De la escalada de conflictos sociales en Perú se le atribuye un importante número de ellos a los que se encuentran focalizados en zonas donde se desarrollan labores y prospectos mineros,estableciendo que las consideraciones medioambientales son en estricto los generadores de los problemas. No es tanto así.
Es cierto que una de las causas de los conflictos radica en el temor de las poblaciones a la potencial contaminación que pudieran ocasionar las actividades extractivas, entre las que se encuentran las mineras.
Sin embargo, no es la única, pues paradójicamente abonan a la realidad del contexto minero, una razón no menos importante que influye en la conflictividad de la sociedad peruana y perjudica directamente a la industria minera : la corrupción en las empresas de carácter público que se encuentran diseminadas en el territorio nacional.
Una de ellas son las denominadas Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que en número de cincuenta (50) se encuentran encargadas de la prestación del servicio de agua para el consumo humano de la población (50 son las empresas bajo regulación en el país pero existen otras más funcionando informalmente).
Adicionalmente existen las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) que en número indeterminado (porque no existe registro en el país) se encuentran funcionando en las zonas rurales, poblados menores y caseríos; donde en muchas de ellas se posesionan los actores sociales que tienen que ver con las labores mineras.
En suma, el problema de los denominados conflictos socio ambientales se traduce también en la anarquía existente en la gestión de estas EPS que en la actualidad se encuentran en una grave situación económica y financiera, pues muchas de ellas necesitan un plan de salvataje a corto y mediano plazo.
Se presenta entonces por un lado con un escenario donde se encuentra un sector de población sin mayor nivel cultural , que toma conocimiento - por los medios de comunicación masivas de los precitados actos de corrupción no castigados – y de otro lado, con la insuficiente comunicación e información de las empresas mineras que no deslindan claramente de los actos de corrupción recurrentes que pudieran producirse con el dinero producto de sus impuestos o donaciones como aportes diversos a este tipo de empresas que brindan servicios públicos, haciéndoles vulnerables a la manipulación por parte de elementos interesados en promover y generar desorden con el discurso de “defensa del medio ambiente” ante una colectividad ya sensibilizada con los escándalos relacionados con el acceso a la tierra y al agua.
Se presenta entonces por un lado con un escenario donde se encuentra un sector de población sin mayor nivel cultural , que toma conocimiento - por los medios de comunicación masivas de los precitados actos de corrupción no castigados – y de otro lado, con la insuficiente comunicación e información de las empresas mineras que no deslindan claramente de los actos de corrupción recurrentes que pudieran producirse con el dinero producto de sus impuestos o donaciones como aportes diversos a este tipo de empresas que brindan servicios públicos, haciéndoles vulnerables a la manipulación por parte de elementos interesados en promover y generar desorden con el discurso de “defensa del medio ambiente” ante una colectividad ya sensibilizada con los escándalos relacionados con el acceso a la tierra y al agua.
