Evidencia comparada entre minería formal e informal

Los planes de gobierno presentados por el cúmulo de candidatos presidenciales en estas últimas elecciones generales de 2026 en Perú, dejan plasmado nítidamente que la discusión sobre la minería está cargada de percepciones ideológicas y, en no pocos casos, marcado de una profunda desconexión con la realidad.

En particular, se evidencia la percepción errónea de que toda forma de minería genera impactos similares y que la diferencia entre minería formal e informal es simplemente administrativa. Nada más lejos de la verdad.

El elector percibió correctamente este desacierto, así una mayoría significativa de planes de gobierno expuestos por los partidos participantes fueron desechados, pues mostraron baja representatividad efectiva, traducida en su incapacidad de superar umbrales mínimos de votación. 

Análisis comparado

Al contrastar experiencias emblemáticas de minería informal, como Serra Pelada en Brasil, La Pampa en Madre de Dios y Pataz en la sierra liberteña peruana, frente a operaciones formales como Yanacocha y Pierina en el Perú, permite deshacer varios mitos insostenibles, revelando que no toda minería es igual, y las diferencias son estructurales, no marginales.

Labores de la minería de oro en la sierra de la Libertad-Perú

La minería informal demostró históricamente una capacidad significativa de producción. Serra Pelada, en la Amazonía brasileña, produjo el orden de sesenta (60) toneladas de oro en escasos años durante la década de 1980. Más recientemente, el Perú enfrenta un fenómeno con mayor complejidad: la minería ilegal en la Amazonía y en zonas altoandinas.

Se estima que el país produce y exporta aproximadamente 100 toneladas de oro informal al año, una cifra para nada deleznable si se considera el factor incremental y acumulativo desde inicios del presente siglo XXI.

Sin embargo, detenerse únicamente en el volumen producido supone un error analítico profundo. La minería informal no es solo una forma menos eficiente de producción, es un sistema económico radicalmente distinto, caracterizado por su fragmentación, transparencia opaca y, cada vez más, por su vinculación con economías criminales.

El caso de La Pampa es ilustrativo. No se trata de una mina, sino de un territorio devastado. La deforestación supera ampliamente las 300 mil hectáreas acumuladas, habiéndose registrado 10% de esta cifra entre enero de 2021 y marzo de 2024, con un uso intensivo de mercurio dejando secuelas de contaminación en ecosistemas y servicios ambientales.

En Pataz, por su parte, la minería ilegal ha evolucionado hacia esquemas de control territorial por parte de organizaciones criminales, con presencia de sicariato, extorsión y economías paralelas. A diferencia de Serra Pelada, que representó un caos social desbordado con la participación de más de cien mil personas, el fenómeno contemporáneo en Perú muestra un salto cualitativo hacia estructuras organizadas de ilegalidad.

Frente a ello, la minería formal presenta características completamente distintas. Yanacocha, ha producido más de 800 toneladas de oro desde 1993, con picos anuales de hasta 100 toneladas. Pierina, por su parte, superó las 260 toneladas durante el periodo 1998-2020 de su vida útil. Estas cifras no solo superan largamente a los enclaves informales históricos, sino que lo hacen bajo esquemas de eficiencia técnica, trazabilidad productiva y regulación ambiental. Aquí emerge un punto central que suele ser ignorado en el debate público: la minería formal no elimina el impacto ambiental, pero lo transforma en un fenómeno medible, gestionable y sujeto a fiscalización. La minería informal, en cambio, externaliza sus costos de manera absoluta: no hay control, no hay remediación y no hay responsabilidad. La diferencia es aún más evidente en términos económicos e institucionales. Mientras la minería formal genera canon, regalías, empleo formal y encadenamientos productivos, la minería ilegal no solo termina evadiendo estos aportes, sino que erosiona la capacidad del Estado.

Regiones como Madre de Dios, pese a su intensa actividad aurífera, reciben niveles marginales de ingresos fiscales, configurando una paradoja extrema: abundancia de recursos con ausencia de desarrollo. Este contraste permite desmontar otro mito frecuente: que la minería informal es una alternativa de subsistencia frente a la gran minería.

Si bien en sus orígenes puede haber tenido validez ese componente, hoy en muchos casos opera como una economía extractiva de alta rentabilidad capturada por redes ilegales, donde los costos sociales y ambientales son asumidos por la colectividad.

La evidencia comparada es contundente. La minería informal puede generar volúmenes importantes de producción, pero lo hace con una huella ambiental desproporcionada, altos niveles de violencia y nulo aporte al desarrollo institucional. La minería formal, en cambio, concentra mayores niveles de producción con menor impacto relativo por unidad extraída y contribuye al sostenimiento del Estado. 

En resumen 

El problema de fondo en el Perú, por tanto, no es la minería en sí misma, sino la coexistencia de dos modelos radicalmente distintos: uno que construye institucionalidad y otro que merma la gobernanza y gobernabilidad del país. Ignorar esta diferencia no solo distorsiona el debate, sino que impide diseñar políticas públicas efectivas.

Desmitificar la minería implica, precisamente, reconocer estas asimetrías. No se trata de idealizar la minería formal ni de negar sus desafíos, sino de entender que, en ausencia de Estado y regulación, la alternativa no es un modelo más sostenible, sino un escenario de salvaje depredación acelerada por los elevados precios históricos que viene alcanzando el oro.

Por consiguiente, el desafío para el Perú y los peruanos no es menor. Formalizar, controlar y reconducir la actividad minera informal no es solo una cuestión económica o ambiental, sino una condición necesaria para preservar de cara al futuro la viabilidad del Estado en vastas zonas de su territorio.

Gobernanza minera en riesgo por un sistema político debilitado

El desarrollo de las elecciones generales del Perú 2026 confirma la consolidación de una crisis estructural del sistema político. No se trata de un episodio coyuntural, sino del resultado de una dinámica acumulativa a lo largo del siglo XXI, donde la fragmentación, la debilidad de los partidos y la baja legitimidad de origen se han convertido en rasgos permanentes.

Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado. En la última década, el Perú ha tenido una alta rotación de presidentes, ministros y funcionarios públicos de otros niveles, reflejo de un sistema político incapaz de generar estabilidad en la conducción del Estado. Esta volatilidad coexiste, sin embargo, con una realidad contradictoria: una macroeconomía relativamente sólida.

En efecto, el Perú presenta indicadores que, en términos comparados, son favorables. La inflación se mantiene controlada alrededor del 2%, dentro del rango meta del Banco Central . Las reservas internacionales netas bordean el 25% del PBI, lo que constituye un sólido respaldo frente a influencias externas . Asimismo, la deuda pública se sitúa en torno al 35% del PBI, un nivel bajo en comparación con estándares internacionales. A ello se suma la estabilidad de la moneda y un desempeño económico que, pese a la inestabilidad política, ha logrado sostener tasas de crecimiento positivas impulsadas en gran medida por el sector minero,representando un 10% de su PBI .

Sin embargo, esta fortaleza macroeconómica convive con debilidades estructurales profundas. La informalidad sigue siendo elevada estimada en el orden del 18% del PBI y se expande junto con economías ilegales como la minería informal . A ello se suma un contexto de creciente criminalidad y baja presencia estatal para hacer cumplir la ley en territorios identificados. El resultado es una macroeconomía que funciona razonablemente bien sobre una base institucional frágil. Esta es la paradoja peruana: estabilidad económica sin estabilidad política.

En ausencia de reformas que fortalezcan la representación política, el patrón observado de la cadena : fragmentación, baja legitimidad e inestabilidad, no solo persistirá, sino que tenderá a profundizarse.

En este contexto, el impacto sobre el sector minero resulta particularmente crítico. La minería, por su propia naturaleza, requiere estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y un Estado con capacidad efectiva para gestionar conflictos. Ninguna de estas condiciones se fortalece en un entorno político fragmentado como el que se presenta en el marco del proceso electoral del 2026.

Un gobierno con respaldo electoral limitado tiende a privilegiar decisiones de corto plazo. Ello se traduce en cambios regulatorios frecuentes, retrasos en proyectos y señales contradictorias que erosionan la confianza de los inversionistas. La incertidumbre deja de ser un fenómeno transitorio y pasa a convertirse en una condición estructural del sector. Asimismo, la debilidad del sistema político reduce la capacidad del Estado para gestionar los conflictos sociales vinculados a la actividad minera. En ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política, las tensiones territoriales en sus 159 cuencas tienden a escalar, afectando tanto la continuidad de las operaciones como el desarrollo de nuevos proyectos.La posibilidad de impulsar reformas estructurales en el sector se ve limitada.

Temas críticos como la formalización minera, la gestión del canon o la regulación ambiental requieren consensos políticos amplios, difíciles de construir en un sistema altamente fragmentado. 

Las elecciones de 2026, en este sentido, no solo reflejan una crisis política, sino que configuran un condicionante estructural para el desarrollo económico y, en particular, para el sector minero. El Perú enfrenta así una paradoja persistente: cuenta con un sector minero competitivo y de relevancia global, una macroeconomía ordenada y fundamentos sólidos, pero carece de un sistema político capaz de sostener estos logros en el tiempo mediante reglas claras, estabilidad institucional y capacidad de gobierno.

Un sistema político débil no contribuye a tener una adecuada gobernanza y gobernabilidad del país.

Detalles del proceso electoral 2026

El proceso electoral se desarrolló con 35 candidatos efectivos a la presidencia, sobre un padrón de 27,325,432 ciudadanos. Este escenario, marcado además por episodios de inestabilidad institucional que derivaron en la renuncia del jefe de la autoridad electoral ONPE, evidenció un claro desbalance entre la participación ciudadana y la capacidad real de representación política. Con el 93.894% de actas contabilizadas (87,102 de 92,766), los resultados reflejan con nitidez la magnitud de la fragmentación. El partido que ocupa el primer lugar alcanza apenas el 17% de los votos válidos, mientras que el segundo obtiene el 12%. Estas cifras no solo muestran objetivamente la dispersión del voto, sino también la ausencia de mayorías políticas mínimamente consistentes.

El hecho de que ninguna fuerza supere el 20% confirma que la segunda vuelta no sería una excepción, sino una consecuencia estructural del sistema. Más aún, el 77% de los partidos no alcanza siquiera el 2% de los votos, lo que evidencia la proliferación de organizaciones sin base social efectiva.

El padrón electoral, por su parte, revela un país complejo y en transición. La coexistencia de una población joven significativa con un bloque creciente de adultos mayores introduce tensiones en la agenda pública. No existe una demanda predominante capaz de ordenar el debate político, lo que contribuye a la dispersión electoral. 

En términos territoriales, el país mantiene un fuerte centralismo en Lima, que concentra alrededor del 37% del electorado. Sin embargo, las regiones del norte y del sur andino continúan siendo decisivas, especialmente en una eventual segunda vuelta. Se configura así un escenario en el que las elecciones se definen en múltiples espacios polarizados, con intereses diversos y, en muchos casos, contrapuestos.

El voto en el extranjero, que alcanza aproximadamente 1.2 millones de electores, añade una dimensión adicional. Su magnitud lo convierte en un actor relevante en contiendas estrechas, incrementando la complejidad del sistema electoral y la necesidad de mecanismos de representación más adecuados a la realidad del Perú profundo de todas las sangres.

El resultado agregado de estos factores es un sistema político sin la capacidad de procesar adecuadamente la diversidad social del país. Existe pues un desalineamiento evidente entre una sociedad cada vez más compleja  y un sistema de partidos cada vez más precario.

Desarrollo humano bajo el modelo peruano en lo que va del siglo XXI

Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.

En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban todo lo contrario.

Es en ese sentido que el país no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.

No basta con tener cobre, oro, plata, zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce. Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos seguirán siendo oportunidades perdidas. 

Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.

Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público.

El proceso seguido en el periodo 2001-2026

A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales. Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75% del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.

veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.

En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación. 

Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.

La participación de Lima en el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.

En apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en los territorios. 

Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente. 

A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.

A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso de Cajamarca.

El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos, pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo humano. 

Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

El Perú, es un país privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante, millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus ciudades y zonas rurales. Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.

El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en bienestar para la población.

Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la ausencia de este enfoque integral. 

Por un lado, existe un Perú productivo, representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las condiciones básicas de vida. 

Un caso ilustrativo es el de las regiones con canon minero o gasífero, como Áncash y Cusco. Estas presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.

Esto confirma que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.

En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de  gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado histórico y un futuro prometedor.

El verdadero debate en minería que el país aún no enfrenta

Han pasado 24 años desde que, en 2002, el Perú inició el proceso de formalización minera con la Ley N° 27651, orientada a la pequeña minería y minería artesanal. Una década después, en 2016, el Decreto Legislativo N° 1293 declaró de interés nacional dicha formalización. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2025, la Ley N° 32537 extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

A pesar de este largo recorrido normativo, el país llega a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 atrapado en una controversia que se repite sin mayor evolución. 

El debate sobre la minería ha sido reducido, durante años, a una falsa dicotomía: minería sí o minería no; agro sí o mina no; agua sí u oro no. Este enfoque simplista ha condicionado propuestas igualmente limitadas, que no logran diferenciarse en lo sustantivo y que, en la práctica, han contribuido a ralentizar el desarrollo nacional durante casi un cuarto de siglo.

El problema de fondo es que se sigue intentando responder a fenómenos complejos, como la expansión de la minería ilegal, con soluciones fragmentadas, lineales y desarticuladas.

El resultado es evidente: el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita, frente al cual los esfuerzos del Estado, especialmente desde el sistema de justicia, resultan insuficientes.

Sin embargo, incluso este diagnóstico se queda en la superficie.

El verdadero problema estructural que el Perú no ha querido enfrentar es otro: sigue operando bajo una lógica de cadena productiva primaria, cuando el desafío real es construir una cadena de valor minera.

El Perú es, sin duda alguna, una potencial potencia minera, vinculado a lo históricamente demostrado como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata. Pero esa fortaleza encierra una paradoja: exporta grandes volúmenes de recursos, pero no captura plenamente la riqueza que estos pueden generar. Extrae minerales, pero no maximiza su valor. La razón es conceptual y estratégica. Perú estructuró la minería como una cadena productiva: un proceso lineal que comienza con la exploración, continúa con la extracción, pasa por un procesamiento básico y culmina en la exportación.

En este esquema, el país participa fundamentalmente en los eslabones de menor valor agregado. Las consecuencias son conocidas: alta dependencia de la fluctuación en los precios internacionales, escasa diversificación productiva, limitada generación de empleo calificado y una creciente percepción social de que la minería no deja beneficios suficientes en los territorios donde opera.

Frente a ello, cobra relevancia el concepto de cadena de valor, desarrollado por Michael Porter. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, integrando actividades que generen valor en cada etapa del proceso.

Aplicado a la minería, esto implica ir mucho más allá de la extracción. Supone apostar por investigación geológica avanzada, innovación tecnológica, fundición y refinación dentro del país, desarrollo de industrias aguas abajo, servicios especializados de clase mundial, generación de conocimiento y formación de capital humano calificado.

En suma, transformar la minería en un verdadero motor de desarrollo integral.

El Perú, sin embargo, aún no ha dado ese salto. Sigue básicamente exportando concentrados en lugar de metales refinados. Dependemos de tecnología importada en vez de desarrollarla. Los encadenamientos productivos locales son débiles y las regiones con tradición minera permanecen, en gran medida, desconectadas de procesos industriales más complejos.

Esto no es casual. Es el resultado de décadas sin una política clara de industrialización minera. Mientras tanto, otros países de las Américas han avanzado en esa dirección. No solo exportan concentrados de commodities, sino que ha construido un ecosistema de proveedores mineros, generando valor más allá de la extracción.

Pero el desafío no es únicamente económico. Es también social, ambiental y político. 

Muchos de los conflictos vinculados a la minería responden a una percepción legítima: que la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Una minería basada únicamente en la lógica de cadena productiva tiende a reforzar esa percepción. En cambio, una minería articulada como cadena de valor puede generar empleo local, dinamizar economías regionales y construir legitimidad social.

Una mirada a los servicios industriales de la marina-SIMA,puertos y cadena de valor

Por ello, el debate que el Estado peruano necesita no es si debe o no explotar sus recursos minerales, sino cómo hacerlo de manera inteligente. No se trata de estar en contra de la minería abandonándola o dejando aislada a la inversión privada, sino de transformarla y acompañarla en el proceso de cambio.

En un contexto electoral como el que se encuentra el país a escasos días de elegir a su mandatario de un abanico de treinta y cinco candidatos presidenciales, marcado mayormente por discursos polarizantes, propuestas simplistas que llevan a discusiones bizantinas, resulta imprescindible pedir a los candidatos una visión más ajustada a la realidad que exige el país : ¿Qué plantean para que el Perú deje de ser un exportador de materias primas agotables y se convierta en un generador de valor? ¿Cómo piensan articular la minería con la industria, la tecnología y el ordenamiento territorial? ¿Qué estrategias concretas proponen para cerrar esta brecha histórica?.

El país no puede seguir postergando esta discusión, siendo que al año 2026 la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y es uno de sus pilares económicos por ser motor de exportaciones y generador de empleo. La cuestión de fondo es si seguirá siendo una actividad extractiva tradicional o si estamos dispuestos a convertirla en una verdadera plataforma de desarrollo sostenible.

La diferencia entre cadena productiva y cadena de valor no es meramente académica. Es, en esencia, la diferencia entre un país que exporta lo que extrae y otro que construye riqueza a partir de lo que posee. Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874