El desarrollo de las elecciones generales del Perú 2026 confirma la consolidación de una crisis
estructural del sistema político. No se trata de un episodio coyuntural, sino
del resultado de una dinámica acumulativa a lo largo del siglo XXI, donde la
fragmentación, la debilidad de los partidos y la baja legitimidad de origen se
han convertido en rasgos permanentes.
Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado. En la
última década, el Perú ha tenido una alta rotación de presidentes, ministros y
funcionarios públicos de otros niveles, reflejo de un sistema político incapaz de generar
estabilidad en la conducción del Estado. Esta volatilidad coexiste, sin
embargo, con una realidad contradictoria: una macroeconomía
relativamente sólida.
En efecto, el Perú presenta indicadores que, en términos
comparados, son favorables. La inflación se mantiene controlada alrededor del
2%, dentro del rango meta del Banco Central . Las reservas internacionales
netas bordean el
25% del PBI, lo que constituye un sólido respaldo frente a influencias externas .
Asimismo, la deuda pública se sitúa en torno al 35% del PBI, un nivel bajo en
comparación con estándares internacionales.
A ello se suma la estabilidad de la moneda y un desempeño
económico que, pese a la inestabilidad política, ha logrado sostener tasas de
crecimiento positivas impulsadas en gran medida por el sector minero,representando un 10% de su PBI .
Sin embargo, esta fortaleza macroeconómica convive con
debilidades estructurales profundas. La informalidad sigue siendo elevada estimada
en el orden del 18% del PBI y se expande junto con economías ilegales como la
minería informal . A ello se suma un contexto de creciente criminalidad y baja presencia
estatal para hacer cumplir la ley en territorios identificados.
El resultado es una macroeconomía que funciona razonablemente
bien sobre una base institucional frágil. Esta es la paradoja peruana:
estabilidad económica sin estabilidad política.
En ausencia de reformas que fortalezcan la representación
política, el patrón observado de la cadena : fragmentación, baja legitimidad e
inestabilidad, no solo persistirá, sino que tenderá a profundizarse.
En este contexto, el impacto sobre el sector minero resulta
particularmente crítico. La minería, por su propia naturaleza, requiere
estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y un Estado con capacidad
efectiva para gestionar conflictos. Ninguna de estas condiciones se fortalece
en un entorno político fragmentado como el que se presenta en el marco del
proceso electoral del 2026.
Un gobierno con respaldo electoral limitado tiende a privilegiar
decisiones de corto plazo. Ello se traduce en cambios regulatorios frecuentes,
retrasos en proyectos y señales contradictorias que erosionan la confianza de
los inversionistas. La incertidumbre deja de ser un fenómeno transitorio y pasa
a convertirse en una condición estructural del sector.
Asimismo, la debilidad del sistema político reduce la capacidad
del Estado para gestionar los conflictos sociales vinculados a la actividad
minera. En ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política, las
tensiones territoriales en sus 159 cuencas tienden a escalar, afectando tanto la continuidad de
las operaciones como el desarrollo de nuevos proyectos.La posibilidad de impulsar reformas estructurales en el sector se
ve limitada.
Temas críticos como la formalización minera, la gestión del canon
o la regulación ambiental requieren consensos políticos amplios, difíciles de
construir en un sistema altamente fragmentado.
Las elecciones de 2026, en este sentido, no solo reflejan una
crisis política, sino que configuran un condicionante estructural para el
desarrollo económico y, en particular, para el sector minero.
El Perú enfrenta así una paradoja persistente: cuenta con un
sector minero competitivo y de relevancia global, una macroeconomía ordenada y
fundamentos sólidos, pero carece de un sistema político capaz de sostener estos
logros en el tiempo mediante reglas claras, estabilidad institucional y
capacidad de gobierno.
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| Un sistema político débil no contribuye a tener una adecuada gobernanza y gobernabilidad del país. |
Detalles del proceso electoral 2026
El proceso electoral se desarrolló con 35 candidatos efectivos a
la presidencia, sobre un padrón de 27,325,432 ciudadanos. Este escenario,
marcado además por episodios de inestabilidad institucional que derivaron en la renuncia
del jefe de la autoridad electoral ONPE, evidenció un claro desbalance entre la
participación ciudadana y la capacidad real de representación política.
Con el 93.894% de actas contabilizadas (87,102 de 92,766), los
resultados reflejan con nitidez la magnitud de la fragmentación. El partido que
ocupa el primer lugar alcanza apenas el 17% de los votos válidos, mientras que
el segundo obtiene el 12%. Estas cifras no solo muestran objetivamente la dispersión del
voto, sino también la ausencia de mayorías políticas mínimamente consistentes.
El hecho de que ninguna fuerza supere el 20% confirma que la
segunda vuelta no sería una excepción, sino una consecuencia estructural del
sistema. Más aún, el 77% de los partidos no alcanza siquiera el 2% de los
votos, lo que evidencia la proliferación de organizaciones sin base social
efectiva.
El padrón electoral, por su parte, revela un país complejo y en
transición. La coexistencia de una población joven significativa con un bloque
creciente de adultos mayores introduce tensiones en la agenda pública. No
existe una demanda predominante capaz de ordenar el debate político, lo que
contribuye a la dispersión electoral.
En términos territoriales, el país mantiene un fuerte centralismo
en Lima, que concentra alrededor del 37% del electorado. Sin embargo, las
regiones del norte y del sur andino continúan siendo decisivas, especialmente
en una eventual segunda vuelta.
Se configura así un escenario en el que las elecciones se definen
en múltiples espacios polarizados, con intereses diversos y, en muchos casos,
contrapuestos.
El voto en el extranjero, que alcanza aproximadamente 1.2
millones de electores, añade una dimensión adicional. Su magnitud lo convierte
en un actor relevante en contiendas estrechas, incrementando la complejidad del
sistema electoral y la necesidad de mecanismos de representación más adecuados
a la realidad del Perú profundo de todas las sangres.
El resultado agregado de estos factores es un sistema político sin la capacidad de procesar adecuadamente la diversidad social del país. Existe pues un
desalineamiento evidente entre una sociedad cada vez más compleja y un sistema
de partidos cada vez más precario.
