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martes, 30 de mayo de 2017

Desafíos por superar en reforma de agua y saneamiento

El gobierno  central en Perú  se propuso en su periodo de cinco años (2016-2021) lograr para la zona urbana el  100 %  de cobertura de agua potable y saneamiento al 2021.
Es una meta que  la mayoría de peruanos tomó con mucha esperanza, que trascurrido diez meses de gestión , la ilusión se va diluyendo, pues las conocidas deficiencias no se van superando en el tiempo.
Pese a que en el presupuesto de este año 2017, el subsector saneamiento se vio incrementado  67 % en sus recursos, no se aprecia que la principal traba de la falta de capacidad de ejecución no se estaría superando.
El total del Presupuesto Público destinado al sector saneamiento, entre los años 2011 y 2016, ha sido de 29,4 mil millones de soles, sin embargo, el nivel de ejecución promedio para los tres niveles de gobierno alcanzó únicamente el 65 %, denotando deficiencias para ejecutar la totalidad de las transferencias realizadas, según lo precisado por el DS N°007-2017-VIVIENDA que aprueba la Política Nacional de Saneamiento ; que está alineada con datos del ministerio de Economía y Finanzas , las cifras totales de ejecución del Estado en proyectos de saneamiento para  los últimos años no alcanzó  70% y focalizada la ejecución de inversión pública para los programas de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para el año 2016 fue de  19,3% en el ámbito urbano y 64,0% en el ámbito rural.Esta tendencia en lo que va de la presente administración, no se estaría revirtiendo. 

Impases subsistentes

Buena  parte de los proyectos de agua y saneamiento se gestiona a través de los programas nacionales de saneamiento urbano y rural respectivamente. A través de estos programas presupuestales, se transfieren recursos a los gobiernos regionales y locales para que gestionen sus proyectos . 
Tanto la reducida ejecución en los estudios de preinversión  y  la atomización de proyectos con pequeños montos, contribuyen a esta  falta de capacidad de ejecución presupuestal.
También se evidencia que la migración del antiguo SNIP al nuevo sistema de inversión pública, Invierte.pe.  estaría pasando factura en términos iniciales de tiempo a los proyectos.
Un problema adicional tiene que ver con las demoras en la redefinición del marco legal para el sector saneamiento establecido por el Decreto Legislativo N°  1280 que sufriera modificaciones últimas aprobadas por el Congreso de la República.

martes, 16 de mayo de 2017

Demoras en redefinición del marco legal para el sector saneamiento

En nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú, comentábamos que el ejecutivo del país de los incas se encontraba apostando por  redefinir el marco legal del sector Saneamiento, con la puesta en marcha del Decreto Legislativo N° 1280 que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (publicada el 29 de diciembre de 2016); la misma que deroga la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338) y la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento _ excepto el artículo 3° ( Ley N° 30045).
Transcurrido cinco meses ( al 11 de Mayo de 2017), por acuerdo (aprobado en primera votación y dispensado de segunda votación) en el Pleno del Congreso de la República, la representación nacional en el legislativo aprobó el Proyecto de Ley 01282-2016-CR, Ley que modifica el numeral 3 del artículo 6, el párrafo 46.2 del artículo 46, el párrafo 55.3 del artículo 55 y el numeral 4 del artículo 79 del Decreto Legislativo 1280 ; asimismo deroga la segunda disposición complementaria final que asignaba la titularidad del Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento en proyectos de tratamiento de aguas residuales para el desarrollo bajo el mecanismo de Asociaciones Público Privadas de los proyectos de inversión destinados al tratamiento de aguas residuales a que se refiere el numeral 3 del artículo 2 de la precitada Ley, incluyendo el desarrollo de las inversiones complementarias y su operación y mantenimiento cuando corresponda, para su funcionamiento, las funciones y atribuciones de Entidad Titular del Proyecto le corresponden al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
También derogó la octava y novena disposición complementaria transitoria que  se referían a transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al OTASS y a la SUNASS  para el financiamiento de acciones correspondientes a la política sectorial; asimismo a la formulación y ejecución de proyectos de inversión en agua y saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la SEDAPAL, la mayor EPS del país.

Primeras reacciones en el sector saneamiento 

El evidente retraso en las inversiones de las actividades sectoriales previstas por el ejecutivo en los diez (10) meses de administración del gobierno central, se estaría traduciendo también con el Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA (publicado el 12 de mayo del 2017) que establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.
Este reglamento hace referencia en su Art.9, inc. 3 ; a los supuestos del proceso de adecuación progresiva de los prestadores de los servicios de agua potable y/o de alcantarillado sanitario y/o tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y, algunos o todos de sus componentes operan, sin instrumento de gestión ambiental ni con autorización de vertimiento y/o de reúso, según corresponda; asimismo, en su Art. 12,inc.1 referido a los plazos del proceso de adecuación progresiva establecida en un plazo máximo de nueve (09) años, según corresponda, el cual se estaría cumpliendo el 13 de mayo del 2026.
Otro de los profundos impactos se vería en la afectación de la operatividad de la unidad ejecutora "agua para Lima y callao" conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 28411_Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

jueves, 27 de abril de 2017

Esfuerzos legales para Fondo de inversión en saneamiento

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó  el reglamento del Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS).
FIAS tiene como fin financiar estudios, programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.
Se establece que este reglamento es de aplicación para el MVCS, los programas del sector saneamiento, los gobiernos locales y los prestadores de los servicios de saneamiento.

Destino de los recursos del FIAS

Los recursos del FIAS se destinan a las operaciones y actividades siguientes:
1. Financiar la ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento para lograr la sostenibilidad de los mismos.
2. Financiar la elaboración de estudios de preinversión, expediente técnico y ejecución de proyectos de inversión, así como las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, y/o rehabilitación total o parcial de activos fijos de los prestadores de servicios de saneamiento, según corresponda.
3. Constituirse como fiador, garante o mejorador crediticio de los financiamientos otorgados a los prestadores por las entidades del sistema financiero, por los fondos de inversión que éstas han constituido.

Requisitos para solicitudes

Se determina que son requisitos comunes para todos los solicitantes, independientemente de la modalidad de financiamiento, los siguientes:
1. No haberse escindido o separado de una empresa prestadora en el quinquenio inmediato anterior, sea la entidad separada a la fecha de la solicitud un prestador de servicios de saneamiento.
2. Los programas, proyectos de inversión o inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y/o rehabilitación deben haber sido declarados viables o aprobados, según corresponda, y además incorporados en la Programación Multianual de Inversiones, de conformidad con la normativa vinculada al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
3. Las solicitudes deben sustentar y probar la capacidad del prestador para la ejecución y operación del proyecto.
4. Los programas, proyectos de inversión o las inversiones de optimización y/o ampliación marginal deben contar con los documentos que acrediten la libre disponibilidad de terrenos.
Además los solicitantes deben acreditar el derecho de uso sobre aquellos, según corresponda, sin restricciones para los fines de la solicitud.
5. Contar con las áreas o terrenos saneados para las intervenciones de reposición y/o rehabilitación de activos fijos.
6. Las solicitudes deben contar con una evaluación privada de proyectos, que detalle y sustente los beneficios y costos del proyecto durante su horizonte de operación, así como su plan de implementación.
Esta evaluación debe precisar y demostrar el aporte del prestador y los aportes de otras fuentes, según corresponda. La evaluación además detalla el beneficio cualitativo y cuantitativo para el usuario del servicio, así como su impacto en la eficiencia o mejora operacional del prestador y la calidad del servicio.

Empresas prestadoras

Se establece también que de tratarse de empresas prestadoras, adicionalmente a los requisitos antes señalados (comunes), deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Que se haya cumplido con aplicar los incrementos tarifarios aprobados o autorizados por Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en la oportunidad y condiciones debidas, durante el último quinquenio inmediato anterior.
2. Que los programas, proyectos o inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y/o rehabilitación se encuentren incorporados en sus estudios tarifarios o que haya sido admitida la solicitud de incremento tarifario, presentada por la empresa prestadora ante la Sunass, para financiar los costos de operación y mantenimiento de dichos programas, proyectos o inversiones.

Municipios

Se señala también que de tratarse de gobiernos locales, de manera adicional a los requisitos comunes antes citados, deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Acreditar la existencia o constitución de una unidad de gestión, operador especializado u organización comunal, dentro de los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de financiamiento.
2. Acreditar que se ha constituido un Área Técnica Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Marco y su Reglamento, y que ésta cuenta con recursos adecuados para su funcionamiento.
3. Presentar el Acuerdo de Concejo Municipal que aprueba la presentación de la solicitud de financiamiento.
4. Presentar una declaración jurada de no haber solicitado ni tener solicitud en trámite para la misma intervención, ante cualquier fuente pública, privada o cualquier otra fuente de financiamiento.

Criterios de evaluación y priorización

Se establece que para la evaluación de las solicitudes presentadas, el Comité de Financiamiento considera los siguientes criterios:
1. La conveniencia económica, financiera y operativa del proyecto, programa o inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y/o rehabilitación, tanto para el prestador como para el servicio, en especial para el cierre de brechas de cobertura y calidad.
2. El perfil de riesgos del proyecto, programa o intervenciones y las medidas adoptadas para mitigarlos o controlarlos.
3. Que la intervención se encuentre totalmente financiada, sumando el aporte del FIAS.
4. Que se pruebe la capacidad operativa del prestador para la ejecución y para la operación de la intervención.
5. Que se demuestre la fuente de recursos para la operación y mantenimiento, es decir, que el flujo de caja proyectado del prestador soporte los costos de operación y mantenimiento de la nueva intervención.
Se determina que para la priorización de las solicitudes, el Comité de Financiamiento considera los criterios generales siguientes:
1. Que el prestador haya celebrado un contrato de gestión de mediano plazo con un operador privado altamente capacitado.
2. Que la intervención mantenga la calidad y cobertura del servicio o las eleve, y mejore los ingresos operativos del prestador o reduzca sus costos operacionales.
3. Cuando se trate de garantías, se extienden preferentemente a las empresas prestadoras; y, a proyectos que mejoran el servicio y su calidad, así como el resultado financiero operacional del prestador.
4. Cuando se trata de financiamiento de los estudios de pre-inversión, es otorgado a las unidades de gestión municipal, operadores especializados y organizaciones comunales.
5. Que los proyectos de inversión cuenten con expediente técnico aprobado.
6. Que la empresa prestadora y/o el gobierno local según corresponda, se comprometa a cofinanciar la inversión materia de las solicitudes. 
Se establece que si se trata de una empresa prestadora, se tienen en cuenta los criterios específicos siguientes:
1. Que haya mostrado buena gobernanza y gestión para lo cual se tiene en cuenta, entre otros, indicadores como relación de trabajo, micromedición, morosidad, conexiones activas y EBITDA (indicador que mide beneficios antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
2. Que otorgue garantías a favor del FIAS, a fin de respaldar las operaciones de financiamiento o las garantías que se apruebe a su favor. Estas garantías pueden ser en acciones o en flujo de ingresos futuros cedidos al FIAS, en la modalidad de fideicomisos con garantías de activos o de flujos.
3. Que se encuentre bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).
4. Cuando se trate de acciones ordinarias o preferentes, solo se financia a empresas prestadoras.

domingo, 23 de abril de 2017

La reconstrucción : ¿ Un banquete en agua y alcantarillado ?

Transcurrido el tiempo y de acuerdo a reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en todo el país, se cuenta con cifras gruesas del "control de daños en agua y alcantarillado" que lleva sólo a especular y no con la suficiente información para planificar sobre el tema de reconstrucción. De pronto en el tema de edificaciones,carreteras y puentes si, pero en agua y alcantarillado NO.
Sin embargo, ya existen voces para calmar los ánimos exaltados e iniciar la "reconstrucción con cambios" en algunas empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), asignándoles presupuestos estimados también gruesos.
Perú, al igual que otros países de la región, históricamente sufrió de recurrentes daños por efectos de embates de la naturaleza, así que por su experiencia, debiera estar preparado para contar con alertas tempranas y respuestas inmediatas ante las emergencias para la reconstrucción, especialmente de los impactos generados por el fenómeno El Niño en la costa norte. En el sector agua y saneamiento no es así, porque arrastra problemas en la gobernabilidad del agua y gobernanza. 
La presente administración del gobierno central esto lo tiene claro según su diagnóstico inicial, que luego de ocho meses de gestión, se encuentra en el proceso de redefinir al sector agua y saneamiento, pero sus esfuerzos son mayormente legales, tal como explicamos en una sola fuerza por la regulación del agua en Perú.

Falta de cultura de agua mas corrupción

En cultura de agua en Perú, comentamos que de nuestra experiencia en las evaluaciones de los efectos de El Niño en 1982-83 y 1997-98 pudimos establecer que la falta de cultura de agua fue la principal causa por la cual se perdió ingentes cantidades de dinero en reconstruir lo reconstruido.
Para los efectos de El Niño Costero 2017-18, se tiene que contemplar un elemento adicional que implica la existencia de altos niveles de corrupción en la industria de la construcción asociados a las obras de agua y alcantarillado.
En este contexto, saludamos que el día de hoy  23 de abril del 2017 el consejo nacional del colegio de ingenieros del Perú indica que se tomarán las acciones que correspondan en cuanto a los profesionales de la orden, implicados en actos de corrupción.
Sin embargo, esta acción no es suficiente ante malas empresas constructoras y/o supervisoras, que tomando el nombre de especialistas, falsifican documentos para ganar la buena pro, así como falsifican cartas fianzas, cometen actos ilícitos en valorizaciones,adicionales,deductivos, arbitrajes, y otros inherentes que tienen en la mira a la "nueva industria de la reconstrucción temporal con cambios" gestada.

¿Fortaleciendo la gobernanza?

La reguladora y fiscalizadora SUNASS , con un presupuesto en promedio de 26 millones anuales,tiene desde su creación graves problemas para cumplir sus funciones en las hoy 50 EPS reguladas localizadas en zonas urbanas, y con las nuevas leyes dispuestas por el actual ejecutivo, se amplía su ámbito de acción a las zonas rurales. Recordemos que el presupuesto operativo de SUNASS, depende del aporte regulatorio de las EPS y en especial de la mayor EPS del país SEDAPAL; motivo por el cual ésta ejerce gran influencia sobre el regulador.
A su vez, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) - que en evaluación de desempeñó detectó 25 de las 50 EPS requieren ser intervenidas por el Gobierno Central para reflotarlas ( 7 de ellas ya están en proceso)- ; acaba de recibir 444 millones de soles para el año 2017, a efectos de cumplir sus funciones bajo jurisdicción del Ministerio de Vivienda y Construcción.
Acaba de concluir el concurso público convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para seleccionar al presidente del consejo directivo de SUNASS, este proceso ha sido cuestionado por algunos que dan cuenta de lo politizado del concurso llevado a cabo por la PCM. La marcada intervención política en el regulador y en las EPS no es un tema reciente, sino que tiene larga data en el país de los incas. La misma se encuentra en la agenda pendiente de la Representación Nacional.  

Guardando las formas

A los efectos de brindar seguridades a la potencial intervención de la inversión privada en obras de reconstrucción en agua y saneamiento, seria recomendable guardar las formas de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en cuanto al nombramiento del presidente del regulador SUNASS.
Las Resoluciones Supremas emitidas y publicadas en el diario El Peruano : R.S. N° 016-2002-PCM (15/01/2002), R.S. N° 023-2007-PCM (8/02/2007)  y R.S. N° 097-2012-PCM (5/04/2012) ; fueron suscritas por el presidente constitucional de la República y refrendadas por el Ministro de Economía y Finanzas, El ministro de la cartera , en este caso el Ministerio de Vivienda,construcción y saneamiento  (en el 2002 era el Ministerio de transportes;comunicaciones,vivienda y construcción) y la PCM.
Para la flamante Resolución Suprema N° 047-2017-PCM (21/04/2017) , sólo firman el Presidente de la República y la PCM.
Como caso anecdótico, el actual mandatario peruano suscribió sendas Resoluciones Supremas , en el año 2002 en su condición de Ministro de Economía y en el año 2017, como Presidente de la República.

El dato

El comentario "guardando las formas", quedaría fuera de lugar, si es que existiera una norma en Perú que le asigne atribuciones a PCM por emergencia, remplazando las funciones de los Ministerios Economía y Finanzas y Vivienda,construcción y saneamiento en la aplicación de la Ley N° 27332 - "Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos" para el extremo de los servicios de saneamiento (SUNASS). 

jueves, 13 de abril de 2017

Organismos reguladores : Colgar a los rateros para progresar en Perú

Una expresión muy bien puesta "Si queremos progresar, tenemos que colgar a los rateros”, que resume lo que va encontrando en sus ocho meses de gestión frente al gobierno central el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard. La forma campechana con la que explica lo que va constatando in situ el primer mandatario de la nación es algo que los especialistas que trabajamos en agua y saneamiento lo vemos hace décadas y que a partir del año 2002 viene escalando hasta llegar a límites críticos en la actualidad. Cincuenta y seis por ciento del total de gobernadores regionales (antes llamados presidentes de gobiernos regionales) están vinculados con flagrantes actos de corrupción, igualmente el país presenta números de escándalo cuando se trata de mirar la gestión de alcaldes provinciales y distritales comprometidos en actos fuera de la Ley en la construcción de obras de agua potable y alcantarillado. Algunos de ellos fueron condenados y están privados de la libertad, aunque la gran mayoría se encuentra formando parte de los poderes fácticos que penetran e inficionan a instituciones estratégicas de la nación, una de ellas es la reguladora SUNASS. 

Organismos reguladores

Perú cuenta desde el 29 de Julio del año 2000 con la Ley N° 27332 - "Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos", encargadas hoy de ver la áreas : telecomunicaciones (OSIPTEL);energía y minas (OSINERGMIN);transporte (OSITRAN); y los servicios de saneamiento (SUNASS). Entre las funciones con que cuentan, se encuentra la función reguladora, que comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito; así como la función fiscalizadora y sancionadora, que les faculta imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. Los poderes fácticos lograron posicionar a "sus expertos en regulación" los cuales podían migrar de una reguladora a otra sin tomar en consideración la debida especialización que exigía la materia, más aún en sectores tan sensibles como el de saneamiento básico, donde el componente social y político es extremo en Perú. Facultados por la norma, entonces podían ocupar en el mismo periodo diferentes gerencias especializadas y presentarse a postular a la presidencia del consejo directivo simultáneamente en varias reguladoras.

Resultados de investigación científica 

Establecido el tema y focalizado el problema en SUNASS, estudie los objetivos y consideré como hipótesis de trabajo, que los altos niveles de corrupción y la débil gobernanza  sectorial afectan la inversión privada en agua y saneamiento.
La actividad programada fue mi participación en sendos concursos públicos para ocupar la presidencia del consejo directivo en SUNASS, convocados por la presidencia del consejo de ministros (PCM), en los años 2012 y 2017.
En ambos casos, las bases jurídicas conformada por una quincena de normas sustentaban al concurso público, dando impresión de la imparcialidad del mismo.
El esquema jurídico considera la conformación de una  comisión de selección encargada de la conducción del concurso público para evaluación y selección de postulantes al cargo de presidente del consejo directivo de los organismos reguladores; la misma que para acreditar la solidez técnica del concursante, se apoya en la calificación de una universidad peruana de prestigio que se encarga de dar opinión técnica especializada. 

Análisis y comprobación de resultados

Tanto en los años 2012 y 2017 pasé el filtro de los exámenes previstos por las universidades, hecho que me permitió en ambos casos pasar a la Entrevista Personal, fase final de la Etapa de Evaluación, la misma que se desarrolló en las instalaciones de la PCM del palacio de gobierno. Dado que esta entrevista personal se efectuó en diferentes administraciones de gobierno, se realizó con dos comisiones diferentes, pero con un parámetro similar. Conformado por personas sin mayor conocimiento del sector agua y saneamiento, y la presencia de un especialista por el ministerio de vivienda construcción y saneamiento (MVCS). En la praxis sería quien transmitiría la posición del ejecutivo, cautelada por la comisión al sancionar su decisión final. En ambos casos ya se conocía al candidato del MVCS, bajo el perfil del profesional con quien deseaba trabajar en la gestión de cinco años. Los resultados de la evaluación confirmaron al profesional previamente identificado como "seleccionado y ganador del concurso", dejando la formalidad de la resolución suprema para finalizar el proceso. El evento del año 2016 fue irregular, pero el proceso del año 2017 tuvo visos de escándalo, pues contempló una serie de hechos que desvirtuaría de plano a un concurso serio; acción que determinó la presencia de Controlaría General de la República, hasta un "veedor autorizado de soporte de una universidad" en la fase de entrevista personal, por estas y "otras perlas mas", sería la razón por la cual esta comisión seleccionadora habría recomendado que se vuelva a convocar otro proceso en tres reguladoras y "utilizando un criterio político especialísimo", recomienda en SUNASS mantener el statu quo con los mismos funcionarios en vigencia del régimen pasado, uno de los cuales presidiría por 5 años a la institución. Esto en razón a la posición de los inversionistas que en la praxis no existe. Si bien es cierto que el proceso del 2017 aún no concluye, se da por descontado que el presidente confirmará al seleccionado, avalando el proceso porque ésta cumpliría las formalidades impuestas por ley. Esa ley vista como instrumento del derecho para producir justicia. Evidentemente, no es justicia la que reciben los millones de peruanos que no tienen el servicio de agua porque malos empresarios en la industria de la construcción impiden que los escasos recursos del Estado logren la cobertura deseada de los servicios, ante una complaciente acción fiscalizadora de SUNASS. El año pasado, el congreso de la república peruana, aprobó la reforma constitucional para prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes, bajo el argumento del crecimiento de la corrupción en su permanencia por más de un periodo. En ese orden de ideas, la participación en concurso del vigente presidente de SUNASS podría ser objetada por la comisión, pero lo desestimó, porque fue seleccionado. Sin embargo, la comisión no contó con el descubrimiento que realizó con su paso El Niño Costero, SUNASS es una institución que viene de mas a menos, sin un norte , similar a un barco sin capitán que lo dirija a buen puerto. A diferencia de las otras reguladoras, SUNASS no tiene mayor injerencia con la inversión privada, motivo por el cual su interlocutor es el MVCS, evidenciando la débil gobernanza con los diversos niveles de gestión del estado, principalmente en las zonas rurales. La crisis del sector se ve incrementada con el actual estado de emergencia que aumenta el nivel de necesidades de los usuarios, que vieron que las tarifas aprobadas a las EPS no contaban con el componente que garantizaban los niveles de inversión para hacer sostenibles las empresas, incluyendo a SEDAPAL en Lima, que dejó a la capital de la república sin agua para consumo humano por varios días recientemente.

Conclusiones y Recomendaciones

  • Los altos niveles de corrupción y la débil gobernanza  sectorial afectan la participación de la inversión privada en agua y saneamiento.
  • La presencia de los poderes fácticos en el sector agua y saneamiento es independiente del gobierno de turno, se empodera a través de funcionarios que se prestan a mantener el estado corrupto de las cosas, con fines crematísticos.
  • La corrupción al penetrar a instituciones del Estado, hace que los concursos públicos de selección de personal, sean meros formulismos que demandan ademas de costos, valioso tiempo a funcionarios que podrían emplear mejor su tiempo en sus instituciones de origen.
  • Los altos niveles de corrupción que existe en las empresas constructoras vinculadas al sector agua y saneamiento en Perú, ponen en elevado riesgo al sector, pudiendo afectar las inversiones previstas para la reconstrucción futura del país.
  • Se aprecia que los poderes fácticos, toman distancia de todo lo que signifique fiscalización y requieren al regulador SUNASS sumiso, que enajene sus funciones "desregulando " al sector para continuar con lo que la justicia peruana viene descubriendo  en los casos judicializados.
  • Una reguladora como en el caso de SUNASS, debiera mantener su estado de independencia funcional, pues es por definición su razón de existencia, sólo así podrá acceder a los niveles de confianza que requiere la inversión privada para su participación. El peso del Estado (a través de PCM y el MVCS), sumada a la influencia de la mayor EPS del país SEDAPAL, dejan al usuario y al "potencial" inversionista en marcada desventaja en el esquema regulatorio. Sin reglas de juego claras y con la discrecionalidad existente en los planes maestros optimizados de las EPS, el inversionista difícilmente podrá participar en el sector como hasta hoy en día y el usuario en las ciudades seguirá siendo el gran perjudicado con las tarifas. Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento se mantendrían desfinanciadas, pues sus tarifas no serán las reales. De continuar haciendo lo mismo, se tendrá los mismos resultados y las zonas rurales se mantendrán sin agua y saneamiento básico tras el bicentenario de la independencia peruana.
  • Es poco probable que con las deficiencias expuestas en el regulador de la inversión privada en agua potable y saneamiento -SUNASS, Perú pueda cumplir en el mediano plazo con los indicadores considerados a los países miembros de la OECD en ese extremo.

domingo, 9 de abril de 2017

Falta de transparencia en zona rural que afecta inversiones mineras

La escasez de la producción minera proyectada y los proyectos de inversión más allá de 2017 es una preocupación que debe ser abordada.
Como ya muchos sabrán, es el pedido de una gran mayoría de peruanos para destrabar los proyectos mineros que están paralizados y dinamizar, a los que se encuentran en cartera, haciendo atractiva las nuevas inversiones, mas ahora que ingresamos a la etapa de la reconstrucción del país.
Perú promocionó en marzo del 2011 su cartera de inversión minera por cuarenta y dos ($ 42,000) mil millones de dólares hasta el 2021, en la Convención Anual Prospectors and Developers Association of Canada, el evento del sector más importante del mundo. Llegar a esa meta será viable con la estabilidad jurídica, política, económica y social, que permita hacer atractiva las inversiones en el país de cara al futuro.
Además es necesario un nuevo giro y otro enfoque a los programas sociales para mejorar los esfuerzos que realiza el Estado, especialmente en aquellas zonas rurales con poblaciones dispersas donde coinciden con las operaciones mineras.
Dotar de agua para consumo humano y saneamiento básico es sin duda alguna, una intervención de gran impacto que siempre fue  previsto en políticas, planes y programas de los últimos gobiernos nacionales en turno, pero que no tuvieron mayor éxito en las zonas rurales estratégicas.
Los reportes indican que en el periodo 2006-2010 se invirtieron S/. 4,772 millones de soles para mejorar la prestación del servicio de agua potable y  alcantarillado; y en el periodo 2011-2016 se invirtieron S/. 6,662 millones de soles; haciendo un gran total de S/. 11,434 millones invertidos en la década que, sólo habría alcanzado en su mayor parte a la zona urbana; en tanto, el destino de los fondos a las zonas rurales es desconocido, o al menos eso es lo que se han informado entre la dispersa y difusa información de los actores que intervienen en la zona rural.

Regulación de servicios de saneamiento en zonas rurales

Y aquí viene la pregunta, ¿realmente existe regulación que transparente los servicios de saneamiento en zonas rurales?
En primer lugar, el regulador SUNASS y sus medios informativos para las zonas rurales jamás reconocieron su falta de capacidad operativa para llegar a tener aproximación a las JASS y similares en el territorio nacional. En segundo lugar, esta falta de transparencia indujo a diagnósticos errados considerados en sucesivos planes y políticas de gobierno que no se cumplieron sus objetivos en el extremo de las zonas rurales; sin duda alguien sabe cómo influye esta falta de transparencia en el catastro de conflictos ambientales, mejor dicho, algunos lo saben, y entre los que lo saben se puede mencionar a quienes contribuyeron a la elaboración de la reciente política nacional de Saneamiento para cobertura universal del agua. Es así que afirman como diagnóstico (DS N° 007-2017-Vivienda) que en el área rural, la cobertura de agua potable, medida como el acceso a una fuente segura, es 70.5 % en agua; mientras que la de alcantarillado alcanza el 23.7 %. Asimismo que en este ámbito rural se concentra el 62.2 % de la población que no tiene acceso al agua, así como el 68.2 % de población que carece de servicios de alcantarillado. También identifica claramente a una región con una larga tradición minera: al ámbito rural de Cajamarca, que tiene la mayor población del país sin acceso a los servicios de alcantarillado (752,454 habitantes).

Nuevas reglas de juego para la zona rural con marco normativo innovado

¿y por qué lo digo?, porque la nueva administración del gobierno central peruano, en vigencia hace ocho meses, se encuentra en los esfuerzos legales de redefinir un nuevo marco normativo del sector saneamiento, constituido por tres ejes normativos: el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, y; el Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.

Marco normativo innovado para un escenario que se mantiene en el tiempo

La gran mayoría de conflictos sociales que afectan el desarrollo de las inversiones mineras son de tipo socio ambiental y las causas son atribuidas fundamentalmente a la disponibilidad, acceso y contaminación del agua (binomio agua-tierra).
Las localidades en conflicto socio ambientales la constituyen pues pequeñas ciudades alto andinas focalizadas en zonas rurales con población en situación de pobreza (geográfica, monetaria, excluida…), con vocación agropecuaria en tierras de secano (riego con agua de lluvia) y con presencia importante de quechua hablantes y analfabetos.
El rechazo a la minería es un acto reflejo por la falta de atención histórica a las zonas rurales por parte de los diferentes niveles de gobierno que presumen no los hacen participar del crecimiento y desarrollo económico observado en otras ciudades emergentes de su región. Su reacción obedece al enfrentamiento a normas que no les fueron socializadas oportunamente, que no entienden  y que se sienten obligados a cumplir.

Que no se repita la historia

Así que, ¿aplicar más de lo mismo utilizando a los operadores de siempre para lograr resultados distintos a las clásicas frustraciones obtenidas en zonas rurales?
Pues la respuesta es obvia y muy sencilla. Su desarrollo abre una suerte de ventanas de oportunidades para avanzar hacia la meta país; los reglamentos de las normas deben recoger el diagnóstico real de las zonas rurales (diferenciadas en pisos altitudinales de costa,sierra y selva) y los compromisos ser monitoreados mediante adecuados indicadores en función de las viviendas y/o densidad poblacional que debe generar el regulador. Recordemos, en el país se multiplican en cada censo los centros poblados menores a cien (100) habitantes; el tratamiento hasta llegar a poblaciones hasta de 2 mil habitantes debe contemplar consideraciones de gradualidad donde el regulador debiera internalizar sus características.
La sostenibilidad de los servicios se alcanzará en la medida que se busquen sinergias entre sectores que tienen mejor opción de llegada en estos espacios geosociales, tales como salud,educación.. y se intervenga ponderando los nexos existentes en la relación agua-alimento-energía.
Después de todo, el tiempo de espera de los proyectos mineros se reducirán; de igual modo los conflictos socio ambientales, lo que redundará en reducir sobrecostos para los inversionistas y lograr mayores beneficios alineados a los grandes intereses del país.

viernes, 7 de abril de 2017

Una sola fuerza por la regulación del agua en Perú

Evitar ir contracorriente

¿Porqué mientras el Planeta entero está en la tarea de usar los residuos sólidos y convertirlos en energía con grandes beneficios económicos y ambientales, en Perú lo vemos como problema para su adecuada gestión y disposición final? ; en los escasos rellenos sanitarios autorizados no llegan toda la basura producida diariamente en el país, siendo esta arrojada indiscriminadamente en botaderos a cielo abierto, causes de los ríos, cuerpos de agua,calles y plazas de las ciudades. Algo similar sucede con los residuos sólidos y peligrosos que no llegan a ser dispuestos en los pocos rellenos sanitarios especiales y de seguridad. Esto sucede pese a que existen leyes ambientales y sectoriales que asignan las funciones y responsabilidades para su gestión adecuada y disposición final. No es por desconocimiento, se debe a paradigmas que manejamos y el temor al cambio que debemos revisar y superar.
El estado de las cosas hace que sigamos enseñando en universidades como se hace un relleno sanitario que posiblemente nunca se podrá construir y entrar en funcionamiento. Con fecha 19 de diciembre de 1992 se creó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) mediante decreto ley Nº25965 a fin que proponga las normas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas,rehúso de aguas servidas y limpieza pública,fiscalice la prestación de los mismos, evalúe el desempeño de las entidades que los prestan, promueva el desarrollo de esas entidades, así como aplique las sanciones que establezca la legislación sanitaria y recaude las multas y tasas que esa misma legislación disponga.
Desde esa fecha, SUNASS se ha visto incapacitada de cumplir los fines para la cual fue creada por ley, y fue limitándose a reducir sus funciones, contribuyendo en acumular las condiciones que alimentaron la futura crisis ambiental que vivimos en el presente. Es muy facil identificar los cientos de miles de toneladas de residuos acumulados por años en quebradas que fueron activadas, las mismas que colmataron con sucesivos "huaycos" acompañando las escorrentías y avenidas que finalmente produjeron las inundaciones. Los registros de información, identifican grandes masas de escombros (no existen "escombreras" de residuos de construcciones en el país) y residuos sólidos como antesala a las aguas con alta turbieda desplazandose aguas abajo de los cuerpos de agua en diferentes cuencas hidrográficas afectadas en el país.  

Crisis que agudiza la crisis

Desde hace 25 años el diagnóstico es el mismo, el agua no llega a todos y a quienes llega es de mala calidad y los servicios no son sostenibles, ninguna de las instituciones que prestan el servicio de agua potable y saneamiento, incluido SEDAPAL, garantizan el servicio en el futuro. No son capaces de asumir con sus recursos la expansión urbana, no son capaces de hacer inversiones para mejorar el servicio, son apreciaciones de expertos, incluyendo al actual titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Así llegamos al 2017, con los embates de El Niño Costero entrando el sector en "crisis que agudiza la crisis crónica y acumulada". Sin embargo, los funcionarios que tuvieron la oportunidad de hacer algo por ordenar y reducir los niveles de crisis, se mantienen en los niveles de decisión con el rótulo de "personal con experiencia".

Agenda pendiente

La actual administración del gobierno central peruano se encuentra en un proceso de redefinición del sector agua y saneamiento en el país señalado por el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, enmarcado en la Política Nacional de Saneamiento establecida mediante Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA. Será un proceso traumático y duro por el temor al cambio.
Asimismo, se encuentra en proceso de elegir al nuevo presidente del consejo directivo del regulador SUNASS por cinco años, tiempo que estará marcado por la tarea de reconstrucción de los daños ocurridos en 908 distritos declarados en emergencia. Este nuevo funcionario deberá asumir el activo y pasivo de la administración de la anterior administración que presenta problemas de capacidad y en calidad del gasto público.
Se gastan sólo seis de cada diez soles asignados para proyectos de agua y saneamiento en el país y se pierden dos por efectos de la penetración de actos de corrupción, particularmente en obras de construcción; eso hace que sólo llegue al usuario efectivamente 4 de cada 10 soles provisionados. Algunos en el país desean que esta situación permanesca invariable.

El Estado se defiende

Los poderes fácticos que tuvieron bajo control los fondos públicos destinados al agua y saneamiento, necesitan asegurar su continuidad, pero el Estado de derecho se defiende, identificando,denunciando y sancionando a través del poder judicial a malos funcionarios, entre los que se encuentran gobernadores (ex presidentes de gobiernos regionales), Alcaldes y otros tomadores de decisiones. En este contexto, la necesidad de controlar a los organismos reguladores es muy alta, pues para subsistir necesitan de funcionarios obsecuentes que les permitan actuar bajo el radar de las leyes.

Acompañamiento mas no enajenación de funciones

Priorizar las prioridades es una necesidad en un escenario de crisis y en este sentido, es imperativo que el regulador SUNASS acompañe por un lapso determinado para la reconstrucción de los sistemas al ente Rector, el MVCS , quien es a su vez el coordinador del desarrollo e implementación de la Política Nacional de Saneamiento. Este, propicia espacios de articulación intersectoriales, con todos los niveles de gobierno y con la sociedad civil para la implementación, monitoreo y evaluación del cumplimiento de dicha política. No podrá entonces confundirse las funciones del regulador,que son razón de su existencia, estando que la gestión de riesgos no pueden seguir siendo soslayadas en los planes maestros optimizados, no siendo sólo una opción sino una necesidad para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios al usuario.

De las tarifas en el periodo de reconstrucción 

Las tarifas por el servicio brindado por las empresas bajo regulación de SUNASS deben reflejar las necesidades que tiene el país para abrir una ventana de oportunidades al reconstruir en breve plazo las instalaciones y capacidades de las EPS que aprovechando economías escala puedan ser sostenibles. Las tarifas deben ser lo suficientemente atractivas para abrir paso a la inversión privada casi inexistente en el sector agua y saneamiento, de esta forma se podrá reducir los niveles de vulnerabilidad que presentan los sistemas y afianzar el agua tanto de fuentes superficiales como subterráneas, evitando cortes del suministro como sucediera en grandes ciudades de la costa peruana, incluyendo a Lima. Este accionar podrá permitir que los recursos del Estado también puedan dirigirse hacia la zona rural, donde poblaciones nucleadas y dispersas en territorio nacional, demandan de los servicios básicos de agua y saneamiento. 

Intervención de SUNASS en zonas rurales 

De las lecciones aprendidas con el encargo de la limpieza pública y residuos sólidos a SUNASS, se desprende que hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos, en este caso para atender las zonas rurales, no es una opción aconsejable a tomar.
Esto,si no antes, se tomara las acciones de acondicionamiento y adecuación correspondientes. De mi paso por DIGESA del Ministerio de Salud, se puede rescatar algunas experiencias de los programas de la ex Dirección de Saneamiento Básico Rural, institución con amplia experiencia en zonas rurales del país, que contó con apoyo de países cooperantes con el Perú y proyectos que en sucesivas etapas con la agencia para el desarrollo internacional- AID de los estados unidos; así como la experiencia de agua para todos en zona rural, se pudo aterrizar con valiosas experiencias que dan cuenta de la frágil sostenibilidad de los programas en zonas rurales si es que no se toman en cuenta la intervención multisectorial en los espacios de intervención (MVCS-Salud-Educación) y el nexo agua-alimento-energía para estos poblados, donde la recuperación de la inversión se hará en términos de elevación de calidad de vida de los beneficiarios. 
En este contexto, el primer paso que debería realizar SUNASS es atender las lagunas de información existentes en zonas rurales respecto a JASS y afines , con plataformas y programas similares a la captura y manejo de información AGRIMONITOR,una base de datos creada por el BID, la cual tiene la función de brindar información pertinente sobre política agropecuaria, seguridad alimentaria y cambio climático en 18 países de América Latina y el Caribe.

martes, 4 de abril de 2017

Una gota de esperanza

Quince años atrás, tuve el generoso encargo de representar a la sociedad civil peruana por la Presidencia del Consejo de Ministros ante el organismo regulador de la inversión privada en los servicios de saneamiento SUNASS; esta experiencia de servicio, me permitió conocer a valiosas personas localizadas dentro y fuera del territorio nacional. Una de ellas, el señor ingeniero MBA ESAN carlos bueno galdo, me hizo llegar este análisis sobre el agua con un estilo interesante y que comparto seguidamente:
"El gobierno se ha propuesto, lograr el 100% de cobertura de agua potable, y saneamiento en el área urbana al 2021. Es una meta importante, pues resulta indiscutible la necesidad de la mejora sustancial en la calidad de vida de las personas, que como es evidente una vez que acceden mínimamente a este servicio esencial mejora. Pero es una meta compleja, por la amplia brecha de cobertura que presenta el sector, y por el nivel de articulación que requiere para un país con ecosistema y geografías diversas. Los expertos proyectan que tomaría más de $30 mil millones, y más de cinco años para poner fin a la crisis del agua, y el saneamiento global nacional. (En la actualidad, el presupuesto asciende a $ 6 mil millones anuales, y hay más de 6 millones de personas sin acceso al agua potable).
Una gota de esperanza_Carlos Bueno Galdo_2017
La crisis del agua es a menudo una crisis de gobernabilidad, y la gobernabilidad del agua considera una serie de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos. Y más aún, para la meta del 100% de cobertura urbana, para lo cual se precisa desarrollar y gestionar los recursos, y servicios hídricos de forma técnica y coherente en los diferentes escenarios de nuestro territorio nacional. Precisándose que para ser efectiva; debe ser transparente, abierto, responsable, participativa y comunitaria.
Reiteramos, este ambicioso programa de gobierno, orientado a garantizar una provisión sostenible de los servicios de agua potable, y saneamiento básico, a la población al 100 %, con criterios de calidad, continuidad y conexión, se constituye en la carta de navegación para esta administración,nacional,regional y local, y además para las futuras administraciones.
Una estrategia es un ejercicio de prospectiva, de adivinación: dónde y cómo quieres al país en el horizonte del 2021 (hay gente que sabe de estas cosas). Pero al final es la visión del líder la que predomina, en la toma de decisión y conducción. Ante los sucesos acaecidos, y errores cometidos, debemos recoger valiosas lecciones, de aprender, corregir o no de no volver hacerlo. El rol del líder, es sopesar de lo que se cometieron en el pasado y de adivinar (prospectiva) hacia dónde va, él es el que define el plan estratégico.Ahora ateniéndonos a las evidencias, teniendo en cuenta la ausencia de estudios y diseños bien elaborados, en la gran mayoría de municipios rurales y aun en las ciudades, o a través de los planes maestros optimizados, o en las inversiones, e impulsar los diferentes proyectos, que permitan avanzar con celeridad en el crecimiento de la cobertura, especialmente en el ámbito rural. Asegurando el fortalecimiento institucional y empresarial de los prestadores de servicios públicos, garantizando la auto-sostenibilidad y la eficiencia, en la prestación de los servicios públicos esenciales.
Hoy el escenario lo que llamamos “problema crisis”, y deben ser atendidos en lo importante y lo urgente. Proveer de agua de calidad en un contexto de crisis, de escasez de recursos hídricos, financieros y humanos, además de político; es una misión difícil y un desafío de todos los días hasta resolver la crisis y hacer prevención.
Tras la convocatoria para elegir al presidente del consejo directivo en SUNASS, ilustres candidatos han sido "seleccionados rigurosamente", de entre ellos, el excelentísimo Presidente de la República el señor Pedro Pablo Kuczynski, tomara la decisión de a quién elije para asignarle la tarea histórica de reflotar SUNASS, institución reguladora que nos debería dar la garantía presente y futura del debido proceso para el servicio de agua y saneamiento. Los candidatos fueron “seleccionados” por proponer soluciones viables y de alto impacto a la problemática más urgente en el país, el agua. No alcanzo a entender, cómo si desde 2014, el océano pacifico tropical y subtropical, incremento su temperatura habitual, y es responsable de las lluvias extremas, con grandes impactos en Paraguay, Uruguay y aun en el sur de Brasil. Y SUNASS no tomó en lo absoluto, ninguna acción de ordenamiento, prevención y previsibilidad. Extrañamente ahora funcionarios vigentes de la institución son candidatos seleccionados ¿para ser nuevamente ineficientes? Y que todo el país nuevamente pague la factura porque no previnieron. La grave situación que pasan actualmente miles de familias peruanas, sin acceso al agua para consumo humano, sin garantías del agua que consumen, sin perspectivas de quien asumirán los costos por la inacción y falta de competencias.
Lo ocurrido ha puesto en evidencia serias limitaciones de SUNASS y su funcionamiento, ¿el regulador del agua potable?. No cumplió con su función normativa, reguladora, supervisora y fiscalizadora, para cautelar los intereses del usuario, del estado y aun de los inversionistas. Los gobiernos locales o municipios no prepararon sus planes maestros optimizados (PMO) formulados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y que deben ser aprobadas por SUNASS. Soslayando medidas de prevención ante eventos previsibles en sistemas altamente vulnerables, especialmente en la costa norte del país. SUNASS se limitó a aprobarlas, sin considerar sus deficiencias técnicas, lo que ha quedado demostrado. Es en la política y en el sistema político donde reside el manejo del poder. Y de este manejo del poder depende el presente y futuro del país. Necesitamos un cambio de actitudes, valores y moral, necesitamos un buen líder y una buena organización, el cambio climático está creando un escenario, que ya no podemos improvisar; el ciudadano vulnerable de a pie espera resultados eficientes y oportunos en la tarea de la reconstrucción del país. Si la vista es puesta en el largo plazo. Una buena gestión puede resolver lo urgente, pero solo podrá abordar lo sustantivo. Se necesita directivas, recursos, equipamiento, personas, planificación, diseño e implementación de los programas, necesitamos una buena organización que “en este momento SUNASS no la tiene”, y un líder que tradicionalmente se entiende, por su liderazgo y animar a otros a mejorar. Hoy es trasmitir la motivación a otra gente, y para serlo debe ser absolutamente autentico y con criterio resolutivos visionando su meta, el 100% de cobertura y servicios de calidad. El líder debe creer en lo que dice, hablar con autenticidad, lo que significa tomar la realidad con sus imperfecciones, errores y ambigüedades, por eso me identifico con el Dr. Javier Prado (uno de los candidatos) que además de calidad personal, conocimientos, y experiencia, admite haber experimentado confusión y contradicciones, y su integridad surge porque vive para su visión, que viene de sus partes más profundas, de sus valores y convencimientos, no es un pragmático total, es un líder transformador, que estimula el trabajo en equipo, la cultura de procesos, la apertura al cambio y la orientación hacia el consumidor. Un modelo a seguir qué conjunto con comités técnicos, que propone sería parte de la solución en la problemática de agua potable y saneamiento básico. La planificación sectorial, y la gestión de los riesgos del agua, ya no son una opción sino una obligación, como inversión de desarrollo, el MVCS, los alcaldes y SUNASS en su conjunto, deberán apostar para crear un escenario atractivo a la inversión (independientemente sea esta pública o privada);y actuar por el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad, que adicionalmente generará desarrollo".

lunes, 3 de abril de 2017

Perú : una sola fuerza para gestionar aguas residuales

Dos décadas

Las inexistentes modificaciones (a tenor de innovación tecnológica y cambios climáticos) que siguieron al trabajo realizado hace veinte años en que tuve el honor de participar con la comisión de elaboración de la normatividad técnica sobre aguas residuales, me hace afirmar categóricamente que la adecuación de la norma está en la agenda pendiente por desarrollar para dar un norte a la gran tarea de reconstruir y gestionar adecuadamente las aguas residuales post emergencia del fenómeno El Niño costero.   
En el Perú actual, se tiene  dos escenarios  frente al tratamiento de agua residual. Las aguas residuales domésticas o industriales que van directamente al alcantarillado y que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento deben tratar y disponer sanitariamente, y, las aguas residuales que debe tratar cada empresa privada o pública de los diferentes sectores, bajo su responsabilidad y cumpliendo los estándares indicados por norma; en ambos casos deberán dar cumplimiento al ordenamiento legal ambiental vigente  sobre aguas residuales, tal como la OS090, además del cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles y de los valores de los estándares de calidad ambiental a los que se ajusta toda empresa  independientemente sea esta pública o privada , cuando solicita un permiso o autorización para realizar vertimiento, riego o rehúso del agua residual previo tratamiento.
Desde 1997,las normas como la OS090,debieron adecuarse.  

Dinámica de cambios

El planeta todo está en constante cambio, existe evidencia científica del calentamiento global,variabilidad climática,modificación de los patrones del ciclo hidrológico... los que impactan sobre la biodiversidad,por ende, afectan en mayor grado a países megadiversos como es en el caso peruano. No está en duda por ejemplo los marcados cambios de temperatura, modificaciones en los regímenes estacionales de las aguas en las cuencas hidrográficas, alteración de patrones demográficos presionados por el crecimiento de ciudades en la costa peruana,variación en la disponibilidad de grandes extensiones de terrenos que permitían adoptar soluciones técnicas apropiadas. 
La realidad  del desierto costero y tecnología imperante del siglo pasado para el tratamiento de sus aguas residuales determinó que Perú sea considerado un país lagunero por excelencia. Era entonces, altamente recomendable el uso de lagunas para el tratamiento de aguas residuales, por su bajo costo y probada eficiencia que podría alcanzarse en virtud a las características  del desierto costero, su temperatura y registros pluviométricos que permitían tener grandes extensiones de terrenos para estabilizar materia orgánica a cielo abierto en baterías de lagunas. En la actualidad, las condiciones cambiaron, las lluvias intensas implican grandes contribuciones de aguas pluviales a las redes de alcantarillado y por consiguiente implican caudales de trabajo mayores a los de diseño en las lagunas, reduciendo la eficiencia de tratamiento; otra variable importante a considerar en el diseño de las lagunas es la temperatura, que con su variabilidad, genera distorsiones que obligan amplios ajustes necesarios,  y un elemento que no se puede soslayar, es el costo incrementado, pues los precios de los terrenos en costa se incrementaron sustantivamente, alentados por la presión demográfica del crecimiento de las ciudades. Problemas por invasiones en áreas destinadas para la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no son pocas.

Gobernanza de aguas residuales

La superintendencia nacional de servicio de saneamiento (SUNASS) es la entidad encargada de regular en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) bajo su jurisdicción para fiscalizar y eventualmente sancionar si verifica  incumplimiento de la norma vigente.
Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, se efectuaron evaluaciones  de campo para verificar in situ 204 PTAR en los ámbitos de 32 EPS. Se  determinó  entonces que 100 PTAR usaban tratamiento secundario por lagunas facultativas y se ratificó que en  general, la tecnología de lagunas de estabilización (lagunas anaerobias, facultativas) sin sistemas de aireación representaba el 75% de todas las PTAR evaluadas.
Estas visitas de campo evidenciaron que existen aspectos no sujetos a fiscalización, como es el caso de las 25 de las 32 PTAR construidas después del año 2010 por las EPS que  se encuentran operando  fuera del radar de la ley sin contar con instrumento ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y algo paradójico, sólo una de las 204 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas cumple con las normativas.
En este contexto el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas del tema aguas residuales resulta fundamental de cara a la reconstrucción post 2017.
A tenor de la debilidad en la gobernanza,el país retrocedió en los últimos años en sus indicadores del tratamiento de aguas residuales. Sólo ponderando los resultados con el crecimiento de los indicadores obtenido en Lima, se podría ocultar esta realidad. Pero, de ningún modo se puede disfrazar la falta de sostenibilidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Citar niveles de eficiencia en PTAR abandonadas o en aquellas donde no cumplen sus funciones para los que fueron construidas y/o instaladas, sólo tienen explicación en la debilidad del fiscalizador o la penetración de un mal que viene asolando a empresas del sector construcción y tiene un nombre:corrupción. 

La población y el país necesitan respuestas y resultados

Indudablemente para atender las urgentes necesidades de la población golpeada por las recientes lluvias,huaycos e inundaciones, se necesita fortalecer la institucionalidad y eso pasa por el respecto y cumplimiento de las normas existentes. Cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes sobre la materia es el primer paso. En el año 2001, participé en la elaboración de la Norma Técnica de Edificación S.110_Drenaje Pluvial Urbano, cuyo cumplimiento habría mitigado las millonarias pérdidas que tiene que afrontar actualmente el país.
Drenaje Pluvial Urbano, S110, norma técnica peruana del año 2001 
El país requiere de acciones inmediatas, que sigan a la inicial de salvataje, rescate, evacuación y soporte coyuntural de la población afectada, en la cual ,además del Estado peruano en sus tres niveles de gestión, intervinieron la población civil organizada que con su aporte anónimo,voluntario y solidario, permitió que en las áreas devastadas no se registraran mayores víctimas. 
Es preciso, continuar dando soporte a las poblaciones afectadas,con especial énfasis a los mas vulnerables que constituyen los niños y personas de tercera edad. Restituir al estado de situación previa a las localidades devastadas no debiera ser una opción final.
La dotación de agua segura para evitar enfermedades diarreicas agudas y disponer adecuadamente las aguas residuales evitarán brotes de enfermedades metaxénicas.
La gestión adecuada de aguas residuales es pues entonces un elementos sustantivo que atender en la cadena crítica  focalizada en la faja costera peruana principalmente (viven 2 de cada 3 peruanos), donde el aumento de temperatura y las lluvias constituyen el problema de hoy, y eventualmente la escasez de agua será el problema de mañana. La tarea es enorme, pero con el aporte patriótico del Congreso de la República a tenor de las atribuciones legislativas que tienen 130 señores congresistas, la representación nacional podría priorizar el tema del agua y aguas residuales en el proceso de reconstrucción de las zonas en emergencia y que está en marcha en su fase de planeamiento hasta que culminen las lluvias. Instituciones internacionales como AIDIS,BM, BID,CEPAL, países cooperantes, o nacionales como APIS, ONGs,colegios profesionales,universidades, fuerzas políticas, entre otras, podrán acudir al llamado de la actual administración del gobierno peruano.  

domingo, 2 de abril de 2017

Cultura del agua en Perú

Una historia que se repite

De mi experiencia directa en distintas décadas : El Niño 1982-1983 ,cuando desarrollé actividades en la costa norte para el centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS) ubicada en Lima-Perú, de la Oficina Sanitaria Panamericana _agencia especializada de las Naciones Unidas; la epidemia El Cólera 1991, trabajando como director ejecutivo en el Ministerio de Salud, cuando verificamos los primeros casos de enfermos casi simultáneamente en tres ciudades de la costa norte del peruana (para luego propagarse por el territorio nacional) : Chancay, Chimbote y Piura y posteriormente en El Niño 1997-1998, también evaluando daños en la costa norte, representando en ese entonces al colegio de ingenieros del Perú ante el comité consultivo en saneamiento del servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción, del actual ministerio de vivienda,construcción y saneamiento. Esta larga introducción tiene un sentido, el de hacer notar que pese a distintas épocas y  diferentes sectores desde donde pude analizar el tema, encuentro  en la falta de una cultura integral por el agua como elemento estructural recurrente que hace perder no solamente vidas humanas y miles de millones de dólares en pérdidas económicas, sino que retrasa el crecimiento y desarrollo del país.

Cultura por el agua

Los antiguos peruanos(pre incas hasta incas) tuvieron una admirable cultura por el agua, con respeto a la naturaleza y a los elementos celestes y de la tierra. Esta quedo enterrada con la conquista y la conocemos por las importantes investigaciones científicas desarrolladas por la arqueología. 
La moderna cultura del agua prioriza hacer frente a la escasez en la franja costera, sin embargo la idiosincrasia en Perú  no percibe al agua como un medio de transmisión de enfermedades, tampoco valora su potencial destructivo al trasladar energía desde distintos pisos altitudinales que caracteriza a la cordillera de los andes. En muchas partes del país, se manifiestan desniveles pronunciados del terreno y  en poca distancia horizontal recorrida existe una marcada diferencia altitudinal, algunas de esas diferencias se miden en miles de metros. En suma, no se valora como afecta el cambio climático al ciclo hidrológico del agua y cómo influye éste en la variación de los periodos de retorno de fenómenos climáticos.

Gestión del agua

No se puede gestionar bien algo que no se conoce, y las lagunas de información pendientes por llenar sobre conocimiento y cultura de agua en el país es abrumadora. Existen experiencias que rescatan la cultura del agua en obras civiles de los antiguos peruanos y sólo está pendiente de socializarse, a efectos de no continuar en la reconstrucción por cortos periodos los desastres en puentes, carreteras, obras de agua potable y alcantarillado y otras obras civiles de infraestructura en el país, tras cada eventos climático que tiene como referente al agua. 

Es tiempo de atender con agua a las zonas rurales

A cuatro años de celebrar el bicentenario de la independencia,existen peruanos localizados en zonas rurales sin acceso a los servicios de agua para el consumo humano y saneamiento básico. Los diferentes gobiernos de turno en la vida republicana, fracasaron en su intento de atender a esta población, pese haberse previsto inversiones millonarias en la intervención rural. En todo este tiempo no se llegó atender las solicitaciones de agua, pues se trata de un desafío muy complejo. Muchas poblaciones rurales son menores a cien habitantes y están dispersas. El uso de tecnologías apropiadas y la intervención directa del estado es necesaria para hacer sostenibles los sistemas a ser aplicados siguiendo las características propias de los ecosistemas locales y donde los nexos agua-alimento-energía deben necesariamente contemplarse para ello.
En Perú, la inversión privada en agua y saneamiento en zonas urbanas es casi inexistente en comparación con otros sectores , como es en el caso de las telecomunicaciones, donde presenta importantes avances. En este contexto, se hace evidente que en zonas rurales, la inversión privada tardará mucho más en llegar. Por ello, el estado es el llamado a atender a estas poblaciones vulnerables localizadas en zonas rurales, lo que podrá lograr elevando la cultura del agua en las ciudades,principalmente las situadas en la franja costera donde viven dos de cada tres peruanos.
Elevar la cultura del agua se encuentra en la agenda pendiente en Perú.