Sector saneamiento en zona rural

En Gasto público y proveedores nos referíamos en cierta forma a la dimensión de las distorsiones que venían tomando los niveles de inversión pública en Perú y nos enfocamos en las obras de Saneamiento: construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Asimismo, en Inversión Sectorial en Saneamiento  citamos los miles de millones de dólares invertidos para el sector en los últimos veinticinco años (periodo comprendido entre 1985 a la primera mitad del año 2011).

En este orden de avances realizados, se suma la inversión realizada por la actual administración Humala que supera los seis mil setecientos treinta millones de nuevos soles a partir de mediados del 2011 hasta la actualidad (mas de dos mil millones de dólares). Sin embargo, en términos reales se observa que el avance en el sector saneamiento es lamentablemente limitado. Las causas son atribuidas a diversas etiologías, algunas de las cuales se encuentran por determinar en procesos abiertos en el poder judicial por gestiones de ex presidentes regionales como es en el caso de Tumbes, Ancash, Moquegua, Huancavelica, Cerro de Pasco, entre otros.

En este contexto, según fuentes oficiales indican que si bien ocho de cada diez personas tienen acceso a los servicios de agua y saneamiento en el país, el mayor avance en los últimos dos (2) años se ha dado en las zonas rurales, en las cuales el acceso a estos servicios se ha duplicado. Justamente en estas zonas rurales es donde las poblaciones con servicios básicos insatisfechos se constituyen en potenciales opositores a los proyectos de inversión de las industrias extractivas.

LECCIONES APRENDIDAS 

En el pasado reciente, quedo documentado que muchas obras del programa de agua para todos en su componente para zonas rurales, quedaron inconclusas o sin financiamiento o personal para su operación y mantenimiento. Ciertamente la sostenibilidad de las obras construidas no se valoraron en verdadera magnitud y esa debilidad persiste hasta la actualidad.Las fuentes de financiamiento han sido fundamentalmente recursos del Tesoro Público y empréstitos y recursos no reembolsables de la cooperación internacional, con baja contraparte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

FORTALECER A LAS JASS

Es como una verdad científica que muchas EPS del país se encuentran técnicamente quebradas, por lo que su atención se concentran básicamente a las zonas urbanas y es por tanto necesaria la creación y/o fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) que son organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se forman con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o más centros poblados del ámbito rural.

Las zonas rurales en Perú, demandan un mínimo conocimiento de su realidad, antes de la ejecución de una obra y es fundamental un trabajo de intervención social que trabaje el componente socio-económico previo. La concepción del proyecto deberá ceñirse a la realidad concreta de la localidad rural, las mismas que en su mayoría no cuentan con la organización ni los recursos económicos y financieros suficientes para poder operar y mantener un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado ; y mas aún si fueron dimensionados con características de zonas urbanas. Es claro que una JASS verá muy difícil manejar un sistema que fuera proyectado y construido sin aprovechar la fuerza de la gravedad para la evacuación de sus aguas residuales por ejemplo. La fuerza de la gravedad es gratuita, en tanto que la energía eléctrica demanda costos que muchas veces las tarifas de operación y mantenimiento no llegan a cubrirlas.

EL CASO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS

El centro poblado de San Marcos, se encuentra en Soritor-Moyobamba, región San Martín, ubicada entra las regiones que mas han crecido y desarrollado sostenidamente en Perú. El trayecto para llegar a San Marcos se hace con una hora de vuelo desde Lima _la capital de la República_ sumadas 2 horas por carretera hasta llegar a Moyobamba y desde allí un lapso para llegar a Soritor y posteriormente trasladarse en el tiempo al centro poblado. El tiempo que demanda llegar dependerá de las condiciones de la naturaleza, en un espacio donde las condiciones naturales aún se conservan.

Naturaleza prístina en espacios conservados en el centro poblado San marcos

Las protestas sociales en el centro poblado, de conocimiento de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, están siendo atendidas en el marco de la legalidad y el proceso pasa por visualizar los presuntos y eventuales malos manejos de algunos funcionarios locales.

Según criterios técnicos del ordenamiento legal en materia de saneamiento y medio ambiente, se evidencia que existen gruesas fallas en la elaboración del proyecto y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Marcos; las mismas que se pueden resumir en los comentarios e imágenes siguientes:

Buzones recientemente construidos en zonas inundables.

No es necesario ser experto para imaginar cuál será el comportamiento de los habitantes de las viviendas situadas en una zona baja en la cual se descarga el desagüe de una localidad , donde los olores fétidos son diseminados por las condiciones climáticas de altos niveles pluviométricos y elevados grados de temperatura.   

De otro lado, el tratamiento de las aguas residuales implica el desarrollo de criterios elementales de la descomposición de la materia orgánica, balance de masas, entre otros detalles que no se observa en el embalse construido como sistema de tratamiento.

En la figura siguiente se podrá apreciar que no existe un medidor de caudales tipo parshall o similar para las lagunas y estas están a cielo abierto almacenando las aguas de lluvias que en esta época del año son apreciables.

Embalses a modo de lagunas de estabilización. 

Las zonas rurales, tanto en la selva alta, como en la selva baja del oriente peruano, las crecidas de los ríos son esperadas anualmente y muy normales, pero en ocasiones de avenidas, se producen inundaciones  importantes en las margenes de los ríos y cuerpos de agua; motivo por el cual, los proyectos deben respetar la información hidrológica que manejan las instituciones estatales y privadas asentadas en la zona de influencia de la jurisdicción.

Zonas inundables en San marcos ante avenidas y eventos pluviales intensos.

En estricto, las obras de Saneamiento Rural en el país deben apuntar a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria y no generar conflictos sociales por deficiencias en las etapas de diseño, ejecución y supervisión de obras. 

Existen responsabilidades compartidas en obras similares en las que pese a las evidencias , se recepcionen las obras mal realizadas en zonas rurales, dando la apariencia que en el sector se está avanzando para llegar a coberturar el servicio de agua potable y alcantarillado. 

Obras como la realizada en la localidad de San Marcos podrían haberse proyectado y ejecutado adecuadamente si es que se respetara no solamente la información contenida por ejemplo en los detalles de los riesgos geológicos difundidos por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico ( INGEMMET) , sino que , se respete a la naturaleza.

Con la aplicación de técnicas de sifonaje y detalles proporcionadas por un número adecuado de calicatas se podría ajustar criterios para determinar el manejo del suelo, niveles de permeabilidad,infiltración de agua y comportamiento del flujo de agua subterránea para mejorar y rehabilitar esta obra recientemente construida en zona rural.

Gestión y subsidios del agua

En riesgo en la provisión de agua potable  describimos la situación crítica por la que se encuentran pasando las empresas prestadoras de servicio de saneamiento en el país y puntualizábamos que la suerte de su gestión caminaba de la mano del devenir político de la autoridad local. Lo lamentable es que esto sucede actualmente, cuando aún existen millones de peruanos sin acceso al agua para consumo humano.

Es así que este problema es histórico en Perú y no es deficiencia de un solo gobierno o responsabilidad exclusiva del gobierno de turno. 
Es recurrente que el tema se ponga sobre el tapete y más aún en un año pre electoral como el presente. Los conflictos entre usuarios del recurso hídrico (como es el caso de las juntas de regantes del agro) se acrecientan en este lapso y el impacto sobre las industrias extractivas, como acontece en el sector minero y energético se incrementan sustantivamente al interior del país. Entre tanto, en la capital de la República Lima y callao acontece lo que sostiene Nicole Bernex, presidenta emérita de Global Water Partnership Perú : que los limeños malgastan el agua porque no les cuesta nada por ser subsidiada y propuso venderla a su precio real.

“El agua la tenemos gratis, la mayoría de los limeños, casi 9 millones, tienen el agua subsidiada y no les cuesta nada. Gastan más de 250 litro por habitante al día”, señaló a RPP Noticias para el informe 360.

“En época de verano la mal usan con los carnavales  y cuando ponen las piscinas en las calles como en el Callao”, añadió.

Piscinas portátiles en vías públicas de zonas populares de Lima y Callao.

Bernex argumentó que una de las soluciones es pagar el precio correcto por el agua. “Para la luz, pagamos el precio justo; para el teléfono, pagamos el precio justo; por qué para el agua no”, cuestionó la presidenta emérita de Global Water.

“En cualquier capital del mundo no se gasta más de 150 litros al día por habitante y en otras mucho menos”, añadió.

Por otro lado, indicó que otro problema del agua en nuestro país es que solo se reutiliza en menos 10% mientras que, en países como Israel, el agua se usa dos veces.

Panorama de Fiscalización ambiental

En importancia de identificar el daño ambiental antes de sancionar  que publicáramos en el mes de Julio del año 2010, explicamos el espacio discrecional abierto a la autoridad administrativa que con facilidad pudiera actuar arbitrariamente priorizando la recaudación de la multa en menoscabo de la remediación ambiental.
Nuestros pensamientos en esa línea fueron transmitidos desde mucho antes, en diversos escenarios, que incluyeron las aulas universitarias y a connotados especialistas ambientales con quienes compartimos experiencias de gestión cuando el suscrito asumiera la dirección en lo que fuera una suerte de organismo para control y fiscalización ambiental formando parte del Ministerio de Salud. Muchos de ellos continuaron en la función pública conformando _ en ese entonces_ el nuevo Ministerio del Ambiente. Algunos se mantienen actualmente en cargos estratégicos ambientales. Evidentemente ganó la posición burocrática sancionadora de las diversas autoridades ambientales competentes.
La prospectiva estratégica planteada nos ayudó en el análisis y el tiempo nos dio la razón, en la actualidad con mayor experiencia en regulación pública y privada, podemos afirmar categóricamente, sobre aquella burocracia estatal en Perú  que apuesta exclusivamente por el control,supervisión y fiscalización sustentados básicamente en los Límites Máximos Permisibles (LMP) aporta muy poco en el crecimiento y desarrollo del país.
En estricto, lo que produce los LMP así concebidos y aplicados en el país, específicamente en las empresas extractivas es, por un lado, un incumplimiento del nivel que afecta la autoridad real de la "autoridad ambiental competente" y por otro, no mitiga la conflictividad social ambiental de los pueblos que protestan por el "estado de contaminación ambiental en que viven". En suma, las sanciones por supuesta transgresión de LMP  sólo alimentan la insatisfacción de poblados excluidos , no remedian el impacto del eventual daño ambiental generado y afectan la competitividad del país. La inversión privada negativa registrada en el año 2014 por el Banco Central de reserva del Perú, no se contrapone con lo antes mencionado.
El diario La República presenta una investigación en este contexto:

“Es cuestión de sentido común. Durante su trabajo habitual, las empresas mineras tienen permitido emitir cierto porcentaje de elementos químicos  (plomo, arsénico, zinc, etc.) en cantidades mínimas que no afecten ni a las personas ni al ambiente que los rodea.

Pero el sentido común no es suficiente. Se necesita un instrumento que sirva para medir este porcentaje. Ese instrumento, en nuestro país, es el Límite Máximo Permisible (LMP). Sin embargo, a la luz de información obtenida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se ha podido comprobar que la mayoría de empresas incumplen y exceden los LMP.

Este exceso del LMP es solo una de las muchas faltas en las que distintas empresas han incurrido, según las resoluciones de sanción por incumplimientos detectados por el OEFA. En total, se trata de 363 empresas de los más diversos sectores. Quienes se disputan la mayor cantidad de sanciones son las empresas del sector minero y de hidrocarburos.

Esta información, de carácter público, se encuentra almacenada en el Registro de Actos Administrativos del OEFA. Sin embargo nunca había sido ordenada de manera tal que pudiera otorgar un panorama general del cumplimiento y la fiscalización ambiental en el Perú. De acuerdo con el registro del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA –la última instancia administrativa–, actualizado hasta el 15 de octubre del 2014, la empresa minera Volcan es la que tiene el mayor número de resoluciones de sanción. En total, 34.

En segundo lugar aparece Pluspetrol Norte, con 15 resoluciones firmes. Luego, la Compañía Minera Ares con 14 resoluciones. En cuarto lugar empatan Doe Run Perú, Petroperú y Santa Luisa con 11 sanciones. En quinto lugar, la empresa Minera Los Quenuales y Raura S.A. con 10 sanciones (Ver cuadro).

Empresas extractivas sancionadas hasta el 15-10-2014

La mayoría de sanciones se debe a la falta consistente en no brindar información (212 veces). La segunda más recurrente tiene que ver con el LMP: incumplimiento del LMP en efluentes. En total esta falta se repite 184 veces. Le siguen el Incumplimiento de Normas de Protección Ambiental (168 veces) e Incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental (138).

SIN LÍMITES

Exceder los LMP no es otra cosa que emitir una cantidad de gases superior a lo establecido, ya sea en cuerpos de agua o en superficies terrestres. Por ejemplo, en el caso de Volcan, el incumplimiento de los LMP se ha repetido 26 veces a lo largo de los últimos cuatro años. Pero, tal vez, lo más preocupante es que, en varios casos, esta falta se ha cometido en los mismos lugares.

Seis de los incumplimientos se han producido sobre la misma unidad minera, en Carahuacra, Junín; cinco en Cerro de Pasco; cinco en Andaychagua, Junín; cinco en San Cristóbal, Junín; cuatro en Ticlio; y uno en San Cristóbal en Cajamarca.

Al respecto, César Ipenza, especialista en temas ambientales y mineros, señala que una falta ambiental que se produce de manera repetitiva y sobre el mismo lugar debería llamar la atención del organismo fiscalizador, o sea el OEFA, y tal vez llevarlos a evaluar la calidad del aire del lugar impactado.

–Eso debería encender las alarmas porque se estaría hablando de un mismo lugar que recibe la misma presión –explica Ipenza–. Por algo se ponen los límites, no vas a estar superándolos todo el rato. Las empresas han asumido cumplir con esos estándares, si no los pueden cumplir es porque no están haciendo bien su trabajo o sus equipos no están funcionando correctamente.

En algunas de las resoluciones de la Dirección de Sanción y Fiscalización del OEFA, Volcan se defiende señalando que el exceso no ha producido un daño ambiental y que, por tanto, no deberían ser objetos de sanción. Sin embargo, Carol Mora, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), puntualiza:

–Por más que se trate de un exceso mínimo, desde el punto de vista ambiental, cuando estos efectos se ven de manera acumulada, se puede ver la presión y el impacto sobre determinada zona –señala–. No puede haber excepciones.

Además, Sandra Rossi, procuradora del OEFA, explica que “la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, ya ha establecido que el incumplimiento del LMP causa daño en el ambiente”.

Nos contactamos con representantes de Volcan para obtener, directamente, su versión. No obtuvimos respuesta.

EL INCUMPLIMIENTO ES NORMA

El exceso de LMP no es la única falta. Veamos el caso de la empresa de hidrocarburos Pluspetrol Norte, que ocupa el segundo puesto con 15 resoluciones de sanción del Tribunal Forestal del OEFA.

En esta empresa –cuya concesión sobre el lote 8 se extiende hasta el año 2025 y aquella sobre el lote 1AB, hasta agosto del próximo año–, la mayor cantidad de faltas se debe al incumplimiento de las normas de protección ambiental. Por esto tiene seis resoluciones de sanción. Aquí, llama la atención que cuatro de estas faltas se hayan producido sobre la misma unidad ambiental: el Lote 1AB.

Uno de los últimos casos más emblemáticos de Pluspetrol Norte fue el derrame de petróleo en la Laguna Shanshococha, que originó una masiva movilización de las comunidades quechuas de la cuenca del río Pastaza, al norte de Loreto.

Consultada al respecto, Pluspetrol nos alcanzó una carta de respuesta:

“Es importante recalcar que en ninguno de los casos citados, se ha sancionado a la empresa por afectaciones al medio ambiente. Pluspetrol es la operadora de hidrocarburos más grande del Perú, que produce el 39% del petróleo y el 95% del gas del país. De esta manera, no es de extrañar que tengamos procesos abiertos donde las autoridades comprueban la eficiencia de nuestras operaciones”.

Pero esto no es lo único. Pluspetrol Perú Corporation, la otra empresa del grupo, tiene 5 resoluciones de sanción, aparte de las 15 de Pluspetrol Norte. En su caso, la falta más recurrente es el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental, que se repite tres veces, seguido del incumplimiento de las normas de protección ambiental, que figura dos veces.

Los casos de Volcan y Pluspetrol no son únicos. Algunas de las más importantes empresas de minería e hidrocarburos como Los Quenuales de la Corporación Glencore Perú o incluso Petroperú –que no pertenece al sector privado– figuran en el top del ranking. Esto llama la atención sobre todo cuando, como señala Ipenza, se está experimentando algo muy similar a un debilitamiento en la legislación.

–En este país todo puede pasar –dice el especialista–. Esto ya ha ocurrido antes, cuando el Ministerio del Ambiente redujo los estándares de calidad de aire (ECA) y terminó favoreciendo a  Southern y Doe Run.

Por cierto, Doe Run Perú –que se encuentra en un proceso de liquidación– tiene 11 resoluciones de sanción. En su caso, el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental es el que más se repite: 4 veces.

No obstante, aquí no acaba todo. Si las empresas no están de acuerdo con las sanciones (multa incluida) impuestas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, pueden recurrir al Poder Judicial para apelar esta decisión. Pero ese es otro cantar.

CONTRA EL APORTE POR REGULACIÓN

En junio del 2014, un grupo de empresas mineras demandó al OEFA ante Indecopi y el Poder Judicial para evitar pagar el aporte por regulación (APR). Este concepto, que recién se empezó a cobrar a partir del año pasado, para el sector minero, es un mecanismo novedoso que, de acuerdo a estimados del OEFA, debe generar S/. 42 millones para implementar las acciones de fiscalización y que estas se puedan realizar de manera constante e imprevista. Es decir, fortalecer esta función.

Las mineras decidieron atacar en tres frentes: cuatro lo hicieron ante Indecopi, 32 presentaron acciones de amparo cuestionando la legalidad del APR (10 de estas acciones ya fueron desestimadas por el Poder Judicial), y, además, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) presentó una acción popular también cuestionando el aporte.

Una carta de la Defensoría del Pueblo expresó, en su momento, la preocupación por este posible recorte de presupuesto. Sin embargo, hace unos meses, Indecopi falló a favor de las cuatro mineras. El proceso continúa y será la Sala de Defensa de la Competencia quien tome la decisión final.

–El objetivo es ponerle trabas a la fiscalización–, dice Sandra Rossi, procuradora pública del OEFA.

De acuerdo a información consensuada por la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos, y el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, actualizado hasta el 30 de octubre del 2014, 32 de las 36 empresas mineras que cuestionan el APR han sido sancionadas al menos una vez por haber incurrido en faltas ambientales. Además, dos de las mineras que demandaron al OEFA ante Indecopi –la minera Caudalosa y Sociedad Minera Corona– se encuentran entre las diez primeras con más sanciones. El resto de empresas  también tienen un historial de incumplimientos.

La empresa Pan American Silver S.A., de la Mina Quiruvilca, ocupa el primer lugar de la lista de empresas demandantes, con 22 sanciones firmes ¿Los motivos? Haber excedido los Límites Máximos Permisibles en efluentes, no haber cumplido con las recomendaciones de la supervisión, verter directamente al ambiente, sin tratamiento previo, el efluente producido por el lavado de vehículos menores que contienen hidrocarburos, aceites y grasas, etc.

Le sigue la compañía Minera Ares con 19 sanciones firmes también por haber excedido los LMP, no haber impedido que se efectúen derrames de concentrado en el suelo natural del sector, entre otras faltas. En tercer lugar se encuentra Buenaventura con 18 sanciones firmes, otra vez, por haber excedido los LMP en efluentes, “por no haber evitado la dispersión por acción eólica del relave procedente del Depósito de relave”.

Esta información, más allá  de acusaciones contra las empresas sancionadas, debiera ayudarnos a ver el panorama completo de cómo es que viene funcionando la fiscalización ambiental en el Perú, y cómo es que las empresas extractivas responden ante ella.

Queda claro que ante un alto número de faltas ambientales, daños potenciales y reales, urge que la función de control y fiscalización del sector ambiental se fortalezca”.

Manejo de conflicto en Pichanaki

En Agitadores & Actividades extractivas  describimos ,como antesala, algunos detalles que rodearon la toma de pozos operados por la empresa Pluspetrol.

Seguidamente, presentamos la opinión especializada del consultor socio ambiental Felipe Injoque Espìnoza, sobre el conflicto social en Pichanaki :

"El conflicto social desatado en Pichanaki a raíz del paro del 09 de febrero (2015), con la secuela de violencia lamentable, es un tema que ha despertado mucho interés desde varias aristas en las redes sociales, como la referida al rol del Estado, la referida al comportamiento de la empresa o la orientadas a satanizar el comportamiento de algunos líderes sociales involucrados.

Sin embargo es importante también poner en perspectiva que este es un Lote concesionado por el Estado para exploración por hidrocarburos. Es el Lote108, que abarca Junín, Pasco y Ayacucho, con más de 300 km de largo, en el cual la empresa ha focalizado su interés en la zona norte, lejos de la conflictiva zona del VRAE y donde Pichanaki ha sido un punto logístico para acceder a sus áreas de mayor interés.

En los días que han pasado, en las noticias, la empresa Pluspetrol ha sido ampliamente entrevistada, por lo que se puede tener claridad en cuanto a sus planes de negocio y la orientación del trabajo que han realizado, así como el foco de interés que tienen. No está claro sin embargo, el como han actuado con respecto a los líderes que han desarrollado el conflicto, para poder hacer un símil con otros conflictos. Pero estoy seguro que han trabajado con la gente en muchos sitios, donde no hay molestias, sino todo lo contrario, apoyo a su proyecto y conocimiento apropiado debido a un proceso de consulta ciudadana realizado por la empresa.

Porqué entonces un punto en el mapa, como Pichanaki, que para Pluspetrol es un punto logístico, se convierte en un problema social o más bien sociopolítico. Porque Pichanaki no es una comunidad campesina, no es una comunidad indígena, sino una población o ciudad con muchos años de historial de ser un lugar donde existe desorden, por decir lo menos y donde las oportunidades para hacer negocios fuera de la ley, permiten el florecimiento de clanes que no son precisamente aliados de la formalidad de una empresa como Pluspetrol y otras. También está el hecho de que al sur del Lote, como se ha mencionado está presente uno de los enclaves cocaleros, que también está seguramente buscando evitar que la formalidad se acerque a su zona, con lo que encontraríamos causales de interés para generar conflictos.

Entonces debemos colegir que ante una situación de esta naturaleza, la estrategia de una empresa extractiva, que está en etapa de exploración no es la estrategia que pueda responder a un escenario complejo, como el planteado. Relaciones comunitarias solamente, o agreguemos también Relaciones Públicas, no puede ser sino un brazo formal de una estrategia de la empresa mucho más amplia que no conocemos, pero que por las evidencias, probablemente no se está manejando adecuadamente aun.

Hace unos años tuvimos oportunidad de ver un proyecto hidroeléctrico en una zona de características similares y un operador muy grande cuya estrategia abordó una alianza con el Estado y un manejo social muy estrecho en la zona tanto cercana como en el ámbito macro del proyecto, con resultados muy positivos, al no haberse creado ningún conflicto durante su desarrollo. Claramente un enfoque distinto seguramente debido a que mientras en el caso de Pluspetrol, se está ante un tema de riesgo de exploración, en el otro era la construcción de una infraestructura hidroeléctrica, con todo seguro en el futuro, por lo que asegurar la variable política o socio política es clave.

Seguramente veremos a Pluspetrol enrumbando hacia una estrategia similar conforme el proyecto aterrice sus reservas y el nivel de inseguridad y riesgo baje, afianzándose la inversión en el largo plazo.

Tierra y Agua

A la luz de la continua aparición de temas periodísticos referidos a Pluspetrol y los nativos, a Pichanaki o el tema ambiental, se puede apreciar que el tema que ahora está en el tapete es el de propiedad y el de agua, que como dice un dicho, es causal de violencia.

Parecería que hay una secuencia articulada de acciones de las comunidades nativas de Loreto por el Lote 109 (antes Lote 1AB), a continuación de la que las organizaciones sociales de la Selva Central (Lote 108). Primero por un tema que produjo la caída de un ministro y que ahora devela el interés que subyace en la lucha social emprendida. Analicemos pues la agenda tierra y agua, que parece sugerirnos esta secuencia de hechos y veamos hacia adonde apunta y quienes están involucrados.

Para nadie es desconocido que nuestro país (Perú) nació de la independencia de una colonia española, la cual se implantó sobre una cultura autóctona milenaria que en el momento de la conquista estaba en su fase llamada panperuana tardía, con la expansión del imperio incaico. Luego de tres siglos de colonia, en la cual la corona española reconoció títulos a las Comunidades de Indígenas, como lo atestiguan los Garashipos en cuero de oveja que mantienen algunas comunidades muy antiguas en la sierra, la naciente patria peruana, desconoció títulos españoles y cambió radicalmente el trato y reconocimiento a los indígenas, propiciando que durante una centuria hasta la Constitución de 1920 crecieran las haciendas y latifundios a expensas de los terrenos comunales, antiguamente reconocidos por la colonia. Desde 1921 que se crea la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, muchas de estas antiguas comunidades de indígenas fueron registrándose y  volviendo a adquirir personería jurídica, mediante un representante o personero que actuaba de interlocutor con las autoridades de la república. Si leemos a Scorza y estudiamos el tema, efectivamente las Comunidades fueron elevando su voz en una guerra silenciosa por lograr el reconocimiento a sus antiguos títulos de propiedad. Finalmente explotó la lucha a fines de los cincuentas y comienzo de los sesentas, con masacres y enfrentamientos cruentos entre comunidades y autoridades, lo cual propició el crecimiento de la ideología de izquierda reinvindicativa, que se calzó en la ancestral lucha por las tierras de las comunidades campesinas, de forma similar al proceso de sincretización religiosa que se dió durante la colonia.

En Lima siempre mirando al mar y hacia afuera del país, muchas veces ni se veía todo este proceso interno cargado de dolor, de resentimiento, que dificultaba la viabilidad del país. En este proceso social las postergadas comunidades exigieron con creciente fuerza una mayor presencia en la vida política del país y una agenda paritaria con el sistema. Los hitos que hicieron posible su crecimiento fueron las luchas de los sesentas, la revolución de 1968, la llegada del aprismo en 1985 al poder y la aprobación de la ley de deslinde y titulación de tierras comunales, así como luego la ley de tierras de 1994 que prácticamente limitó la posibilidad de expropiar tierras con fines mineros.  Este proceso de igualación dió pie a que en la década de los 2000, se presentaran con mayor fuerza y evidencia los procesos de conflictividad socioambiental que ahora tenemos constantemente en agenda. 

Ahora ¿nos sorprende que en la Selva los nativos de las comunidades quieran lo mismo?, cuando ellos fueron postergados por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 con una inclusión incompleta en el proceso de titulación de tierras, dejando la gran mayoría de sus tierras como propiedad del Estado, para concesiones forestales o petroleras. ¿Coincidencia que los principales conflictos con nativos se han dado con el tema forestal en Bagua y con temas extractivos de minería y petróleo ahora? Creo que bajo esta perspectiva, la agenda está clara, los amigos líderes comunales de la sierra, después de exitosa labor durante 20 años, están apoyando a las comunidades nativas, marginadas en la legislación de los setentas.

La agenda del agua, contaminación, daño ambiental, es agenda común de presión que todas las comunidades utilizan para reclamar sus derechos, el cual analizamos brevemente a continuación.

En el caso del lote 108, se menciona en el Comercio el vertimiento de agua de perforación por años, con altos contenidos salinos, los cuales han dañado el ecosistema que da sustento a los nativos y que motiva el reclamo indemnizatorio que hacen conjuntamente con el reclamo de retribución por el uso de las tierras.

Cual es el tamaño del pasivo del Estado que no se sincera y aunque la OEFA viene sancionando a Pluspetrol, no se menciona el daño actual proveniente de los pasivos de Petroperú, que no tienen a quien ser asignados.  Creo que el Estado, la OEFA y la autoridad ambiental no se puede poner en la posición de fiscalizador de lo que el mismo Estado ha creado en tiempos en que no existía la legislación ambiental. Porqué no afronta el tema como en otros países financiando la remediación y lo necesario para recuperar las áreas dañadas, en vez de querer endosar a Pluspetrol o cualquier empresa su enorme parte en la responsabilidad.

Creo que el Estado tiene una enorme cuenta que saldar y no lo hará con la clásica política de avestruz para lo que quiere esconder como su responsabilidad por lo realizado por Petroperú en el tema ambiental y social y la de atropellar cuando quiere hacer lo que le da la gana, como el querer volver a que Petroperú sea operador. Todavía recuerdo años atrás a fines de los ochentas e inicios de los noventas a funcionarios de Petroperú cuando querían entrar al Parque Nacional del Manu para promover un lote, con argumentos de que por unos cuantos nativos, animalitos y plantitas no se puede parar el desarrollo. Esa forma de pensar tiene que ser erradicada del Estado para mirar al futuro con viabilidad, que solo puede nacer de la equidad con los hermanos nativos, con la maravillosa naturaleza amazónica con que hemos sido privilegiados como país.

Yo creo que es hora que las empresas petroleras, forestales y otras sean aliadas del desarrollo de la mano con las poblaciones y no contra las poblaciones, cuidando la naturaleza, internalizado su costo  y no externalizándolo como se ha venido haciendo desde que los antiguos Bandeirantes asolaron la amazonía de Maynas en la época de las primeras misiones y colonización en plena colonia española. Qué clase de negocio es uno que genera bien estar fuera de la zona donde se genera y luego no tiene fondos para cubrir el daño creado por la externalización ambiental y social realizada.

Las comunidades nativas bien asesoradas por los exitosos líderes de las batallas ganadas en las comunidades campesinas, vuelven a ser las comunidades de indígenas que artificialmente se separaron y lucharán sin duda por años para lograr equidad. Es hora de darnos cuenta y no rasgarnos vestiduras sin ver la pintura completa, como de alguna forma estamos tratando de mostrar. Hay una agenda pendiente que debe ser trabajada para que el país sea viable en el largo plazo. Ahora todos somos peruanos, pero no podemos despreciar nuestro pasado, nuestra antigua sociedad y poblaciones ancestrales. Debemos igualar como dice la Constitución a estos compatriotas que fueron marginados por un sistema que no viene al caso juzgar, debemos mirar adelante, dialogar, corregir, respetar y crear condiciones para el bienestar de ellos y del resto del país, pero con su participación.

El Paradigma de la Propiedad Comunal

Un tema a investigar para tener claridad en el caso de Pichanaki, en la Selva Central, Lote 108 y en Loreto, Lote 109, donde Pluspetrol se ha convertido en un motivo o detonante de una lucha mucho mayor de reclamo al Estado, es el de propiedad comunal en la Amazonía. 

Los conceptos han sido manejados de distinta forma a los aplicados en el resto del país, porque la Amazonía no dejó de verse como una frontera a conquistar, tanto por un Estado lejano en su modelo costeño y de latifundio durante muchos años de la historia republicana, como por la Iglesia, que consideraba a los nativos como un objetivo de evangelización y no solo la Iglesia Católica, sino también de otras confesiones más recientemente.

En lo que a propiedad se refiere hubo una política de colonización durante la república que inicialmente persiguió a los nativos como mano de obra, lo que se agudiza en la época del caucho y fue práctica común bajo la idea de culturizarlos, catequizarlos, pero no se habló de propiedad de los nativos, porque por el lado del Estado era una frontera y por el lado comunal, su estilo de vida silvestre impedía que formaran parte de la nación en términos de ciudadanía por lo que no poseían derechos. Ya luego de la Constitución de 1920 que inicia un proceso de reconocimiento a las Comunidades de Indígenas y luego durante el gobierno revolucionario de fines de los sesentas, se legisló sobre comunidades nativas y se promovió los asentamientos, que impulsó durante varios gobiernos la titulación de comunidades nativas solo en relación a sus poblados con el objetivo de asentar a poblaciones de costumbres itinerantes en un amplio territorio comunal, que fue considerado como territorio del Estado, susceptible a concesiones.

Mientras en la selva baja se configuraba un trato en base a concesiones forestales, concesiones petroleras, básicamente, en la selva alta una mayor densidad de ocupación y presencia de colonos que llegan desde la sierra y desde el exterior, configura un modelo de transición en el que se da la propiedad y un registro predial, dentro del marco jurídico nacional, como es en la zona de la Selva Central, pero también se dan comunidades, también se dan concesiones, según la accesibilidad y la densidad de ocupación.

Una mirada en perspectiva nos proporciona más claridad para entender el fondo de esta conflictividad que se da en poblaciones que, si bien no han tenido un registro de conflictividad muy evidente, aparecen en "Historia de la Gobernación y Comandancia General de Maynas" de Waldemar Espinoza, donde los Huambisas y los Aguarunas tuvieron tempranas rebeliones a inicios de la República.

Finalmente como escribió Adam Kahane en "Como Resolver Problemas Complejos", el planeamiento por escenarios, basado en el estudio y análisis más amplio, como el esbozado, permite aproximaciones que lleguen a reconocimientos y consensos evitando conflictos innecesarios".

Minería peruana & Camisea

La minería peruana está pasando por un bache con proyectos como Conga y otros, sin embargo_de cara al futuro_ puede mirarse en el espejo de la experiencia vivida en el país con la industria del gas natural y el Proyecto Camisea.

Seguidamente reproducimos un interesante artículo de TOGY sobre el particular :  

"Perú fue el primer país productor de hidrocarburos en América Latina, con su primer  pozo perforado de petróleo en 1863. Después de más de un siglo de perforación intensiva y la producción de petróleo concentrada en gran medida en la costa norte y, en menor medida, en la selva tropical norte, la producción petrolera del Perú alcanzó su punto máximo en 1982 a poco más de 200 mil barriles de petróleo por día.

Mientras que Perú había producido previamente grandes cantidades de petróleo, el gas natural nunca se había considerado deseable, y sus grandes reservas permanecían sin explotar.

En medio de nueva apertura económica en el Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori, con la inestabilidad económica, mayor libre mercado y la mejora de las condiciones de negocio para las empresas extranjeras. En este entorno, el gobierno comenzó a tomar medidas para desarrollar el proyecto Camisea.

EL CONSORCIO

Descubierto en 1986 por Shell, la exploración de la región de Camisea reveló reservas estimadas de al menos 14,6 billones de pies cúbicos (385 bcm) de gas natural. Un consorcio inicial de Shell y la estadounidense Mobil (ahora ExxonMobil) comenzó a desarrollar el campo, pero se retiró en 1998 debido a la oposición política y una supuesta falta de rentabilidad, lo que demandó un esfuerzo renovado del gobierno para impulsar el desarrollo del campo .

En mayo de 1999, una Comisión Especial para Camisea presenta una nueva licitación para las distintas fases del proyecto Camisea, invitando a las empresas a presentar ofertas para las concesiones en producción, transporte, y distribución del gas en Lima y Callao .

Un nuevo Consorcio Camisea se adjudicó la concesión para la producción, formado por Hunt Oil con sede en EEUU (35,2%), argentina Pluspetrol (27,2 %), la surcoreana SK Corporation (17,6 %), la compañía argelina Sonatrach (10 %) y la argentina Tecpetrol (10 %). Posteriormente, Repsol compró una participación del 10 % al consorcio de Hunt Oil.

La concesión para el transporte fue dado a Transportadora de Gas del Perú (TGP), un consorcio de Tecgas de Argentina - propiedad mayoritaria de la Peruana Graña y Montero - (30 %), Pluspetrol (19,2 %), Hunt Oil (19,2 %), Graña y Montero (12 %), Sonatrach (10 %) y SK Corporation (9,6 %).

La propiedad cambió mucho desde que se inició la construcción, y los accionistas son actualmente: Grupo de Energía de Bogotá 23,6 %, Enagás 22.4 %, 21.2 % Sonatrach, SK Corporation 11,2 %, GDF Suez 8 %,  Plan de Pensión y Junta de Inversión de Canadá 10,4 %, y  Graña y Montero 2,98 %.

Mientras que la concesión de distribución fue a Gas Natural de Lima y Callao, un consorcio de Tractebel (99 %) y Punta Huaca de Luna (1 %). La compañía ya ha cambiado de nombre y ahora se denomina Cálidda propiedad del Grupo de Energía de Bogotá (60 %) y Promigas (40 %).

CONSTRUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO

El Proyecto Camisea consistió no sólo de los yacimientos de gas, donde los pozos de producción fueron perforados en los campos de San Martín y Cashiriari en los bloques 88 y 56, sino también de toda la gama de servicios necesarios para transportar y procesar el gas.

Estos incluyen la estación de procesamiento de gas en Las Malvinas en la región de Cuzco, de la que el gas se transporta en dos ductos, uno llevando gas a Lima, y ​​los otros líquidos que se transportaban a la planta de fraccionamiento de Pisco e instalación de Perú LNG  para la exportación.

Se esperaba que requerirá una inversión combinada de US $ 3 mil millones y $ 4 mil millones  para las tres etapas del proyecto [upstream, midstream y downstream].

Para la parte aguas arriba (upstream), una financiación considerable se obtuvo del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos ($ 210 millones) y Citibank Grupo ($ 120 millones), con una mayor financiación recibida de una serie de bancos y organizaciones comerciales más pequeños.

Hasta la fecha, la exploración y el desarrollo del proyecto Camisea ha costado más de $ 3.7 mil millones, incluyendo las expansiones de la planta de separación de Las Malvinas y la planta de fraccionamiento en Pisco. El consorcio Camisea ha anunciado que durante 2015-2016 se tiene previsto invertir un adicional de $ 500 millones en el bloque 88, que verá la exploración y la actividad de perforación como el suministro del bloque será enteramente dedicada al servicio de la demanda interna.

PRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Con una producción inicial de 400 mpc (11,3 mcm) por día de gas natural, Camisea ha estado en un proceso de continua expansión desde que comenzó operaciones. En la actualidad, el proyecto está produciendo 45,3 (1,6 millones de pies cúbicos) por día, lo que le permite abastecer el 95 % de la demanda interna del Perú para el gas, así como la exportación de más de 200 millones de pies cúbicos (5,66 bcm) de LNG a México a partir de la instalación de Perú LNG.

El gasoducto TgP, con una capacidad inicial de alrededor de 600 mpc (17 mcm), fue ampliado para contener 920 mpc (26 mcm) entre 2012 y 2015.

El gasoducto sufrió una serie de problemas, con varias rupturas que se produjeron poco después de que comenzaron las operaciones , y un ataque de Sendero Luminoso en 2012.

Después de celebrar el décimo aniversario de la llegada del gas de Camisea en Lima en agosto de 2014, el Consorcio Camisea sigue mirando hacia el futuro, con planes a gran escala para el desarrollo del campo.

En 2014, se llevaron a cabo más de 200 kilómetros cuadrados de exploración sísmica y el primer pozo exploratorio fue perforado en el campo Kimaro. Un total de $ 500 millones se invertirán hasta el 2016 en el aumento de la producción en el campo.

La producción en el bloque 88 se ha dedicado exclusivamente a la demanda interna, a principios de agosto de 2014, pero con la nueva producción en el bloque 56, al igual que en los bloques adyacentes 57 y 58 propiedad de Repsol y China National Petroleum Corporation, respectivamente, la producción se prevé que sea más que suficiente para abastecer la demanda interna y tienen un amplio  sobrante de gas para la licuefacción y exportación.

Con la concesión y construcción del sur de Perú Gas Pipeline, el Consorcio Camisea para el año 2018 tendrá dos tuberías a través de las cuales podrá transportar gas, dándoles un nuevo incentivo para producir más gas.

Un obstáculo puede ser el precio fijo bajo del gas, lo que ha llevado a algunos observadores a especular que los operadores podrán abstenerse de declarar nuevas reservas hasta que se hayan subido los precios, el aumento de sus márgenes de beneficio.

Mientras que el precio exacto que se venderá aún no está claro, es evidente que Camisea continuará abasteciendo de gas a la población peruana en la próxima década.

Inversión privada minera negativa

A fines del año 2011, pese a los elevados precios internacionales de los commodities de ése entonces, decíamos que la filosofía antiminera prevalente genera además del descontento, una desconfianza generalizada principalmente en los stakeholders.

Nuestras consideraciones tenían sustento pues posteriormente, con la reducción de los precios internacionales de los minerales y el petróleo, se percibe que la caída de la inversión privada en el 2014 muestra principalmente la menor inversión registrada en el sector de minería, que tuvo un descenso de 11.1%, tasa que contrasta con la observada en los dos años previos”.

El diario Gestión publicó que la inversión del sector privado en el Perú tuvo una variación negativa de 1.6%durante el 2014, una tasa que contrasta con un crecimiento de 6.5% en el año 2013, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

El comportamiento de la inversión privada durante el año 2014 mostró el magro desempeño que han tenido la mayoría de sectores de la economía y que se reflejó en la caída del volumen de las importaciones de bienes de capital (5.4%) y en la desaceleración del sector construcción (de 8.9% en 2013 a 1.7% en 2014).

Fuente : Banco Central de Reserva del Perú (BCR)

Solo en el cuarto trimestre del 2014, la inversión privada registró una caída de 1.4%, reflejando en gran medida una evolución lenta en el desarrollo de proyectos de inversión, particularmente en el sector minero, como producto tanto de los menores términos de intercambio como del deterioro que se ha observado en los indicadores de confianza del inversionista.

Con ello, la inversión privada promedio de los últimos cuatro trimestres, como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) disminuyó a 20.3%, es decir 0.5 puntos porcentuales menos al ratio observado en el cuarto trimestre de 2013.

Canon minero reducido en el 2015

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú estima que las transferencias de fondos a las Regiones en el año 2015 serán las menores ocurridas en diez (10) años. 

Algunas proyecciones consideran que éstas bajarán el orden del 43% respecto al año próximo pasado, de S/. 2,979 millones de nuevos soles en el 2014 a S/. 1,709 millones este año 2015.

Un estimado de la reducción del canon Minero para el año 2015 en tres regiones.

La región Ancash, que el año pasado recibió 708 millones de soles, este año recibirá 396 millones de soles.La Libertad pasará de 410 millones a 125 millones este año. Para Cajamarca el canon cae de 379 millones a 169 millones. 

En ese orden de tendencia a la baja,pero en diferentes magnitudes,otras regiones receptoras de importantes recursos económicos por concepto del canon,sufrirán sustantivas reducciones por causas ya antes comentadas en este espacio.

Se espera que el ejecutivo haga uso del Fondo de Contingencia o el Fondo de Estabilización Fiscal para salvar proyectos en marcha en determinadas Regiones y no afectar su ejecución oportuna.

Rotación en formalización minera

El Ejecutivo peruano continúa con la rotación del "alto comisionado en asuntos de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental". Desde la creación de la precitada denominación, pasaron por el cargo los señores : Daniel Urresti Elera (RM N° 234-2013-PCM del 12/9/2013), Augusto Anibal Soto Castagnola (RM N° 139-2014-PCM del 04/07/2014) y habiéndose designado recientemente al señor Juan Antonio Fernandez Jery ( RM N° 032-2015-PCM del 12/2/2015).

El periodo en función de los funcionarios se registró en el orden de los diez (10) y siete (07) meses respectivamente.

Hacemos votos para que no se mantenga la alta rotación de funcionarios dedicados a la formalización minera , para así poder consolidar la línea base de la Política de Estado en esta materia que deba seguir el nuevo gobierno peruano a partir de Julio del año 2016.

Agitadores & Actividades extractivas

En Antiminería & conflictos sociales que difundiéramos en noviembre del 2011, registramos la dimensión en que se mueven los frentes de defensa ambiental y su uso como mascaron de proa para arrinconar a las actividades extractivas en eventos coyunturales. Un año pre electoral es  uno de estos casos, en que se evidencia el despliegue del aparato logístico de operadores políticos en lugares estratégicos del territorio peruano.

En estricto, tratan de posicionarse políticamente para contar con presencia real en determinadas zonas y utilizan la inacción y/o deficiencias de un Estado peruano que reacciona sólo cuando tiene el problema en ciernes de una crisis gubernamental.
A modo de ejemplo citaremos el caso de la industria del petroleo, que en abril de 2014 los nativos achuar tomaron la base petrolera de Jibarito (Región Loreto) por una semana y en Setiembre del mismo año provocó un paro indefinido inadecuadamente resuelto por el Ejecutivo. Como consecuencia,el 26 de enero del 2015, aproximadamente 400 nativos de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón tomaron 14 pozos operados por la empresa argentina Pluspetrol en la misma precitada base de Jibarito.

Las comunidades reclaman al Estado peruano y a Pluspetrol que reconozcan sus derechos al territorio (mediante la titulación), la remediación de las zonas afectadas por la explotación petrolera (que tienen pasivos ambientales históricos), una compensación por el uso de los territorios e indemnización por daños sujetos a una evaluación ambiental.

La situación escaló a una región distante del reclamo inicial, focalizándose en el distrito de Pichanaki_provincia de Chanchamayo (Región Junín) donde la empresa ejecutaba labores de exploración. El factor detonante constituyó la demora del diálogo ante un paro indefinido en la zona que registraba su tercer día de manifestaciones. Las protestas dejaron un muerto y 37 heridos.

Es así que ante el cese de operaciones de exploración de la empresa Pluspetrol en Pichanaki, el presidente Ollanta Humala lamentó que este tema se haya tenido que resolver con violencia y destacó la existencia de un grupo de agitadores en la zona.

Ollanta Humala pidió a las autoridades locales y regionales que conduzcan "las demandas legítimas de la población en un cauce democrático" para evitar que surjan  estos agitadores profesionales".

"Ellos quieren que el Perú se adapte a su forma de ver las cosas, porque ellos no quieren adaptarse al desarrollo del país. Eso es lo que tenemos que rechazar. La democracia tiene que tener fuerza para defenderse de esta gente que lo que busca es violencia, atraso y confrontación", manifestó Humala sobre los agitadores.

Asimismo, el mandatario afirmó también que estos agitadores "tienen muchas veces y responden a intereses económicos subalternos".

Por otro lado, Ollanta Humala expresó que, "como gobierno central, tenemos que asumir nuestras responsabilidades en el sentido de que debemos de tener mayor presencia en el interior del país".

Entretanto, el ex presidente García indico que “ahora los Humala denuncian a los agitadores. Pero ¿qué hicieron ellos en Andahuaylas, Bagua y Conga? " , recordando métodos similares aplicados para intervenir en las precitadas localidades.

Agenda pendiente de pasivos y daños ambientales

La actualización de Pasivos ambientales mineros fue tratado en detalle para este espacio en PAMs & FONAM del mes de Junio del año 2012.

El saldo ambiental de la extracción minera irresponsable en el Perú salta a la vista. En el 2014 se hizo un inventario de los pasivos mineros que nunca fueron cerrados y que siguen contaminando los recursos naturales y la vida de las comunidades.

Según la Ley 28271, los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos mineros abandonados o inactivos que constituyen un riesgo para la salud.

A lo largo de 42 cuencas hidrográficas, hay 8.571 pasivos que fueron abandonados por mineros desde 1920 a la fecha, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Incluso, algunos cuantos provienen de la Colonia.

El valle del Mantaro (Junín) es una de las zonas más contaminadas con 1.336 pasivos. Le siguen los valles del Santa (827), Apurímac (647), Alto Huallaga (517) y Rímac-Lurín (384). Se trata de los territorios más afectados, pero no son los únicos.

La Dirección General de Minería (DGM) estima que se necesitan unos US$500 millones para remediar el daño ambiental que hoy siguen causando los 8.571 pasivos inventariados por los ingenieros de esta dependencia. Esta es una inversión de largo plazo que podría hacerse durante –al menos– cuatro décadas dentro del plan que el Estado inició desde el 2010 para atender este problema: invertir en cerrar los pasivos mientras busca a los responsables para hacerles devolver lo invertido.

En virtud a este plan, el Minem aprobó ayer que la DGM solucione el problema ambiental de 134 pasivos ubicados en las regiones de Áncash, Lima, Puno y Cajamarca. En esta tarea se invertirán S/.6,2 millones.

La resolución precisa que, mientras ejecuta este trabajo, el Estado deberá buscar a los responsables del daño ambiental causado por los pasivos.

Riesgo en la provisión de agua potable

En Inversión sectorial en saneamiento difundíamos algunas cifras de nuestras investigaciones en inversión sectorial en Perú. Una particularmente que los baquianos en la materia la suscribimos en base a nuestra experiencia de décadas en el campo : "Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo".

Riesgo en la provisión de agua para consumo humano en Perú.

Estas consideraciones son replicadas en Portafolio del diario El Comercio (1/02/2015), mencionando que las empresas proveedoras del servicio de agua potable y alcantarillado en el país pasan por su peor momento y se busca una alternativa para rescatarlas. Bajo el título " SOS : Provisión de Agua en peligro" expone, entre otros detalles, que actualmente, 14 de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del país ofrecen el servicio de 12 horas al día o menos de suministro de agua potable (agua para consumo humano). "...La suerte de las EPS _principalmente las del interior del país_ depende de factores ajenos a su gestión técnica y camina de la mano del devenir político de la autoridad local. En general, estas empresas son manejadas por los municipios, los cuales no tienen personal calificado para operarlas, lo que hace que estas sean ineficientes,generen grandes pérdidas y, lo que es peor, no presten un suministro adecuado.

Tal es la gravedad de la situación que en promedio, a nivel nacional, de cada 100 metros cúbicos (m3) de agua producidos, al usuario solo llegan 50 m3, de estos solo la mitad se factura y con ese dinero se sostiene toda la provisión nacional de agua, lo cual ha generado una situación de quiebra, según el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse.

Evidentemente la situación financiera de estas instituciones es tan grave que ni el propio Estado puede cubrir los vacíos. Para comprobarlo nos remitimos a las cifras.

De acuerdo con Francisco Dumler, viceministro de Construcción y saneamiento, la brecha de inversiones en el sector para el 2021 es de S/. 53.500 millones de soles. Si se pretende cerrarla hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021), se requeriría invertir S/ 7.600 millones al año.

Pero hay un gran detalle: El sector solo puede transferir entre S/. 2 mil millones y S/. 3 mil millones anuales a las EPS, por lo que la brecha continuará incrementándose. (S/. 2.774 millones de soles, aproximadamente, fueron los recursos ejecutados y transferidos por el Ministerio de Vivienda a las distintas EPS).

" ... la mayoría de las empresas de saneamiento del país han sido declaradas en quiebra, ademas, como estas instituciones están quebradas, los acreedores y la Sunat no tardarían en embargar esos recursos", explica el funcionario.

La reestructuración de las EPS comenzará con la EPS Moquegua, la cual solicitó su inclusión en el régimen de apoyo temporal para mejorar su gestión. También están priorizadas dos iniciativas privadas cofinanciadas : la planta de tratamiento de Puno, con una inversión cercana a los US$ 600 millones. La segunda es un proyecto integral en la Libertad, cuya inversión se estima en US$ 1.000 millones".

SANEAMIENTO & MINERÍA 

En Saneamiento & Minería de marzo del 2012, explicábamos  con cifras el problema generado en el tiempo, más aún en zonas de influencia minera con poca o inexistente atención de servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario por parte del estado peruano que no se involucra lo suficiente para reforzar los niveles de responsabilidad social empresarial del sector minero a efectos de lograr la licencia social que permita el flujo de las inversiones mineras en curso y las potenciales.

Es en este contexto, que el ejecutivo en turno y el próximo gobierno que se iniciará a partir del 28 de Julio del próximo año 2016, deberían a entrar a trabajar en las políticas de Estado que transformen la tradicional visión del gasto público en las denominadas EPS, para convertirlas en empresas eficientes  a la luz de una verdad probada científicamente "El Estado peruano ya no puede cubrir el déficit financiero y de gestión que arrastran las EPS".