Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del
debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal
propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.
En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público
serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en
rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado
acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban
todo lo contrario.
Es en ese sentido que el país no
enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos
y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.
No basta con tener cobre, oro, plata,
zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce.
Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca
el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos
seguirán siendo oportunidades perdidas.
Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una
ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados
concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.
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| Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público. |
El proceso seguido en el periodo 2001-2026
A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales.
Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75%
del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura
donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.
veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.
En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación.
Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.
La participación de Lima en
el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso
de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia
de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.
En
apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin
embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido
acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en
los territorios.
Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente.
A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.
A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los
niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico
sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización
fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel
nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso
de Cajamarca.
El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos,
pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo
humano.
Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua
es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el
desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
El Perú, es un país
privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante,
millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de
infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus
ciudades y zonas rurales.
Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.
El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y
minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética
global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la
sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual
que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en
bienestar para la población.
Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la
ausencia de este enfoque integral.
Por un lado, existe un Perú productivo,
representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en
presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por
regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr
traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la
anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de
riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las
condiciones básicas de vida.
Un caso ilustrativo es
el de las regiones con canon minero o gasífero, como Áncash y Cusco. Estas
presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con
niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian
una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.
Esto confirma
que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no
está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.
En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado
histórico y un futuro prometedor.
