En Plazos para la minería informal (2012) y Proceso de formalización minera (2013) anotamos la necesidad que se internalice en el país una adecuada política de Estado sobre el particular, a efectos de armonizar el crecimiento y desarrollo de la sociedad peruana en general. El diario El Comercio publica hoy una opinión sobre los avances a la fecha:
"…Una vez que ganó las elecciones, la pareja presidencial se desentendió de varios de los sectores sociales que la apoyaron. En el caso de los mineros informales, no solo los olvidaron sino que los pusieron como un blanco de los ataques del Estado. El motivo no fue una súbita preocupación por el medio ambiente que iluminó a Ollanta y a Nadine, sino una maniobra política que los ayudaría a superar la crisis generada por el conflicto minero Conga.
Atacando a la minería informal, balancearían y complementarían su respaldo a la minería formal.
La operación fue políticamente exitosa, porque recibió el respaldo de los medios de comunicación y de la mayoría del país, horrorizada por la depredación –sobre todo– de la selva de Madre de Dios.
Pero vistas las cosas con más calma, el resultado ha sido un fracaso completo. Aunque el gobierno no ha dado cifras,todo indica que hasta ahora no se ha formalizado ni el 1% de los mineros empadronados,que son algo más de 70.000, a pesar de que los plazos se han prorrogado una y otra vez.
Teóricamente el proceso debió finalizar a principios de este año, aunque ahora se ha estirado hasta el 2016; es decir, hasta nunca.
Los trámites son tan complejos,los costos tan altos y los incentivos tan bajos que el proceso naufragó en el mar de la burocracia. Aunque la voladura de dragas y maquinarias creó la ilusión de que realmente se estaba haciendo algo, todo no fue más que un espectáculo para las cámaras de televisión, aunque esta vez también rentable políticamente para el gobierno.
Hoy día la situación es igual o peor que antes. En Madre de Dios la minería informal sigue igual, con una variante: los mineros son continuamente extorsionados por policías y fiscales que fraguan falsos operativos para cobrar cupos.
En el país se calcula que hay entre 300 mil y 500 mil mineros que no se han formalizado y siguen en lo mismo. Si incluimos a sus familias,
son alrededor de un millón y medio de personas.Existe entonces un enorme problema económico y social, pero también político...”
