Seguidamente compartimos una publicación de REUTERS sobre el tema minero en Perú :Los gobiernos regionales de Perú están sentados sobre unos 3.500 millones de dólares de impuestos mineros que por ley deberían estar usando para construir escuelas, hospitales y carreteras en las mismas zonas donde miles de personas exigen no quedar marginados del boom económico que vive el país.
Buena parte de ese dinero, calculado con cifras obtenidas por Reuters y datos del Ministerio de Economía, surge de un impuesto que pagan las mineras para promover el desarrollo económico de las zonas donde operan y fue diseñado para financiar obras de infraestructura de impacto social.
Una efectiva utilización del llamado "canon minero", que se nutre del 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan las firmas del sector, podría ayudar a apagar muchos de los conflictos sociales que ponen en riesgo proyectos mineros por unos 53.000 millones de dólares.
Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, así como el sexto de oro, necesita de esos emprendimientos para seguir haciendo rodar la economía, que lleva una década creciendo a un promedio anual del 6 por ciento.
El mal uso del canon minero por parte de los gobiernos regionales y las protestas antiminería complican al presidente Ollanta Humala, que tiene como uno de sus caballos de batalla políticos lograr una mejor distribución de la riqueza para aminorar el creciente malestar social.
"En las zonas donde se recibe canon la gente ve que entra un montón de dinero y dice ‘al final a mí tampoco me sirve de nada". Es un factor que contribuye a generar mayor conflictividad social porque hay zonas que reciben y no tienen la capacidad de gastarlo", dijo el ex viceministro de Economía Carlos Casas, un experto en el canon minero.
Mientras tanto, el dinero se acumula en cuentas bancarias y se multiplican las protestas, protagonizadas muchas veces por empobrecidos sectores rurales que ven al boom minero como un fenómeno ajeno.
El mayor símbolo del conflicto es el emprendimiento de oro y cobre Minas Conga en el norte peruano, donde la estadounidense Newmont planea invertir 4.800 millones de dólares. El proyecto fue temporalmente suspendido por masivas protestas antimineras.
Desde el 2001, los gobiernos regionales y locales están obligados a invertir en infraestructura los fondos que reciben por el canon minero, pero ninguna administración ha cumplido en los últimos años con ese objetivo en un país con casi un tercio de su población viviendo en la pobreza.
Las regiones mineras del país andino han acumulado en la última década unos 9.500 millones de soles (cerca de 3.500 millones de dólares) procedentes de los tributos que pagan las empresas por extraer recursos naturales en el país, según cifras obtenidas por Reuters.
Además del canon minero, una fracción de ese monto corresponde a los impuestos pagados por firmas energéticas y pesqueras.
En el 2011, las 16 regiones mineras en Perú invirtieron en promedio en infraestructura sólo el 45 por ciento de los cerca de 5.000 millones de soles (unos 1.862 millones de dólares) que tuvieron disponible para utilizar del canon minero, según cálculos de Reuters usando los números del portal de transparencia del ministerio.
La ley no plantea sanciones para las autoridades que incumplen con los parámetros de inversión.
"Tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia un mejor uso de estos recursos que tienden a estar embalsados en cuentas de bancos y que no se convierten en recursos bien utilizados en obras que el país requiere", dijo recientemente el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
La Defensoría del Pueblo identificó casi 250 conflictos hasta mayo, de los cuales más de la mitad está relacionada con protestas socioambientales. Las regiones más abrumadas por estos conflictos son Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, todas con operaciones mineras.
El Gobierno ha dicho que las recientes protestas sociales son azuzadas por ultraizquierdistas. La fiscalía ha abierto una investigación contra el presidente regional de Cajamarca Santos por la supuesta utilización de fondos públicos para financiar las protestas.
El Gobierno también evalúa un plan a nivel nacional bajo el cual se adelantarán obras públicas con el dinero de futuros emprendimientos mineros en un intento por frenar las protestas, mientras redefine cómo se distribuye el canon minero para que abarque a las regiones sin esta actividad extractiva.
UNA PLAZA DE MARMOL
En muchas ocasiones, la porción del canon que efectivamente es invertida se usa ineficientemente o en obras sin gran utilidad social.
"El gobierno regional no invierte en obras (...) hacen falta hospitales, carreteras. Necesitamos un presidente (regional) capacitado para hacer esas cosas", dijo Juan Villanueva, de 57 años, un pequeño empresario de la norteña región de Cajamarca.
En algunas de las localidades más pobres del país se han construido plazas de mármol y piscinas olímpicas temperadas.
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| De otro lado, se tienen curiosas construcciones como es el caso de plaza en honor a la Hoja de Coca. |
"Pocas regiones concentran el canon y esas regiones lo gastan mal (...) Al gastarlo mal no ves los beneficios en servicios públicos, y lo que gastan casi siempre es fierro y cemento", dijo Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.
"Hay todo un tema de la calidad de la obra y quién la supervisa. La Contraloría no se da a basto para controlar 26 regiones y 1.839 distritos y provincias", agregó.
La ley les impide a los gobiernos locales utilizar los fondos para financiar gasto corriente e inclusive les prohíbe echar mano de los intereses que genera esa enorme masa de dinero para cualquier otro motivo que no sea proyectos de infraestructura.
Además de Minas Conga, la región de Cajamarca, con casi el 49 por ciento de su población viviendo en la pobreza, alberga una de las minas auríferas más grandes de Latinoamérica, Yanacocha, controlada también por Newmont.
Su presidente, Gregorio Santos, derivó el año pasado sólo el 34 por ciento del canon a proyectos de inversión, según las cifras del ministerio.
"Aquí lo que se ve claramente es que dinero hay, pero lo que falta es tener buenos operadores en los gobiernos regionales y locales", dijo el ex viceministro Casas.
Este panorama se replica en otras regiones. En la sureña región de Tacna, donde opera la minera Southern Copper -una de las mayores cupríferas del mundo-, el gobierno regional usó el año pasado en proyectos de inversión apenas el 28 por ciento del canon minero.
Y en la costa central de Ica -que aún no se recupera de un devastador sismo en el 2007 y donde funciona la única productora de hierro del país, Shougang- se destinó el año pasado a proyectos de inversión sólo un 13 por ciento.
Los presidentes regionales de Ica, Tacna y Cajamarca no estuvieron disponibles en varias ocasiones para dialogar sobre este tema con Reuters.
Sin embargo, el presidente regional de Cajamarca Santos culpó recientemente al "centralismo" del Gobierno y su lentitud en aprobar los proyectos por la baja ejecución de los presupuestos locales.
"Hay que renegociar contratos, hay que revisar aportes y enseñarles a las empresas (mineras) como tiene que ser una verdadera responsabilidad social, de inclusión económica y productiva, no como ahora de saqueo irracional", dijo Santos.
FRENOS BUROCRÁTICOS
El dinero del canon minero se reparte entre los gobiernos regionales, que reciben el 25 por ciento, y los gobiernos locales, que obtienen el restante 75 por ciento.
Algunos presidentes regionales aseguran que usarán los fondos tan pronto como el Gobierno les autorice obras de infraestructuras.
En la norteña La Libertad, donde opera la gigante aurífera Barrick, el presidente regional José Murgia explicó que con el saldo acumulado del canon minero se financiará una importante carretera.
"Tenemos una especie de ahorro de cerca de 60-70 millones de soles. ¿Por qué? Porque estamos esperando conseguir la aprobación del Ministerio de Transporte de una carretera muy importante para La Libertad", dijo Murgia.
Y también en el norte, en la región de Ancash, el presidente regional César Alvarez dijo que utilizará el gran saldo de canon minero que tiene en grandes proyectos.
Ancash es la región que más canon minero recibe -principalmente por el tributo pagado por la empresa de cobre Antamina de BHP Billiton y Xstrata- y paradójicamente es la que más malestar social registra con casi una treintena de conflictos, según el informe de la Defensoría.
Alvarez, que el año pasado destinó el 48 por ciento del canon a proyectos de inversión -uno de los porcentajes de ejecución del canon minero más altos-, lo atribuyó a la ineficiencia de las autoridades locales.
"Yo no puedo decirle qué hacer a ningún alcalde. Tengo alcaldes con los que me la paso peleando porque hacen plazas de toros, coliseos de gallos", afirmó.
Carlos Monge, coordinador regional de la ONG Revenue Watch, dijo que con el paso de los años los gobiernos locales han comenzado a gastar mejor el río de dinero del canon minero recibido en la pasada década.
"Hay que entender (...) la municipalidad de San Marcos, en Ancash, cuando Antamina comenzó a pagar, esta municipalidad invertía 500.000 soles al año. Al año siguiente recibió 210 millones de soles", explicó.
Monge agregó que también es necesario que el Gobierno central acelere los programas sociales enfocados en los pobres para aplacar el malestar social. El Gobierno de Humala ha puesto en marcha una batería de programas destinados a los niños, ancianos y a las familias con hijos en edad escolar en busca de reducir la pobreza.
"Los conflictos recientes muestran que en nuestro país lamentablemente ha habido una ausencia de un Estado que esté presente en todas partes del país y que sea especialmente efectivo en funcionar", dijo el ministro de Economía Castilla.
"La población en las áreas de influencia (de los proyectos mineros) tiende a culpar a la empresa de sus males o de la falta de acceso a servicios básicos porque no hay a quién más echarle la culpa", afirmó.
