viernes, 21 de octubre de 2016

No a la impunidad en obras que impiden acceso al agua potable

La agencia oficial peruana de noticias Andina  publicó resultados de la auditoría practicada por la Contraloría General de la República a la Planta de Tratamiento de Agua Potable que abastece parte de la capital de la República, encontrando deficiencias en las obras que impiden que 3.2 metros cúbicos por segundo de agua sean tratados adecuadamente para abastecer a la población limeña,en los siguientes términos: 
"La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la suscripción del contrato, ejecución de las obras y en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto “Lotes 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal Norte”, que habría ocasionado un perjuicio económico de 91 millones 858,000 soles.
La comisión auditora identificó cinco irregularidades en dicha obra que involucra un monto de 304 millones 600,000 dólares y que fue adjudicada al Consorcio Huachipa, integrado por la empresa brasileña Camargo Correa y la compañía francesa OTV en el año 2008.
Los resultados de la auditoria, en el que se encuentran involucrados funcionarios y ex funcionarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), fueron remitidos a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Primer Despacho.
La auditoria comprendió la revisión y análisis de documentos del periodo octubre de 2007 a octubre de 2015.

Suscripción del contrato

De acuerdo a la Contraloría, sin cautelar el cumplimiento de lo fijado en las bases aprobadas,  Sedapal suscribió el contrato con el Consorcio Huachipa fuera del plazo establecido (que venció el 22 de julio de 2008) y a pesar de que la empresa OTV no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, lo cual conllevaba a la anulación de la adjudicación y ejecución de la garantía de la propuesta por tres millones de dólares.
La entidad autorizó el reemplazo de la construcción de dos reservorios ubicados en el parque zonal Sinchi Roca (Comas) y Cerro Tinaja (San Martín de Porres) por uno solo denominado Túpac Amaru, ubicado en el asentamiento humano Año Nuevo en Comas,  debido a que el contratista argumentó dificultades para la construcción de los mismos. "Sin embargo, no existía sustento técnico ni legal que respaldara la necesidad del cambio, lo que generó un sobrecosto de la obra en 21 millones 643, 044 soles", señaló la Contraloria.
El ente de control detectó también que Sedapal no controló adecuadamente la supervisión de la ejecución de las obras de los reboses y obras complementarias, necesarias para la realización de las pruebas de terminación (que aseguran que el sistema funcione) y la puesta en marcha de las Fases II (Ramal Norte)  y III (Reservorio Túpac Amaru) "originando que se beneficie al contratista con el pago de 20 millones 417, 734 soles por la suspensión de las obras".
Otro de los puntos que señala la auditoría es que Sedapal autorizó al contratista el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de la Fase I del sistema materia del contrato, pese a que no era posible porque no estaban concluidas las líneas de rebose y limpia (descarga de aguas), las obras complementarias del reservorio Canto Grande, ni otras condiciones técnicas.
"Este hecho ocasionó que no se logre producir ni entregar agua potable por 37 meses aproximadamente (de julio de 2011 a julio de 2014). Sin embargo, Sedapal reconoció al contratista el pago de 49 millones 797, 552 soles.
Agrega que el comité de recepción de obras de Sedapal aprobó y aceptó 18 recepciones de obras parciales de febrero a julio de 2011 correspondientes a la Fase I de la planta de tratamiento "sin haber verificado que estas operaran satisfactoriamente y de acuerdo al contrato".
"Dicha situación generó la apariencia de que la Fase I estaba en condiciones de entrar en operación, cuando en realidad no era factible; y producir agua potable a octubre de 2011 sin los estándares de calidad establecidos en el contrato", argumenta la Contraloría.

Caso Bocatoma

En las conclusiones de la comisión auditora se precisa que si bien los daños detectados en la bocatoma en el 2015 fueron reparados preliminarmente, no se ha realizado la contratación del peritaje especializado para evaluar la calidad de las obras, determinar las causas que generaron los daños y si la ingeniería de diseño utilizada fue la adecuada.
En tal sentido, la Contraloría recomienda a Sedapal "cumplir de manera urgente con dicha contratación para que se elabore el expediente de reparación definitivo y se inicie su ejecución".
Finalmente, el informe del ente de control señala que Sedapal tenía previsto iniciar la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa el 12 de julio de 2011, con una producción de cinco metros cúbico por segundo. "Sin embargo, a la fecha de la auditoría (diciembre del año 2015) se tomó conocimiento que la producción era de 1.8 metros cúbicos por segundo", indica".