Ambos candidatos a la presidencia de la República peruana en el presente proceso electoral (2011), anunciaron que dialogarán con las empresas mineras - en caso de asumir la administración del Estado - sobre un posible incremento en la tributación minera, teniendo en consideración que ambos apuntan a lograr una ampliación de la recaudación tributaria debido a las nuevas condiciones del mercado internacional : con elevados precios de los metales y alta rentabilidad de las mineras.
En este escenario coyuntural, lo que correspondería entonces es propiciar un debate técnico y alturado donde resulta insoslayable la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte del Estado.
En este contexto es que se desarrolla las denominadas "propuestas para incrementar los impuestos a las sobreganancias mineras".
Algunas voces apuntan a que deba crearse nuevos tributos o incrementar los existentes para atender los programas de gobierno en lugar de fortalecer y hacer crecer lo que se tiene para salir a competir en el mercado mundial.
Las negociaciones tienen como antecedente una petición similar - cinco años atrás - por parte del gobierno peruano y del cual resultó el aporte voluntario minero equivalente al 3.75% como carga impositiva, según detalles siguientes:
 |
| Detalles sobre la carga impositiva aplicada en el Sector Minero. |
Tomando en consideración los datos precedentes, se tiene que la carga tributaria aplicada al sector minero actualmente es del orden del cincuenta y cuatro por ciento.
Cabe entonces hacerse la pregunta ¿Hasta cuánto se podría incrementar la carga tributaria minera sin dejar de ser competitivos en el mercado mundial?
Para dar respuesta a esta interrogante, es preciso evaluar previamente si es oportuno aplicar sus alcances a las empresas mineras que tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha estado dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.
Para dar respuesta a esta interrogante, es preciso evaluar previamente si es oportuno aplicar sus alcances a las empresas mineras que tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha estado dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.
De los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados y gran parte de los contratos vencerán en los próximos cuarenta meses, estando también por finalizar los aporte voluntarios mineros.
Se estima que la cartera de inversión en minería para el país es del orden de cuarenta mil millones de dólares, por lo cual resultaría conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables.
En tanto se resuelva la interrogante, es importante anotar que el aporte minero por todo concepto al país en la última década se aproximó a cincuenta y cuatro mil millones de nuevos soles, de los cuales sólo el 54% pudo ejecutarse, demostrando que es posible mejorar en la gestión y lograr la ansiada paz social en escenarios como en la actual Región Puno, que desea participar de los beneficios tributarios mineros y rechaza la presencia de operaciones mineras en su jurisdicción territorial.
