Sanciones y multas en la industria minera peruana.

Un análisis teórico para averiguar si en Perú se están aplicando adecuadamente el tipo de sanciones en el sector minero y ver opciones para el cálculo de multas y aplicación de otras sanciones dentro de la discusión pública podría servir de cara a la pronta nueva administración del país.

El marco teórico del sistema de sanciones que viene operando en el país proviene de los aportes del Análisis Económico del Derecho y de la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes.

Este analiza los mecanismos por los cuales el Estado regula la conducta de los agentes de la economía disuadiéndolos de su incumplimiento, y por tanto, busca evitar la ocurrencia de eventos negativos.

El modelo del cual se derivó la fórmula práctica de cálculo de multas aplicadas por el regulador estaba basado en los trabajos de Cohen, quien plantea en su modelo una relación principal – agente.

Es en este contexto en que el regulador (principal), regula la conducta de la empresa (agente).

El modelo tiene, entre otros, los siguientes supuestos:

• Las infracciones ocurren de manera aleatoria.
• Los recursos con que dispone el regulador son limitados.
• El objetivo del regulador es reducir la pérdida de bienestar de la sociedad debida a las consecuencias de las infracciones cometidas por las empresas.
• El Estado peruano debe gastar recursos obtenidos de la sociedad con el fin de detectar el incumplimiento de las normas (ex – ante), y/o detectar los daños ocasionados por dicho incumplimiento (ex –post).
• Las empresas realizan un análisis costo beneficio de ser detectados y sancionados antes de incumplir una norma.
• El regulador exige un esfuerzo mínimo a las empresas en el cumplimiento de los reglamentos y normas medioambientales y de seguridad.

Teóricamente, el esfuerzo que realizan las empresas en el cumplimiento de normas modifica la distribución de probabilidades de ocurrencia de contaminación o de accidentes.

En este ejercicio, la solución óptima de la multa es aquella aplicada por el regulador, y que iguala el beneficio ilícito marginal por contaminar o incumplir las normas de seguridad con el Costo Marginal Social (CMS) .

Este CMS está definido como la negativa de la pérdida marginal de bienestar social proveniente de la contaminación ambiental o de la pérdida de calidad de vida de los individuos provocada por los accidentes.

La variable fundamental del modelo en este esquema es el esfuerzo de la empresa en cumplir las normas, pues ella modifica la distribución de probabilidades de ocurrencia de contaminación o de accidentes.

Debido a que este esfuerzo no es observable directamente por el regulador, surge la necesidad de incentivar este esfuerzo.

Mediante multas, el regulador logra teóricamente la disuasión de las empresas y la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

Internalizar implica que la empresa toma en cuenta en sus costos las consecuencias negativas que origina a terceros.

Esta internalización iguala el costo privado con el costo social provocado por la empresa.

Dado a que el regulador no posee facultades compensatorias, no puede cobrar a la empresa la totalidad del valor neto del daño en la multa. Sin embargo, incluye una parte del daño en la multa, toda vez que considera que se debe incluir una proporción de dicho daño para que sirva como señal a la empresa de que deberá asumir la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

También están los temas de la imagen institucional y el riesgo de la minera de ser comprendida como tercero civil responsable para el pago solidario de la reparación conjuntamente con el sentenciado y condenado o ser sujeto de la aplicación de consecuencias accesorias como el cierre de la unidad minera contaminante.

El cierre de minas de operaciones de la época de la colonia apoyarían en la imagen de la nueva minería.

De otro lado, mediante la Ley 28090 del año 2003 y su reglamento del año 2005, el D.S. N° 033-2005-EM se regula el cierre de minas, donde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fiscaliza la ejecución de la garantía.

La norma considera que el plan de cierre de minas deberá describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de operación, cierre final y post cierre. Asimismo, deberá indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles.

El titular de la actividad minera que no cuente con el plan de cierre de minas aprobado, está impedido de iniciar el desarrollo de operaciones mineras.

El titular de la actividad minera deberá constituir garantías a favor del MEM, a fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre final y post cierre, mediante una o varias de las modalidades siguientes:

• Cartas fianza o pólizas de caución u otros mecanismos equivalentes, sin beneficio de excusión, emitidos por un banco nacional o del exterior, de primer nivel, de acuerdo a lo señalado en la ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sus normas reglamentarias y en las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
• Fideicomiso en garantía sobre lo siguiente: en efectivo; administración de flujo; bienes muebles e inmuebles distintos a las concesiones para actividades mineras y a las instalaciones objeto del plan de cierre de minas; y valores negociables excluyendo aquellos emitidos por el titular de actividad minera.
• Fianza solidaria de tercero sobre la base de las modalidades señaladas en los literales anteriores, sin beneficio de excusión.

En este contexto, continuar perfeccionando el tema sobre pasivos ambientales, sanciones y multas en la insdustria minera será de mucha ayuda para ver la competitividad en la captación de nuevas inversiones.

Diálogo sobre tributación minera.

Ambos candidatos a la presidencia de la República peruana en el presente proceso electoral (2011), anunciaron que dialogarán con las empresas mineras - en caso de asumir la administración del Estado - sobre un posible incremento en la tributación minera, teniendo en consideración que ambos apuntan a lograr una ampliación de la recaudación tributaria debido a las nuevas condiciones del mercado internacional : con elevados precios de los metales y alta rentabilidad de las mineras.

En este escenario coyuntural, lo que correspondería entonces es propiciar un debate técnico y alturado  donde resulta insoslayable la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte del Estado.

En este contexto es que se desarrolla las denominadas "propuestas para incrementar los impuestos a las sobreganancias mineras".

Algunas voces apuntan a que deba crearse nuevos tributos o incrementar los existentes para atender los programas de gobierno en lugar de fortalecer y hacer crecer lo que se tiene para salir a competir en el mercado mundial.

Las negociaciones tienen como antecedente una petición similar - cinco años atrás - por parte del gobierno peruano y del cual resultó el aporte voluntario minero equivalente al 3.75% como carga impositiva, según detalles siguientes:

Detalles sobre la carga impositiva aplicada en el Sector Minero.

Tomando en consideración los datos precedentes, se tiene que la carga tributaria aplicada al sector minero actualmente es del orden del cincuenta y cuatro por ciento.

Cabe entonces hacerse la pregunta ¿Hasta cuánto se podría incrementar la carga tributaria minera sin dejar de ser competitivos en el mercado mundial? 
Para dar respuesta a esta interrogante, es preciso evaluar previamente si es oportuno aplicar sus alcances a las empresas mineras que tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha estado dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.

De los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados y gran parte de los contratos vencerán en los próximos cuarenta meses, estando también por finalizar los aporte voluntarios mineros.  

Se estima que la cartera de inversión en minería para el país es del orden de cuarenta mil millones de dólares, por lo cual resultaría conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables.

En tanto se resuelva la interrogante, es importante anotar que el aporte minero por todo concepto al país en la última década se aproximó a cincuenta y cuatro mil millones de nuevos soles, de los cuales sólo el 54% pudo ejecutarse, demostrando que es posible mejorar en la gestión y lograr la ansiada paz social en escenarios como en la actual Región Puno, que desea participar de los beneficios tributarios mineros y rechaza la presencia de operaciones mineras en su jurisdicción territorial. 

Modelo alternativo al extractivismo

"Las exportaciones de los productos mineros metálicos llegaron a 6,292 millones de dólares en el primer trimestre del 2011 y tuvieron un incremento de 29 por ciento (1,414 millones de dólares), con relación al mismo período del año anterior".

Información impactante sin la debida explicación como la precitada - alentadora para algunos - es tomada con preocupación por muchos y fomenta, de algún modo, los conflictos socioambientales.
Ello va de la mano con la necesidad de incrementar acciones con la protección, conservación y preservación del medio ambiente que es asociado con el éxito del sector minero propalado através de los medios de comunicación.

La competencia por el uso de los recursos naturales como el agua resultan cada vez mas frecuentes, con mayor incidencia en algunas cuencas que otras, sin perjuicio del estrés hídrico  focalizado en la desértica costa peruana.

El recurso agua en Costa peruana resulta estratégica para su desarrollo.

Una opción legítima que se viene manejando es que el Estado recupere el control estratégico de la explotación de los recursos naturales no renovables y es en ese sentido que se pronuncian múltiples instituciones que ven con preocupación una eventual explotación desmedida de los recursos naturales. 

El desafío que se le presenta entonces a la nueva administración del Estado peruano es buscar alternativas viables al modelo extractivista que encamine el proceso de desarrollo de las zonas mineras y para el resto del país.

Lo que debe quedar muy claro, es que el desarrollo del sector minero no se contrapone con el desarrollo nacional, pues con el buen manejo ambiental resulta ser uno de los pilares que sostiene el crecimiento del país.

En este contexto, resulta imprescindible que las políticas públicas del próximo gobierno peruano se referencien a las políticas de Estado que orientan la gobernabilidad del Perú.

El Acuerdo Nacional nos parece un eje de referencia que coadyuve a lograr el entendimiento deseado entre la explotación de los recursos naturales y la cartera de inversión prevista en minería.

Economía popular bajo la atracción de la industria minera.

Según la percepción de economía popular fomentada por algunos epígonos “la nación, el territorio, el suelo y subsuelo, nada existe: la economía gira en torno a la minería, es todo...”.
Y probablemente no les falte razón, si tomamos en cuenta la fijación mental que se tiene respecto a esta actividad del hombre contemporáneo que se desarrolla en el 1.3% del territorio peruano.

¿Pero de donde surge todo ese encanto por la minería, especialmente entre las zonas sin tradición minera?.

Intentos por explicar esta profunda atracción humana por la minería  han existido muchas, algunas más acertadas que otras.

Es una suerte de relación amor - odio y causal de emociones encontradas.

Como icono persiste la imagen del rescate en Oro y Plata por la liberación del Inca Atahualpa con el incumplimiento de las promesas esgrimidas por los conquistadores españoles.

Salvando el hecho que la industria minera abarca mas allá que los metales preciosos, asi como las distancias de espacio y tiempo, el panorama económico sustentado en las concesiones mineras presenta contradicciones y vacíos no solamente en las cuentas nacionales y pasivos ambientales, sino en los evidentes problemas de comunicación.

La semiótica entendida por el hombre Andino - como consumidor legal - no llega a entender las señales emitidas por el productor de leyes en materia minera, que materialmente se disemina desde la capital de la República.

De un lado se encuentra el mensaje sobre las regalías mineras por la explotación de las riquezas mineras de un recurso natural no renovable pertenecientes a todos los peruanos.

Por otro, la sensación que no les llega la parte de los beneficios que les corresponde por derecho de propiedad al ser peruanos. 

Esta situación se complica si la zona de influencia de la explotación minera es próxima a su localidad, viendo como se llevan las riquezas y en cambio les dejan paisajes impactados y una eventual secuela de contaminación de los recursos naturales.  

Mensajes distorsionados del efecto ambiental generado en otras actividades y modos de producción por la presencia de la minería, dan como resultado que muchas poblaciones no desean la presencia de la industria minera en sus locaciones y sin embargo, si desean participar del canon minero producido en otras regiones del país.

La población no termina de quedar mas confundida si en el problema de una deficiente gestión de los recursos provenientes de la actividad minera se incorporan señales que promueven una escalada de conflictos sociales donde  participan en forma directa o indirectamente las propias autoridades regionales.

Un ejemplo del efecto generado por la inoportuna distribución de los fondos recaudados del canon minero se puede observar en el siguiente informe donde se explica que integrantes de una Universidad de Puno se movilizó por las principales arterias de esta ciudad protestando contra el Gobierno Regional.

El rector de esta casa de estudios , encabezó la marcha solicitando que el actual Gobierno Regional cumpla con la transferencia de los fondos del canon minero.

La autoridad regional de Puno reconoce la existencia de una deuda pendiente que el gobierno regional tiene con la Universidad de Puno por concepto de canon minero y que será pagada apenas concluya el juicio pendiente contra el ex presidente regional.

La otra imagen, se expone en el siguiente reporte donde se difunde la reunión llevada a cabo entre autoridades regionales de Puno y dirigentes de las comunidades que se oponen a las concesiones mineras.

Ante este panorama, se plantea una controvertida ordenanza regional que declara intangible el territorio puneño.

Los manifestantes, agrupados en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales, sin verificar si las empresas mineras cumplen con las normas de preservación del medio ambiente en la zona, piden en pleno siglo XXI prohibir la industria minera en Puno.

Corresponde a las autoridades y a los candidatos a la presidencia de la República enviar señales claras y firmes de que el Perú seguirá teniendo reglas claras y un buen clima para el desarrollo del sector minero.

Propuesta de modelo económico en Sector Minero Energético.

El miércoles 11 de mayo del 2011 en la ciudad de Lima, se desarrolló un Foro donde ilustres profesionales expusieron la propuesta de Gana Perú en lo que - de triunfar en el actual proceso electoral - sería el Modelo Económico para el Sector Minero Energético.

Propugna una Economía Nacional de mercado abierta al mundo.

El modelo propugna una Economía Nacional de mercado abierta al mundo, considerando criterios de competitividad y el desarrollo de mercados de capitales para lo cual se estima fortalecer a los organismos reguladores.

Estipula el cambio de la matriz energética nacional, priorizando el desarrollo de energías renovables alternativas a combustibles fósiles.

Fomenta la modificación de la Política Energética en los hechos.

En el marco de una Política Tributaria que tienda a la simplificación de los procesos tributarios, menciona que no se van a crear nuevos impuestos.

Se promoverá la ampliación de la base tributaria y la reducción en la evasión y elusión tributaria.

Precisa que reducirá de 37% a 20% la tasa de evasión tributaria al terminarse el quinquenio.

Habrá un cambio en el Régimen tributario Minero que comparta las utilidades provenientes de los altos precios internacionales de los minerales.

Contempla que los contratos de estabilidad tributaria suscrita por el estado Peruano serán respetados y se planteará una renegociación, considerando que existe el antecedente del aporte voluntario minero.

Visión comparativa de la carga tributaria Perú-Chile.

En virtud de la carga tributaria comparativa con otros países, considera en esencia dos acciones:

En primer lugar, la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria y en segundo lugar, modificar el impuesto a la renta o modificar la regalía.

En contraparte, se estipula a cambio la extensión del periodo de estabilidad de los contratos sobre un régimen tributario adecuado para las partes.

A nuestro juicio, sería importante ilustrar con indicadores económicos y financieros para poder evaluar el impacto en las inversiones futuras de las medidas previstas en el Plan.

Tributación minera y pobreza.

Para apoyarnos con mayor abundamiento sobre el tema  que venimos comentando respecto de la tributación minera, reproducimos un reciente escrito de un prestigioso periodista peruano ( http://www.jaimedealthaus.com/articulos/mitos.html ) :

"Existe el mito de que nuestro crecimiento se debe al ‘boom’ del precio de los minerales. Ollanta Humala, por ejemplo, en su “Compromiso con el pueblo peruano”, afirma que hemos tenido “un crecimiento muy importante basado en los altos precios de las materias primas”. Nada más lejos de la verdad. En los últimos cinco años la tasa anual promedio de crecimiento de la minería ha sido de apenas 0,7%, y en los dos últimos años ha sido ¡negativa! (-3,2%), mientras que la manufactura no primaria ha crecido a 8% anual (pese a la fuerte caída del 2009), y la construcción a ¡14,3%! Lo que quiere decir que hace ya buen tiempo que el crecimiento de la economía peruana reposa principalmente en la demanda interna y en sectores no primarios. Y es lógico: tenemos ahora una industria competitiva y exportadora, inclusiva, que procesa nuestros recursos, que integra, que forma mercado interno.

Por eso, es equivocado también el mito, desarrollado en el plan de gobierno de Gana Perú, de que el modelo “neoliberal” ha “reprimarizado” la economía. Es al revés. Hace 25 años casi no exportábamos confecciones, productos químicos o metalmecánicos, menos aun agroindustriales no tradicionales. Entre 1994 y el 2007, las exportaciones no tradicionales se han expandido, en volumen (toneladas), a una tasa promedio anual de 2,5 veces superior a las tradicionales. Crecen –en volumen– mucho más rápido. Y esa velocidad se ha incrementado en los últimos años: entre el 2007 y el 2010, las no tradicionales se han expandido –siempre en volumen– a una tasa anual promedio ¡7,6 veces superior!. ( LAS NO TRADICIONALES CRECIERON A UN PROMEDIO ANUAL DE 22%, MIENTRAS LAS TRADICIONALES A 2,9% A LA DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES DE MATERIAS PRIMAS.)

Entonces, está en marcha un acelerado proceso de diversificación de nuestras exportaciones con mayor valor agregado. Se trata de acelerarlo aun más y sustentarlo a largo plazo con el mejoramiento cualitativo de la educación, investigación e infraestructura. Para eso necesitamos, sí, de los recursos fiscales que aporta la minería. Necesitamos mucha más inversión minera (producimos menos de la mitad que Chile) para generar más recaudación y más inversión regional. Sería grave, entonces, atacar tributariamente a la minería con una carga superior al 70%, que es lo que se desprende del plan de gobierno de Humala, cuando la de Chile, con nuevas regalías y todo, solo alcanza al 40%; y más aun “nacionalizar” sectores estratégicos y recuperar el rol empresarial del Estado en ellos, como se plantea, porque lo único que lograremos es que no venga inversión externa a un sector de por sí complicado y que, por lo tanto, la inversión general se retraiga. Con lo que liquidamos la más grande conquista histórica del Perú: el crecimiento acelerado y sostenido, sin el que no se podrá derrotar la pobreza".

De otro lado, presentamos los siguientes videos considerando el tema de la tributación minera que por si solas se explican:

De lo expuesto, se deduce que el total de gravámenes que actualmente se estaría considerando para la minería llegaría al orden del 50 % y estaría escalando hasta superar el 70%; datos que a nuestro juicio debería merecer una explicación técnica para no generar mayores alteraciones en las expectativas de inversión en el sector minero peruano.

Gestión del Estado y PBI en el tema de las sobreganancias mineras

La minería peruana logró captar inversiones por más de dieciocho mil millones de dólares en los últimos quince años, lo que le ha permitido crecer a una tasa superior a la del PBI nacional.

Ciertamente el PBI minero peruano creció en 260 por ciento en las últimas dos décadas (Su crecimiento fue superior al PBI nacional que logró crecer 135 por ciento desde 1990), impulsado por las mayores inversiones que ha habido en el sector.

La minería representa más del sesenta por ciento de las exportaciones totales del país y más del cuarenta por ciento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado.

El sector minero genera más de 128 mil empleos ocupados directos y 500 mil indirectos, y realiza compras anuales por un valor del orden de los 13,000 millones de nuevos soles en el mercado nacional.
Entre Enero del 2007 a Julio del 2010  se distribuyó entre los Gobiernos Regionales mas Gobiernos Locales la suma de dieciséis mil trescientos treinta y seis millones de nuevos soles.
Todo esto y más es lo que ha trascendido como cifras sin llegar al detalle de la auténtica situación en que se encuentra el sector minero.
No llegar al sinceramiento de información que rodea a los logros alcanzados permitió un distanciamiento entre la minería y la mayoría de una población peruana que no se siente partícipe de los beneficios propalados.

Por ello, causa sorpresa en algunos actores sociales saber que en los últimos años existe una contracción del PBI minero, pues difiere de la información generalmente aceptada por la población peruana.  (% PBI MINERO (Var%real) : -1.4 (2009) y -4.9 (2010)).
En este contexto, decir que el indicador de la evolución negativa del PBI minero resulta ser un efecto de las causas ligadas a la cada vez mas crecientes limitaciones existentes en la exploración y explotación minera, no resultaría ser un exceso.
Recordemos que Perú posee una riqueza geológica que brinda múltiples oportunidades de inversión y que a la fecha sólo el 1.3 por ciento del territorio nacional se usa para desarrollar trabajos de exploración o explotación minera, cifra que se mantiene casi sin mayores progresos en el tiempo, pese a que las áreas concedidas a la actividad minera representan 13.8% del territorio nacional.

En esencia lo consiguieron: el debate de la sobreganancias mineras está en el nivel de la decisión de grupos políticos que virtualmente tomarán la administración del país, pues hicieron eco de una buena parte de la población creyente que echando mano de estos fondos resolverán los problemas inherentes a la canasta familiar.
No estuviéramos escribiendo de esta forma si no hubiera un número significativo de peruanos  que piensan que con la sobreganancias mineras se puede financiar gran parte del presupuesto del país.
Todo ello sin perjuicio de conocer que el aporte de la minería a la economía peruana nacional es importante, pero que sin embargo sólo equivale al 6.4 % del PBI nacional.
Surge entonces la pregunta respecto al comportamiento y justo tratamiento de los otros sectores estratégicos en su aporte al PBI para el desarrollo nacional. 
La prensa lo sabe y lo explota. Aquellos a los que se les supone oficio para seleccionar la información, para acreditar su veracidad y no dar pie  a rumores sin fundamento.
Primó entonces el discurso mediático sustentado en que los precios internacionales de los metales se han disparado y con ello las ganancias y la rentabilidad de las mineras han aumentado en grandes dimensiones, por lo que el Estado tendría legítimo derecho a una participación proporcionada.
A la inadecuada comunicación entre el Estado peruano, los mineros y la mayoría de la población en lugares sin tradición minera, se le incorpora su deplorable gestión en  organismos competentes que no pudieron neutralizar a la burocracia insensible persistente en la administración pública. Podríamos revisar el manejo minero en Madre de Dios si quedara alguna duda sobre el particular.
Sin embargo, a medida que nos acercamos a identificar la causas de las demandas socio ambientales que se van incrementando en forma recurrente, llegamos a deducir que muchas de las situaciones existentes son ajenas al inversionista minero.
Resulta que el inversionista minero paga sus impuestos al Estado y estos no en pocas veces son utilizados adecuada ni oportunamente en las comunidades que sienten no percibir ninguna inversión social.
A este escenario se incorpora el hecho que desde Enero del 2007 a Enero del 2011, las mineras han depositado un mil setecientos setenta y seis millones de nuevos soles por aporte voluntario.
Lo antes mencionado podría contemplar una elevada carga ideológica confrontacional , pues involucran posiciones encontradas respecto a externalidades provocadas por el tema de la contaminación actual generada por la actividad minera o los pasivos ambientales y el tema de responsabilidad social.
Las compañías mineras contribuyen - además del pago de impuestos, canon, regalías, aporte voluntario - mediante proyectos de apoyo a comunidades aledañas a su área de influencia con infraestructura de servicios básicos salud, electricidad, educación, carreteras, saneamiento : agua potable y alcantarillado, etc, en el marco de su responsabilidad social empresarial. También contribuyen con su aporte a las universidades nacionales beneficiarias directas del canon minero. (Reciben el 20% del monto que perciben los gobiernos regionales para ejecutar investigaciones científicas y tecnológicas).
Sin embargo, no pueden efectuar acciones de gran escala que supondría sustituir la labor que le corresponde realizar al Estado.
Las solicitadas obras con gran impacto en la población, requieren además del procedimiento estipulado por Ley, de un tiempo de planificación y la concurrencia de voluntades de ámbito macroregional, por consiguiente escapan del área de influencia de una compañía minera en particular.
Cierto es que hay climas políticos como en el periodo electoral que favorecen la calumnia, el escarnio o la mentira, el clientelismo político y asistencialismo favoreciendo el incremento de la corrupción y también cierto que los medios de comunicación a menudo favorecen que columnistas y opinadores expertos les hagan el trabajo sucio, suelten sesudos "análisis científicos" en aras de la libertad de expresión aquello que no se sienten impelidos a demostrar: es una opinión, ¡su docta opinión!.
Todo con tal de animar un espectáculo que sólo conduce a la toma de carreteras y lamentables muertes que se han producido con cierta frecuencia últimamente en nuestro país.
Para el mitificador de la minería cualquier argumento es válido para hacer daño y desviar la atención al terreno de las dudas y murmuraciones.

Los más burdos echan mano del insulto, los más sofisticados apelan a la filosofía o la ciencia para llegar a la misma conclusión, que hay un grupo de compañías mineras que se levantan en peso las riquezas del país y que no dejaran nada para las futuras generaciones. Que se acabarán o contaminarán el agua necesaria para los agricultores y por ende perjudicarán la calidad de sus productos y sus ganados.

El mitificador de la minería no suele rendirse. Si la duda ha sido resuelta técnicamente, si se demostrara que el inversionista no es responsable de las protestas ciudadanas y se llegara a un razonable acuerdo con la nueva administración del gobierno peruano respecto a los contratos, el mitificador contesta, ¡eureka!, ahora, habrá que averiguar si han pagado las multas por contaminación y el daño ambiental provocado desde los albores de la minería en territorio nacional; recordándonos épocas de bonanza de la economia peruana (Guano de la Isla,Caucho,Pesca,etc.) y cómo es que no supimos defender el patrimonio nacional.
Y aunque sea difícil creerlo para las personas racionales, los nuevos rumores tendrán su público, porque siempre hay público para la cosa facil, y no hay autoridad o evidencia que borre de la mente de un público sediento de echarle la culpa de los errores del pasado.
Sobre el presente, también es dificil creer que existirían más de cincuenta mil millones de nuevos soles que pertenecen a las regiones por canon y regalias mineras y que no son utilizados , encontrándose en tránsito hacia su destino final de la comunidad beneficiaria, ya sea porque se encuentran estacionados en el Banco de la Nación o Bancos Privados , o que el Estado no tiene la menor idea de donde invertirlos ante la ausencia de proyectos.
 



La ausencia de Proyectos en lugares carentes de servicios básicos 
generan en su lugar construcciones faraónicas con fondos mineros.



El sector minero peruano tiene una cartera de proyectos que supera los 46 mil millones de dólares que se deben hacer realidad en los próximos años, hacemos votos para que el interés por invertir en Perú subsista, asi como el concenso en mantener un cuidado ambiental estricto y no descuidar la agenda social pendiente para reducir los conflictos socio-ambientales producidos ante el crecimiento del sector minero visto como articulador con el desarrollo sostenible de las regiones mineras y el país en general.

De las negociaciones en torno a las sobreganancias mineras

Es altamente probable que en el corto plazo la próxima administración del gobierno peruano convoque a las empresas mineras para negociar sobre el impuesto a las sobre ganancias mineras, toda vez que las dos alternativas de gobierno central que pasaron a definir quien se hará cargo del gobierno central peruano, optaron por financiar parte de sus propuestas de gestión del Estado aplicando los fondos económicos obtenidos de estas sobreganancias.

Es importante entonces conocer  lo que significaría este tipo de negociación para el país.

En los últimos cinco años (Periodo 2006-2010), las exportaciones totales del país fueron US$  145,691 MM, de los cuales las exportaciones mineras significaron US$  88,714 MM , es decir, el aporte de la minería  representa el 61% de las exportaciones totales que tiene el país. 

Asimismo, las exportaciones mineras se elevaron de US$  14,735 MM (2006) a  US$  21,723 MM (2010) , incrementándose en 67.8 % en ese lapso.

Estas cifras frías difundidas en el contexto de la campaña electoral, hacen considerar en el común de los ciudadanos que el marco legal es diametralmente asimétrico, favorable para las inversiones mineras y desfavorable para los derechos de las poblaciones.

Lo que estaría por verse son las condiciones reales en las cuales se sentarían a negociar las partes, una de las cuales tiene que ver con la evolución del PBI minero.

El porcentaje del PBI Minero (Var% real) presenta una tendencia negativa.

En el periodo antes mencionado se tienen las siguientes cifras : % PBI MINERO (Var%real) 1.1 (2006) ,1.7 (2007),  7.3 (2008), -1.4 (2009) y  -4.9 (2010). 

En Enero del 2011, el PBI minero sufrió una contracción de -6.8 % por la caida en la producción de minerales como el estaño (-24.7%) , Plomo (-23.6%) y Oro (-17.4%) entre otros.

Otro de los elementos a tomar en consideración es que a pesar de la importante inversión realizada en los últimos años para mitigar la pobreza y desarrollar las zonas donde operan las mineras (aporte de la minería através del impuesto a la renta , canon minero y de los aportes voluntarios a las regiones y localidades donde realizan sus actividades) no se percibe una reducción de conflictos; por el contrario, éstas se han incrementado. Es preciso remediar los factores generadores de los problemas sociales y ambientales recurrentes en Perú y no dejar a las empresas mineras solas para que mediante proyectos de responsabilidad social puedan derrotar a la pobreza extrema persistente aún en algunos lugares del país.

Cabe tomar nota que actualmente la carga impositiva en el Perú supera  a directos competidores en el tema minero como es el caso de chile y Australia.

Lo que estaría pendiente en agenda, es la necesidad que las mineras mantengan su competitividad construyendo una relación de confianza y de comunicación adecuada con el futuro gobierno peruano, con capacidades de sostener la cartera de proyectos mineros prevista o las mejore con las alternativas que se brinden para continuar y/o empezar operaciones en el país.

Riesgos en clima Jurídico e Inversiones mineras

El martes primero de Febrero del 2011 comentaba en este espacio características del Instituto FRASER y nos  referiamos al reporte de encuestas producto de las investigaciones  hechas en la percepción sobre el atractivo para el inversionista, como destino de la inversión minera.

Decíamos entonces que el índice de percepción del potencial minero puro, definido por la apreciación de los inversionistas sobre la riqueza geológica de determinado territorio, ubicaba al Perú en primer lugar entre sesenta y cuatro países (encuesta 2005-2006), y , cuando a éste indicador se le incorporaba las restricciones al acceso o uso de los terrenos superficiales y/o subterráneos y las regulaciones en general, como las tributarias, sociales y ambientales, el Perú caía a la posición número cuarenta y tres (43).

Una reciente encuesta realizada por este prestigioso instituto, da cuenta que invertir en Perú presenta mayores riesgos.

Actualmente (Abril 2011) se encuentra en la posición número cuarenta y ocho.

En este lapso bajó cinco puestos debido al ruido político generado por las señales inadecuadas que los líderes políticos están enviando a los inversionistas de todo el mundo sobre la incorporación de un nuevo tratamiento legal para gravar las sobreganancias mineras o eventuales mayores regalías.

De otro lado - según informes de distintos medios de comunicación- se aprecian demandas sociales y ambientales que buscan desincentivar la exploración y explotación minera en determinadas áreas del territorio nacional sujetas a presiones de índole social y a la actuación de sus propias autoridades políticas, las cuales terminan generando serias dudas respecto a la estabilidad jurídica de cara al futuro. 

Las señales antes mencionadas, ponen en riesgo los niveles de competitividad de la minería.     

Hacemos votos para que los medios difundan las expresiones políticas en su verdadera dimensión -que constituye el marco del proceso electoral democrático que vive el país - sin deformar la bien ganada imagen de país moderno en el tema minero, gracias a una bien ganada posición con respecto al medio ambiente responsable, un marco legal que favorecen las inversiones, permitiendo al país continuar ubicado entre los países privilegiados en términos de recepción de inversiones.

Experiencia en concesiones y asociación público-privada.

Perú cuenta con experiencia en el tema de concesiones y modalidades de asociación público-privada para las inversiones que han hecho posible la realización de una gran variedad de obras de infraestructura necesarias para su crecimiento y desarrollo.

Este escenario permitió un espacio participativo a empresas que forman parte ya del crecimiento histórico que viene ejecutándose en diversas partes del territorio nacional.

A modo de ejemplo , presentamos una síntesis descriptiva de la partición de una de ellas, ejecutando proyectos para sectores estratégicos como : minería, transporte, electricidad y saneamiento.

Para continuar por la senda del crecimiento que tanto esfuerzo costó a las pasadas generaciones de peruanos, es preciso que las sucesivas administraciones del estado, mantengan las seguridades jurídicas y estabilidad macro económicas muy necesarias  para lograr el desarrollo del país.

Perú como proveedor de energía limpia y renovable de Sudamérica

En 1997, el Estado Peruano convocó a concurso público internacional para la concesión y operación del proyecto de la línea de transmisión de energía eléctrica Mantaro-Socabaya, a fin de interconectar el sistema interconectado centro norte (SICN) con el sistema interconectado del sur (SIS) y constituir el sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN).

En 1998, la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas (Promcepri) adjudicó la buena pro del concurso público internacional para la concesión eléctrica del sistema de transmisión Mantaro-Socabaya a Consorcio Transmantaro S. A. (CTM).

El operador estratégico para operar la Línea Mantaro-Socabaya fue Hydro-Québec International Inc.

Posteriormente, el 2006, Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA) se convirtió en el operador estratégico de la compañía, siendo los accionistas de Consorcio Transmantaro ISA y Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB).

En este contexto, Perú podría convertirse en proveedor de energía limpia y renovable en Sudamérica al entrar en operación las actividades previstas para CTM.

CTM es una empresa dedicada a desarrollar transmisión eléctrica como concesionaria de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, para unir el Sistema Interconectado Centro-Norte con el Sistema Interconectado Sur. Asimismo, la construcción, operación y mantenimiento de redes de transmisión de energía, y el desarrollo de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones.

El ministro de energía y Minas Pedro Sanchez explica seguidamente todo este planeamiento que se piensa seguir a largo plazo para hacer competitiva actividades como las desarrolladas en el sector minero.

Contratos de garantías mineras y altos precios internacionales de minerales

Los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera han sido firmados por las empresas mineras y el Estado Peruano, al amparo del artículo setentiocho de la Ley General de Minería (DS Nº 014-92-EM).

Una posición actual (2011) que viene difundiéndose bajo el escenario del incremento de precios internacionales de los minerales es que debe modificarse la Ley de Minería para que los nuevos contratos permitan un eventual reparto equilibrado de las utilidades y las sobreganancias entre las empresas mineras y el Estado Peruano.

Asimismo, los contratos de estabilidad precitados están amparados por el artículo sesentidos de la Constitución Política de 1993, el cual establece que los contratos sólo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes. Por consiguiente, el acuerdo entre las partes es condición sine qua non para cualquier eventual modificación.

El supuesto que alienta la modificación es el hecho que las empresas mineras estarían obteniendo ganancias imprevistas por los altos precios y el Estado no estaría obteniendo la participación que le debería corresponder por impuesto a la renta y regalías.

Este cambio se realizaría sin perjuicio de la existencia del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, también llamado “óbolo minero”, que no extendería su vigencia durante la próxima administración del Estado peruano.

Es así que el próximo gobierno (A partir de Julio del 2011) decidirá sobre la continuidad del aporte voluntario, abriéndose la posibilidad de crear un impuesto a las sobreganancias mineras, toda vez que tal propuesta quedó entre los candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta electoral.

Ambas opciones que podrían administrar los destinos del Perú por los próximos cinco años: Gana Perú y Fuerza 2011 ratificaron sus posiciones de incorporar más impuestos a las empresas mineras que vienen realizando operaciones en territorio peruano. Las propuestas coinciden en gravar las sobre ganancias mineras. La propuesta de Gana Perú considera que no renovará los contratos de estabilidad, además que eliminará esa figura de la Constitución Política. En este contexto, se estaría considerando eliminar el óbolo minero. Por su parte, la propuesta de Fuerza 2011 es establecer regalías variables sobre la base del margen operativo, de manera que cuando haya más ganancias habrá más regalías.  El óbolo minero se creó en el año 2006, como resultado de un convenio entre el Ejecutivo y treinta y nueve empresas mineras, en vista de la presión de la campaña electoral de los entonces candidatos Alan García y Ollanta Humala, quienes proponían gravar las sobreganancias.

En ese acuerdo se comprometía a las empresas extractivas a donar el 3.7% de sus utilidades para inversiones sociales, sumando en conjunto alrededor de S/. 500 millones de nuevos soles al año. Es así que desde enero del 2007 (inicio de su vigencia) hasta enero del 2011, las mineras han depositado S/. 1,776 millones por este concepto, según el informe de la Comisión Sectorial del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Este monto no corresponde a los S/. 2,500 millones previstos por las mineras en cinco años, y alcanzarían sólo S/. 2 ,300 millones. Las inversiones ejecutadas representarían el 62% del total depositado. El informe del MEM menciona que la ejecución del “óbolo minero” se concentró en proyectos de infraestructura (32.94%), cadenas productivas (15.66%) y educación (15.23%), seguidos de inversiones en salud (11.95%) y nutrición y alimentación (11.01%).

Respecto a los contratos duran 15 años y se podrán observar en el Portal del Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/).

Veremos que los contratos de Barrick (Pierina), Cerro Verde y Yanacocha (Cerro Yanacocha) vencen en los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. El contrato con Antamina, por US$ 2,094 millones, vence el año 2015. Posteriormente viene Barrick (Alto Chicama), que vence el 2020, y también de Chinalco (Toromocho), que debe empezar su inversión en el 2012, por lo que su contrato concluye el año 2027.

A los mencionados debería sumarse el de Xstrata (Las Bambas), firmado en el año 2009 al amparo de los DL 662 y DL 757 del año 1991 (la inversión debe comenzar el 2011).

El sustento de las modificaciones radicaría en las nuevas condiciones económicas y sociales en beneficio de la estabilidad económica y social de las partes.

Nos preguntamos si sería suficiente sustento para ambas partes y si esta contingencia no retraería las inversiones previstas de cara al futuro en Perú. 

Impases subsistentes sobre el proyecto cuprífero Tia Maria

La compañía minera Southern Copper Corporation, en su oportunidad, informó que el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa) demandaría una inversión de 949 millones de dólares, produciendo unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año.

Detalles técnicos del proyecto se podrán ver en la siguiente presentación:

Habida cuenta que el conflicto recurrente entre la Agricultura y la minería sobre el proyecto Tia María aparece en Agosto del año 2009, consideramos que ha habido tiempo suficiente para tratarlo de manera adecuada a través de procesos de diálogo.

Sin embargo, las reuniones que se plantearon fueron hechas solo en momentos en que se presentaban situaciones de crisis, es decir, no existió una continuidad en el tratamiento dialogante de este conflicto.

El dia 21 de Enero del 2011 se realizó una reunión informativa en la provincia de Islay sobre el proyecto minero Tía María con una asistencia aproximada de seiscientas personas que pudieron informarse sobre la metodología a emplearse, el uso del agua y lo que traería este proyecto por el desarrollo de la agricultura y otras actividades que se realizan en la provincia de Islay y el valle de Tambo.

Sin embargo, no fue suficiente para evitar ver resurgir las violentas protestas; la última de las cuales derivara en la decisión de declarar inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la autoridad competente.

Los argumentos contemplados para tomar esta decisión se explica seguidamente :

La administración del gobierno peruano había contratado a UNOPS a efectos de evaluar el EIA presentado por la compañía minera, habiéndose reportado ciento treintiocho (138) observaciones en el estudio presentado.

Correspondía entonces levantar las observaciones o explicar detalles técnicos por parte de la compañía minera a efectos de tomar la decisión que corresponda de acuerdo a derecho.

Cortando el proceso, y haciendo uso de una decisión soberana, se tomó la decisión de declarar inadmisible el EIA.

El estado de derecho que existe en Perú, demanda difundir para conocimiento público los términos que sustentan a la Resolución Directoral que adelanta el procedimiento y le hace encontrar elementos insalvables en este proyecto y que estarían aplicados con arreglo a Ley.

El antecedente servirá para obviar situaciones que generan ruido político en ulteriores actividades propias del sector minero.

Demanda por cierre de operaciones mineras en Perú.

Las firmas Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron una demanda arbitral (7 Abril 2011) bajo un proceso de arbitraje contra el Estado peruano y exigirán una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial.

Según Renco, el gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU.

Alegan que recibieron un trato injusto respecto de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

La firma dice que el Gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que, debido a la negativa a extender el PAMA, no pudieron terminar con el proyecto faltante (Construcción de la planta de ácido sulfúrico).

Un segundo argumento es que el Gobierno Peruano trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que esta última tampoco cumplió con las obligaciones que le correspondían del PAMA.

Para Renco, este hecho constituye un trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.

El tercer alegato de Renco es que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante INDECOPI.

Señala que están buscando financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores.

Aduce que el Gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante INDECOPI(por incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulneraría el artículo 10.7 del TLC.

De otro lado, retoman el argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña publicitaria: el Gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos.

Como antecedente se tiene que existe una denuncia contra Renco que fue admitida en un Tribunal de Missouri (USA) por un grupo de pobladores de La Oroya y que, según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.

Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el precitado Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU.

Impuestos en sector minero Peruano

En el marco del proceso electoral que viene realizándose en Perú (Abril 2011), ambas opciones que podrían administrar los destinos del país por los próximos cinco años : Gana Perú y Fuerza 2011 ratificaron sus posiciones de incorporar más impuestos a las empresas mineras que vienen realizando operaciones en territorio peruano.

Ollanta Humala (Gana Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza 2011) como contendores en la segunda vuelta electoral, ambos tienen distintas propuestas para llegar a Palacio de Gobierno, pero coinciden en gravar las sobreganancias mineras.

Para Gana Perú, la mayor renta minera servirá para aumentar el presupuesto de los sectores educación y salud, así como generar fondos de garantías en créditos a las medianas y pequeñas empresas.

La propuesta de Gana Perú considera que no renovará los contratos de estabilidad, además que eliminará esa figura de la Constitución Política.

De otro lado, en los contratos de estabilidad que concluyan se aplicará a las mineras la tasa del Impuesto a la Renta que corresponde, y deberán pagar regalías , según esta propuesta de administración del estado peruano.

En este contexto, se estaría considerando eliminar el aporte voluntario minero.

Por su parte,la propuesta de Fuerza 2011 es establecer regalías variables sobre la base del margen operativo, de manera que cuando haya más ganancias habrá más regalías.

Solidaridad minera con el pueblo.

El Programa de Solidaridad con el Pueblo peruano, generalmente conocido como óvolo minero. Consiste en que las empresas aporten el 3.75% de sus ingresos para que sean invertidos en las regiones donde están localizadas las minas.

El óbolo minero no es un impuesto y su administración está a cargo de un comité en el cual la empresa tiene la representación mayoritaria.

Entró en vigencia a partir de Enero del año 2007 y acordó que el sector minero contribuiría con un monto aproximado de dos mil quinientos millones de nuevos soles en un periodo de cinco años.

Su objetivo fue contribuir en la lucha contra la pobreza en el Perú atravéz del financiamiento de proyectos en Salud,educación,nutrición,desarrollo productivo e infraestructura básica.

Debido a su carácter voluntario, algunas empresas mineras no se han adherido al óbolo. Motivo por el cual al término de su vigencia se estaría alcanzando solamente a dos mil trescientos millones de nuevos soles, es decir, doscientos millones menos de los previstos recaudar inicialmente.

Actualmente (2011) se viene discutiendo el tema de las sobreganancias mineras que eventualmente deberá resolver la próxima administración del Estado Peruano, están en las propuestas, de una parte la prolongación del óvolo minero y de otra,modernizar la Legislación peruana en ese extremo.

La mejor decisión que se tome buscará luchar frontalmente contra la pobreza extrema que aún persisten en algunas zonas de influencia minera, de modo tal que las demandas socio ambientales se reduzcan progresivamente y pueda armonizarse el financiamiento de las actividades y proyectos en las regiones con tradición minera y las nuevas con reservas de minerales importantes, de cara al futuro.

Clima Jurídico e inversiones mineras.

El Instituto FRASER es una institución canadiense independiente que realiza investigaciones sobre temas económicos, sociales y educativos.

Es una organización que realiza investigaciones de sectores donde están relacionadas empresas canadienses, como el Reporte Anual de Compañías Mineras, cuyo objetivo es comparar las realidades geológicas y regulatorias sobre el aprovechamiento de recursos naturales mineros.

Este reporte constituye una encuesta de percepción sobre el atractivo para el inversionista, como destino de la inversión minera.

La encuesta utiliza tres indicadores para medir el atractivo a la inversión minera: Potencial minero, clima político e índice de atracción de la inversión.

El índice de percepción del potencial minero puro, definido por la apreciación de los inversionistas sobre la riqueza geológica de determinado territorio, ubicaba al Perú en primer lugar entre sesenta y cuatro países (encuesta 2005-2006), cuando a este indicador se le incorporaba las restricciones al acceso o uso de los terrenos superficiales y/o subterráneos y las regulaciones en general, como las tributarias, sociales y ambientales, el Perú caía a la posición número cuarenta y tres (43).

Para el año 2007, Perú se encontraba en el puesto 28 entre los destinos más atractivos para la inversión en exploración minera.

El año próximo pasado (2010), Perú pasó a la posición número once (11) como país atractivo para las inversiones en minería según el precitado instituto FRASER en su encuesta anual, y esto es resultado , entre otros, de la seguridad jurídica.

El país actualmente (2011) está ubicado estratégicamente entre los países más importantes del mundo en términos de recepción de las inversiones , gracias a una bien ganada imagen de país moderno en el tema minero pues presenta una posición clara con respecto al medio ambiente responsable, un marco legal que favorecen las inversiones, donde tanto los capitales extranjeros y los nacionales son considerados en un mismo plano.

En este contexto, el reto que se presenta a la futura administración del estado peruano, que empezará a partir del 28 de Julio del 2011, es mantener la tendencia positiva para continuar generando crecimiento y desarrollo en el país.