Saludamos la valiente intervención del periodismo peruano - encabezado por el decano de la prensa nacional - que publica el dia de hoy (14/09/2011) y refuerza lo que consideramos una justa demanda en defensa de la persona humana, el medio ambiente y del paradigma establecido por el desarrollo sostenible inadecuadamente focalizado para su promoción en la amazonía por nuestra actual carta magna, pues su promoción debería aplicarse en forma integral.
PUBLICA EL COMERCIO
Como lo han comprobado periodistas de El Comercio, la minería ilegal de oro avanza imparable en la zona de Madre de Dios y con absoluta impunidad. Peor aun, se ha confirmado la participación, como eslabón de esta cadena delictiva, de un congresista del partido gobiernista, Amado Romero, miembro de la Comisión de Energía y Minas.
Según denuncian varios mineros ilegales, pagan 5 kilogramos de oro (aproximadamente US$300 mil) al mes a dicho parlamentario, supuestamente por permitirles trabajar en sus concesiones y darles protección política y legal. No sería coincidencia entonces que Romero haya presentado dos proyectos de ley para derogar el Decreto de Urgencia 012 (que, entre otras cosas, prohíbe las dragas). La fiscalía ambiental de la zona investiga al parlamentario, pero este se escuda en su inmunidad para rehuir las citaciones.
Esta gravísima coyuntura obliga a un urgente deslinde del partido, del Congreso y del Poder Ejecutivo: ¿Qué se va a hacer para poner fin a este intolerable conflicto de intereses parlamentario, en que se pone al gato de despensero? ¿Y qué se espera para denunciar judicialmente a los cabecillas de las mafias depredadoras de ríos, suelos y reservas naturales como la de Tambopata?
Como telón de fondo, debemos preguntarnos cuál es la política del Gobierno para afrontar este grave problema. ¿Primará el interés del país o se optará por una postura ambigua y electorera, como con los cocaleros? Este prospecto sería realmente irresponsable y peligroso a la vista de las terribles cifras de la devastación.
Efectivamente, solo en el campamento del km 103 de la Carretera Interoceánica, en La Pampa, habría alrededor de mil mineros y 130 máquinas trabajando; entre los kilómetros 103 y 117, desde julio pasado más de 15.000 mineros ilegales han instalado sus campamentos; y en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata (donde hay ¡134 derechos mineros!) una comparación de imágenes satelitales revela que solo en el 2010 se habrían perdido en esta zona unas 1.000 hectáreas de bosques primarios. En total, se calcula que más de 300 mil hectáreas han sido deforestadas en Madre de Dios hasta el 2010 como consecuencia de la tala, quema y minería ilegal, lo que es absolutamente criticable.
Esta ‘fiebre del oro ilegal’ resulta criminal, como lo han denunciado entidades ambientalistas. Aparte de envenenar y destruir ríos y suelos, se ponen en riesgo extensas zonas donde moran especies de flora y fauna únicas en el mundo y se propicia una espiral de invasiones, informalidad, impunidad, corrupción, delincuencia, prostitución y trata de personas, todo lo cual es totalmente reñido con la convivencia civilizada y los derechos humanos.
El Parlamento no puede hacer oídos sordos a esta grave denuncia que involucra a uno de sus miembros, en tanto que el Ministerio del Ambiente debe explicar al país qué está haciendo y qué hará para poner coto a esta devastación del territorio nacional, altamente contaminante y depredadora.
No solo se trata de evaluar la declaratoria de emergencia, sino de impulsar normas legales y ejecutivas para destruir las grandes dragas ilegales y denunciar penalmente a los responsables, que de ninguna manera pueden calificarse como mineros artesanales".
A TENER EN CUENTA
El concepto de desarrollo sostenible trasciende los límites políticos de un país o una región y es de caracter universal, no excluyente ni limitativa a un enunciado expreso que pudiera tener carta magna alguna en el planeta, como sucede en el caso de la Constitución Política del Perú vigente. (Artículo 69°.-El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.)
De considerarse situaciones extremas para el caso peruano,"La fiebre del Oro y la minería ilegal", nos demostraría fehacientemente que este desarrollo sostenible debería promoverse en todo el territorio nacional (vista la metástasis de fiebre del oro en gran parte del territorio peruano) y es más a nivel de la región de las Américas donde exista presencia de una inadecuada explotación del preciado metal, con una apropiada legislación internacional, pues la fiebre del oro es trasfrontera como podría comprobarse en el caso de los países limítrofes Ecuador y Bolivia , donde la explotación inadecuada del oro en las areas de influencia de las zonas de frontera, generan eventuales impactos en las cuencas altas y aguas arriba de los ríos y cuerpos de agua que luego ingresan al territorio nacional, tal como comentáramos en notas anteriores en este espacio.
