Las actuales elecciones generales en Perú a realizarse en dieciocho días (seis de junio) ilustra como es que la corrupción afecta a un país con tradición minera en términos del uso adecuado de los fondos que genera para su crecimiento y desarrollo.
La población electoral esta convencida que la corrupción no tiene género ni bandera política, pues sensibilizada por el impacto de la pandemia en curso, no estima que su elección pasa por optar entre capitalismo o comunismo visto como sistemas económicos y sociales que tratan la propiedad privada y la diferencia de clases; inclinando su lectura a elegir por una opción de cambio en la Administración de gobierno que garantice la aplicación de políticas de Estado frenando la corrupción galopante que llega alcanzar a las mas altas esferas de las administraciones de gobiernos en sus tres niveles de gestión.
En este sentido, suscribo la posición que impulsa la implementación de salvaguardas del uso adecuado de los fondos mineros en Perú, los cuales deben ser priorizados para atender el bienestar de las comunidades y
centros poblados más próximos a las operaciones mineras; debiendo ser mejorados los mecanismos de seguimiento y control a las inversiones realizadas aplicando dichos fondos.
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| Fondos mineros deben ser cautelados y usados para el desarrollo del país. |
Recientemente, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó que los gobiernos regionales y locales recibieron 40 mil millones de soles por concepto de canon y regalías entre los años 2011-2020 como producto de las actividades productivas del sector minero en el país.
Esta suma representa el tres por ciento (3%) del presupuesto inicial del sector público para ese periodo que fue del orden de 1,325,534 millones de soles.
Además informó que la región Áncash fue una de las que más se benefició con las transferencias por canon y regalías, dentro de este periodo su ex gobernador césar Alvarez fue sentenciado por el
poder judicial tras ser hallado responsable de asociación ilícita para delinquir, seguido de Arequipa , que contó con Yamila Osorio, su exgobernadora procesada por el poder judicial, al haber presuntamente recibido sobornos del “Club de la Construcción” y La Libertad, representando en total más del 40% del total distribuido para ese periodo 2011-2020.
