Inversión sectorial en saneamiento

En Saneamiento & minería difundimos algunas cifras de nuestras investigaciones en inversión sectorial en Perú, como que en el periodo 1985-2005 (veinte años), las inversiones en Saneamiento fueron del orden de los tres mil millones de dólares; en el periodo 2006-2010 (cuatro años), se invirtió en Saneamiento el orden de los dos mil millones de dólares y de otro lado, entre Enero y Noviembre del 2011 (11 meses), las inversiones en minería ascendieron al orden de los 6 mil millones de dólares. 71.9 por ciento más respecto al mismo período del 2010.

Para ver algún nivel de contraste, seguidamente citamos parte de la publicación "Políticas e institucionalidad enmateria de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe.  CEPAL donde las investigaciones de Franz Rojas Ortuste indican que "la ejecución presupuestaria en saneamiento fue de 840 millones de dólares en el año 2009 y de 845 millones en 2012, que en comparación con el periodo 2000-2005 (167 millones) ha sido mucho más alta, como parte del impulso otorgado con el Programa Agua Para Todos (PAPT) durante el quinquenio 2006-2011. Sin embargo, muchas obras del PAPT han quedado inconclusas o sin financiamiento o personal para su operación y mantenimiento. Las fuentes de financiamiento han sido fundamentalmente recursos del Tesoro Público y empréstitos y recursos no reembolsables de la cooperación internacional, con baja contraparte de las Empresas Prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).

En efecto, si bien las EPS se formaron entre 1994 a 1996, recién en 1999 se emitió la Resolución 1200-99-SUNASS con la cual se dio inicio al proceso de reordenamiento tarifario, y para fines del año  2006, con la Ley 28870, se efectuaron los primeros ajustes tarifarios —salvo algunas excepciones—, dado que ya no se requería del aval municipal para el efecto. Por su parte, el Plan Bicentenario 2021 considera estratégicos tanto el Programa Nacional de Saneamiento Rural que contaría con un presupuesto de 640 millones de dólares, como el Programa Nacional de Saneamiento Urbano con un presupuesto de más de 1,8 mil millones. Dicho plan plantea avanzar hacia el acceso universal de la población a servicios adecuados de agua potable y saneamiento,  para lo cual fija la meta de 85% de la población con acceso a servicios regulares de agua potable y 79%  con cobertura de alcantarillado para el año 2021. De manera complementaria, se cuenta con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del MVCS, como instrumento orientador de la gestión  institucional y sectorial, con objetivos estratégicos, institucionales y sectoriales así como la  programación multianual institucional y sectorial. Adicionalmente, la Ley de modernización de los Servicios de Saneamiento_ Ley 30045 establece un impulso redistributivo en la inversión sectorial, e indica que a partir del año 2013 el Gobierno Nacional destine al menos 3% de los recursos previstos en inversión de obras de agua potable y saneamiento, a los gobiernos regionales y locales que no reciban canon, sobre-canon o regalía minera, para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión en estos servicios. Estos recursos se distribuyen entre las provincias tomando en cuenta  factores tales como población sin servicios, niveles de pobreza y capacidad financiera de la provincia".

Asimismo, de acuerdo con esta Ley 30045, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  podrá intervenir en aquellos proyectos que se encuentren paralizados y que hayan sido financiados con recursos del Ministerio, a fin de realizar las acciones que correspondan para la culminación de las obras. 

De otro lado, el gobierno peruano dictó el Decreto Supremo N° 015-2013-Vivienda, que reglamentó la precitada Ley 30045, asignando funciones específicas al  Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS); organismo cuyo desempeño es comentando en sendas publicaciones : Proceso de inversión privada en EPS y Reformas en gestión del agua en EPS. También emitió el Decreto Supremo N° 009-2014-Vivienda donde aprobó el procedimiento para la aplicación de aportes no reembolsables (ANR) en los Servicios de Saneamiento.

Reformas en gestión del agua en EPS

Continuando con el análisis expuesto en Proceso de inversión privada en EPS y el desarrollo de Semana Económica sobre las reformas previstas para la gestión del agua por parte de las EPS, reproducimos parte de lo que estaría considerando establecer el ejecutivo de cara al futuro:

"Más de cincuenta empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en el Perú –entre ellas Sedapal– enfrentarán una reforma en los próximos años. SEMANA económica conversó con el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Milton von Hesse, para entender los pormenores de dicha reforma. ¿Qué hará el gobierno para arreglar la pobre gestión de estas empresas? Y… ¿qué rol tendrá el sector privado?

El primer paso de la reforma es que el Gobierno Central reemplace a los municipios como entes encargados de la gestión de las EPS. Para ello el gobierno apelará a la voluntad de los alcaldes de ceder voluntariamente la gestión de las EPS de sus localidades.

De momento, el gobierno no tomará control de estas empresas a través de los mecanismos que establece la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamento, según reveló Milton von Hesse. Con esta ley, el gobierno central puede tomar control de las EPS en situación de insolvencia, entre otros supuestos, tras una evaluación.

Sin embargo, el ministro asegura que ya existen dos regiones donde todos sus alcaldes estarían dispuestos a ceder el control de sus EPS. Tras obtener el control de las EPS, se ejecutarían procesos graduales de ingreso de la inversión privada.

Primero se buscará promover la inversión y gestión privada en las plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamiento de agua potable a través de modelos de asociaciones público-privadas (APP) y del mecanismo de obras por impuestos. De acuerdo a la evolución de cada EPS, la participación privada se extendería al manejo comercial de la empresa, como la microfacturación, el cobro de los servicios y hasta la gerencia misma.

Por ahora, no se privatizarán –transferir en su totalidad a una empresa privada– estas empresas, como se hizo con la EPS de Tumbes, que se privatizó a la Empresa Aguas de Tumbes y que hoy constituye la única EPS privatizada en el Perú. Pese a ello, el objetivo de la reforma es implantar modelos de gestión basados en criterios de eficiencia en estas empresas.

Autoridad Nacional = ANA_Ley 29338

La "Autoridad Nacional" mencionada en la Ley 29338-Ley de Recursos Hídricos, es precisada como una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la sentencia del Tribunal Constitucional: STC Nº 0001-2012-PI/TC ; la cual declaró a inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional de Cajamarca N.° 036-2011-GR.CAJ-CR, que declara inviable el Proyecto Minero Conga. Asimismo, sobre la explotación de recursos naturales_ señaló que,no es una actividad que se encuentre desregulada, y tampoco cuenta con licencias especiales que la eximan de la compensación o indemnización de los daños que esta origine. El Colegiado hace referencia al deber que tienen las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales de establecer mecanismos para prevenir daños ambientales y conflictos sociales. Dicho de otro modo, las empresas tienen la obligación y responsabilidad social de desarrollar su actividad empresarial en armonía con los intereses de la comunidad. Seguidamente hace referencia al conjunto de obligaciones que asume el Estado frente a las actividades extractivas de recursos naturales. El Estado debe fiscalizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección del medio ambiente; asimismo, implementar políticas públicas que beneficien de manera especial la principal actividad económica de las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos. Posteriormente desarrolla la atención a situaciones de daño o afectación de derechos de terceros que deben observar las empresas. Si la actividad empresarial, genera daños estos no solo deben ser sancionados por la Administración, sino que deben generar una reparación directa, justa, inmediata y proporcionada a las personas directamente perjudicadas.Los órganos jurisdiccionales deben convertirse en garantes de estos intereses, debiendo para ello considerar de manera objetiva y responsable los daños provocados a fin de establecer un pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos. Tanto el Estado, como la empresa,tienen el deber de plasmar el principio de co-participación de la riqueza (empresa-comunidad). Seguidamente se presenta el resumen de la sentencia publicada el 17 de Abril del 2012:

STC Nº 0001-2012-PI/TC

"El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Fiscal de la Nación contra la Ordenanza Nº 036-2011-GR.CAJ-CR del Gobierno Regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga al determinarse que el Gobierno Regional de Cajamarca se extralimitó en sus funciones y contravino la repartición de competencia establecida por la Constitución, pues los gobiernos regionales no son competentes para regular aspectos relativos a la gran y mediana minería. Por tal motivo, señaló, que corresponde al gobierno nacional elaborar planes de control de la actividad económica de las empresas dedicadas a la extracción de minerales, pues si bien la inversión privada es necesaria para crear riqueza, corresponde al Estado el ineludible rol de fiscalizar que tales actividades no se encuentren reñidas con el medio ambiente, principalmente en el caso de actividades extractivas.En el presente caso, el Colegiado advirtió de los considerandos de la Ordenanza Regional bajo examen dos tipos de argumentos: Aquellos dirigidos a sustentar la conservación e intangibilidad de la protección de cabeceras de cuencas como de interés público regional, y aquellos dirigidos a sustentar la inviabilidad de la ejecución del proyecto Conga al cuestionar el EIA de tal proyecto minero aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MEM.Señaló también que este proceso de inconstitucionalidad era en esencia un conflicto de competencias que debe ser tramitado según lo ordena el artículo 110º del Código Procesal Constitucional debido a que la Ordenanza Regional tiene rango legal (art. 200º, inciso 4, de la Constitución). Precisó, por otro lado, que en este caso en particular, no analizaría la legalidad o constitucionalidad de actos administrativos como el EIA referido, por no ser competente para ello en el presente proceso, avocándose exclusivamente a determinar las competencias establecidas por la Constitución y otras normas (LBD, LOGR, Ley Nº 28273 - Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales,Decreto Supremo N°052-2005-PCM o el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, entre otros),tanto para los gobiernos regionales como para el Gobierno Nacional en el ámbito del sector minero, teniendo en consideración la protección del medio ambiente, específicamente, los recursos hídricos (las cabeceras de cuenca). Asimismo, para determinar los límites concretos de las competencias de los gobiernos regionales y el Gobierno Nacional, el Colegiado apeló al test de competencia, el cual está estructurado según determinados principios constitucionales: principio de unidad, principio de competencia, entre otros, desarrollados en las STC Nº 0020-2005-PI/TC (FF.JJ. 34-79) y otras (0024-2006-PI/TC, 006-2010-PI/TC y 008-2010-PI/TC). Así, refirió que la Constitución (art. 192º) ha establecido que las regiones son competentes para regular las materias relativas al ámbito de minería. Por su parte, la LBD (art. 36 c) y la LOGR (art. 10º inc 2 c), en su calidad de normas interpuestas, han establecido que estas competencias son compartidas. Sin embargo, aclaró que estos artículos no presentan una lista específica de cómo se reparten tales responsabilidades normativas,pero que ello se podría deducir de lo establecido en el artículo 59º de la LOGR, que complementando y desarrollando las disposiciones previas, establece que son funciones específicas de los Gobiernos Regionales, en materia de energía y minas e hidrocarburos: “a) Formular,aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región,en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. […]” y “f)Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional” (énfasis agregado). De lo expuesto advirtió que los gobiernos regionales están encargados de regular y fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal, no contando con competencia expresa en el ámbito de la gran y mediana minería, cuya competencia corresponde al Gobierno Nacional. Por tanto, siendo esto así, concluyó el Tribunal que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería,como es el caso del proyecto Conga; y que, con la Ordenanza Regional impugnada, estaría excediendo sus funciones y contraviniendo la repartición de competencia establecida por la Constitución y las normas antes citas. Por todo ello, consideró que el artículo segundo de la Ordenanza regional bajo estudio debía ser declarado inconstitucional. De otro lado, en la Ordenanza Regional impugnada se planteó también proteger a determinado sector de la población cajamarquina de un proyecto minero cuyo EIA tenía, supuestamente,serias deficiencias. El Colegiado, expresó al respecto, en consonancia con lo señalado en el punto anterior, que la determinación y autorización del EIA para proyectos de mediana y gran minería era competencia del Gobierno Nacional. A mayor abundancia, citó que tal relevancia ha sido, asimismo, reconocida en la LRH, que en su artículo 75 establece: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Además, puntualizó que del artículo 4 de la LRH se lee que la Autoridad Nacional es una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por lo tanto, es el ANA el organismo encargado de determinar la intangibilidad de una zona de cabecera de cuenca y no el Gobierno Regional, que no interviene en tal procedimiento. Consecuentemente, determinó que atendiendo al principio de taxatividad y de subsidiariedad, el Gobierno Regional de Cajamarca no era competente para declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca en su región, deviniendo también en inconstitucional el artículo 1º de la ordenanza impugnada".

Proceso de inversión privada en EPS

En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial.

En este contexto, Semana Económica presenta un análisis de lo que representaría un nuevo modelo de gestión del recurso agua en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los siguientes términos:

"Las empresas prestadoras de agua y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio —estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura —número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.

Como si esto no fuera suficiente, el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión podría ser autosuficiente y rentable.  ¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales, que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar favores políticos.

Recientemente el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización  de los servicios de saneamiento y su reglamento.  ¿Qué establece esta ley (y su reglamento) al respecto?

CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS

Las EPS que tengan una gestión y situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre tales empresas.

Para las EPS que tienen una mala gestión,  es decir, que incumplen con las metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS—  como expandir sus conexiones, o que tienen una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.

Las EPS con una gestión incluso peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales EPS tras su proceso concursal.

Al 2012, existían al menos 10 EPS con pérdidas de más de S/.1 millón  y otras 11 con pérdidas menores.  Entonces, ¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas por el Gobierno tras una reforma?

PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS EPS

La ley indica que durante el régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.

Pero, ¿bajo qué condiciones entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría, como ya se mencionó,  máximo 15 años. Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un eventual proceso de inversión privada en las EPS.

Asimismo, aún persiste la interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—.  Actualmente, la ley y su reglamento sólo contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas (APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LAS EPS?

La ley y su reglamento únicamente dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones. Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para hacerlo".

Permisos y autorizaciones mineras

Para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas.

Así lo observó Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, que advirtió que las empresas mineras deben contratar un ejército de abogados y demorar varios años en trámites, por un excesivo control de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste sector productivo.

Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2% del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la minería, y tramitar esto le toma años.

En tal sentido, remarcó que no existe uniformidad en la aplicación de las normas, y más aún, existe falta de predictibilidad en los procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto hacer minería en el país.

Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA).

Modificación del sistema tributario

El diario Gestión difundió el anuncio del  presidente de la República, Ollanta Humala, que el Consejo de Ministros aprobó un grupo de medidas que abordarán prioritariamente la modificación del sistema tributario, impulso a la inversión en sectores claves y la reducción de sobrecostos al sector privado.

“Aún existen una serie de limitaciones para que la inversión privada se ejecute a la velocidad que necesitamos los peruanos, por eso en los próximos días presentaremos al Congreso de la República una serie de medidas que permitirán impulsar el crecimiento económico y las inversiones de las pequeñas, medianas y grandes empresas”, señaló.

Indicó que las medidas constituyen una “nueva etapa” dentro de las reformas que ha venido implementando el gobierno para agilizar las inversiones y abordarán prioritariamente tres frentes.

El primer frente será la modificación al sistema tributario para reducir costos de transacción y darle predictibilidad al contribuyente.

“El segundo es el impulso a la inversión en sectores que, por la magnitud de sus inversiones, son generadores de crecimiento y empleo como son minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros”, dijo.

Mientras que el tercer frente es para la reducción de sobrecostos de la economía, a través de la simplificación de trámites, procedimientos exigibles al sector privado y la eliminación de incentivos perversos en la aplicación de sanciones.

“Además para que los procesos de contrataciones en el Estado sean más rápidos y eficientes, se modificará la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de acelerar los procesos de contratación, generar incentivos para la competencia y reducir los riesgos de fraude y la corrupción”, enfatizó.

¿ Informe del estado de la diversidad biológica para la acción?

Perú es un país mega diverso, reconocido mundialmente por su privilegiada biodiversidad que se ve reflejada en la atención internacional de lugares como la Zona Reservada de los Pantanos de Villa que a partir del 20 de enero de 1997 la Convención RAMSAR reconoce esta zona como Humedal de Importancia Internacional para Aves Acuáticas.

Resulta paradójico mencionar que según datos de la antigua Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en 1943 los Pantanos de Villa registraban una extensión de dos mil (2,000) hectáreas y según estimaciones actuales (2014), se estaría considerando un área aproximada de doscientos cincuenta (250) hectáreas para esta zona reservada.

En este contexto, el diario oficial El Peruano, difunde una entrevista didáctica que nos estaría dando mayores elementos de análisis para lograr entender lo que viene sucediendo: 

"Más allá de la devastación intensa y focalizada que se registra en Madre de Dios, el manejo de conservación de la biodiversidad avanza. Se diseñó una estrategia y el esfuerzo involucrará en este proceso a gobiernos regionales y locales.

¿Cuál es la situación que muestra el Perú? Se habla de una biodiversidad impresionante que podría verse afectada por acción propia de la población.

En el Perú no hemos tenido una intervención histórica tan agresiva con el medioambiente. Los Andes son un modelo de gestión sostenible tradicional de un ecosistema de montaña. Los antiguos peruanos domesticaron la montaña y la mejoraron en comparación con otros lugares donde la degradaron. Las montañas muy empinadas, sometidas a una erosión tremenda y a un estrés hídrico, fueron domesticadas con sistemas de andenes, de mofedales (¿ bofedales?) y de otros asociados. En el caso de la biodiversidad ocurre lo mismo, no la disminuyeron, sino que la aumentaron, diversificando plantas. La papa, por ejemplo, de nueve especies sacaron 3,600 variedades.

¿El peruano es consciente de esta realidad y de lo que implica conservar el medioambiente?

–El peruano antiguo fue amigable. Hoy más bien sí tenemos agresiones; hay ecosistemas un poco más amenazados que otros. Los sistemas acuáticos son los más afectados por el tema de una minería ilegal incontrolada. Los ecosistemas de agua dulce (ríos) están muy contaminados; y el mar peruano tiene zonas bastante afectadas, tanto por contaminación de los desagües de las ciudades como por la sobreexplotación de recursos, como algas marinas, mariscos, peces de roca. Hay otros ecosistemas que sí están bien conservados, como la Amazonía.

La zona amazónica, Madre de Dios específicamente, es la más afectada por la contaminación, ¿qué tan grave es?

Es grave e impactante ver una imagen de la afectación de la minería ilegal en Madre de Dios, pero habría que decir que en el contexto de los 70 millones de hectáreas de bosques que hay en el Perú, 40,000 hectáreas han sido afectadas. Si usted me pregunta cómo están los bosques amazónicos, le diría que tienen una afectación intensa, pero localizada por la minería aluvial. Otra menos grave pero también preocupante es la que genera la tala insostenible, que afecta a varios millones de hectáreas. En lo que corresponde a bosques, conservamos el 85% o el 90% de bosques nativos, lo que es muy bueno.

Existen esfuerzos privados, muy comprometidos en este trabajo de conservación.

–Ese es una de las grandes noticias en los últimos años: la incursión de la iniciativa privada en la conservación de bosques naturales por medio de varias modalidades, de proyectos vinculados con el ecoturismo, por simple iniciativa de conservación o mediante empresas que han visto en la conservación una forma de mejorar su competitividad. Una empresa que brinda un cuidado especial al medioambiente mantiene una mejor relación con la población local, que depende de sus ecosistemas, logra una mejor imagen y menos gastos a la hora de hacer el cierre, por mitigar impactos ambientales.

¿Este estudio que elabora el Minam ha permitido esa identificación que describe o ya se conocía?

–En el quinto informe del estado de la diversidad biológica se hace una consultoría que nos pone en relieve mucho de esto, y también en el informe anual del estado del ambiente. En el Minam hacemos periódicamente una especie de corte y evaluación. En el quinto informe, que lo estamos terminando, la consultora acopió información de diversas fuentes, y con eso tenemos indicios y datos de qué cosas nuevas han surgido entre 2010-2013 en cuanto a biodiversidad. Esa es la línea base para la estrategia nacional de diversidad biológica.

Esto sirve para fines internos, de la estrategia nacional, ¿pero también para cumplir metas internacionales?

–Exacto. Tenemos las famosas metas Aichi, que es el plan de acción que se firmó en Nagoya, Japón. Son 20 metas globales que en buena medida se incorporaron a nuestra estrategia nacional de biodiversidad.

En cuánto a cumplimiento de metas, ¿cómo vamos?

–Mire, esa es una buena pregunta para la que no tengo respuesta. Y se lo digo porque recién la tendremos en pocos años. La anterior estrategia de biodiversidad no contaba con un sistema de monitoreo. Eran lineamientos para la acción, pero no había forma de medir su nivel de cumplimiento. Esta estrategia sí ofrece un plan de acción con metas objetivas y medibles.

¿Cuánto beneficia esta biodiversidad a estas zonas privilegiadas?

–Se calcula que entre el 3% y 15% del PBI del Perú depende de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, en términos de provisión, regulación, aprovisionamiento. Para un poblador de Lima no representará mucho, pero sí para uno que vive de sus ecosistemas

¿Cómo contribuye el Perú a la seguridad alimentaria mundial?

–Mucho. Es uno de los países que más han contribuido, No somos uno de los mayores exportadores en volumen, pero sí de genes. El tomate, por ejemplo, que se cultiva en el mundo, el 90% de sus genes son del Perú. Así ocurre también con la papa y con los granos andinos. Probablemente, la quinua reemplazará al arroz en 20 o 30 años, pues en términos nutricionales no hay comparación.

Trabajo con las regiones

El director de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente (Minam), José Álvarez, asegura que a pesar de lo que se dice de las debilidades de las regiones en términos de gestión, en lo que respecta al manejo de biodiversidad, su sector encuentra un avance. Sostiene que desde Lima se pueden dictaminar políticas, pero no es posible responder a la demanda sentida de la gente de un valle, de un cultivador de café. “Trabajamos con diez regiones para implementar sus políticas de mejoramiento de la gestión de la diversidad biológica. Las apoyamos en la actualización o elaboración de su estrategia regional. Hay un vínculo, pero ahora ellas deben trabajar con las autoridades locales antes de llegar a los campesinos, agricultores, pescadores. En muchos casos, estos últimos no están interiorizados con el tema y no poseen las capacidades suficientes.”

En relación con los trabajos para mitigar la afectación a la biodiversidad, afirma que el Minam aporta básicamente lineamientos, políticas, estrategias e instrumentos de gestión, pero que sí tienen competencia –por el convenio Ramsar– en la protección de humedales.

Así se aprecia en la actualidad (Junio del 2014) parte de los Pantanos de Villa.

OTRAS ACCIONES

Tras cuatro años de trabajo, la Dirección General de Diversidad Biológica elaboró el Quinto Informe Nacional del Perú sobre Aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Aquí se mostrará la situación de los ecosistemas, especies y genes, así como las amenazas que pesan sobre estos, destacando el trabajo para revertir la pérdida de biodiversidad.

El objetivo es que brinde oportunidades reales para el desarrollo nacional y el bienestar de las poblaciones.

Con el Ministerio de Economía, el Minam trabaja la herramienta ‘Lineamientos para proyectos de inversión pública verdes’, dirigida a gobiernos regionales y alcaldes de todo el país".

¡Feliz día del Ingeniero en Perú!

Desde inicios de siglo, los primeros Ingenieros formados en universidades del Perú, comenzaron ha reunirse en Asociaciones y Juntas.

Mediante la Ley 14086, el 8 de junio de 1962

Así se creo el “Colegio de Ingenieros del Perú”. Han transcurrido 51 años y los ingenieros venimos recordando, cada 8 de junio, a nuestro Colegio Institucional, a la Ingeniería y a los Ingenieros.

El rol que cumplen los Ingenieros en el país, hoy, es resaltado en todos sus confines. Este se refleja principalmente en las obras de infraestructura física, puesto que la ingeniería es una profesión identificada, principalmente, con la construcción en armonía con el medio ambiente.

Los ingenieros deben combinar la explotación de los recursos naturales con la tecnología y el conocimiento, para ayudar a la sociedad. Combatir la pobreza es su principal aporte.

“La ingeniería es la profesión, en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales se aplica en beneficio de la comunidad”.

Para tí Ingeniero o Ingeniera

Que construyes un mañana mejor, que participas en el desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los pobladores, a lo largo y ancho de nuestro país. 

Que sigas trabajando con mucho entusiasmo, proponiendo y analizando las mejores soluciones técnicas para el crecimiento sostenible.

¡ Feliz día Ingeniero (a) ! seas peruano de nacimiento o nacido en cualquier otro país del planeta y que desarrollas actividades en territorio peruano.

Exploración minera en Perú_2014

En Inversión en exploración minera  publicada en febrero del 2014, anotamos las posibles causas de la caída de este importante componente en Perú.

Actualmente, Rumbo Minero TV, a través de una nota de prensa toca el tema en los siguientes términos:

"En los últimos cinco años,las inversiones mineras a nivel general han presentado un panorama positivo;mientras que las inversiones en exploración minera (descubrimiento de nuevos yacimientos) ha ido retrocediendo.

Así advirtió el presidente de la Escuela de Postgrado de Gerens, Dr. Armando Gallegos, en el programa RUMBO MINERO TV.

Perú pierde competitividad y reduce inversiones en exploraciones mineras.

En el 2013, la tasa de inversión en exploración minera cerró en -4.6%", informó. También recordó que de acuerdo al Instituto Fraser, en el 2007 el Perú se ubicó en el puesto 27 y ha descendido hasta el puesto 58 (de 112 países) en 2012.

El año pasado (2013) se ha generado un punto de inflexión alcanzando la ubicación 56. "Este es un hecho positivo porque muestra que se ha detenido la caída y se ha revertido la tendencia respecto a la percepción como país y destino para la inversión en exploración", comentó Armando Gallegos en el programa.

Sobre el origen de las empresas que más invierten en exploraciones mineras, detalló que son las compañías de capitales peruanos las que más destinan sus montos en estas actividades. Le siguen las empresas canadienses.

Asimismo, indicó en el programa que durante los últimos cinco años, el 22% de las inversiones en exploración se enfocaron al cobre y el 18%, al oro; según un informe elaborado por Gerens".

Caos legal ambiental: Humedales de Pantanos de Villa_RAMSAR_Lima

Según estadísticas del sector minero, la minería en Perú viene frenándose en forma sostenida en los últimos tiempos. Es un hecho que importantes inversiones en proyectos mineros se vienen dilatando. Transcurrido el lapso de los mayores precios internacionales de los metales se percibe menores ingresos fiscales, porque las empresas mineras pagan menos impuestos.Ahora el Estado impulsa una mayor producción física para compensar la reducción de los precios en un escenario donde los costos de producción se han incrementado. Pero, al hacer un análisis comparativo con los costos existentes en otras realidades transfrontera, se percibe que en Perú se cuenta con energía y mano de obra con menores costos.¿Qué está pasando entonces?Ciertamente no se conoce aún la forma que una mina pueda seguir con sus labores mineras si no continúa explorando y, para eso, se hacen necesarios planes de reinversión. Pero,¿Cómo se promueve la reinversión si las ventas mineras caen y sus costos suben? Dar respuesta a las precitadas interrogantes pasa por analizar el tema de los permisos, los cuales tienen un efecto sustantivo en el estancamiento de diverso proyectos. Asimismo, ver al detalle esos otros costos que dan la percepción real de no estar creciendo a la velocidad esperada, en tanto se registra baches en la producción; para algunos, la causa pasa por la demora burocrática en la entrega de los permisos de exploración o explotación.Sin embargo, existe otra causa mas profunda: El caos legal ambiental, que subsiste pese al esfuerzo legislativo realizado para reducir el número de autoridades competentes en materia ambiental, pues incide en las decisiones de comunidades que no en pocas veces son las que retrasan los proyectos mineros. Al ser muy sensibles los casos ambientales en zonas mineras del interior del país,pondremos un ejemplo de lo expuesto anteriormente y que viene sucediendo en Perú, con el tema del caos ambiental legal en la propia capital de la República peruana : Lima. Citaremos el caso de los humedales.

Humedales de Pantanos de Villa (Chorrillos)

Ya en el año 2010, el diario El Comercio daba cuenta del problema subsistente en la única gran área natural de Lima Metropolitana, conformada por el corredor biológico que proporciona alimento y espacios para aves migratorias del Continente Americano. Existe un marco legal enrevesado con relación a los Pantanos de Villa. Por un lado está la ordenanza 184 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (data de setiembre de 1998) que regula la zona de reglamentación especial de dichos humedales y de su zona de amortiguamiento.

Zona Reservada Los Pantanos de Villa en Lima_Sitios RAMSAR_Perú

Dicha norma creó la Autoridad Municipal de los Pantanos deVilla (Prohvilla), la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargada de administrar dicho refugio de vida silvestre.

Según esa ordenanza, toda intervención, actividad u obra que se desarrolle en los pantanos y alrededores debe contar con el visto bueno ambiental de Prohvilla.

Sin embargo, también existe la Ley 26834, de Áreas Naturales Protegidas, publicada en junio de 1997, cuando todavía existía el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).

Los Pantanos de Villa, reconocidos por el Estado como área natural protegida, se enmarcan dentro de esa legislación que dispone que el Inrena, hoy Ministerio del Ambiente (Minam) a través del SERNANP, emita aprobación ambiental para todo tipo de intervención en los humedales y adyacentes. Esta dualidad ha generado más de una confusión.

Daños generados por la confusión

Actualmente en el año 2014, la situación descrita cuatro años atrás escaló en la zona de amortiguamiento, donde hay fábricas, grifos, granjas, urbanizaciones, clubes y asentamientos humanos. La clausura de drenes naturales que llevaban el recurso hídrico al mar y que el crecimiento urbano cerró, ha causado que la napa freática del área de amortiguamiento esté muy próxima a la superficie –en algunos puntos incluso a solo medio metro–, lo que genera afloramientos de agua y deterioro de habilitaciones urbanas en el lugar.

Los rellenos de terreno con desmontes para nuevas obras cada vez van ganando más espacio en deterioro del ecosistema de los humedales.
Una muestra de lo que está sucediendo como efecto de la burocracia generada en la actuación de las autoridades competentes, se registra en las siguientes imágenes actuales.

El SERNANP_MINAM ;registran su autoridad en la Zona.

La Municipalidad Provincial de Lima-Prohvilla registra su participación en la zona 

Daños generados en la zona por la confusión de leyes y autoridades competentes

Cuando la naturaleza reclame su espacio, la napa freática se elevará impactando en las edificaciones de la zona.

Modelo primario exportador

“El modelo primario exportador es un mito”. Así de tajante fue el exministro de Economía y Finanzas peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en momentos en que el Gobierno viene debatiendo una propuesta de diversificación productiva para hacer sostenible la economía peruana en el largo plazo.

Según una publicación en Gestión, mencionó que países como Noruega y Australia exportan minerales y son economías desarrolladas. E hizo una exhortación: “Estamos haciendo mitos y eso nos está llevando a decisiones fiscales y políticas equivocadas”. Ello en referencia a la carga tributaria y las regulaciones ambientales “demagógicas” al sector minero.

“Tenemos unos estándares ambientales más altos que los que hay en otros países. En la refinería de Ilo, por ejemplo, se puede aumentar la capacidad de producción de blíster, pero los requisitos demagógicos sobre contaminación hace que esa inversión no se pueda hacer de manera rentable”, advirtió PPK en el XI Simposium del Oro y de la Plata, organizado por la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El también exministro de Energía y Minas recomendó al Gobierno a “entender un poco dónde está el riesgo minero”. En esa línea, advirtió que la ley de cobre en el Perú está descendiendo y dio el siguiente ejemplo:

“Se empezó Tintaya con un contenido de cobre de 6%. Mientras que Toromocho tiene 0.4% a 0.5-5 de cobre. Es decir, hoy para sacar una libra de cobre en Toromocho se necesita mover 200 libras de tierra. Con Tintaya necesitábamos 15 libras de tierras”. Según PPK, este escenario es un fenómeno mundial, pues hay solo algunas minas con contenido alto de cobre.

Daño ambiental en el Marañón

El diario Gestión indica hoy que el Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia ambiental por 90 días la cuenca del río Marañón debido a que se comprobó que existe contaminación petrolera en la zona que pone en riesgo la vida y la salud de la población.

La norma publicada hoy, señala que parte de la zona en emergencia se encuentra en el Lote 8 operado por Pluspetrol. Las comunidades venían denunciando constantemente la contaminación de los ríos y lagunas de esta cuenca.

“Se ha determinado que la zona evaluada contiene niveles de riesgo significativo para la vida, la salud de la población y el ambiente, lo que configura daño ambiental significativo”, señala la resolución del Minam.

Ante ello el Gobierno aprobó el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo,cuya ejecución estará a cargo de los tres niveles de gobierno y las entidades privadas involucradas en su cumplimiento en coordinación con el Gobierno Regional de Loreto.

Las actividades que se realicen como parte de el Plan no eximen al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de identificar nuevas zonas de contaminación.

Convención de Minamata & Perú

A propósito de la suscripción de la Convención de Minamata por parte del Perú, tratado mundial que limita las emisiones y liberaciones de mercurio,estableciendo controles; El país  tiene una mirada particular sobre nuevas prácticas en comunidades mineras peruanas: 

"El antiguo refrán nos advierte que no todo lo que brilla es oro, y efectivamente en partes de Latinoamérica ese destello tiene un lado bastante oscuro.

El boom de las materias primas inyectó vida a las economías regionales y en la década entre 2002 y 2012 el precio de oro aumentó un 500% a nivel mundial. Como consecuencia, se destapó una tendencia hacia la minería ilegal y hoy en día América Latina cuenta con más de 500.000 minas pequeñas, todas buscando su forma de montarse en la ola de los precios récord.

Sin embargo, tales actividades también cobran un precio muy caro al medio ambiente debido al excesivo uso del mercurio como agente para extraer el mineral.

Catalogado por la OMS como uno de los diez principales productos químicos de mayor preocupación para la salud pública, el mercurio ha sido durante mucho tiempo motivo de alarma para la comunidad internacional.

En 2010, unas 1,960 toneladas métricas del metal fueron emitidas a nivel global, de acuerdo a Mercury Watch. Según la organización no gubernamental, las emisiones latinoamericanas superaron las 526 toneladas ese año, casi la cuarta parte del total mundial.

El mercurio, el único metal que es líquido a temperatura ambiente, es una neurotoxina altamente potente. Una vez liberadas a la atmósfera, las emisiones tienden a dispersarse rápidamente por todo el mundo, viajando largas distancias y causando problemas de salud generalizados así como daños en los ecosistemas a donde llega. Lo que es peor, este metal no es degradable sino que se acumula en la cadena alimentaria, ya que es absorbido por la flora y la fauna.

"Es importante entender que el mercurio es un contaminante mundial por su capacidad de propagarse a grandes distancias. Esa es la razón por la que se puede encontrar mercurio en todas partes, incluso en las regiones más remotas del Ártico", explica Ibrahima Sow, experto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

En respuesta, 18 países latinoamericanos, conjuntamente con 79 países de otras regiones, firmaron en 2013 la Convención de Minamata sobre el Mercurio, que tiene como objetivo proteger la salud de la población y el medio ambiente mundial, a través de la reducción de las emisiones causadas por los seres humanos y el vertido de mercurio y sus compuestos.

Sow agrega que la Convención de Minamata es un paso importante para reducir esta amenaza mundial, pero que “ahora tenemos que ratificarla y aplicarla. Es la única manera de reducir el uso del mercurio”.

Hasta el momento sólo Estados Unidos ha ratificado la Convención, una situación que el FMAM está dispuesto a cambiar en su función de mecanismo financiero de la convención.

No todo lo que brilla es oro

¿Cuál puede ser una estrategia clave? Reducir las emisiones de mercurio procedentes de la industria minera de oro artesanal y de pequeña escala.

El mercurio, que históricamente ha sido una parte crucial del proceso de extracción, ha sido sustituido en la minería industrial o a gran escala. Sin embargo, este no es el caso en las explotaciones a pequeña escala, artesanales o de la minería ilegal. De hecho, en 2010, esta categoría de minas representó el 37 % de las emisiones de mercurio –por encima de las emisiones por quema de carbón-, y la mayoría de ellas se produjeron en América Latina.

Rica en yacimientos minerales, la región latinoamericana es el hogar de medio millón de minas de oro artesanales, que proveen el sustento a millones de latinoamericanos y ejemplifican los principales escollos que enfrenta la aplicación de la Convención: las actividades mineras informales; lo remoto de las minas; y las comunidades aisladas.

Por lo tanto, hace falta una acción concertada e inclusiva para garantizar una reducción global en el uso de mercurio.

"Es un proceso largo," señala Sow. "Vamos a necesitar la cooperación de los gobiernos para regular el sector y permitir a los organismos internacionales que interactúen con los mineros y les proporcionan las herramientas necesarias. No es tarea fácil, pero lo más importante es que nosotros estamos trabajando junto con agencias del FMAM y organizaciones no gubernamentales que tienen una buena trayectoria de trabajo con las comunidades involucradas”.

Esta estrategia ya se puede ver a lo largo de la frontera en San Sebastián, Perú. Allí, se ha mostrado a los mineros alternativas al mercurio lo que ha permitido reducir su uso y a la vez impulsar la eficiencia del proceso de extracción.

En vista de que Perú ha firmado la Convención de Minamata, el siguiente paso ahora es compartir estas nuevas prácticas con otras comunidades mineras a pequeña escala, en ese país como en el resto de la región".

Fallas de regulación en cuencas

Históricamente y como en cada año electoral, en Perú suena mas fuerte el tema sobre la contaminación del río Rimac como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de la capital de la República Peruana : Lima.
El manejo político que se le da a la información de la contaminación en la cuenca del Rímac, genera picos de inestabilidad económica y social cada vez que se aproximan los procesos electorales en el país.

Elecciones municipales de Lima en el 2010

Estas se realizaron el 3 de octubre del 2010 y ya antes, el 05 de septiembre del 2010 se publicaba bajo el título : El río hablador agoniza:Nuevo estándar evidencia crisis del Rímac. El reporte periodístico registrado en El Comercio, explicó que "recién en Abril del 2010, se evaluó por primera vez el río Rímac bajo los nuevos parámetros : El resultado fue deprimente. Por ejemplo, el arsénico supera 22 veces los límites permitidos a la altura del kilómetro 100 de la Carretera Central, en Chicla, donde se encontró una concentración de 0,219 miligramos por litro. Y a la altura del puente Faucett, en el callao,los coliformes superaron 184 veces los estándares de calidad de agua. Se encontraron 920,000 NMP/100 ml cuando, en esta zona, las normas permiten solo 5,000".
En ese entonces, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución encargada de dar permisos de vertimiento en cuerpos de agua,detectó a 13 industrias que descargaban sus efluentes en la cuenca del río Rímac sin tratamiento alguno. Ante el gran número de infractores ANA lanzó ese año el Programa de Adecuación de Vertimientos (Paver), otorgando un plazo para inscribirse hasta marzo del 2011. Después de esa fecha se sancionaría con multas a los infractores.
Es así que las autoridades ambientales competentes del país, tomaron expreso conocimiento del grado de contaminación existente en las aguas del río Rímac. Por cierto, una contaminación en el río Rímac que hace décadas atrás registra condiciones de aguas anóxicas rompiendo la cadena trófica de peces y otros seres vivos que necesitan de oxígeno para su existencia. 

Elecciones municipales de Lima en el 2014

Estas se realizarán el 5 de Octubre del 2014 y cuatro meses antes, el 11 de Mayo del 2014 se propaló en el programa Cuarto Poder de América Televisión un informe bajo el título : ¿El río Rímac en Peligro?_Relaves mineros amenazan con contaminar al río Rímac; tal como se puede apreciar seguidamente:

En el precitado informe, se informa el caso de una "alerta temprana" lanzada respecto a una cancha de relave minero cercana al río Rímac, ubicada en tamboraque (kilómetro 90 de la carretera central), poniendo en riesgo la fuente de agua de la ciudad de Lima. 

Asimismo; se da cuenta que en el año 2008, cuando las operaciones mineras de Coricancha _ ubicada en el distrito de San mateo de Huanchor_estaban en manos de la compañía minera San Juan, recientemente comprada por la compañía Nyrstar.

Desinformación y fallas de regulación

La inconsistencia de las informaciones registradas se puede visualizar al contrastar los hechos en el tiempo. El tema pasa por apelar a la memoria temporal del ciudadano elector y la memoria que queda tras la alta rotación existente en funcionarios de las autoridades competentes en la gestión del recurso agua y medio ambiente del país.

A modo de ejemplo citaremos el caso de una de las instituciones competentes, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que luego de su creación mediante Decreto legislativo N° 997 del 13 de marzo del 2008, a la fecha (2014) contó con ocho jefes en su dirección, estando en promedio nueve (09) meses en el cargo. 

Ciertamente el Estado peruano tiene un problema de gestión en este contexto, lo cual se registra en el informe periodístico de Cuarto poder : El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) intervino en el año 2008 contemplando un plan de mitigación porque según esta institución, actualmente  existen 19 relaves mineros en la cuenca del río Rímac en la que pueden ser considerados pasivos de alto y muy alto riesgo.

Asimismo, se indica que el Estado peruano asumió la remediación de estos pasivos, precisándose que la posición de los organismos reguladores son contradictorios.

Según una lectura del informe, al problema puntual por el tema municipal de propiedad de los terrenos donde se construyera un Reservorio para consumo humano de agua, se incorpora la yuxtaposición regulatoria de autoridades nacionales MINEM, MINAM, OSINERGMIN, OEFA, DIGESA, entre otras de carácter local, que amplían las fallas regulatorias evidentes.

En este escenario se reporta que OEFA tiene en curso siete (07) procesos sancionadores a la empresa minera Nyrstar.

Responsabilidades por acción o inacción de autoridades    

Los hechos indican que la atomización lograda por la existencia de múltiples autoridades formales implican responsabilidades funcionales de acuerdo a leyes peruanas. Las fallas de regulación y actos disfuncionales no justifican de modo alguno la posición asumida por quienes satanizan a la inversión extranjera y en particular a la inversión en el sector minero,ya sea de capitales nacionales o extranjeros.

El tomar conocimiento que no existe presupuesto público para prevenir desastres en la cuenca del río Rímac agravaría la situación si se comprobara la existencia de daño ambiental en la cuenca, existiría entonces responsabilidades compartidas e involucraría a funcionarios de la administración en turno del Estado peruano.

El punto es que se evidencia contaminación en las aguas del río Rímac y esta probado que existen múltiples contaminadores plenamente identificados, los cuales pertenecen a diversos sectores productivos y extractivos del país.

Según el actual ordenamiento legal, una vez evidenciada la violación de los derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, como es el caso del agua, cualquier persona esta facultada para interponer demanda de amparo por la afectación o lesión de sus derechos reconocidos por la actual Constitución Política del Perú, lo cual no sólo en año electoral tiene vigencia. 

El Dato

• Desde 1989, la EPS SEDAPAL S.A. analiza el agua de la cuenca del río Rímac.Realiza monitoreos desde la laguna Ticticocha (Ticlio) hasta la Planta de tratamiento La Atarjea, en Lima.
• Desde 1999,la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, realiza monitoreos en la cuenca del río Rímac.
• Las direcciones regionales de salud de Lima y Callao ejecutan evaluaciones de las aguas del río Rímac.
• La empresa belga Nyrstar, es el mayor productor mundial de zinc. Fue creada en 2007 mediante la combinación de las operaciones de aleación y fundición de zinc de Zinifex (una compañía australiana minera), y Umicore (empresa belga de tecnología de materiales). En 2011, la compañía adquirió a Breakwater Resources (con sede en Toronto), empresa que produce zinc, cobre, plomo, oro y plata concentrados en las operaciones de El Toqui (Chile), Mochito (Honduras) y Myra Falls (Canadá). A principios del 2011, Nyrstar también adquirió Farallón Mining, y con ella la mina G-9 en la propiedad Campo Morado, en el estado de Guerrero, México.Los activos latinoamericanos de Nyrstar, también incluyen las minas polimetálicas Coricancha, Contonga y Pucarrajo, en Perú. Nyrstar está incorporada en Bélgica y sus oficinas corporativas se ubican en Zürich, Suiza.

Volcan: Producción de Plata en el 2015

Volcan, una de las principales productoras de plata y zinc del país, estima elevar en un 26% su producción de plata este año, impulsada por una nueva mina y planta de óxidos.

La minera espera que su producción de plata aumente este año a 26 millones de onzas, desde los 20.7 millones del año pasado, cuando su volumen se redujo un 6% debido al agotamiento de reservas en su mina Cerro de Pasco, en el centro del país.

Asimismo, la producción de ese metal precioso crecería levemente en el 2015 a 27 millones de onzas, de acuerdo a la presentación enviada al regulador local de valores.

Ello gracias a que la nueva unidad Alpamarca-Río Pallanga alcanzaría en las “próximas semanas” su capacidad plena de procesamiento de 2,000 toneladas por día, al igual que la planta de óxidos con una capacidad de 2,500 toneladas diarias, detalló.

Mejora continua en minería

En Crónica de un acuerdo anunciado  presentamos detalles de la negociación (Agosto del 2011) entre la administración Humala y las mineras formales, dando cuenta de la suscripción del "Acta de entendimiento" sobre el gravamen minero que proyectaba un ingreso del orden de los 3 mil millones de soles anuales para el gobierno peruano. El criterio aplicado en la negociación se sustentó en el objetivo de no llegar a un impuesto que no afectara la competitividad del país; no tan alto, que impidiera continuar el crecimiento de la economía.

Los hechos muestra una recaudación con tendencia a la baja.

Desde el 1 de octubre del año 2012, se comenzó a aplicar un nuevo marco tributario en reemplazo de la antigua regalía minera por una calculada sobre la utilidad operativa trimestral de las mineras.
En el siguiente cuadro se muestra la recaudación lograda por el nuevo marco tributario minero peruano: 

Recaudación lograda por el nuevo marco tributario minero en el Perú
AÑO	Recaudación en millones de Nuevos Soles
2012	1968
2013	1644
Fuente : MEF

De su lectura, se puede observar que las metas anuales no fueron cumplidas. La recaudación minera bajó 15% con el nuevo marco tributario en el año 2013. 
De otro lado, en Marco conceptual del oro ilegal (Diciembre del 2013) recogíamos información de la la agencia oficial de noticias Andina, donde propalaba la información que para Julio de 2014 la erradicación de la minería ilegal llegaría a 40% de esta actividad.
En esa oportunidad presentamos un esquema de lo que significa la real dimensión del problema citando experiencia desarrolladas en Brasil,Colombia, Venezuela,Ecuador, Argentina,Haití,Ghana y comentando la agenda pendiente en Perú. Precisamos que el modelo peruano de lucha contra la minería ilegal debería contar con sello propio.

Plazo hasta el 19 de Abril del 2014 para la formalización minera

Vencido el plazo de fecha 19 de Abril del 2014 para la ansiada formalización minera, se abrió otra etapa para el saneamiento de la minería informal. Entonces en Perú se establecerá un cronograma donde se fijarán las metas anuales de formalización. En la praxis se reconoce que las metas de formalización no se habrían cumplido.  Probablemente, el 28 de Julio del 2014_en el mensaje presidencial_ se estaría precisando si es que la erradicación de la minería ilegal alcanzó realmente al 40% de la actividad. 
Existen marcadas inconsistencias en la planificación del universo que involucra la lucha contra la minería ilegal que induce aplicar mejoras continuas en los diferentes procesos que acompaña al establecimiento, entre otros, de  linea base,indicadores y manejo de datos en formalización.       
Sobre el particular, Semana Económica _bajo el título de "Crónica de un fracaso anunciado"_ se pronuncia de la siguiente manera:

"Aun contra la opinión de muchos entendidos, el gobierno siguió insistiendo en una determinada estrategia de lucha contra la minería ilegal con los resultados  que ya todos sabemos: muy pocos se ‘formalizaron’.

El gobierno no hizo un buen diagnóstico previo.

Si lo hubiera hecho se habría dado cuenta de que la minería ilegal cuenta con la llamada ‘licencia social’. Si se hace un referéndum, de esos que a las ONG les encanta convocar para rechazar a la gran minería, es seguro que casi el 100% de la población circundante  apoya a los mineros ilegales.

Este gobierno legitimó la ‘licencia social’.

Hemos escuchado al presidente Ollanta Humala como al ministro del Ambiente en reiteradas oportunidades, en el caso de Conga, afirmar que la empresa tiene que ganarse a la población. Craso error, pues con estas declaraciones mandaron el mensaje que la población es la que decide, no las autoridades.

El gobierno no otorgaba ningún beneficio a cambio de la ‘formalización’. 

Hace diez años en las reuniones que sosteníamos en el Minem con los pequeños mineros ellos estaban dispuestos a formalizarse si se les otorgaba el mismo beneficio que a los agroexportadores: acceso a EsSalud con tasas subvencionadas y pagar un menor impuesto a la renta. EsSalud rechazó el pedido con el argumento “no, porque todos están enfermos”.

Además copiaron la estrategia chilena para pequeños productores de cobre ordenando a Activos Mineros que compre oro como lo hace Enami en Chile. Sin considerar que la empresa estatal chilena sólo atiende a mil productores, y en cierta área geográfica. En cambio se dice que existen más de 300,000 mineros artesanales en nuestro país, en todas las regiones, procesando el oro en pequeña escala, lo que no es posible tratar con los minerales cupríferos.

Lo que debió hacerse es establecer un plan a largo plazo.

La lucha debió comenzar proscribiendo el mal uso del mercurio, con campañas dirigidas a los niños.  Por ejemplo, en Bucaramanga, los maestros recibían capacitación para enseñar a los niños los peligros del mercurio, y el necesario uso de la retorta, lo que estaba impreso también en las contratapas de los cuadernos escolares.

La formalización que se proponía es muy cara.

Se dice que le costaba 30,000 dólares al que quería formalizarse entre estudios y mínima infraestructura. Pero  el paso más difícil es la suscripción del contrato de explotación con el dueño de la concesión y con el propietario del terreno superficial. Para estos últimos, los mineros ilegales son invasores, y no están dispuestos a firmar ningún acuerdo. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar la ‘formalización’ es prácticamente imposible".