miércoles, 9 de abril de 2014

Descentralización & botín minero

En contradicciones del canon minero  anotamos las cifras concernientes a transferencias de canon minero a nivel nacional para el periodo 2000-2011 y en reducción del canon minero- 2013, indicamos que las cosas se pondrían mas tensas,recomendando a la administración del gobierno peruano_siguiendo su política de nueva relación con el sector minero_tome las medidas adecuadas a efectos de mitigar los potenciales conflictos sociales que puedan surgir en las regiones mas afectadas con la reducción del canon minero.
Pese a los 13,261 millones de soles transferidos por el gobierno central en el periodo 2011-2013, algunas regiones manifestaron su disconformidad, como Ancash, a la que se destinó 20% del precitado monto, es decir,  2,729 millones de nuevos soles, distribuidos por años de la siguiente manera: 791 (2011), 985 (2012) y 953 (2013). Sin embargo, se produjeron protestas sociales en febrero del 2014 promovidas en el propio ejecutivo representado por el señor César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash. Una suerte de réplica de lo acontecido anteriormente con el señor Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca.
El hecho es que la falta de control en los gobiernos regionales y municipales que gozan de los fondos provenientes del canon minero, las han convertido en zonas altamente vulnerables a la corrupción. Ya no solamente se festinan contratos con los fondos públicos obteniendo pingues ganancias, sino que se llega hasta al asesinato de adversarios políticos en un año electoral, donde tomar "el control y manejo de la cosa pública" se hace altamente rentable. 
Juan Sheput, con el título "Ancash o el crecimiento económico sin instituciones" expone un interesante punto de vista sobre el particular:
“Acostumbrados como estamos a analizar las consecuencias de los problemas y no sus causas, un grupo de congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo,  Ministerio Público y Contraloría se han dirigido a Ancash a investigar los extraños sucesos que vienen sucediendo en esa riquísima región.  Mediatizado el tema, es importante que los funcionarios estén allí. Es una forma de alcanzar notoriedad. Cierto es que las sucesivas muertes (quince), de ciudadanos que de una u otra forma eran enemigos de César Álvarez, amerita el inicio de una investigación policial a fondo  en la zona, pero también es cierto que en esta situación tiene mucha responsabilidad el Estado que, a través de sus endebles instituciones no ha sabido manejar el “éxito” expresado en el ingreso de millones de soles, impensables antes, en las arcas de la región Ancash.
El problema no es la descentralización como señalan algunos despistados, sino la forma como a ésta le eliminaron sus controles. Un proceso de regionalización y descentralización es muy complejo. Chile y Colombia, en América Latina, y España, en Europa, tienen grandes problemas en sus procesos de descentralización. Pero insisten en él pues saben que es, en el largo plazo, positivo en el desarrollo de sus países. Colombia, Chile y España tienen en sus respectivos núcleos académicos sendos organismos de investigación que aportan políticas públicas y sugerencias a sus respectivos procesos de regionalización. Aquí en el Perú no. Nuestras universidades, movidas por el afán de maximizar sus ganancias, no tienen interés en crear centros de desarrollo regional o territorial. No es rentable y así la ignorancia impera en el análisis de los hechos recientes.
El proceso de regionalización que tuvo su primer impulso durante el gobierno de Alejandro Toledo creó un Consejo Nacional de Descentralización (CND) para que coordine y monitoree los planes de desarrollo territorial. Se exigía a las regiones construir capacidades (con capital humano adecuado) y planes de desarrollo, antes de traspasar competencias (como Salud o Educación) o recursos económicos, es decir presupuesto. Había exigencias previas y candados, en aras de un desarrollo regional adecuado.
Ello fue destruido durante el gobierno de Alan García. El expresidente, fiel a su pensamiento de corto plazo y a su afán de crecer económicamente a como dé lugar, eliminó el CND y en su lugar puso a una simbólica Secretaría de Descentralización a quien nadie hace caso; eliminó las “trabas” (capacidades y planes de desarrollo) y ordenó las transferencias de competencias y recursos, sobretodo recursos económicos,  a las regiones con el afán de que gasten sin control.
Al eliminar los planes,  los elementos intangibles de un Plan de Desarrollo como la educación o la promoción  de la cultura a través del civismo se fueron al tacho y en su lugar solo quedó el afán por la obra física, esa que se puede ver y por sobretodo licitar. Aún más se eliminó el filtro del SNIP con la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas y así, gracias al expresidente, las regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. La Contraloría, que tampoco tiene un plan de control de gobiernos locales o regionales, siguió al igual que el gobierno en piloto automático y contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes.
Claro está que eso no desestimula a los aspirantes a ocupar una alcaldía o la presidencia de un gobierno regional. Es suficiente ver cómo en Ancash, a pesar de los crímenes supuestamente atribuidos a rivalidades políticas, hay más de 10 precandidatos. El presupuesto, léase mejor el botín, es apetitoso y bien vale que se corra el riesgo. Hay en la práctica un descontrol en todo el universo de alcaldías y gobiernos regionales. Si no lo cree mire a su alrededor:  cuántas veces en su barrio o alrededores rompen, construyen y vuelven a romper las mismas avenidas, pistas y veredas; cuántas veces rediseñan los parques; con qué facilidad se cambia el ordenamiento urbano para dar cabida a monstruosos edificios que desentonan al construirse en pequeñísimas calles.
La regionalización en sí no es mala. Lo que nos sucede es consecuencia de eliminar los controles durante el gobierno pasado y también responsabilidad del actual gobierno, de Ollanta Humala, cuyo ministro de Economía entiende el piloto automático como simple consumismo o estímulos artificiales del gasto público y que no ha hecho nada por modificar las reglas de juego establecidas en el gobierno de Alan García.
Lo que sucede en Ancash, si no fuera por los crímenes execrables,  sería el remedo de lo que sucede en la mayoría de gobiernos locales y regionales donde el afán de servicio al vecino ha quedado de lado en aras de gastar, sin controles, el suculento presupuesto municipal o regional.