro, que la necesaria rigurosidad técnica se instaure para identificar la gradualidad del daño ambiental generado previo a la sanción que el caso amerite.
Las nuevas inversiones y el estado del medio ambiente en el país demandan de una dinámica con capacidades de modernizar nuestra legislación no sólo buscando captar mejores ingresos hoy para el país sino sobre todo garantizar el equilibrio armónico que presentan los procesos de inversiones en el marco del desarrollo sostenible, para lo cual se precisa mantener un sistema tributario estable como garantía de las seguridades jurídicas existentes en el Perú actual.
