Paros & Minería ilegal

Tal como lo adelantáramos en "30.9.13_Dead Line de Minería ilegal?, en la fecha las fuerzas en colisión se encuentran desplegadas en determinadas partes del territorio peruano.

Los detalles  dando la descripción del estado de situación actual lo expresa el diario La República en los siguientes términos:

"La destrucción de equipos y maquinarias en el corredor minero de Madre de Dios ha sido tomada por estos como un doble discurso del Gobierno, y por ello hoy iniciarán un paro indefinido en 14 regiones.

En diálogo con La República, el presidente de la Federación Minera de esa región, Luis Otsuka Salazar, explicó que ellos participaban en una mesa técnica de alto nivel con carácter resolutivo, y a pesar de ello, el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, "llevó comandos de las Fuerzas Armadas y comenzó a explosionar las maquinarias".

"Nosotros nos reunimos en cuatro oportunidades con el Premier Juan Jiménez y le explicamos que el paquete de normas emitidas por el Gobierno no hace viable la formalización.

Estábamos conversando, pero así no podemos dialogar, porque mientras nosotros actuamos de buena fe para solucionar el gravísimo problema de la actividad minera, en la que nosotros somos concesionarios, él (Pulgar Vidal) hace destrozos en nuestras maquinarias", señaló.

A la fecha, dijo, ya les han destruido varias excavadoras, volquetes, diez cargadores frontales e incluso campamentos que estaban en el corredor minero y no cerca de los cauces del río (zonas prohibidas). "¿Qué somos nosotros? ¿Delincuentes? No, nosotros somos concesionarios mineros, no somos ilegales. Tenemos estudios de impacto ambiental presentados y la declaración de compromisos, algunos incluso cuentan con el PAMA", aseguró el dirigente, a la vez que lamentó que el trato que el Estado le brinda a la gran minería sea tan distinto.

Todo esto cuando, según la encuesta nacional urbana de GfK, un 79% considera que es muy importante para el país que las empresas mineras informales pasen a la formalidad. Además, se informó que un 55% cree que los mineros informales de Madre de Dios siguen sin formalizarse porque en realidad;"no tienen la intención";de hacerlo; mientras que un 32% considera que ello se debe a que el Gobierno no facilita los trámites para ello.

Incluso, respecto a la acción de interdicción que desarrolla el Gobierno, lo cual implica la destrucción de maquinaria, volquetes y retroexcavadoras, solo un 39% de encuestados dijo estar de acuerdo, y un 38% manifestó no estar de acuerdo. "¿Sabe por qué a la gran minería le dan todo y a nosotros nos bombardean? Porque hay plata y porque son unos sinvergüenzas", volvió a preguntarse Otsuka Salazar, y advirtió que esta situación en cualquier momento va a desbordar en violencia social porque, aseguró, se está generando una polarización entre los mineros.

Según dijo, ellos no entienden por qué si la Ley Minera dice que el pequeño minero puede mover hasta tres mil metros cúbicos y tener hasta dos mil hectáreas, mientras que el artesanal puede mover 200 metros cúbicos y tener mil hectáreas, en los últimos decretos no les permitan contar con maquinaria y equipos. "¿Cómo vamos a mover tres mil metros cúbicos si no es con maquinaria? ¿Con sacos? ¿Con carretillas? En el mundo desarrollado se usa maquinaria. Eso es lo que tiene que entender el Gobierno", reclamó.

Luego insistió en que es mentira que el proceso de formalización avance, y la mejor prueba de ello es que en 18 meses no ha podido formalizarse ni un solo minero informal. Pero a pesar de todo ello, informó que el paro podrían levantarlo si las autoridades del Gobierno deciden modificar los decretos referidos a la minería, se amplía el plazo para la formalización y se suspende el bombardeo.

Lo que sí no pudo asegurar es que en el paro de hoy no vayan a participar el sector de mineros ilegales que depredan en las zonas de amortiguamiento donde no hay concesiones.

Respecto a ellos, solo indicó que es competencia del Gobierno central y regional, ya que la federación minera no puede resolver su situación.

Pero quienes no se plegarán a esta medida de protesta son los mineros agremiados a la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe). Su presidente, Celso Cajachagua Güere, indicó que ellos continuarán participando en la mesa de diálogo con el Gobierno, puesto que ya han logrado varios avances.

ALERTA EN LAS REGIONES CON MINERÍA ILEGAL

En tanto, en Puno,mineros informales del sector conocido como La Rinconada se movilizaron masivamente -desde el viernes- hacia Juliaca para participar hoy en el paro nacional minero. En esa parte del país, como en otras, la Policía Nacional moviliza efectivos para custodiar el orden público y evitar desmanes como el producido en agosto en Ica.

En medio de esto, el Alto Comisionado en Asuntos de Minería, Daniel Urresti, informó que continuarán en octubre con la capacitación de mineros informales como parte del proceso de formalización.

CLAVES

La medida de fuerza de los mineros, que tiene carácter nacional, será acatada por las bases de 14 regiones del país, entre ellas Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Puno, Piura, Cajamarca, Apurímac, Ica, Áncash, Huancavelica, Huánuco, Lima y Cerro de Pasco. En Madre de Dios, unos veinte mil mineros realizarán una movilización pacífica por toda la ciudad y en horas de la tarde se congregarán en la Plaza de Armas, donde habrá un mitin".

¿Giro gubernamental minero?

En Perú se registra un hecho evidente en la gestión del Estado. que contrasta la evolución del discurso antiminero del candidato presidencial Humala en el 2011 con el proceso para alcanzar una madurez que trasciende a los dos años en frente a la administración Humala. 

En este lapso, se presentaron ruidos mayormente legislativos y de cumplimiento del ordenamiento legal ambiental vigente, como fue el caso en el año 2011 de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo; y entre otras, los actuales proyectos de ley sobre derecho humano al agua y el ordenamiento territorial respectivamente.
Las precitadas leyes o iniciativas legislativas resultan extremadamente sensibles para el desarrollo de la política e inversión minera en el país.  
También se presenta en este escenario, las controversias existentes entre el tratamiento de las diferentes minerías que se desarrollan en territorio peruano, una minería formal, la minería informal y minería ilegal.
La vorágine del crecimiento en relación a la explotación minera de oro, a escala de la denominada "minería artesanal" da cuenta del incremento _ entre Nov. 2010 y Jun. 2013_ del orden de 20% de concesiones mineras ( creció de 9,900 a 12,300) , lo que determinó el aumento de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, las áreas concesionadas para este tipo de minería.
En esta evolución plasmada en relación al tratamiento formal de la nueva relación de la administración del actual gestión del estado peruano con la gran minería al año 2013, se traduce en el discurso presidencial en la clausura de la 31 Convención minera Perumin en Arequipa:
"La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales del crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad de esta perspectiva de desarrollo e industrialización".

En este contexto, el diario El comercio opina de la siguiente manera sobre el tema en cuestión.

"La última vez que se realizó la convención minera Perumin,hace dos años por parte del Gobierno no asistió ni el ministro de Energía y Minas.

Esta semana, sin embargo, han acudido a la más reciente versión de Perumin ocho ministros y el propio presidente de la República.

La percepción del Gobierno sobre la importancia de la minería en el desarrollo del país parece, pues, haber cambiado radicalmente en estos dos años.

¿Qué es lo que ha pasado para explicar este cambio?

En resumidas cuentas, que la realidad demostró que el constante crecimiento que el Perú venía experimentando en el desarrollo de sus proyectos y producción mineros no constituía un derecho divino a prueba de balas (muchas veces literales) sino que, de hecho, podía frenarse y, peor aun, también comenzar a revertirse.

Así, los proyectos arbitrariamente detenidos a causa de protestas sociales, que en los más de los casos han estado basadas en demostradas mentiras, comenzaron a sumar decenas de miles de millones de dólares, al tiempo que nos hacían recordar la dura realidad de que el Perú no es la única opción que tienen en el mundo los inversores mineros.

Un sector empresarial que solo se puso más cuidadoso con sus decisiones de inversión desde que las cotizaciones internacionales de los metales comenzaron a descender.

Conga, La Granja, Michiquillay, Galeno, Pucamarca, Tía María, Río Blanco, Toquepala y Cañariaco, junto con otros proyectos que tuvieron que paralizarse pese a cumplir con todo lo que les exigía la normativa del sector –que desde hace muchos años ya es cualquier cosa menos laxa– representan hoy alrededor de US$22 mil millones de inversión frustrada y cerca del 40% de la cartera de proyectos mineros que tiene el país.

Esta cartera, por su parte, es a la fecha solo la mitad de la que tiene otra muy cercana opción –aunque bastante más predecible– en la presente década para la inversión minera internacional: Chile.

Comoquiera que, pese a la creciente diversificación que la economía nacional ha estado experimentando, la minería aún representa un tercio de lo que recauda cada año nuestro Estado como concepto de Impuesto a la Renta, este frenazo ha de haber hecho sentir al Gobierno que se le reducía el viento bajo las alas. Sobre todo habida cuenta de que esta parte de la recaudación representa un porcentaje igual de las posibilidades que cada año tiene el Estado para gastar en “incluir” a los que menos tienen en los beneficios de una buena salud, educación o seguridad, por solo citar tres ejemplos claves.

Así es cómo han llegado los 8 ministros y el presidente a Perumin: porque, con buen sentido, el gobierno ha visto la evidente conexión entre el cuero y las correas que parece pasar totalmente desapercibida en esos líderes radicales que no parecen encontrar contradicción entre marchar por acabar con la minería en sus regiones y marchar para exigir que se incremente el canon (proveniente de la minería) de las mismas.

Por otro lado, también pueden haber formado parte de esta toma de conciencia gubernamental los enormes efectos que la inversión minera tiene de forma directa (y ya no solo a partir de lo que da el Estado) en la generación de oportunidades para la población.

Recordemos, por ejemplo, que la minería compra actualmente ni más ni menos que el 14% de lo que produce la industria nacional, lo que ayuda explicar que la inversión minera genere, según un estudio del IPE, 9 puestos de trabajo indirectos por cada puesto que crea en su propio sector.

Por lo demás, vale la pena precisar también que estos efectos colaterales de la inversión minera tienen la potencialidad de alcanzar, como los de ningún otro sector, a esos bolsones de pobreza que, según la tercera medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que publicásemos esta semana, todavía persisten en las regiones más alejadas del país y, particularmente, en las altoandinas.

Es decir, precisamente ahí en donde opera la minería y en donde suele haber, por la lejanía de los mercados y la dificultad del clima y la geografía, poco espacio para otros sectores productivos.

No es en vano que un estudio de Macroconsult haya demostrado que los distritos mineros tienen ingresos superiores en casi 36% respecto de los otros.

Aunque lo haya hecho un tanto tarde, hay pues que felicitar al gobierno por haberse decidido a no dejar pasar la oportunidad de la minería. Y más aun porque, al lado de los gestos como el de su presencia en Perumin, haya puesto manos a la obra con iniciativas como las 40 “mesas de desarrollo” en las que las empresas mineras, el Estado y las comunidades vienen coordinando a lo largo del país, en prometedor silencio, proyectos de desarrollo local a partir de los proyectos mineros.

Igual que Canadá, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y tantos otros países, el Perú ha recibido en sus recursos naturales una oportunidad dorada que tiene que ser utilizada, como sucedió en todos esos países, como palanca de una generación de riqueza que nutra a otros sectores y ayude a financiar el camino de su población hacia el desarrollo y el primer mundo".

¿30.9.13_Dead Line de minería ilegal ?

En Perú se alista para este 30 de Septiembre del 2013 una asonada promovida por la minería ilegal, con el conocido escudo de los mineros informales.

Como respuesta, la agencia peruana de noticias Andina recoge las precisiones del actual Presidente de la República en los siguientes términos:

El presidente Ollanta Humala ratificó hoy la decisión de su gobierno de erradicar la minería ilegal del país, por ser una actividad que destruye el medio ambiente y que afecta el desarrollo.

"(La minería ilegal) huele a crimen organizado, a tráfico de personas, que termina con miles de hectáreas de bosques y contamina las fuentes de agua, que se burla de todos y de los sueños de progreso, y no la debemos tolerar", enfatizó durante la ceremonia de clausura de la 31a Convención Minera Perumin.

Recordó que por primera vez en la historia del país se ha establecido la distinción entre minería informal e ilegal, la primera de las cuales, dijo, debe regularizarse de forma progresiva, y con la segunda solo queda la erradicación.

Como parte de las acciones del Gobierno contra la minería ilegal, se dispuso llevar a cabo interdicciones para la eliminación de maquinarias como dragas y retroexcavadoras en sitios como Madre de Dios.

El Ejecutivo ha determinado que la interdicción no se detendrá, pese a los reclamos de los ilegales que planean un paro a fin de mes.

Paralelamente a dicha acción, se trabaja en la formalización de los informales, es decir de aquellos que laboran en zonas permitidas pero que todavía no han regularizado su situación.

A la fecha son más de 70,000 los mineros informales que han expresado su interés por formalizarse, y de ellos más de 30,000 han iniciado ya este proceso, que culminará en abril del 2014.

Prueba de la ferocidad de la minería ilegal la dio a conocer esta semana el Ministerio del Ambiente, a través de un video de un sobrevuelo por miles de hectáreas de bosques devastados por la contaminación en Madre de Dios.

IR & Regalías mineras_2008-2012

Cuarenta y dos mil doscientos un millones de nuevos soles representa el aporte de las empresas mineras en los últimos cinco años al país en términos de Impuesto a la Renta y regalías mineras, información que recoge El comercio del evento Perumin que se viene desarrollando del 16 al 20 de septiembre en la ciudad de Arequipa.

"Las empresas mineras que trabajan en el Perú pagaron S/.7.600 millones al Estado por concepto de Impuesto a la Renta (IR) durante el 2012, informó hoy la Sociedad Nacional de Minería,Petróleo y Energía. (SNMPE).

La presidenta de la SNMPE, Eva Arias, comentó que el pago de ese tributo equivale a cubrir el costo del pliego presupuestal para el año 2013 de los diversos ministerios del Estado.

CIFRAS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO

Durante su participación en la 31 Convención Minera (Arequipa), detalló que las mineras pagaron S/.39.150 millones al Estado por concepto de IR en el quinquenio 2008 – 2012.

Para Arias resulta necesario que estos tributos sean invertidos de manera eficiente por las autoridades de los gobiernos central, regional y local, en programas y obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo y social de las regiones y comunidades. Asimismo, informó que las empresas mineras pagaron S/.3.051 millones por concepto de regalías mineras en el período 2008 – 2012.

“Sólo en el último año, el 2012, la cifra por regalías ascendió a S/.584 millones”, remarcó.

BUEN MANEJO DE FONDOS

La minería responde por el 11,3% del Producto Bruto Internacional (PBI) nacional, el 57% de las exportaciones totales del país y alrededor del 31.2% del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado peruano, acotó".

Inversiones en Minería _2008-2012

En los últimos cinco años (2008-2012), la minería ha permitido el ingreso al país de inversiones aproximadas de US$24 mil millones, reveló Eva Arias Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), durante su participación en la edición 31 de la Convención Minera de Perú‎ (Perumin), que se celebra del 16 al 20 de septiembre en Arequipa,donde se acoge a 75.000 empresarios nacionales y extranjeros de mas de 40 países del planeta.

Las inversiones captadas han permitido que el Perú se posicione como un importante productor de minerales en el mundo.

A pesar que el sector minero peruano viene siendo afectado por la caída de los precios internacionales de los minerales,el ritmo de las inversiones hacia este sector productivo se mantiene”, afirmó la funcionaria tras señalar que durante el primer semestre de este año las inversiones captadas (US$4,341 millones) han aumentado en un 19,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La presidenta de la SNMPE informó además que en el 2012 la inversión minera en el país superó los US$8,568 millones, lo que representó un crecimiento de 18.3% con relación a los US$7,242 millones registrados en el 2011.

EN QUÉ SE INVIERTE

Las inversiones se han empleado en los campos de exploración(US$ 2,937 millones),explotación (US$ 3,582 millones), nuevo equipamiento (US$ 2,571 millones) y nueva infraestructura (US$ 4,729 millones), explicó Eva Arias.

La ejecutiva añadió que esta tendencia continuará creciendo en la medida en que se garantice la estabilidad jurídica, se respete el Estado de Derecho y se fortalezca la gobernabilidad y la paz social.

Minería ilegal y el crimen organizado

En Minería ilegal y economía sumergida , desarrollamos algunas consideraciones sobre el tema y decíamos que "Perú excluye a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado; lo que en buena cuenta significa darle oxígeno a su aliado estratégico : El Narcotráfico".
En lo que podría considerarse una pugna entre poderes del Estado, el Ejecutivo trataría de reconvenir al legislativo, sobre su decisión última de excluir a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado.
El procedimiento legislativo se moverá sobre antecedentes que ensombrecen el panorama: denuncias que mineros ilegales pagarían a congresista, que los dineros provenientes de la minería ilegal habrían contribuido en la campaña congresal de algún padre de la patria y que las incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero proveniente de la minería ilegal.    
En este contexto, reproducimos la nota propalada por la Agencia Peruana de Noticias Andina  que por sí sola se explica:

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, señaló que el Poder Ejecutivo enviará, al Congreso de la República, un proyecto de Ley para que la minería ilegal continúe siendo considerada una actividad relacionada al lavado de activos.
Ello luego de que el Poder Legislativo excluyera a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado.
Tanto Shino, como el asesor de la Alta dirección del Ministerio del Ambiente, Ernesto Raez, consideraron que la decisión del Congreso es un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. "Esperamos que en esa segunda oportunidad el Congreso apoye el combate a la minería ilegal", dijo Shino en el programa Pulso Empresarial de Radio Nacional.
Agregó que su despacho continúa la depuración del Registro Nacional de Declaración de Compromisos de los mineros informales en proceso de formalización, a fin de constatar que quienes hayan solicitado su inclusión cumplan con los requisitos.
Hasta el momento se han detectado 14 casos a los que no les corresponde pertenecer al registro en mención, anotó.
En tanto el representante del MINAM señaló que resulta preocupante la decisión del Congreso (excluir la minería ilegal de ley del crimen organizado) porque frente a este problema, todos los órganos del Estado deben ir en la misma línea.
De otro lado, el viceministro de Minas manifestó que el gobierno continúa con sus esfuerzos por atraer la inversión privada y que en breve emitirán una norma que disminuye los plazos para las obras de construcción de la minería.
Hacemos votos para que el Ejecutivo remita a la brevedad posible el proyecto de ley y en su oportunidad, el Congreso de la República reconsidere la decisión tomada e incluya a la minería ilegal en los alcances de la ley contra el crimen organizado.

Minería ilegal & economía sumergida

La amenaza de la amazonía por actividades económicas ilegales como la tala tradicional de bosques maderables realizadas por madereros que además de no pagar impuesto alguno por deforestar y desertificar los bosques amazónicos, se  constituyen en la puerta de entrada de otras actividades industriales billonarias de una economía sumergida que involucra al narcotráfico, lavado de activos y corrupción que financian a una forma de hacer minería en Perú : la minería ilegal.

Minería ilegal y Narcotráfico

En el documental gravado en el año 2007 sobre la cuenca amazónica presentada por Bruce Parry se describe parte de los detalles que explican de algún modo cómo es que gentes se enriquecen con la alianza estratégica entre el oro y el "oro blanco". La relación entre la minería ilegal y el narcotráfico está documentada en la región de las Américas y particularmente en Perú. 

Países como Brasil, Bolivia, Colombia, entre otros, vienen tratando de encontrar una solución al problema en diversos escenarios.
Un ejemplo, es la alerta que la minería ilegal y narcotráfico amenazan la Amazonía expuesta el pasado mes de Agosto del 2013 ante delegados de once (11) países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante el seminario del Centro Gestor y Operacional del Sistema de Protección de la Amazonía (Censipam).
De otro lado, en Colombia _su ex presidente_Alvaro Uribe al considerar que la minería ilegal está con el narcotráfico , sustentaba que hay que vincular a la minería informal con la minería formal, y enfrentara la ilegal, penetrada por el narcotráfico.
Asimismo, se indica que en Colombia se está exportando más oro del que se puede producir, y con papeles falsos se justifica la entrada de capitales ilícitos disfrazados de una importación de oro. 
Justamente en Perú, el oro producido ilegalmente ingresa al circuito económico formalizándose también en el exterior del país.
La estrategia anti narcóticos implementada con el "Plan Colombia", con la aplicación del orden de US$ 4,500 millones entre los años 2000 y 2005 y las acciones sostenidas de combate contra el narcotráfico en México, generaron un efecto "desplazamiento o traslado" en parte de las operaciones de los "cárteles" y "barones de la droga" a Perú, fortaleciendo el accionar de "familias" que ya desarrollaban actividades en este importante país productor de hoja de coca.
Toda vez que el año 2011, el precio del Oro llegó alcanzar precios históricamente altos, la rentabilidad de operar una alianza estratégica Oro y "Oro Blanco" se consolidó.
En este contexto de rentabilidad, Perú se convierte también en el primer productor de hoja de coca del planeta e importante productor de dólares falsos en el mundo, otro negocio colateral ilícito.

Capital de trabajo

Se estima que en Perú se lava dinero del narcotráfico por un monto de US$ 500 millones de dólares por año destinado a la minería ilegal.  
En contraparte, la minería ilegal abastece de insumos químicos al narcotráfico, lo cual hace sostenible la cadena productiva que va desde la producción de hoja de coca y su transformación en pasta básica y finalmente clorhidrato de cocaína.  
Se estima que Perú produce 320 toneladas de cocaína , en tanto que en el año 2012 se ha incautado alrededor de 14 toneladas de cocaína. (5% del total producido).

Este indicador es elocuente, en la medida que anteriormente se producía en Perú pasta básica de cocaína como insumo para elaborar clorhidrato de cocaína y en la actualidad,con el efecto antes citado, se llega a elaborar mayores cantidades del producto refinado : clorhidrato de cocaína.

Las utilidades de la alianza son claras, sólo considerando la ampliación del mercado a la comercialización del clorhidrato de cocaína, se estaría hablando adicionalmente de US$ 1,500 millones de dólares por año dentro del territorio peruano.
Esta cifra se incrementa en 10 veces cuando el producto se coloca en USA y en 50 veces, puesta en mercados de Europa o Asia. 

El otro componente del flujo financiero, forma parte del lavado de activos ejercidas por el resto de actividades ilícitas que se alimentan de parte de los S/. 65, 414 millones (55% de la inversión estatal) que son ejecutadas por gobiernos regionales y locales que pudieran ser infiltrados.

Si integramos las cifras de las ganancias obtenidas por el lavado de activos por otras actividades ilícitas, a las utilidades adicionales que da la producción de clorhidrato de cocaína y la producción de Pasta básica de cocaína_que en el año 2012 fueron incautadas 22 toneladas_ podremos tener una idea de  la rentabilidad de las utilidades y la magnitud de la economía sumergida creada.

Defensa del Estado

Queda claro que las "familias" manejan estrategias para desarrollar acciones y mantenerse sostenibles en diversas latitudes y particularmente en la región de las Américas y el Perú.
No es nuevo indicar que el crimen organizado tiende sus tentáculos para penetrar e inficionar_ haciendo metástasis_ en instituciones  tutelares y auxiliares del Estado, llegando a infiltrarse con el poder que da el dinero para obtener favores políticos que facilite su accionar.
Esta correlación de fuerzas se establecen sustentados en el soporte que le dan ciertos medios masivos de comunicación y una incipiente integración regional para hacer frente a una alianza ilícita que no tiene fronteras.
Cabe mencionar también la existencia de un periodismo serio y consecuente con el desarrollo del país, el cual es sujeto a presiones y amenazas; como es en el caso del periodista Alberto Rivera Fernández quien fuera atentado por sicarios y asesinado en represalias por sus denuncias periodísticas sobre actividades del narcotráfico en la región nororiental del Perú.
Los métodos aplicados para la infiltración son conocidos y fueron aplicados en el pasado por cabezas de organizaciones criminales, los tristemente recordados Alphonse Gabriel Capone (USA) , Pablo Escobar Gaviria (Colombia), Amado Carrillo Fuentes (México), entre otros personajes transfrontera.
En Perú, tras cada "familia" ligada a esta alianza, hay una historia que citar.
Para medir el grado de infiltración, podemos citar los secretos del narcoavión que da cuenta del hallazgo (11 de Mayo de 1996) de 170 kilos de clorhidrato de cocaína en un avión de la Fuerza Aérea Peruana  que viajaba a Rusia , contando entre sus pilotos al edecán de un ex Presidente de la República peruana que actualmente purga condena en prisión.
En marzo del 2013, se encuentra 100 kilos de clorhidrato de cocaína en una empresa ligada a un actual congresista de la República, hijo del ex presidente preso y hermano de una candidata presidencial en los últimos  comicios electorales generales del año 2011. 
Los hechos precitados son sólo un ejemplo de las múltiples incautaciones por tráfico ilícito de de drogas realizadas en Perú y que dan cuenta en la actualidad de la alianza materia del presente análisis, el cual se traslada a los indicios razonables y elementos suficientes que podrían dar pie a una investigación profunda de los llamados "narcoalcaldes", "narcocongresistas" y "narcopresidentes regionales" que en parte hace mención la revista caretas en su edición del 29 de Agosto del 2013.
Para dejar anotado los indicios de impunidad, podemos mencionar el caso de los "narcoindultos" que habría sido implementado entre julio del 2009 y marzo del 2010 para darle un trato de "gracias presidenciales" y conmutar penas aquellos condenados por narcotráfico en el Perú.
En este contexto, la alianza precitada se consolida y toma fuerza con el poder político.
La estrategia del lado oscuro pasa por hacer ver a la minería ilegal (o minería criminal) como parte de la minería informal (que si es materia de atención y responsabilidad del Estado atenderlos en su proceso de formalización).
De este modo en Perú excluyen a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado; lo que en buena cuenta significa darle oxígeno a su aliado estratégico : El narcotráfico.

Ante ello, resulta justo y necesario que las fuerzas vivas del país se integren en defensa del estado democrático y hagan frente a este flagelo con la fuerza que da la ley y la justicia.

La Historia se repite

En Historia de la minería ilegal en Perú , dejamos establecido que las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.

Por ello en el proceso de su consolidación, la minería ilegal busca la connivencia con el lado oscuro del poder político.
En el año 2000, la sociedad peruana, escribió un episodio trascendental en defensa de sus derechos ciudadanos con una movilización popular realizada los días 26 ,27 y 28 de julio del citado año, encabezada por Alejandro Toledo Manrique,líder del partido político peruano Perú Posible y secundado por diversos movimientos sociales, partidos en su mayoría de izquierda pero también de centro y de la derecha democrática.
El motivo de esta marcha fue la acusación de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú.
Hoy , 11 de Setiembre del 2013, a doce años del atentado terrorista de las Torres Gemelas del World Trade Center, en un hecho signado por el horror y caos , recordamos que hace 17 años en Perú (1996) Alberto Fujimori inició maniobras ilegales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia de la República apesar de la constitución recientemente promulgada; quien lo prohibía textualmente.
Tras el triunfo forzado que obtuvo el gobierno en elecciones con un solo candidato, Toledo propuso una marcha nacional ( "Marcha de los cuatro suyos") desde diversas partes del país hacia Lima para el 26 de julio, dos días antes de la eventual proclamación de Fujimori.
La marcha se prolongó durante toda la noche del 28 de julio del 2000 hasta la medianoche del 29; el evento dejó cientos de detenidos por los disturbios.
Fujimori usó los hechos para acusar a Toledo y apartarlo de los sectores moderados de la sociedad que lo apoyaban.
La prensa y los medios electrónicos solo emitían noticias que pasaban por el filtro del oficialismo de ese entonces, a pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la corrupción, donde muchos peruanos anónimos arriesgaron la vida, hombres que no pertenecían a ningún partido o movimiento político dieron la cara y pusieron el pecho por la democracia en el Perú.
Con la recuperación de la democracia y el estado de derecho, el Perú generó la confianza de la inversión privada extranjera y empezó su despegue económico, crecimiento y desarrollo que en la actualidad se le reconoce con el nombre de "milagro económico peruano en el mundo".
Pasados trece (13) años , fuerzas oscuras ligadas a la alianza perversa , pretenden retrotraer al estado de situación que mantuvo al país sumido en el caos y anarquía, caldo de cultivo en que se reproducen las actividades ilegales en un determinado territorio.
Se trata de arrinconar al Estado peruano, haciéndolo parecer ante los ojos del mundo que en el país absolutamente todos los políticos son corruptos y que la nación jurídicamente organizada, convalida la corrupción o convive con ella.
Este escenario novelesco, propio de mentes insanas, que pretende implantar la ley de la selva impulsando, fomentando, promoviendo y financiando tomas de carreteras y violencia generalizada, simplemente no pasara, ya que en el Perú de hoy, existe una sociedad peruana pujante que sabrá defender el Estado de derecho y estabilidad económica en un País que construye su futuro con  esfuerzo y que será legado a sus futuras generaciones.

Impactos colaterales

La sociedad peruana no ve con buenos ojos el accionar de algunos de sus legisladores (85.5% de peruanos desaprueban su labor), ven con desaliento su poco compromiso con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea, pues a pesar que el Perú tiene las tasas más altas de minería ilegal en la región y miles de hectáreas de bosques son literalmente arrasados por los efectos devastadores de la extracción ilegal de oro, los padres de la patria se resisten a ver la realidad que son mostradas por medios de comunicación no monopólicas que se mantienen aún firmes al poder del dinero que compra conciencias.

Muchos consideran que se aplica en el parlamento nacional el dicho popular : "en el juego de la corrupción, quien sabiendo que hay corrupción, no hace nada por acabarla, es porque es parte del juego."

La tendencia hacia la contracción a nivel de la recaudación de los tributos internos vinculados a la minería formal es otro efecto que no se puede soslayar en esta tarea pendiente.

Ciertamente, la recaudación minera cayó 39.7 % en ocho meses ( Entre Enero y Agosto) del año 2013 en términos reales en comparación con el mismo periodo del 2012.

A mayor abundamiento de los impactos percibidos, el actual Presidente de la República Ollanta Humala, en su mensaje a la Nación del 28 de Julio del 2013 precisó que "El narcotráfico y la minería ilegal producen el 60% de la inseguridad en el país, en la medida que, a su sombra, surgen delitos conexos como el terrorismo,tráfico de insumos,lavado de dinero,sicariato,entre otros".
Hacemos votos para que se consolide una política de Estado en Perú que integrada a la región de las Américas, luche frontalmente contra la alianza estratégica "Oro y oro blanco" y permita regular la economía sumergida que subyace al crecimiento económico sostenido que viene caracterizándose en el país.

Minería & carreteras

En Minería ilegal y toma de carreteras se tocó una de las aristas que tiene el bloqueo de vías de comunicación  y que en ese extremo concordamos en que el país tiene una agenda pendiente por resolver.
Asimismo, en Impacto minero en la economía peruana mencionábamos que según una Tabla Insumo Producto se mostraba que la minería adquiere más del 95% de sus insumos localmente.
En ambos casos, el incremento de las operaciones mineras y los mayores proveedores de servicios al sector minero demandan el uso de medios y vías de transporte, entre los cuales se encuentran las carreteras.
En este contexto, la minería hace su parte, pues contribuyó y contribuye decididamente a la conectividad del país, especialmente al incorporar vías de acceso a las áreas rurales y zonas de influencia de labores mineras, así como caminos de penetración en nuevos proyectos.  
Este hecho coadyuva a que la economía peruana se podría encontrar entre los cuatro países con mayor crecimiento del mundo en el año 2013 .
Sin embargo, este crecimiento de la economía peruana no se transforma completamente en desarrollo y mucho menos en mejora de la calidad de vida de las personas si es que no se contempla adecuadamente el impacto que produce los cuellos de botella formados en áreas focalizadas del país. Allí donde se requiere que los diferentes niveles de gobierno actúen coordinada y oportunamente para no desalentar la actividad empresarial que se aprecia en Perú.

Para muestra un botón : La Carretera Central

La denominada Carretera Central que conecta Lima con las localidades del centro del país, rebasó largamente su capacidad de circulación, pues la demanda del parque automotor que circula en esta importante vía de comunicación del país, simplemente no se llega a cubrir.
Apelando a la conocida frase "una imagen dice mas que mil palabras", consignamos las siguientes imágenes fotográficas actuales_ del mes de setiembre del 2013_ que dan cuenta de la forma como se generan los problemas de circulación y diversos sobre costos en esta carretera que cruza la parte central de la cordillera de los Andes.

Vista Panorámica de la circulación vehicular en la Carretera central

Los costos de transporte se encarecen inexorablemente.

Las ventajas competitivas se ponen en duda con el transporte.

Los niveles de seguridad se encuentran al límite.

Los accidentes de transporte son mas frecuentes.

Los accidentes dificultan todo tipo de tránsito vehicular .

Los accidentes atribuidos al estado de vías son previsibles.

Los accidentes de tránsito le cuestan cada año al país aproximadamente el 1.5% del producto Bruto Interno (PBI), es decir unos mil millones de dólares anuales.
En el Perú, en los últimos años se han incrementado los accidentes de tránsito y con ellos las muertes y lesiones por estos eventos, siendo considerado como primera causa de carga de enfermedad por el alto número de población joven afectada .

Ventajas competitivas

El crecimiento logrado en Perú en los últimos años, presiona el déficit severo de infraestructura de transporte que funciona como uno de los principales cuellos de botella de nuestro crecimiento y,  la velocidad con la que creamos oportunidades y atraemos nuevas inversiones.

En este sentido, es de necesidad prioritaria que la administración del estado pueda resolver el tema de las vías de primer orden, las también llamadas carreteras principales, las cuales constituyen vías troncales de alto tráfico que conectan poblaciones importantes y permiten hacer posible la exportación de productos minerales cuando se conectan a puertos de embarque.

En la medida que se mejore estas vías, como es en el caso de la carretera Central, o se contemple vías alternativas que puedan descargar el alto tránsito por las mimas se podrá obtener reales ventajas comparativas que Perú pueda ofrecer a las inversiones por su privilegiada geología, así como su superioridad regional en cuanto a ventajas competitivas para invertir en minería, particularmente en materia de costos, marco legal estable y la nueva política de facilitar y agilizar trámites y permisos.

¿Minería ilegal o minería criminal?

Se continúa confundiendo los roles que juegan la minería formal, minería informal y la minería ilegal, que en algunos países ya toman el nombre de "minería criminal".

Es así que con el título de Minería informal, el ex ministro de economía peruano Pedro pablo Kuczynski opina sobre el particular en el diario correo:

"Los estragos ambientales, tributarios y morales causados por el auge de la minería informal están nuevamente en la primera plana. ¿Por qué hay tanta minería informal hoy en el Perú? Pero también hay minería informal en muchos otros países, sobre todo en África y Asia.

¿Cuál es la razón?

- La primera sin duda es el alto precio del oro, que se fue de $400 por onza hace diez años a $1900 el año pasado.

Desde entonces ha habido una fuerte baja a $1300, pero en las últimas semanas hay una recuperación a más de $1400 a raíz de los problemas en el Medio Oriente.

Los mismos altibajos ocurrieron a mediados del siglo 19 a raíz de las revoluciones en Europa. En esa época hubo una migración masiva hacia California para buscar minas de oro, y se crearon los legendarios "forty-niners" (la generación de 1849), los mineros informales de esa época.

- La informalidad, no solo en minería sino en todas las actividades económicas, surge de la falta de otras oportunidades: aunque el mercado del trabajo en el Perú ha mejorado notablemente en la última década, todavía no es un mercado fluido en el cual las nuevas generaciones pueden conseguir un trabajo formal fácilmente. La presión de la informalidad mantiene los sueldos bajos y la debilidad del sistema educativo, sobre todo en tecnología, limita la oferta de trabajo formal rentable.

- Contribuye también la tradición de corrupción en varios niveles de las autoridades: se dice que hay muchos casos de corrupción a nivel municipal, policial y, según los medios, también judicial. Además, hay la complicidad de algunos proveedores de insumos y de equipos, sin los cuales sería imposible desarrollar una operación minera rentable.

- Y finalmente el proceso de formalización en el Perú es muy complicado, con autoridades tributarias y policiales que rebuscan el origen de todos los fondos, con multas confiscatorias que quitan cualquier incentivo para que empresas pequeñas y medianas se formalicen.

¿Qué debemos hacer?

Los medios, al publicitar los gravísimos daños que hace la minería informal, ya están colaborando en buscar una solución. Los daños de la minería informal no solo son ambientales sino también morales, como por ejemplo la prostitución y el uso y abuso de niños en el trabajo. Lo primero obviamente es no ceder ante las presiones de los operadores informales: no se puede correr plazos ni dar la impresión de que en 2016 o 2021 se arreglarán las cosas de una manera u otra, aún no definida.

Aunque tenemos en el papel una policía ambiental, de hecho no existe porque no tiene recursos. Debería ser un cuerpo de élite, con helicópteros, organización y armas disuasivas. Hay buenos ejemplos en varias partes del mundo, cuya experiencia se podría aplicar en el Perú: por ejemplo el Department of Natural Resources del Estado de Wisconsin, entidad creada hace más de 100 años, ha sido exitoso y es un cuerpo cuasi militar, muy bien equipado y financiado que ha preservado la naturaleza prístina de ese gran estado norteamericano. Hay muchos más ejemplos en Europa también.

Hace más de 30 años, el Ministerio de Energía y Minas y el de Economía teníamos el Banco Minero: en la crisis de los minerales de los años 1981-1983, se creó el Fondo de Compensación Minera que contribuyó a salvar a la pequeña minería. Pienso que debemos volver a pensar en una entidad como el Banco Minero.

Se necesitaría una iniciativa legislativa, pero el accionariado debería incluir a las empresas mineras privadas y podría ser financiado en parte por la regalía minera, que ya existe, pero que por el momento es un simple recurso fiscal general. El banco se comprometería a comprar la producción ambientalmente certificada de mineros pequeños y promovería su acceso al crédito, creando asociaciones o cooperativas formales que puedan compartir créditos operativos, equipos, mantenimiento, etc. Sé que esta propuesta será mal recibida en algunos sectores, pero también sé que no podemos seguir como estamos y tenemos que experimentar con otras soluciones a las simples propuestas de represión, sin ningún incentivo para la formalización.

Y finalmente tenemos que crear incentivos para la formalización, no solo del sector minero, sino en todos los sectores económicos, creando un régimen gradual de reducción del IGV, un sistema de impuesto a la renta transitoriamente reducido para los que se formalicen (por ejemplo, 10% por 10 años), con "borrón y cuenta nueva" para los activos que se hubieran creado anteriormente, y también un sistema de transición hacia la formalización en temas laborales y legales.

Rectificación de temas mineros

Como mencionáramos en Historia de la minería ilegal en Perú : " Se podrá reducir y controlar la minería ilegal si se planifica la intervención en diversos escenarios de la realidad peruana....caso contrario, sólo se estaría repitiendo la historia de la minería ilegal y dilatando en el tiempo el buscar una solución que históricamente es demandada por diversas localidades del país y millones de peruanos que buscan incorporarse al crecimiento y desarrollo que viene logrando el Perú de hoy.
Para muestra del consenso que se va alcanzando sobre el particular, tomaremos dos opiniones de actualidad que coinciden con lo antes mencionado.
La primera, que da cuenta de la opinión del especialista en derecho ambiental Dr. Pierre Foy, sobre el escenario legal:
"Resulta curioso que haya pasado inadvertida la enorme fisura y contrariedad que conlleva la Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (SENACE), Ley N° 29968.

En efecto, si el espíritu de dicha norma se supone está orientado a garantizar una mirada múltiple e intersectorial para la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d), superando el enfoque sectorial (“ventanilla única”) que se había establecido desde inicios de los noventa y que por ejemplo, permitía la aprobación de los EIAs por sólo un ministerio, pues ahora la propia ley en mención se encarga de (auto) sepultar sus buenos propósito, al dejar abierto un inocultable forado o boquerón.

No hay que ser muy letrado para identificar cómo lo que se hace con una mano se borra con la otra y lo más llamativo y sin mayor rebuscamiento, es que todo esto se señala en el mismo artículo que crea dicho servicio.

Mientras por un lado en el artículo 1° inciso 3°, lo crea señalando:“El SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (...);por otro lado, más adelante continua el dispositivo “ ...salvo los Estudios de Impacto Ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo.

Es decir, tanta batahola y alharaca garantista por crear un mecanismo de aprobación de los EIA-d (que por definición son complejos y comprometen diversas aristas sectoriales) con el objeto de contar con una nueva mirada de ventanilla múltiple, etc. para que sin que hayan transcurrido siquiera unas cuantas líneas del mismo artículo 1° inciso 3 la propia norma se encarga de abrir un “portón” para regresar a la ventanilla única, sin mayor argumento y dejándolo todo a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, el cual reglamentariamente podría hacer lo que mejor le plazca.

Necesitamos una mayor racionalidad en la generación de las normas legales –no solo respecto las que tienen rango de Ley, sino de todas las normas jurídicas en general– pues luego se desencadenan problemas aplicativos, reglamentarios o interpretativos, que ciertamente son propios del quehacer normativo, pero que para muchas situaciones esenciales o básicas se pueden prever y no ser tan ostensibles sus contrariedades".
La segunda y en el mismo orden de ideas, recoge el editorial "tres errores" publicado el día de hoy en el diario El comercio: 
"La semana pasada vimos cómo entre 7 mil y 8 mil mineros de regiones como Ica, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho bloquearon carreteras y participaron en enfrentamientos (con heridos de por medio) para exigir la derogación de una norma que establecía el procedimiento de formalización de la minería informal.
El gobierno, finalmente, llegó a un acuerdo con ellos y, con motivo de este, publicó un decreto supremo que flexibiliza los requisitos que deben cumplir estas personas para ser formales. Según el ministro del Ambiente, esto sería un éxito, pues habría “30 mil mineros informales camino a la formalización”.
El problema de la minería que opera fuera de la ley,nadie puede negarlo, es enorme y difícilmente cualquier gobierno podrá eliminarlo de un solo zarpazo. Pero es importante tener en cuenta que tampoco se podrá avanzar si, al margen de los acuerdos a los que se pueda llegar con los mineros y de las normas que se emitan, el gobierno comete tres errores recurrentes.
El primero de ellos es que sus declaraciones y leyes en favor de una minería ambientalmente responsable a menudo no suelen verse respaldadas por la fuerza pública.
De nada sirve proclamar que la minería ilegal está prohibida en teoría si el gobierno no pone a los policías necesarios para que esté prohibida en la práctica. Por ejemplo, como ya hemos informado antes, según la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral, se estima que en el 2012 la minería ilegal destruyó 1.973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que el año anterior. Y este año ya serían 872 las hectáreas devastadas. Esto, principalmente, sería consecuencia de que el gobierno no asigna los recursos necesarios para combatir a esta lacra. De los 500 policías que llegaron a esa zona el año pasado para luchar contra esa actividad, hoy solo quedan 80. Un número claramente insuficiente si se tiene en cuenta que existen diversos campamentos mineros ilegales que desalojar y que en el más grande de los asentados en la zona de amortiguamiento trabajan 5.000 personas. Esta situación resulta aun más complicada si consideramos que, desde hace dos años, la fiscalía ambiental que opera en Puerto Maldonado cuenta solo con un fiscal especializado y un adjunto, a pesar de que la carga procesal de la misma supera los 2.500 casos.
El segundo error recurrente del gobierno es su tendencia a tolerar manifestaciones violentas y bloqueos de carreteras por parte de quienes reclaman algún tipo de beneficio.
¿Cómo sería el país si cada vez que un ciudadano quiere presentar un reclamo que a él le parece justo toma para ello una carretera y afecta la libertad de tránsito y la seguridad del resto de peruanos? En lo que va de su administración, el gobierno viene enviando la señal de que la forma más efectiva de hacerse escuchar es amenazar los derechos de terceros. Y eso no solo significa una escasa capacidad de proteger a la población y al Estado de derecho, sino también que los ilegales saben que tienen una buena chance de que, usando ese mecanismo, el Estado se haga de la vista gorda con ellos.
Finalmente, el tercer error del gobierno es no percatarse (o hacerlo tardíamente) de que, en algunos casos, muchas de sus mismas disposiciones conducen a los mineros a la informalidad.
El señor Jiménez reconoció que “existió deficiencia e irresponsabilidad” en emitir el decreto cuya suspensión pedían los manifestantes, razón por la cual se habrían flexibilizado los requisitos de la formalización. Asimismo, las barreras burocráticas que enfrentan los mineros artesanales para poder ser formales desincentivan a muchos de ellos de operar en una situación en que se pueda fiscalizar que cumplen la normativa ambiental.
El combate a la minería ilegal es algo que debe unir a todos los peruanos que creemos en un país desarrollado y respetuoso del medio ambiente y de la vida de los ciudadanos. Pero, para tener éxito en esa lucha, es importante que el gobierno aborde absolutamente todos sus flancos".

¿Oro a cambio de comida?

El reconocido crecimiento económico peruano hizo que en los últimos ocho (8) años el nivel socio económico se eleve en sus provincias y en Lima, su capital de la República.
Tanto el efecto multiplicador inmobiliario y constructivo de los centros comerciales, así como el crecimiento ostensible de la venta de electrodomésticos no impactan tanto visualmente como sentir que un 75% de la población nacional cuente con un equipo de telefonía móvil (celular) y el explosivo incremento del parque automotor, constituyendo indicadores del crecimiento un tanto desordenado que se viene presentando.
Recordemos que el consumo interno constituye sólo una de las fuentes de crecimiento a corto plazo, sin embargo no son sostenibles en el tiempo si es que va sin el necesario acompañamiento de la inversión y otras variables que dinamizan a los agentes económicos.

Por el momento, el consumo interno es uno de los elementos que viene dinamizando la economía peruana, impulsado por motores , entre las que se encuentra el sector minero, y dentro del cual, la minería de oro (formal, informal e ilegal), tiene especial incidencia por su distribución espacial que abarca a casi todo el territorio nacional. En este lapso se estaría considerando sólo en transferencia de canon minero el orden de S/. 31,300 millones de soles.

Por eso, muchos de los mineros de oro informales sueñan, o han soñado en algún momento de sus vidas, que exista una administración del gobierno peruano capaz de hacerles llegar una propuesta que consideren atractiva para sus intereses.

Si es un minero informal quien recibe la propuesta probablemente acepte la oferta, pero si es un minero ilegal con toda seguridad responderá que No.

¿Porqué esta diferencia de conducta?

Una primera explicación la podemos encontrar en que el minero informal, valorará esta petición inesperada como una oportunidad de mejorar las condiciones de trabajo y por tanto su calidad de acceso a mejorar su calidad de vida, una propuesta que pueda alejarlo de las sórdidas condiciones laborales que vulneran su dignidad humana.
En tanto, el minero ilegal no, pues utilizan medios ilegales, sus fines son ilegales y sólo pueden desarrollarse en un nicho ecológico ilegal.
Como vemos los mineros informales y los mineros ilegales reaccionan de formas diferentes ante las propuestas de trabajar bajo las reglas generalmente aceptadas por las sociedades organizadas en Perú y el mundo.

Un minero informal, cuando se decide a trabajar en las condiciones en que labora, es porque no encuentra las condiciones para superar las barreras burocráticas que el sector tiene para la formalización.
Sin embargo, existen posiciones extremas indicando que “desde que se emitieron las leyes, no han podido formalizarse ni uno solo de los quinientos mil mineros informales peruanos”.

Se busca tratos especiales, suavizar las normas y criterios. En suma diferenciar el tratamiento de las leyes para unos y otros.
Con ello se busca recurrentemente ampliar los plazos de funcionamiento en el estado de informalidad y ampliar el espectro de posibilidades que le permitan acceso a las labores mineras.

Según datos del Ministerio de Ambiente, existen 77,723 declaraciones de compromiso presentadas por mineros informales.
Según su base de datos, más de veinte mil mineros informales pasaron a la condición de ilegales porque rechazaron la formalización.

¿Quiénes son sujeto de formalización?

De acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM, el Sujeto de formalización es la persona natural, persona jurídica o al grupo de personas organizadas que, antes de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1105, ejerce la pequeña minería y minería artesanal. Cuenta con la Declaración de Compromisos registrada en el Gobierno Regional correspondiente que lo acredita como sujeto de formalización.
Visto de esa forma, el estado peruano contaría con una línea base para definir la condición de ilegalidad y judicializar eventualmente los casos de quienes no están dispuestos acatar los plazos dispuestos por el Decreto Supremo Nº 006-2012-EM y sus normas modificatorias y complementarias;Decreto Supremo Nº 004-2012-MINAM y sus normas modificatorias;Decreto Supremo Nº 001-2013-MINAM, Decreto Supremo Nº 003-2013-EM y probables normas legales futuras que continuarán en el marco del proceso del ordenamiento minero.
El estado peruano ya antes reculó en el cumplimiento de sus objetivos de regular al sector minero informal  y controlar a la minería ilegal en el pasado y cuando en el año 2011 dictara el Decreto de Urgencia N° 028-2011 _ Se declaró  de necesidad e interés nacional la recuperación de las cuencas Ramis y Suches en Puno_que luego dieran lugar al Decreto Supremo N° 035-2011-EM, entre otros tantos esfuerzos legislativos con tan bajo cumplimiento que la contaminación por labores mineras persisten y en lugar de haberse reducido, aumentaron.
De la misma forma, existen registros que dan cuenta que la formalización minera fracasó en Madre de dios pese a leyes.
Ya explicamos en Historia de la minería ilegal en Perú sobre las causas que generaron este aumento y reiteramos un hecho evidente, se continúa colocando en un sólo orden a la minería informal con la minería ilegal, siendo ambos de etiología,manejo y tratamiento distintos.

Los mineros informales, pese a sus reticencias pueden llegar a entender que es posible obtener beneficios de esta coyuntura.
Evidentemente, el beneficio fundamental es a tener acceso al mercado que representan las 18 toneladas anuales de oro que se extraen ilícitamente según el estudio elaborado por la defensoría del pueblo : “Gestión del estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú”.

Tengamos presente que, para un minero informal permanecer integrado al minero ilegal, le reportará inminentes perjuicios, toda vez que serán sometidos por la fuerza pública, es decir que finalmente serán interdictados por alguna administración del Estado peruano que sí alcance a organizarse y planifique adecuadamente su accionar para respetar y hacer cumplir las leyes.

Minería informal en Provincia del Santa_Ancash

Como ya es recurrente, estando próximos a vencer la "danza de los plazos" para la formalización de la minería informal, el poder Ejecutivo, se ve arrinconado por bloqueos de carreteras para levantar paros si es que se dictan nuevas normas legales para satisfacer tanto a los mineros informales como a los verdaderos mineros ilegales, aquellos que con sus poderosos recursos económicos se amparan en poblaciones excluidas, que por miles son utilizadas en contra de la nación jurídicamente organizada.
Aquel Estado que desea ordenar una actividad que en términos tributarios representa más de 500 millones de soles de evasión fiscal cada año.

El proceso del ordenamiento de la minería está actualmente en una etapa en que miles de personas salen a exigir extensión de plazo para formalizarse, bloqueando carreteras, en tanto que el gobierno que inicialmente se mantenía firme en su negativa a la prórroga, terminó aceptando la ampliación de plazo de formalización minera, la misma que muy probablemente se extienda hasta el año 2016, dicho de otra forma, para que lo pueda atender la próxima administración del estado peruano. Lo dicho, la historia se repite en el país.
Es así que resultaron efectivos los últimos bloqueos de carreteras, en los lugares acostumbrados, como es a la altura del kilómetro 18 del tramo Cusco-Abancay; en Nazca, entre los kilómetros 419 y 450 de la carretera Panamericana Sur, en la carretera Panamericana Norte, cercana a la localidad de casma al norte de Lima, y otros tantos que dan cuenta los medios informativos del país.

Ponderación,tolerancia,prudencia y firmeza

La invocación que hacemos a las partes en el futuro próximo, es que el tema se maneje con ponderación,tolerancia, prudencia y firmeza debida, pues el país se encuentra en un proceso de cambios, y como tal se debe buscar el entendimiento y tener mayor capacidad de adaptación, de flexibilidad y de control sobre nuestro propio accionar y el de las familias que se ven involucradas en un proceso donde los stakeholders asuman sus responsabilidades históricas.
Por una parte tenemos a la actual administración del Estado peruano que tendría como agenda pendiente, revertir la opinión mayoritaria donde nueve de cada diez peruanos cree que las leyes no se respetan en el país, y en consecuencia, dejar establecido que los plazos legales si se cumplen.

Además, deberá identificar sin duda alguna lo que representa la minería informal y distinguirla entre lo que es y significa la minería ilegal para el espacio local, distrital, provincial, departamental, regional, macro regional y Nacional.
No se puede ni debe soslayar los proyectos y medidas inmediatas para atender a la población impactada por el proceso, con especial énfasis en niños y adultos mayores.
Es preciso actuar con tolerancia y prudencia en tanto se respeten los derechos de terceros y por cuanto en la actualidad tenemos a miles de personas dedicadas a este rubro en 21 de las 25 regiones del país. En este contexto, es inadmisible el bloqueo y toma de carreteras, las cuales no constituyen una opción.

Del mismo modo, se requiere firmeza para no seguir con poblaciones excluidas y desplazadas que realizan operaciones mineras informales, cuyo producto minero era y sigue siendo un bien de intercambio: oro a cambio de comida.