Un preocupante panorama de retrasos en proyectos de inversiones mineras se viene sucediendo en Perú, dilaciones que simplemente resultan inadmisibles para los intereses económicos y sociales del país.
Una rápida revisión de los proyectos que sufrieron paralizaciones, arroja el siguiente listado:
- Proyecto cuprífero de Las Bambas (Apurímac), a cargo de la Suiza X-Strata, con una inversión de 4.200 millones de dólares.
- Proyecto cuprífero de Quellaveco (Moquegua), de la minera Anglo American, con una inversión de 3.000 millones de dólares.
- Proyecto cuprífero Tía María (Arequipa), del grupo mexicano Southern Cooper Corporation , con una inversión de 1.000 millones de dólares.
- Proyecto argentífero de Santa Ana (Puno), de la Canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares.
- Proyecto aurífero Conga, (Cajamarca), que forma parte de Yanacocha, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, con una inversión de 4.800 millones de dólares.
Estos progresivos retrasos de las inversiones mineras en Perú estarían preocupando a una buena parte de inversiones extranjeras representadas por una serie de capitales extranjeros entre las que se encuentran: Glencore y Xstrata (suiza) , Shougang (China) , BHP Billiton (Australia) , Barrick Gold (Canadá) , Southern Copper (México) , Phelp Dodge ,Newmont (Estados Unidos) , entre otros ; asi mismo, la gama de capitales nacionales conformada por grupos como : Buenaventura, Brescia,Letts, etc.
Ya nos habíamos referido al tema en cuestión, cuando hacíamos la pregunta ¿Quíenes pagan los retrasos en los proyectos mineros? y decíamos entonces que los retrasos derivados de conflictos sociales no solamente afectan a los inversionistas, a la administración de turno del Estado peruano, sino que alcanzan a la propia población excluida de servicios básicos.
Ya nos habíamos referido al tema en cuestión, cuando hacíamos la pregunta ¿Quíenes pagan los retrasos en los proyectos mineros? y decíamos entonces que los retrasos derivados de conflictos sociales no solamente afectan a los inversionistas, a la administración de turno del Estado peruano, sino que alcanzan a la propia población excluida de servicios básicos.
Atendiendo a consultas provenientes de algunos países receptores de exportación minera peruana actual, es que retomamos el tema e intentaremos dar alguna explicación técnica del porqué se produce esta situación que acompaña a los índices de éxitos económicos y crecimiento del país que le permitieron lograr mejoras en grado de inversión.
Una muestra de estos indicadores son las reservas internacionales, las que situaron en US$56,649 millones - al 10 de abril del 2012 - debido al incremento de los depósitos del sistema financiero en US$661 millones y a las compras de moneda extranjera en US$327 millones.
La economía peruana, que paso desde la hiper inflación a la estabilización y actual crecimiento en los últimos tiempos, evidencia el problema de la "justa distribución de las riquezas del país", el cual se agudiza porque hay mas riquezas que distribuir y está en proceso de ver por el mecanismo más adecuado de hacer llegar ese crecimiento económico a los pueblos que no se encuentran insertados en los corredores económicos de la costa peruana.
La economía peruana, que paso desde la hiper inflación a la estabilización y actual crecimiento en los últimos tiempos, evidencia el problema de la "justa distribución de las riquezas del país", el cual se agudiza porque hay mas riquezas que distribuir y está en proceso de ver por el mecanismo más adecuado de hacer llegar ese crecimiento económico a los pueblos que no se encuentran insertados en los corredores económicos de la costa peruana.
La carencia de un organismo sistémico que planifique a nivel nacional su desarrollo en el país, un limitado accionar del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y un incipiente Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) , creado en el año 2000 y puesta en marcha el año 2005, que no se termina por adecuar a las necesidades actuales y retos económico-sociales futuros del país, podrían responder ,en parte, a las causas generadoras de las fallas pendientes por atender.
A esto debe sumarse las externalidades producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico y corrupción que tienen en el proceso boyante de lavado de activos provenientes de actividades diversas como producto de una minería ilegal, "distribución de presupuestos públicos" y otras modalidades conocidas de asociación ilícita para delinquir que tiene el crimen organizado existente en las diferentes latitudes del planeta .
El déficit de obras públicas en Perú, caracterizado como brecha de infraestructura,requiere de medidas urgentes para elevar los niveles de la inversión, sin embargo los procesos lentos de inversión pública, aumentan la ansiedad y expectativas embalsadas en la población de interés o stakeholders que terminan por retrasar la inversión privada en sectores muy dinámicos y con grandes potenciales, como es en el caso de la minería y el sector hidro energético.
A mayor abundamiento, indicamos que los procesos seguidos de pre inversión y ejecución de obra pública, pasando por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), suman en etapas legales que van desde uno a tres años y medio que además de retardar plazos, fomentan la existencia de proyectos pequeños, atomizados y sin mayor relevancia para la comunidad, provocando en la mayoría de los casos que no se inicien proyectos relevantes y de impacto para las grandes mayorías de población beneficiaria.
El retorno de los fondos al tesoro público por deficiencias en la gestión de los organismos del estado en los niveles regional y local, terminan por agravar la situación, dando la impresión de falta de capacidad de gasto e incrementos en depósitos al sistema financiero.
En estricto, la administración del Estado Peruano está en proceso de interpretar la posición de las comunidades que demandan no seguir esperando más por los servicios básicos que les son esquivos y brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida.
A modo de un reporte de la actualidad sobre el particular, podemos incluir el comentario de un funcionario de la actual administración del Estado que manifestaba lo siguiente : “Lamentablemente, hemos comprobado que existe mucha desinformación sobre el marco legal que se aplica hoy a la actividad minera y también acerca de lo que ella aporta en el desarrollo de la región.” De otro lado, las disquisiciones difundidas en el sistema Judicial peruano, ante un pedido al Congreso de la República sobre "facultades extraordinarias para remplazar a jueces, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales denunciados por casos de corrupción". Asimismo, la determinación del Tribunal Constitucional respecto a que "un Gobierno Regional se extralimitó en sus competencias normativa a la luz de las competencias establecidas en la Constitución, la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales".
A esto debe sumarse las externalidades producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico y corrupción que tienen en el proceso boyante de lavado de activos provenientes de actividades diversas como producto de una minería ilegal, "distribución de presupuestos públicos" y otras modalidades conocidas de asociación ilícita para delinquir que tiene el crimen organizado existente en las diferentes latitudes del planeta .
El déficit de obras públicas en Perú, caracterizado como brecha de infraestructura,requiere de medidas urgentes para elevar los niveles de la inversión, sin embargo los procesos lentos de inversión pública, aumentan la ansiedad y expectativas embalsadas en la población de interés o stakeholders que terminan por retrasar la inversión privada en sectores muy dinámicos y con grandes potenciales, como es en el caso de la minería y el sector hidro energético.
A mayor abundamiento, indicamos que los procesos seguidos de pre inversión y ejecución de obra pública, pasando por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), suman en etapas legales que van desde uno a tres años y medio que además de retardar plazos, fomentan la existencia de proyectos pequeños, atomizados y sin mayor relevancia para la comunidad, provocando en la mayoría de los casos que no se inicien proyectos relevantes y de impacto para las grandes mayorías de población beneficiaria.
El retorno de los fondos al tesoro público por deficiencias en la gestión de los organismos del estado en los niveles regional y local, terminan por agravar la situación, dando la impresión de falta de capacidad de gasto e incrementos en depósitos al sistema financiero.
Según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2010, las inversiones en el sector minero alcanzaron 4.068 millones de dólares, en el 2011; sumaron 7.202 millones de dólares , y en Enero y Febrero del 2012 ; sumaron 1.049 millones de dólares.
De lo expuesto se desprende que los capitales tanto nacionales y extranjeros continúan apostando por invertir en el país, sin embargo, como contraparte queda aún pendiente en la agenda política del estado peruano la mejor forma de resolver estos temas ante el auge económico ligado a la eficaz, eficiente y efectiva forma de distribución de la riqueza para los pueblos del país.En estricto, la administración del Estado Peruano está en proceso de interpretar la posición de las comunidades que demandan no seguir esperando más por los servicios básicos que les son esquivos y brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida.
A modo de un reporte de la actualidad sobre el particular, podemos incluir el comentario de un funcionario de la actual administración del Estado que manifestaba lo siguiente : “Lamentablemente, hemos comprobado que existe mucha desinformación sobre el marco legal que se aplica hoy a la actividad minera y también acerca de lo que ella aporta en el desarrollo de la región.” De otro lado, las disquisiciones difundidas en el sistema Judicial peruano, ante un pedido al Congreso de la República sobre "facultades extraordinarias para remplazar a jueces, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales denunciados por casos de corrupción". Asimismo, la determinación del Tribunal Constitucional respecto a que "un Gobierno Regional se extralimitó en sus competencias normativa a la luz de las competencias establecidas en la Constitución, la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales".
Debemos mencionar que el Estado peruano está realizando los esfuerzos para terminar de ponerse de acuerdo entre sus diferentes niveles de gestión (Nacional, regional y local) respecto al desarrollo de proyectos que implican afectación de un gasto con calidad percibida por la población en lugares excluidos y estratégicos del país, justamente allí donde llega la actividad minera.
Finalmente, podríamos indicar que en Perú también se vislumbra una linea de pensamiento que evalúa la mejor forma de enfrentar el virus que esta en el medio ambiente referida a tres elementos: la mentira,el odio y el miedo que hace mención el expositor Dr. Joan Melé en su disertación sobre "Dinero y Conciencia" para atender el tema social referente a la distribución del dinero (riquezas)& con justicia y llegue a todos.
