En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público
se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la
inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas,
reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.
Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que
explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis
hídrica y energética.
El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del
Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente
entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave
para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación
hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de
expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.
Sin embargo, en lo que
va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.
Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática
ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala
nacional.
Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente
opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático,
con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las
precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.
Es decir,
cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo
en ella.
El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano
ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el
crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de
actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en
infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha
priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto
inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social
es incuestionable.
Consecuencias de la inacción
En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de
sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se
pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos
secos.
En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta
dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la
producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo
que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a
fuentes térmicas más costosas y contaminantes.
En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura
hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo
humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en
la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es
la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el
recurso.
Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No
porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y
gestionarla estratégicamente.
Es la paradoja de un país con abundantes recursos
hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo
sostenible.
Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado
para planificar el futuro.
Seguridad Hídrica como eje central de la política pública
La seguridad hídrica debería ser un eje central de
la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas,
reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la
siembra y cosecha de agua.
Asimismo, se requiere promover esquemas de
financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en
proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios.
Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la
capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más
vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas
inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación.
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| El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda |
El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos
proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a
almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle
valor en diversos usos.
Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y,
también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el
siglo XXI.
