A
solo 26 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que ciudadanos
peruanos elegiremos una nueva conducción del Estado, resulta imprescindible
poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes
del país: la gestión de los residuos sólidos municipales.
Durante
el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento
económico, acompañado de una expansión urbana acelerada. Sin embargo, este
crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del
Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de
residuos.
Hoy enfrentamos una realidad crítica en la que cada vez generamos más
residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en
municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades
técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de
botaderos a cielo abierto en todo el país y en el desaprovechamiento de la
posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos.
A ello se suma
la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el
sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a
decisiones que agravan el problema.
Uno
de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos
en zonas inundables de la costa peruana, justamente donde existe mayor densidad
poblacional y son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El
Niño Costero.
Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante
inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la
consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando
directamente a la salud de la población más vulnerable. No es casualidad que,
en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor
precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos
de mortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión
pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.
A
este escenario se suma la débil acción del sistema de control y justicia, donde
instituciones del sistema nacional de control y los
operadores de justicia han tenido, en muchos casos, un accionar tardío o
insuficiente, permitiendo la continuidad de malas prácticas y la reproducción
de decisiones que incrementan el riesgo ambiental y sanitario.
Por
consiguiente, nos encontramos ante una crisis sistémica que combina fallas
institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación
territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización
energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios.
En estricto,
el crecimiento económico y el aumento sostenido de los residuos sólidos no han
sido acompañados por un fortalecimiento del Estado peruano. La asignación de
responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la
corrupción y prácticas como el enterramiento de residuos en zonas inundables,
ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población
y desperdicia oportunidades de desarrollo en el extremo energético.
En
este escenario, considero que sería saludable que los candidatos a la
Presidencia de la República, al Congreso y a la conducción del Estado peruano
expongan sus planes y programas para reformar la gestión de residuos sólidos,
planteen soluciones estructurales y no solo medidas paliativas, aborden la
reestructuración del Estado en este sector, incorporen enfoques de economía
circular y generación de energía, y propongan mecanismos efectivos de lucha
contra la corrupción en gobiernos locales.
La
gestión de residuos sólidos no es un tema menor, sino un reflejo de la
capacidad real del Estado para proteger la salud, el ambiente y el futuro de
sus ciudadanos.
El
12 de abril no solo elegiremos autoridades, elegimos la posibilidad de corregir
un problema estructural que el Perú arrastra desde hace décadas.
Es
momento de exigir respuestas pues el país no puede seguir enterrando su basura
ni sus problemas.
¡Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus
gobernantes !
Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas
DNI N° 08186048
CIP N° 38874

