Los planes de gobierno presentados por el cúmulo de candidatos presidenciales en
estas últimas elecciones generales de 2026 en Perú, dejan plasmado nítidamente
que la discusión sobre la minería está cargada de percepciones ideológicas y,
en no pocos casos, marcado de una profunda desconexión con la realidad.
En particular, se evidencia la percepción errónea de que
toda forma de minería genera impactos similares y que la diferencia entre
minería formal e informal es simplemente administrativa. Nada más lejos de la verdad.
El elector percibió correctamente este desacierto, así una mayoría significativa
de planes de gobierno expuestos por los partidos participantes fueron
desechados, pues mostraron baja representatividad efectiva, traducida en su
incapacidad de superar umbrales mínimos de votación.
Análisis comparado
Al contrastar experiencias emblemáticas de minería informal, como Serra Pelada en
Brasil, La Pampa en Madre de Dios y Pataz en la sierra liberteña peruana,
frente a operaciones formales como Yanacocha y Pierina en el Perú, permite deshacer
varios mitos insostenibles, revelando que no toda minería es igual, y las
diferencias son estructurales, no marginales.
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| Labores de la minería de oro en la sierra de la Libertad-Perú |
La minería informal demostró históricamente una capacidad significativa de
producción. Serra Pelada, en la Amazonía brasileña, produjo el orden de sesenta
(60) toneladas de oro en escasos años durante la década de 1980. Más
recientemente, el Perú enfrenta un fenómeno con mayor complejidad: la minería ilegal
en la Amazonía y en zonas altoandinas.
Se estima que el país produce y exporta aproximadamente
100 toneladas de oro informal al año, una cifra para nada deleznable si se considera
el factor incremental y acumulativo desde inicios del presente siglo XXI.
Sin embargo, detenerse únicamente en el volumen producido supone un error analítico
profundo. La minería informal no es solo una forma menos eficiente de
producción, es un sistema económico radicalmente distinto, caracterizado por su
fragmentación, transparencia opaca y, cada vez más, por su vinculación con
economías criminales.
El caso de La Pampa es ilustrativo. No se trata de una mina, sino de un territorio
devastado. La deforestación supera ampliamente las 300 mil hectáreas acumuladas,
habiéndose registrado 10% de esta cifra entre enero de 2021 y marzo de 2024, con
un uso intensivo de mercurio dejando secuelas de contaminación en ecosistemas y
servicios ambientales.
En Pataz, por su parte, la minería ilegal ha
evolucionado hacia esquemas de control territorial por parte de organizaciones
criminales, con presencia de sicariato, extorsión y economías paralelas. A
diferencia de Serra Pelada, que representó un caos social desbordado con la
participación de más de cien mil personas, el fenómeno contemporáneo en Perú
muestra un salto cualitativo hacia estructuras organizadas de ilegalidad.
Frente a ello, la minería formal presenta características completamente distintas.
Yanacocha, ha producido más de 800 toneladas de oro desde 1993, con picos
anuales de hasta 100 toneladas. Pierina, por su parte, superó las 260 toneladas
durante el periodo 1998-2020 de su vida útil. Estas cifras no solo superan largamente
a los enclaves informales históricos, sino que lo hacen bajo esquemas de eficiencia
técnica, trazabilidad productiva y regulación ambiental.
Aquí emerge un punto central que suele ser ignorado en el debate público: la minería
formal no elimina el impacto ambiental, pero lo transforma en un fenómeno
medible, gestionable y sujeto a fiscalización. La minería informal, en cambio,
externaliza sus costos de manera absoluta: no hay control, no hay remediación y
no hay responsabilidad.
La diferencia es aún más evidente en términos económicos e institucionales.
Mientras la minería formal genera canon, regalías, empleo formal y
encadenamientos productivos, la minería ilegal no solo termina evadiendo estos
aportes, sino que erosiona la capacidad del Estado.
Regiones como Madre de
Dios, pese a su intensa actividad aurífera, reciben niveles marginales de
ingresos fiscales, configurando una paradoja extrema: abundancia de recursos
con ausencia de desarrollo.
Este contraste permite desmontar otro mito frecuente: que la minería informal es una
alternativa de subsistencia frente a la gran minería.
Si bien en sus orígenes
puede haber tenido validez ese componente, hoy en muchos casos opera como una economía
extractiva de alta rentabilidad capturada por redes ilegales, donde los costos
sociales y ambientales son asumidos por la colectividad.
La evidencia comparada es contundente. La minería informal puede generar volúmenes
importantes de producción, pero lo hace con una huella ambiental
desproporcionada, altos niveles de violencia y nulo aporte al desarrollo
institucional. La minería formal, en cambio, concentra mayores niveles de
producción con menor impacto relativo por unidad extraída y contribuye al
sostenimiento del Estado.
En resumen
El problema de fondo en el Perú, por tanto, no es la minería en sí misma, sino la
coexistencia de dos modelos radicalmente distintos: uno que construye
institucionalidad y otro que merma la gobernanza y gobernabilidad del país.
Ignorar esta diferencia no solo distorsiona el debate, sino que impide diseñar
políticas públicas efectivas.
Desmitificar la minería implica, precisamente, reconocer estas asimetrías. No se trata de
idealizar la minería formal ni de negar sus desafíos, sino de entender que, en
ausencia de Estado y regulación, la alternativa no es un modelo más sostenible, sino un escenario de salvaje depredación acelerada por los elevados precios históricos que viene alcanzando el oro.
Por consiguiente, el desafío para el Perú y los peruanos no es menor. Formalizar,
controlar y reconducir la actividad minera informal no es solo una cuestión
económica o ambiental, sino una condición necesaria para preservar de cara al
futuro la viabilidad del Estado en vastas zonas de su territorio.
