El Consejo de Ministros aprobó ayer un Decreto Supremo que permitirá ejecutar la nueva estrategia contra la minería ilegal y sus delitos conexos, y recuperar aquellas zonas del país que están siendo afectadas por una grave contaminación ambiental.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, explicó que la interdicción empezará en las cuencas de los ríos Ramis y Suchis, en el departamento de Puno, de manera concertada por varios sectores del Ejecutivo.
Mencionó que el decreto amplía las facultades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para que realicen tareas de interdicción, represión y de comiso de máquinas e insumos empleados en la minería ilegal.
Señaló que es una medida dictada por el Gobierno con la cual empieza la nueva estrategia de lucha contra la minería ilegal en el país. "Vamos a comenzar en Puno y después seguiremos en todo el país" indicó.
Facultades legislativas
El decreto legislativo se aprobó en el marco de las facultades legislativas concedidas al Ejecutivo por el Congreso de la República para legislar en materia de lucha contra la minería ilegal.
Según estudios medioambientalistas, la minería informal tiene efectos catastróficos en las aguas de los ríos, así como en los bosques y las tierras ribereñas.
Facultades especiales para la Policía
Entre las facultades aprobadas está incluida la posibilidad de destruir cualquier infraestructura si es que afecta el medioambiente.
La norma incluye, también, el rescate de aquellas personas que trabajan en condiciones infrahumanas y que están sujetas a abusos, como la trata de personas.
La minería informal o ilegal trae consigo actividades nefastas de prostitución y virtual esclavitud de niños y mujeres. Es una labor que se desarrolla al margen de las condiciones sanitarias.
La minería ilegal explota oro, arcilla, mármoles, sin control ni regulación social y ambiental. Los que la promueven y realizan disponen de medios y formas de organización, que actúan al margen de la ley, con grandes inversiones y utilidades.
