En el mundo entero el Agua dulce es un recurso muy sensible, en Perú no es la excepción. Es mas, constituye un recurso estratégico que en los últimos tiempos ha sido ligado con carencia de democracia y la exclusión social. Habiéndose inclusive generado la frase popular " sin agua potable no hay democracia".
El sector minero, con la minería responsable y como uno de los usuarios del recurso hídrico, participa de su manejo sostenible en territorio peruano.
Uno de los componentes sustantivos en su manejo, viene a ser la gestión del agua para consumo humano por parte de las Empresas prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS).
Experiencias de asociación del sector privado a las EPS del país hay varias, algunas de ellas se desarrollaron en Arequipa y Cajamarca por citar dos casos en que funcionó la alianza público-privada en el tema del agua gestionado por empresas públicas municipales denominadas EPS. El gobierno central participa en la gestión de la EPS SEDAPAL (Atiende a la capital de la República - Lima) y en el caso de Tumbes es administrada por privados, pues la EPS fue dada en concesión.
Los resultados positivos son evidentes, ya que los servicios de saneamiento brindados por la EPS en las localidades con funcionamiento de alianzas público-privadas lograron importantes avances.
Sin embargo, en otras partes del país, como en el caso de Piura, no se pudo efectivizar programas de trabajo coordinados por las EPS con el componente privado , como es en el caso del sector minero responsable.
Episodios como el acontecido en Tambogrande - Piura, hizo replegar ese tipo de alianzas público - privadas entre EPS y sector minero regulado. El resultado es la lamentable situación que se vive en localidades que no cuentan con un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado sanitario; y esto pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno Peruano, que en la pasada administración invirtió en los últimos cinco años - entre agosto de 2006 y julio de 2011- la suma de cinco mil novecientos millones de nuevos soles en proyectos donde aplicó el modelo que prioriza la inversión pública sobre la privada para "coberturar" obras en infraestructura sanitaria.
El modelo aplicado para el incremento de cobertura en la prestación de servicios, se sustenta necesariamente en el incremento de las tarifas y al no haber inversiones eficientes se reduce la capacidad de ampliar la cobertura.
El proceso de participación privada permite elevar los indicadores en la prestación de los servicios de saneamiento mejorando la gestión empresarial sin necesariamente elevar mayores niveles de inversiones
Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo.
El tiempo y los resultados de la actual situación del sector saneamiento en el País, corrobora lo antes indicado, que anticipa el efecto producido por el modelo aplicado - genera compartimentos estancos y una marcada división entre los sectores público y privado en saneamiento - lo cual inhibe la participacion de importantes capitales del sector privado - entre los que se encuentra el sector minero - en comparación a su intervención en otros servicios como transporte, telecomunicaciones, entre otros.
En este contexto, reiteramos la existencia de serias limitaciones en el modelo aplicado en este monopolio natural y que merecería una revisión por parte del actual gobierno peruano.
La primera, referida a la sostenibilidad de la inversión estatal. Ya que las tarifas actuales no garantizan que la infraestructura sea operada y mantenida adecuadamente. La segunda, tiene que ver con la deficiente gestión de las EPS. La tercera, se sustenta en la necesidad que tiene el Estado peruano de recuperar y fortalecer su función reguladora.
Para tener una idea de la gravedad del tema, podemos mencionar los casos de las EPS en Huancavelica, Moquegua y Pisco que tienen pérdidas superiores al cincuenta y cinco por ciento (55%) por agua no facturada.
Otro detalle a tomar en cuenta es que existen noventa localidades en 32 EPS de provincia, cuyo nivel de tratamiento de aguas residuales es cero por ciento (0%).
Es evidente el impacto que pueda suponerse en el ambiente y la salud humana, por la contaminación bacteriológica que generan los vertimientos de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno a los cursos de agua que posteriormente serán aprovechados en diversos usos.
Explicó que con ese objetivo, el Gobierno Central y el Gobierno Regional de Piura llegaron a un acuerdo con el fin de establecer una alianza para que la EPS Grau de Piura se convierta en una empresa público-privada.
Asimismo, anotó que estos cambios son básicos para lograr la inclusión social.
Consideramos que el anuncio hecho por el representante del Ejecutivo constituye una buena señal que envía el gobierno a los actores sociales , reconociendo implícitamente la situación caótica -técnicamente quebradas - en que se encuentran gran parte de las EPS en provincias.
Hacemos votos para que se tomen las decisiones adecuadas a fin de revertir el estado de situación anteriormente descrito.
Ad portas del año 2012, el país cuenta con datos oficiales de saneamiento al año 2009 para las EPS, por lo que sólo es un estimado que aún el 24% de la población peruana no contaría con un servicio de agua potable con la calidad adecuada y el 44% no estaría conectado a ningún sistema de alcantarillado.
Para reducir la exclusión social existente en el extremo de la prestación del servicio básico de agua potable y alcantarillado es importante que la actual administración del Estado peruano tienda puentes para que la inversión privada coadyuve en los esfuerzos de alcanzar el orden de S/. 14 mil millones de nuevos soles que aún se requeriría para atender con servicios de saneamiento a la población peruana que aún carece de este servicio básico.
En ese orden de ideas, debemos considerar la necesidad de alcanzar la sostenibilidad de la infraestructura de saneamiento , lo que implica manejar adecuadamente el tema tarifario y mejorar la gestión de las EPS, para lo cual se debe fortalecer el marco regulatorio y utilizar las estrategias que han demostrado dar buenos resultados para un modelo gestado de la realidad nacional.