Una definición de transparente es: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.En el sentido de esta acepción, debemos indicar que los actores principales en el tema Doe Run Perú (DRP), parecieran no estar actuando con la debida transparencia. Si fuera este el caso, la situación debe corregirse en el extremos del lado peruano a fin de poder cautelar oportunamente tanto de los elevados intereses de la nación como de las futuras inversiones y la población local afectada (léase trabajadores directos e indirectos).
En nuestro comentario referido a los conflictos sociales y minería, decíamos que “La actuación discrecional del gobierno de turno en sus diferentes niveles no debiera terminar alimentando el ruido político, para lo cual es preciso que la administración del estado peruano, no solamente debe ser transparente, sino también; parecerlo.
En la confusión generada para el caso DRP se le llega a denominar como “minera” y permite espacios a dudas sobre la existencia de supuestos actos discriminatorios que puedan insinuarse como que el Gobierno Peruano busque una expropiación, nada más alejado a la verdad.
En esta línea de pensamiento, algunos empiezan a comentar sobre posibles cambios en el modelo económico, de recuperación, nacionalización o estatización; soslayando el hecho que la economía peruana viene teniendo treinta (30) meses de crecimiento consecutivo porque su estabilidad política y económica se sustentan en el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones y compromisos asumidos, independientemente de la administración de turno.
DRP se trata de un Complejo Metalúrgico operado en La Oroya desde 1997(además tiene labores en la mina Cobriza - Huancavelica, desde 1998).
Por temas estrictamente gremiales,en el año 2009 DRP fue suspendida por una asociación civil empresarial no gubernamental, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y al año siguiente (Enero del 2010), expulsada.
En julio del 2010, al vencer los reiterados plazos de ley dado por el Congreso de la República para que DRP cumpla con sus compromisos asumidos con el país, es que se agudiza la controversia entre las partes.
Una de las partes, DRP aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno peruano no habría cumplido con su compromiso de remediar los suelos en La Oroya y así mismo, considera que los actos discriminatorios sufridos han afectado sus inversiones y operaciones.En Enero del 2011, la estadounidense Renco Group y su filial DRP , iniciaron entonces un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en contra del Estado peruano por la disputa empresarial del precitado complejo metalúrgico del país.De otro lado - como resultado de las operaciones de DRP en La Oroya - existe una demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación contra Renco Group, el principal accionista de DRP, de modo tal que con la anarquía creada, se pretende que el país asuma las obligaciones para con los demandantes.El aparente desorden, da la impresión que los temas centrales del incumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el capital de trabajo que necesita el complejo metalúrgico para adecuarse a este instrumento de gestión para reiniciar sus actividades, no estuviera adecuadamente difundido.En el presente año 2012, la Junta de Acreedores de DRP no aprobó el Plan de Reestructuración que propuso la administración del complejo metalúrgico y votó por la liquidación de la empresa y se encuentra adoptando una modalidad de liquidación con negocio en marcha que permite que la empresa siga operando hasta por un periodo de 12 meses, lapso en que se tratará de vender los activos de la empresa como una unidad productiva a un tercero.El estado de situación actual está en que DRP no podría iniciar labores pues no cumpliría con los estándares de contaminación previstos por Leyes ambientales peruanas que están acordes con las normas generalmente aplicadas internacionalmente.
En este contexto, la opinión pública nacional y mundial, deben ser apropiada y oportunamente ilustradas por el Estado peruano, a través de sus instancias correspondientes.
