Continuando con el tema sobre deforestación referido a los bosques de protección, presento la exposición de Jorge Chávez Álvarez, Presidente
Ejecutivo de MAXIMIXE que bajo el título de Tala ilegal viento en Popa refiere lo siguiente :
"Mientras en Perú los grandes acaparadores de tierras
asociados a la mafia de la tala ilegal y de la exportación maderera “legal”
siguen deforestando la selva peruana, a un ritmo de 150 mil hectáreas por año,
el gobierno acaba de anunciar un “Plan de Reforestación” guiado por la falsa
premisa de que “el 90% de la tala y la quema de los bosques amazónicos de Perú
se produce a manos de campesinos que viven en la pobreza y emigran desde las
tierras altas y practican la agricultura de subsistencia”.Para empezar, las actividades agrícolas de los campesinos
pobres se circunscriben a las laderas de los ríos, que son áreas muy pequeñas
en comparación con los millones de hectáreas afectadas por el desalmado
accionar de ejércitos de motocierreros armados que diariamente invaden tierras
y utilizan a las concesiones forestales como pantalla para legalizar madera
talada ilegalmente que luego se exporta sola o camuflando envíos de cocaína.
A partir de ese diagnóstico sesgado, no extraña que, en
lugar de dar prioridad a la fiscalización y control de la tala ilegal masiva y
a la siembra de árboles nativos en zonas deforestadas, el plan anunciado con
bombos y platillos se centre en otorgar 15 millones de hectáreas forestales más
en concesiones, dizque bajo un nuevo modelo orientado no solo a la producción
de madera, sino al ecoturismo, la conservación y el aprovechamiento de
servicios ecosistémicos.
Dizque a los nuevos concesionarios se les exigirá solvencia
técnica y financiera, a sabiendas de que la gran mayoría de los actuales
concesionarios no ha mostrado tener la vocación ni la solvencia técnica para
sembrar y hacer crecer árboles nativos.
El peligro es que estas nuevas concesiones terminen
destinándose a la expansión de plantaciones de especies exóticas como la palma
aceitera, el eucalipto y el pino, que se levantan luego de haber talado y
“limpiado” el terreno, generando una ingente pérdida de recursos de
biodiversidad del ecosistema amazónico, a la vez que permite a los
“inversionistas” grandes ganancias a corto plazo con la venta de la madera
“limpiada con motocierra” y luego con la siembra de árboles exóticos de rápido
crecimiento.
Hasta ahora el Estado ha concesionado a privados alrededor
de 17 millones de hectáreas, que representan la cuarta parte del total de
bosques naturales, y que son considerados como bosques de producción
permanente. Sin embargo, de ese total de hectáreas concesionadas, apenas
alrededor de 4 millones de hectáreas están en manos de concesiones operativas.
Otros 13 millones de hectáreas están bajo dominio de
comunidades nativas que ponen a merced de privados la tala de árboles a cambio
de un peaje. Sumando la superficie boscosa concesionada y la manejada por
comunidades nativas, se llega a 30 millones de hectáreas que vienen siendo,
supuestamente, la fuente de la mayor parte de la producción maderera del país.
Sin embargo, casi toda esa producción resulta de la tala
ilegal de árboles, sin siembra de nuevos árboles, provenientes de áreas
protegidas, territorios indígenas, tierras estatales y hasta de propiedad
privada. Para justificar la tala ilegal, los concesionarios presentan listados
de árboles a extraer que son inexistentes, y las autoridades dan visto bueno a
su extracción emitiendo los permisos correspondientes.
Es así que la degradación de zonas protegidas se ha
convertido en un problema mayúsculo, puesto que muchos de los concesionarios se
han convertido en agentes promotores de la tala de árboles de diámetro mayor a
30 cm, sin cumplir con sembrar nuevos árboles.
En buen romance, el negocio maderero en Perú forma parte del
accionar de redes criminales dedicadas a la tala de árboles sin siembra de
nuevos árboles. Nada de esto sucede sin pagos de cupos bajo la mesa a
funcionarios y autoridades, asesinatos de nativos que denuncian estos hechos, y
el amedrentamiento a inversores forestales que vienen apostando por un modelo
de desarrollo de plantaciones agroforestales sostenibles, sustentadas en
métodos de germinación orgánicos.
Se estima que un 90% de la madera extraída es ilegal y se
exporta “legalizada” a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica, violando
acuerdos internacionales de protección del medio ambiente, violando los
derechos humanos de los pueblos indígenas.
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| El impacto de la deforestación en la amazonía es evidente. |
Dado que los bosques de las zonas más accesibles ya han sido
depredados por la mafia forestal peruana, la idea es penetrar a zonas más
lejanas con miras a extraer especies cotizadas. Para ello se busca que el
gobierno dedique recursos para construir caminos asfaltados hacia destinos sin
centros poblados. Idealmente, el gobierno priorizaría la construcción de un
tren que sirva a la movilidad de la tala ilegal desde lo más profundo de
nuestra selva.
La explotación ilegal de la madera se rige por un sistema de
intermediarios habilitadores y una mafia maderera articulada a las estructuras
de poder local y regional. Este sistema adelanta dinero a grupos de leñadores
ilegales armados, cuyo cometido es incursionar en la selva para cortar árboles,
transportarlos a aserraderos de “blanqueado” para “legalizarlos”, para luego
enviarlos a depósitos de madera urbanos. “La tala es efectuada por trabajadores
forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la
madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización”.
