Luego que DOE RUN Perú presentara a una junta de acreedores su plan de reestructuración y que éste fuera rechazado por el gobierno peruano en los siguientes términos:
“Exigimos que DOE RUN cumpla con sus obligaciones ambientales (…) Cualquier reestructuración pasa por el cumplimiento de estas exigencias" y en esta línea de conceptos "DOE RUN tiene obligación de cumplir sus obligaciones ambientales sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados".
Como respuesta surgen las conocidas malas prácticas, manipulando a Pobladores y trabajadores mineros para que estos procedan a bloquear la Carretera Central y dar inicio al paro como protesta - es una forma tradicional de arrinconar al ejecutivo de turno - exigiendo el reinicio de operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya.
Es inadmisible desde todo punto de vista que los manifestantes suspendan de manera total el tránsito por esta zona, atentando con el libre tránsito de ciudadanos que desean desplazarse a doce distintos lugares hacia los cuales se impide el acceso libre.
Los manifestantes reclaman al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, el reinicio de operaciones del complejo metalúrgico para el 1 de mayo y la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
El estado de derecho y el principio de autoridad deben imponerse de manera soberana, de tal modo que los reclamos se puedan ver en las instancias que correspondan y no proseguir con prácticas ilegales y punibles que deben ser literalmente desterradas de los procedimientos para alcanzar objetivos de grupos particulares.
