Una expresión muy bien puesta "Si queremos progresar, tenemos que colgar a los rateros”, que resume lo que va encontrando en sus ocho meses de gestión frente al gobierno central el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard.
La forma campechana con la que explica lo que va constatando in situ el primer mandatario de la nación es algo que los especialistas que trabajamos en agua y saneamiento lo vemos hace décadas y que a partir del año 2002 viene escalando hasta llegar a límites críticos en la actualidad.
Cincuenta y seis por ciento del total de gobernadores regionales (antes llamados presidentes de gobiernos regionales) están vinculados con flagrantes actos de corrupción, igualmente el país presenta números de escándalo cuando se trata de mirar la gestión de alcaldes provinciales y distritales comprometidos en actos fuera de la Ley en la construcción de obras de agua potable y alcantarillado. Algunos de ellos fueron condenados y están privados de la libertad, aunque la gran mayoría se encuentra formando parte de los poderes fácticos que penetran e inficionan a instituciones estratégicas de la nación, una de ellas es la reguladora SUNASS.
Organismos reguladores
Perú cuenta desde el 29 de Julio del año 2000 con la Ley N° 27332 - "Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos", encargadas hoy de ver la áreas : telecomunicaciones (OSIPTEL);energía y minas (OSINERGMIN);transporte (OSITRAN); y los servicios de saneamiento (SUNASS). Entre las funciones con que cuentan, se encuentra la función reguladora, que comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito; así como la función fiscalizadora y sancionadora, que les faculta imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. Los poderes fácticos lograron posicionar a "sus expertos en regulación" los cuales podían migrar de una reguladora a otra sin tomar en consideración la debida especialización que exigía la materia, más aún en sectores tan sensibles como el de saneamiento básico, donde el componente social y político es extremo en Perú. Facultados por la norma, entonces podían ocupar en el mismo periodo diferentes gerencias especializadas y presentarse a postular a la presidencia del consejo directivo simultáneamente en varias reguladoras.Resultados de investigación científica
Establecido el tema y focalizado el problema en SUNASS, estudie los objetivos y consideré como hipótesis de trabajo, que los altos niveles de corrupción y la débil gobernanza sectorial afectan la inversión privada en agua y saneamiento.
La actividad programada fue mi participación en sendos concursos públicos para ocupar la presidencia del consejo directivo en SUNASS, convocados por la presidencia del consejo de ministros (PCM), en los años 2012 y 2017.
En ambos casos, las bases jurídicas conformada por una quincena de normas sustentaban al concurso público, dando impresión de la imparcialidad del mismo.
El esquema jurídico considera la conformación de una comisión de selección encargada de la conducción del concurso público para
evaluación y selección de postulantes al cargo de presidente del consejo directivo de los organismos reguladores; la misma que para acreditar la solidez técnica del concursante, se apoya en la calificación de una universidad peruana de prestigio que se encarga de dar opinión técnica especializada.
Análisis y comprobación de resultados
Tanto en los años 2012 y 2017 pasé el filtro de los exámenes previstos por las universidades, hecho que me permitió en ambos casos pasar a la Entrevista Personal, fase final de la Etapa de Evaluación, la misma que se desarrolló en las instalaciones de la PCM del palacio de gobierno. Dado que esta entrevista personal se efectuó en diferentes administraciones de gobierno, se realizó con dos comisiones diferentes, pero con un parámetro similar. Conformado por personas sin mayor conocimiento del sector agua y saneamiento, y la presencia de un especialista por el ministerio de vivienda construcción y saneamiento (MVCS). En la praxis sería quien transmitiría la posición del ejecutivo, cautelada por la comisión al sancionar su decisión final.
En ambos casos ya se conocía al candidato del MVCS, bajo el perfil del profesional con quien deseaba trabajar en la gestión de cinco años. Los resultados de la evaluación confirmaron al profesional previamente identificado como "seleccionado y ganador del concurso", dejando la formalidad de la resolución suprema para finalizar el proceso.
El evento del año 2016 fue irregular, pero el proceso del año 2017 tuvo visos de escándalo, pues contempló una serie de hechos que desvirtuaría de plano a un concurso serio; acción que determinó la presencia de Controlaría General de la República, hasta un "veedor autorizado de soporte de una universidad" en la fase de entrevista personal, por estas y "otras perlas mas", sería la razón por la cual esta comisión seleccionadora habría recomendado que se vuelva a convocar otro proceso en tres reguladoras y "utilizando un criterio político especialísimo", recomienda en SUNASS mantener el statu quo con los mismos funcionarios en vigencia del régimen pasado, uno de los cuales presidiría por 5 años a la institución. Esto en razón a la posición de los inversionistas que en la praxis no existe.
Si bien es cierto que el proceso del 2017 aún no concluye, se da por descontado que el presidente confirmará al seleccionado, avalando el proceso porque ésta cumpliría las formalidades impuestas por ley. Esa ley vista como instrumento del derecho para producir justicia. Evidentemente, no es justicia la que reciben los millones de peruanos que no tienen el servicio de agua porque malos empresarios en la industria de la construcción impiden que los escasos recursos del Estado logren la cobertura deseada de los servicios, ante una complaciente acción fiscalizadora de SUNASS.
El año pasado, el congreso de la república peruana, aprobó la reforma constitucional para prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes, bajo el argumento del crecimiento de la corrupción en su permanencia por más de un periodo. En ese orden de ideas, la participación en concurso del vigente presidente de SUNASS podría ser objetada por la comisión, pero lo desestimó, porque fue seleccionado.
Sin embargo, la comisión no contó con el descubrimiento que realizó con su paso El Niño Costero, SUNASS es una institución que viene de mas a menos, sin un norte , similar a un barco sin capitán que lo dirija a buen puerto.
A diferencia de las otras reguladoras, SUNASS no tiene mayor injerencia con la inversión privada, motivo por el cual su interlocutor es el MVCS, evidenciando la débil gobernanza con los diversos niveles de gestión del estado, principalmente en las zonas rurales.
La crisis del sector se ve incrementada con el actual estado de emergencia que aumenta el nivel de necesidades de los usuarios, que vieron que las tarifas aprobadas a las EPS no contaban con el componente que garantizaban los niveles de inversión para hacer sostenibles las empresas, incluyendo a SEDAPAL en Lima, que dejó a la capital de la república sin agua para consumo humano por varios días recientemente.
Conclusiones y Recomendaciones
- Los altos niveles de corrupción y la débil gobernanza sectorial afectan la participación de la inversión privada en agua y saneamiento.
- La presencia de los poderes fácticos en el sector agua y saneamiento es independiente del gobierno de turno, se empodera a través de funcionarios que se prestan a mantener el estado corrupto de las cosas, con fines crematísticos.
- La corrupción al penetrar a instituciones del Estado, hace que los concursos públicos de selección de personal, sean meros formulismos que demandan ademas de costos, valioso tiempo a funcionarios que podrían emplear mejor su tiempo en sus instituciones de origen.
- Los altos niveles de corrupción que existe en las empresas constructoras vinculadas al sector agua y saneamiento en Perú, ponen en elevado riesgo al sector, pudiendo afectar las inversiones previstas para la reconstrucción futura del país.
- Se aprecia que los poderes fácticos, toman distancia de todo lo que signifique fiscalización y requieren al regulador SUNASS sumiso, que enajene sus funciones "desregulando " al sector para continuar con lo que la justicia peruana viene descubriendo en los casos judicializados.
- Una reguladora como en el caso de SUNASS, debiera mantener su estado de independencia funcional, pues es por definición su razón de existencia, sólo así podrá acceder a los niveles de confianza que requiere la inversión privada para su participación. El peso del Estado (a través de PCM y el MVCS), sumada a la influencia de la mayor EPS del país SEDAPAL, dejan al usuario y al "potencial" inversionista en marcada desventaja en el esquema regulatorio. Sin reglas de juego claras y con la discrecionalidad existente en los planes maestros optimizados de las EPS, el inversionista difícilmente podrá participar en el sector como hasta hoy en día y el usuario en las ciudades seguirá siendo el gran perjudicado con las tarifas. Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento se mantendrían desfinanciadas, pues sus tarifas no serán las reales. De continuar haciendo lo mismo, se tendrá los mismos resultados y las zonas rurales se mantendrán sin agua y saneamiento básico tras el bicentenario de la independencia peruana.
- Es poco probable que con las deficiencias expuestas en el regulador de la inversión privada en agua potable y saneamiento -SUNASS, Perú pueda cumplir en el mediano plazo con los indicadores considerados a los países miembros de la OECD en ese extremo.
