Inversión & conflictos ambientales

Un interesante artículo de Carlos Acat Koch publicada este 19 de Diciembre del 2011 sobre la controversia planteada entre la inversión y conflictos medioambientales en el tema minero, es compartida seguidamente: 

La minería en el Perú se ha convertido en el eje neurálgico de la economía del país desde principios del siglo XX, al ser el motor del crecimiento del producto bruto interno (PBI) con una participación del 14,4 por ciento e ingresos por 155.000 millones de dólares, lo que la convierte en la principal fuente de divisas.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en el país, al cierre del 2011, concesiones mineras que cubren una superficie de 24.057.405 hectáreas, y los proyectos en cartera suman más de 51.000 millones de dólares.

Se calcula que de unos 250 proyectos mineros en ejecución a nivel nacional un 65 por ciento viene operando sin mayores problemas con las poblaciones o comunidades aledañas; el 5 por ciento si hay una oposición clara o bien existe el riesgo que se declare no viable la concesión minera.

Perú figura, a nivel mundial, como el primer productor de plata; el segundo en cobre y zinc; tercero es estaño; cuatro en plomo; sexto en oro; y, décimoséptimo en hierro. Además, la minería configura el 65 por ciento del total de las exportaciones anuales, un monto que representa unos 24.000 millones de dólares en el 2011.

En el 2010, las inversiones mineras en el Perú llegaron a 2.791 millones de dólares, dirigidas a equipamientos de plantas.

Las inversiones también contemplaron equipamiento minero, actividades de exploración, labores de explotación, infraestructura y labores de preparación para trabajos de exploración.

Entre enero y septiembre de este año la inversión sumó 4.667 millones de dólares y se calcula que para el quinquenio 2011-2016, la cifra de la inversión total superará los 51.000 millones de dólares.

Empero, si bien desde el punto de vista económico ha resultado el sector más rentable, el actual Gobierno del Presidente Ollanta Humala concertó en septiembre pasado con los empresarios mineros un gravamen especial minero (GEM) que se espera rinda unos 3.000 millones de soles anuales (aproximadamente 1.000 millones de dólares).

A pesar de una mejora en los precios en la cotización internacional de los metales, a nivel interno se producen conflictos medioambientales y sociales entre las empresas mineras y no solamente con la población aledaña a las mismas sino también con paralizaciones de carácter regional.

En octubre, durante el primer mes de aplicación del GEM, que incuye un nuevo sistema de regalías, se recaudaron 204 millones de nuevos soles (75 millones de dólares), según la Superintendencia Nacional de Tributos (Sunat).

Ese gravámen, según decisión del Poder Ejecutivo, estará destinado a financiar proyectos de infraestructura, ampliar los programas de inclusión social y remediar los pasivos ambientales.

La suspensión indefinida del proyecto cuprífero Tía María, en el sureño departamento de Arequipa, y en fecha reciente del proyecto aurífero Conga, en el norteño departamento de Cajamarca, han generado incertidumbre en el empresariado e implicaría la reducción del financiamiento para superar la pobreza que afecta al 34 por ciento de los 30 millones de peruanos.

Tía María, propiedad del grupo mexicano Southern Cooper Corporation (SPC), tenía prevista una inversión de 1.000 millones de dólares para la explotación y procesamiento de oxido de cobre, de sulfuro y de material conglomerado y óxidos de baja ley, operando a tajo abierto en dos fases, una en el bienio 2012-2013 y otra en el sexenio de 2013-2019.

Sin embargo, una protesta en abril pasado que dejó tres pobladores muertos obligó al gobierno de entonces del Presidente Alan García (2006-2011) que dispusiera el retiro de la maquinaria y demandó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Conga, que forma parte de Yanacocha, también aurífera, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, un proyecto que cuenta con 4.800 millones de dólares de capital para poder explotar a tajo abierto las reservas de minerales calculadas en más de 6 millones de onzas de oro.

Otros tres casos de minas suspendidas son el proyecto cuprífero de Las Bambas, a cargo de la suiza X-Strata, en el departamento sur andino de Apurímac, con una inversión de 4.200 millones de dólares; el también cuprífero de Quellaveco, en el sureño departamento de Moquegua, con un aporte de 3.000 millones de dólares de la minera Anglo American; y el proyecto de Santa Ana en el altiplánico departamento de Puno, de la canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares. Estos proyectos tenían calculado extraer más de cinco millones de onzas de plata, y por el cual los puneños también se declararon en contra lo que provocaron actos de convulsión social que dejaron saldo de cinco muertos.

Las poblaciones opositoras a la participación minera se declararon en paro indefinido, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía presentan como causa común que la explotación minera dañaría las cuencas hidrográficas y por extensión dejarían vulnerables el medio ambiente.

Asimismo señalaron que las minas también afectarían con sus contaminantes las actividades agropecuarias y el agua de consumo humano.

En noviembre pasado también las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en el departamento sur andino de Apurímac se paralizaron, y los pobladores exigieron al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto supremo por el cual se prohíba toda actividad minera en ambas provincias.

Estos conflictos plantean al gobierno central de Perú la disyutiva de asumir la responsabilidad frente a la inversión y a las comunidades, y presuntamente la respuesta que ofrezca marcará un hito en la solución de otros enfrentamiento a futuro.

Aquí, las preguntas a resolver, por citar algunas serrían: ¿Qué hacer para que los proyectos sean viables y sostenibles?, ¿Bajo qué lineamientos se deben desarrollar los estudios de impacto ambiental (EIA) y quién debe estar a cargo de los mismos?.

Otras preguntas serían: ¿Cómo y en qué forma se debe recoger la aprobación o desaprobación de la población, teniendo en cuenta que ya se promulgó la Ley de Consulta Previa aunque está pendiente su reglamentación? y ¿Cuál será el futuro de las regiones cuando los yacimientos concluyan su período de vida?

Un tema que, a través del tiempo, se ha recrudecido es la falta de diálogo objetivo y transparente entre el estado, las empresas mineras y la población.

Esto es, que ha faltado una conectividad permanente si se tiene en cuenta que experiencias anteriores en la extracción de minerales han empobrecido aún más las regiones donde se han ubicado los yacimientos.

Sin embargo, también hay ejemplo puntuales en que el diálogo y el consenso han dado resultados favorables.

Uno de esos casos es el proyecto aurífero Ollaechea, del grupo estadounidense Minera IRL, en el departamento altiplánico de Puno, que ha facilitado que la comunidad campesina aledaña tenga una participación del 5 por ciento del paquete accionariado.

Otro es el que encabeza la firma X-Strata, que explota el yacimiento cuprífero de Tintaya, en el sur andino departamento de Cusco, donde se construye un hospital y ejecuta más de 600 obras en la provincia cusqueña de Espinar.

Perú se debate entre el oro y el agua

Seguidamente reproducimos lo que la BBC-Perú  expone sobre la situación minera peruana:

El proyecto de inclusión social que ofreció en su campaña electoral el presidente de Perú Ollanta Humala se enfrenta en Cajamarca con una dura prueba, en la que debe equilibrar las necesidades del desarrollo económico con el respeto a las derechos de las comunidades y a los compromisos con inversionistas extranjeros.

Hace poco más de una semana, Humala trató nuevamente de asegurar al pueblo peruano y a inversores extranjeros que, bajo su liderazgo, las empresas mineras podrían seguir teniendo rentables ganancias sin afectar a las comunidades preocupadas por los impactos de las actividades extractivas.

"La minería no ha cumplido con el rol social de atender a las comunidades y ese abuso ha generado un clima de desconfianza," dijo el mandatario peruano el 24 de noviembre.

"Ese clima nos polariza y nos divide entre oro o agua. (…) Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez."

Perú tiene una tradición minera centenaria, y la minería sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país. Pero eso tiene un coste social y medioambiental.

Protestas heredadas

Cuando Humala tomó la presidencia en julio, heredó docenas de conflictos de pobladores que rechazan la explotación minera y temen por la contaminación de sus tierras.

Las protestas solían resolverse con le envío de militares y la restricción de las libertades civiles, pero el mandatario prometió un cambio radical de ese pasado.

Sin embargo, después de 11 días de una huelga en rechazo a un gigantesco proyecto minero en la región norteña de Cajamarca –la mayor inversión en la historia del país- y violentos enfrentamientos entre policía y comuneros, el presidente siguió los pasos de sus antecesores y declaró estado de emergencia.

"El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada," dijo Humala en un mensaje a la nación el domingo por la noche.

Cuestión de confianza

Por 60 días los pobladores cajamarquinos no podrán reunirse o transitar libremente en el territorio. Las fuerzas armadas, además, apoyarán a la policía en el control del orden público.

Con un coste de US$ 4.800 millones, el proyecto Conga de extracción de oro y cobre, cuya socia mayoritaria es la empresa minera estadounidense Newmont, prevé secar cuatro lagunas andinas y remplazarlas con reservas de agua artificiales

Pese a que ya se hizo y fue aprobado un estudio de impacto ambiental, los manifestantes temen que dicho proyecto llevará a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua utilizadas para la agricultura y la ganadería.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, cree que el gobierno debería antes que todo restablecer la confianza entre la población y la empresa minera.

"Es posible tratar de encontrar condiciones en la cuales la actividad minera en una zona como Cajamarca pueda desarrollarse," dijo del Castillo a BBC Mundo.

"Pero antes del inicio de esta paralización, el gobierno señaló que el proyecto seguiría adelante de todas maneras. Creo que esto detonó la protesta última en la forma en que la hemos visto. No fue la respuesta más flexible."

Transformación necesaria

Sin embargo, Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, no cree que el gobierno haya sido intransigente con el proyecto Conga, sino que el presidente hizo promesas electorales que no son viables.

"Hay videos donde Ollanta Humala candidato apoyaba la defensa del tema ambiental en contra de la minería," dijo Santillana a BBC Mundo.

"Pero el Ollanta Humala presidente se ha dado cuenta que tiene que ser responsable por la vida de 30 millones de personas".

"Él quiere hacer una gran transformación. Y para hacer esa transformación, se necesitan recursos fiscales y altas tasas de inversión privada de capital peruano y extranjero en la economía nacional. Entonces, no se puede estar en contra de proyectos mineros como si al Perú le sobrara la plata."

Un tercio de la población peruana aún vive en pobreza, y el presidente ha prometido una redistribución de las ganancias mineras para que beneficien mayormente a los sectores marginados.

Alternativas

Sin embargo, según Jorge Chávez Granadino, investigador del Foro Nacional Internacional, una ONG que promueve la gobernabilidad democrática, Perú debería apostar a dar un salto adelante como otros países, para no tener que seguir dependiendo tanto de la minería y así evitar los conflictos sociales que esa genera.

"Costa Rica es un país que ha tomado la opción a orientarse a ciertos servicios – ambientales, turísticos y tecnológicos," dijo Chávez Granadino a BBC Mundo, "y está pudiendo dejar incluso actividades mineras para dedicarse a lo otro con rentabilidad."

"Siempre es posible pensar en esta alternativa" la cual, según el analista, tardaría entre 20 y 30 años en desarrollarse.

"En el corto plazo, tenemos que ver cómo ordenamos esta transición", afirmó Chávez Granadino, quien es asesor en temas de relación comunitaria y responsabilidad social para sectores extractivos.

Chávez Granadino, como muchos otros, exhorta al diálogo y estima que "si un sector tiene que bajarse de nivel en el corto plazo para sostener el largo plazo, va a tener que hacerlo."

"Pero no a cualquier costo," concluyó.

De otro lado, a modo de actualizar la información precitada se tienen los siguientes acontecimientos:

Gestiones en marcha

Luego de que el presidente regional de Cajamarca y los dirigentes sociales dejaran sin efecto el paro contra el proyecto minero Conga, el gobierno decidió la noche del jueves 15 de Diciembre del 2011,  levantar el estado de emergencia decretado en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá a partir de las 00.00 horas del 16 de diciembre.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el ministro de Economía y Finanzas, procederá a reactivar el acceso del gobierno regional al Sistema Integrado de Administración Financiera y al desbloqueo de las cuentas bancarias.

Finalmente, la PCM detalló que el lunes 19 de diciembre una comitiva de alto nivel del gobierno viajará a Cajamarca para restablecer el diálogo, a fin de reunirse con las autoridades regionales y dirigentes sociales para abordar la problemática del proyecto Conga.

Cajamarca en Perú y Colombia

Perú y Colombia, dos países sudamericanos tienen en común diversos lazos de hermandad con un pasado común que los integra y localidades que cuentan con idénticos nombres y similares problemas, como es en el caso de Cajamarca.

La Cajamarca peruana, es una ciudad del norte del Perú, capital del Departamento y de la Provincia Andina de Cajamarca, situada a 2720 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.

La Cajamarca colombiana, es una ciudad situada en el Departamento de Tolima, Región Andina, Provincia de Ibagué , situada a 1,895 msnm. 

Ambas localidades situadas en diferentes países tienen similar problemática en las inversiones mineras para la explotación de yacimientos de Oro y eventuales externalidades generadoras de conflictos socioambientales como impases subsistentes por resolver.

El proyecto de oro Minas Conga, desarrollado por Newmont y la peruana Buenaventura, representa la mayor inversión minera en Perú.

De similar forma, la Mina de La Colosa, ejecutada por la minera AngloGold Ashanti, desarrolla tareas de exploración dentro de la jurisdicción de Tolima. en lo que se promueve, desde la empresa y el gobierno nacional, como uno de los mayores yacimientos de oro del mundo.

Las implicancias ambientales, especialmente en el recurso agua, y el interés económico que se genera como consecuencia del impacto de las inversiones generan polémica y controversias, no sólo en las respectivas localidades, sino en toda la región y el país en general.

En el extremo que corresponde a la situación peruana - según los medios - la popularidad del jefe del Estado peruano cayó nueve puntos porcentuales entre noviembre y diciembre del 2011; un descenso que se registra desde setiembre y que cada vez se hace más evidente. Algunos analistas atribuyen este descenso al impacto generado por el enfrentamiento minero en Cajamarca y un importante número de conflictos socioambientales que enfrenta en mandatario peruano a sólo cinco meses de iniciada su gestión.

El escenario presentado, constituye un ejemplo mas de las experiencias internacionales en la temática de gestión de aguas, manejo de cuencas y necesidad de generar un desarrollo sostenible para reforzar las capacidades de gobernabilidad de los pueblos asentados sobre territorios delimitados por razones naturales.

En este contexto, el territorio de una cuenca es considerado, por varios motivos, como el más apropiado para este cometido.

Hacemos votos porque ambas Cajamarcas se unan a los casos exitosos de gestión por cuencas con diferentes propósitos y donde las inversiones cumplan un rol protagónico en el desarrollo sostenible de los pueblos de la región de las Américas.

Operación Agua Primero

El colectivo Anonymous - Perú, publicó un vídeo en la red en el que anuncia el lanzamiento de la operación Agua Primero contra el proyecto Conga, que la minera Yanacocha pretende ejecutar en Cajamarca.

Seguidamente transcribimos lo que se expone:

"Desde antes de la Independencia del Perú, la minería y otros procesos extractivos, han sido actividades económicas que degradan indefectiblemente el medio ambiente, esto produce que se limiten las reales posibilidades de desarrollo y el acceso a la justicia social de ciudadanos que habitan en estos territorios.

El caso de las empresas mineras Newmont y su sucursal peruana Yanacocha, que tiene embargado el territorio de Cajamarca, es un ejemplo más de cómo hasta ahora se privilegia la intención de acumular dinero sin ningún efectivo plan de integración y desarrollo social que reconozca, respeta e incluya a quienes no desean vivir relacionados con las industrias extractivas.

Durante todos estos años, la minera Yanacocha ha abusado del medio ambiente. Los hechos que ocurren en Cajamarca son consecuencias de siglos de explotación minera. El pueblo cajamarquino ha respondido a los miles de litros de cianuro que se vierten día a día sobre su territorio para extraer el oro.

En efecto, no basta con construir reservorios para reparar el daño causado a la salud de la población cajamarquina y al medio ambiente.

A esto se le suma el mal precedente que tiene esta empresa que ya ha sido acusada de comprar asesores presidenciales, así como también a congresistas, además de corromper a jueces para obtener fallos a su favor durante la época de la dictadura del expresidente Alberto Fujimori.

Hace aproximadamente dos semanas ocurren disturbios, marchas y protestas ocasionados principalmente por la terquedad de una empresa que solo busca su beneficio económico sin tener en cuenta la verdadera magnitud del daño que causa.

Las cuatro lagunas que se pretenden vaciar tienen más de 15 mil años y sirven de sustento a los pastizales que alimentan al ganado y los campos agrícolas de la zona.

Su desaparición significaría la destrucción de valiosos sistemas ecológicos. La minera Yanacocha no ha cumplido con elaborar un estudio de impacto ambiental (EIA) honesto y exhaustivo que considere todas estas variables, así también como el real alcance de la implementación del proyecto Conga.

No ha cumplido con actualizar dicho EIA desde octubre del año pasado y por otro lado no ha cumplido con sus promesas de inversión en los distritos afectados por sus operaciones en sus proyectos anteriores.

Apoyamos al pueblo de Cajamarca en su lucha, no aceptamos la intransigencias de sus gobernantes al deberse rotundamente a la explotación minera.

Comprendemos que el Perú es un país minero, sin embargo, cuando se vulnera de manera irresponsable el medio ambiente, ningún mineral puede reemplazar un hermoso santuario natural. Ningún puñado de oro vale la salud y la vida de un ser humano. Este gobierno ha sido elegido para hacer respetar los derechos de sus ciudadanos por encima de los intereses económicos de empresas nacionales o extranjeras.

Si no cumple con hacerlo, lo haremos nosotros. Anonymous no lo permitirá por eso hemos decidido lanzar la operación Agua primero. Somos Anonymous, somos legión. No olvidamos, no perdonamos, espérenos".

Sobre el particular, saludamos la preocupación que se tiene por reducir la degradación del medio ambiente peruano, sin embargo, debemos recordar que no se puede soslayar la relación hombre-medio ambiente y en ese sentido, no podríamos excluir a esa importante parte de la población peruana que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema hace siglos;  y que demandan con justicia atención por parte de quienes se encuentran al frente de la administración del Estado peruano.

De otro lado, entendemos que la empresa minera formal, tiene expedito el camino para explicar en su oportunidad y con meridiana claridad los detalles observados.

En este orden de ideas, somos de la opinión que también sería pertinente que el mensaje del colectivo Anonymous pueda pronunciarse respecto a los miles de litros de metales pesados contaminantes que se vierten día a día sobre el territorio peruano para extraer el oro por parte de la minería informal e ilegal.

The Economist sobre Conga

Es verdad que el actual Presidente de la República Peruana Ollanta Humala ha ofrecido pocas palabras en su gestión a todos nosotros los peruanos, sin embargo, este hecho no garantiza necesariamente que The Economist pueda presumir una verdad tautológica que defina la presunta actuación similar en lo que resta del mandato presidencial.

Aceptar esta hipótesis nula planteada le haría un flaco favor al proyecto Conga y al sector minero peruano en general.

Ciertamente varios grandes proyectos de minería han sido postergados este año pero no cancelados -como mal refiere la publicación - debido a las protestas sociales locales.

La percepción errónea precitada, trasciende al error material de la traducción idiomática al tratar de asignar una agenda a la administración Humala para evaluar a la minería peruana y raya en un concepto irreal y de muy mal gusto el calificar al presidente peruano como un hombre de pocos principios como de palabras.

Como peruanos, protestamos ante una publicación como esta, que llena de adjetivos al mandatario de la República y hacemos votos por una pronta sana rectificación.

Seguidamente transcribimos en el idioma original (Inglés) la publicación de la revista The Economist de diciembre del 2011: 

Mining in Perú
Doing the Conga
The president takes on the protesters

SINCE he took office as president in July, Ollanta Humala has proffered few words to Peruvians, giving only one press conference and few interviews. He was characteristically laconic on December 4th when he declared a state of emergency in the northern department of Cajamarca, dispatching the army to quash weeks of protests against Minas Conga, a giant mining project. His television address announcing the measure lasted less than three minutes. But it could come to define his five-year presidential term.

As a leftist candidate in the past two presidential elections, Mr Humala railed against foreign mining companies and courted the social movements that oppose them. But he knows that as president his standing will depend mainly on whether he can maintain Peru’s recent rapid economic growth. Growth is now slowing, as in the rest of the world, although it will still be over 6% this year. Matching or beating that rate in future will turn on how much of the $50 billion in mining and hydrocarbons investment planned for the next five years actually goes ahead.

Minas Conga, a $4.8 billion copper and gold project, would be the largest single mining investment in Peru’s history. It is an expansion of Minera Yanacocha, Latin America’s biggest gold producer, which is mainly owned by America’s Newmont and Peru’s Buenaventura. Conga would open by 2015 and pay $3 billion in taxes over the next 19 years, half of which would stay in Cajamarca. But the project would turn several small Andean lakes into reservoirs or tailing ponds.

Some locals support Conga. Others worry that it could threaten water supplies for farming. Yanacocha’s own environmental record has not been spotless. Nevertheless, Cajamarca’s regional president, Gregorio Santos, waited a year after the project’s approval before calling for a new environmental-impact study. He then went further: in alliance with extreme-left groups last month he called an indefinite “strike” to stop Conga. The demonstrators blocked roads and shut the airport; public offices and private businesses closed and losses mounted to $10m a day, according to the local chamber of commerce. As the protests grew violent, Newmont agreed to a government request to suspend the project, pending a review. But the government has refused to bow to the protesters’ demands to scrap it.

Most Peruvians will support the state of emergency. The conservative opposition had earlier berated Mr Humala for weakness in his handling of the dispute. Several big mining and electricity projects have been cancelled this year because of local protests. The task for Mr Humala is to put in place procedures for evaluating mining and other big projects that most Peruvians see as fair. But one thing now seems clear: those pundits who predicted that an economic slowdown would prompt Mr Humala to move further to the left were wrong. The president is a man of as few principles as words.

Proyecto Conga va ...?

Luego de seguir una agotadora jornada de trabajo desarrollada por IDL Reporteros, la entidad periodística dirigida por Gustavo Gorritti, entrevistó en la agreste selva del Huallaga, al número uno del grupo terrorista Sendero Luminoso, conocido como camarada “Artemio”, quien indicó que no dejará la “lucha armada”, pero quiere entrar a un proceso de negociación con el Estado Peruano. 

Con el talentoso periodista peruano Gustavo Gorriti en una parte de la cuenca del río Huallaga

Seguidamente a la precitada primicia periodística obtenida en esta cuenca del país, pudimos intercambiar algunas impresiones con el prestigioso periodista sobre el actual proceso político-económico peruano, quedando sobre el tapete la pregunta central  ¿El Proyecto Conga va .... ? a lo cual, nuestra obvia respuesta por el SI supeditado a la suma de voluntades para lograr el gran cambio con inclusión social. 
Nuestra posición la sostenemos en virtud a las siguientes consideraciones:
El Proyecto Conga va ... a ser un ícono de lo que pueda ser capaz de realizarse en territorio peruano como producto de un acuerdo real sobre la base del entendimiento humano que la verdadera lucha es contra el uso irracional de los recursos naturales y la contaminación salvaje del medio ambiente, independientemente del sector o industria que la genere.

El Proyecto Conga va ... a determinar - de un modo positivo o negativo - mucho de lo que suceda en los planos político, económico , social y ambiental durante los siguientes cuatro años y más en el Perú.
El Proyecto Conga va ... a servir como un ejemplo  a políticos que deberán informarse y medir adecuadamente las eventuales implicancias de las promesas electorales, que pudieran luego ser vistas como inconsistencias o dicotomías que sustenten un cambio de aptitudes.
El Proyecto Conga va ... a ser una evidencia para los futuros inversionistas que la sola obtención de las licencias otorgadas por las autoridades peruanas competentes - siguiendo los procedimientos para nuevos proyectos mineros establecidos por el ordenamiento legal vigente - no son estrictamente suficientes para iniciar operaciones si es que no se cuenta con la licencia social.

El Proyecto Conga va ... demostrando que el proceso de regionalización en Perú requiere reactivarse y demanda una intervención democrática urgente en algunas regiones del país, donde la inexistencia de gerenciamiento es evidente no solamente con la incapacidad demostrada en el gasto público, sino en la ineficiencia registrada en la calidad del mismo y presencia de altos niveles de corrupción focalizados; hechos que se trata de ocultar fomentando el enfrentamiento entre Estado vs Estado, en sus diferentes niveles de gestión.

El Proyecto Conga va ... marcando la diferencia entre lo que significa la formalidad y la informalidad en el tema minero. Constituye un indicador que traza la línea divisoria entre lo que significa la aplicación de la política del Estado Peruano y una política de gobierno al manejar el tema minero ilegal. 

El Proyecto Conga va ...  ejercer docencia sobre el tema dogmático y "científico" atribuido a los supuestos orígenes de las aguas en las cabeceras de cuencas. En un país con multiplicidad de cuencas, diversos pisos ecológicos y nevados altamente vulnerables a los cambios climáticos; y así mismo pluricultural, constituye todo un reto explicar con meridiana claridad y hacer entender a las distintas colectividades que el agua para sus diversos usos tiene y debe ser garantizada - tanto en cantidad como en calidad - justamente con la intervención de importantes inversiones en obras de almacenamiento y la actuación oportuna del regulador , que deberán complementar a las fuentes, los reservorios y cuerpos de agua naturales (Ríos,Lagos, Lagunas, etc) que puedan ser impactados tanto por la acción antropogénica, así como por la intervención de fuerzas naturales.

El Proyecto Conga va ...  dar luces si es posible continuar con los proyectos por unos cuarenta y cinco mil millones de dólares que empresas mineras impulsan desarrollar en el país, algunos de los cuales se encuentran en cabeceras de cuencas y que son pasibles de conflictividad social. 

El Proyecto Conga va ...  recordándonos que el país ya vivió épocas de violencia pasadas (toma de carreteras y locales, quema de maquinarias,etc) y justamente ahora en que unos remanentes de los alzados en armas en décadas pasadas se encuentran buscando entrar en un proceso de negociación con el Estado Peruano; Otros actores actuales, niegan y/o cortan toda posibilidad de diálogo en Conga -obligando al estado de derecho a protegerse mediante la aplicación de un estado de emergencia local- pretendiendo hacer colapsar en forma sistémica al Estado de derecho arrinconándolo bajo el lema "Vida Si, Mina No".

En este contexto, el Proyecto Conga sólo estaría suspendido y podría ejecutarse, así como el orden de unos otros doscientos proyectos mineros y de petróleo en el país que se encuentran en cartera, si la administración del Estado Peruano logra respetar la posición de las comunidades que demandan no seguir esperando más por los servicios básicos que les son esquivos y brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida a casi un tercio de la población peruana que vive en pobreza a pesar del auge económico que se presenta en el país en los últimos años.

Antiminería & conflictos sociales

La posición radical antiminera en Perú generó, genera y generará conflictos sociales en menor o mayor escala y viéndola como un objeto de la experiencia sensible recurrente debemos interpretarla como un fenómeno humano, como una manifestación del sistema de interrelación en que vive y se desarrolla la sociedad peruana através de los tiempos.

Se debería entonces analizar los procesos y administrar los conflictos estudiándolo como un todo, como un sistema, tomando en consideración que lo que sucede en un espacio del país, afecta a las otras partes y recíprocamente.

Los conflictos disfuncionales antimineros se inician cuando la población percibe que "el sector minero" -sin discriminar entre la minería formal,minería informal y minería ilegal- la afecta de manera negativa o que está potencialmente en riesgo y a punto de disminuir desfavorablemente alguno de sus intereses.

Es en este contexto, que en nuestro siguiente análisis, lo precitado es considerado como una condición de trabajo. 

La percepción de los actores sociales pudieran estar en función a diversos principios : acción-reacción, tiempo-respuesta; a la cosmovisión de la sociedad andina y aplicación de paradigmas que aterrizan en un escenario que encuentra al dubitativo accionar de una incipiente presencia del estado,derechos de propiedad,redistribución de bienes y la falta de participación efectiva en los beneficios producidos por la minería, atribuidos a variopintos intereses de grupo.

El punto es que estos conflictos tensan las relaciones de las partes de tal modo que desestabilizan la relación armónica de cara al futuro.

Generan además del descontento, una desconfianza generalizada principalmente en los stakeholders (producto de frustraciones y temores),afectando el equilibrio emocional y físico de las colectividades, reduciendo su productividad,eficacia personal y en estricto su competitividad.

Por ello, sostenemos que los conflictos socioambientales de origen minero desarrollados en el Norte del país, influyen en el accionar del sur, centro, sur-este, así como en otras coordenadas del territorio nacional y viceversa.

La secuencia última de conflictos socio ambientales mineros ocurridos en algunas provincias de Puno-Arequipa-Madre de Dios-Apurimac-Cajamarca,lo demuestran.

En ese orden de ideas, el agua constituye un factor de vital importancia para aumentar o reducir los niveles de desconfianza generalizada con visos de pánico que vienen causando en las poblaciones del interior del país. El grado de pánico asociado es proporcional a la relación existente entre el hombre del ande y su madre tierra (Pachamama), así como a la  indivisibilidad tierra-agua bajo su cosmovisión para la vida humana; tema que es utilizado por activistas ambientales y desestabilizadores en contra del régimen de turno.

Un claro ejemplo sobre el particular se puede situar en las voces levantadas en contra del proyecto Minero Conga (Cajamarca), se oponen porque dicen que "la minería trabajará desde la cabecera de la Cuenca(hidrográfica) y con ello se provocará su deterioro(del agua),atentando contra la naturaleza al contaminar el medio ambiente y degradar los procesos naturales de vida (en los bofedales) y el proceso ecológico sin los cuales la vida será imposible".
Tal aseveración no es correcta por las consideraciones técnicas que pasamos posteriormente a sustentar con bases científicas, sin embargo debemos ubicarnos en las coordenadas y dimensión del análisis en que nos situamos inicialmente. 

ANTECEDENTES

Los problemas últimos de contaminación por minería en Cajamarca datan de cuatro décadas atrás, cuando las ya desaparecidas empresas mineras nacionales dejaron externalidades como los pasivos ambientales que dañaron en mayor grado algunas localidades como Maygasbamba, Arascorgue  y Llaucano.
Cuando, en 1992, ingresó la minera Yanacocha, tuvo problemas inicialmente para la compra de terrenos dada la falta de confianza en las comunidades aledañas al proyecto minero.
Sin embargo, los problemas de desconfianza generalizada crecieron en la medida que los niveles de credibilidad de la explotación y desarrollo minero se fue minando porque inicialmente las actividades mineras no se equipararon con los estándares medioambientales internacionales establecidos para las labores mineras con las características desarrolladas en ese entonces para Cajamarca.
De otro lado se produjeron una secuencia de hechos que se resume en el siguiente reporte descriptivo sobre Yanacocha, que en buena parte ratifica lo antes mencionado:

En un lapso de siete años -periodo comprendido entre  1993 al 2000- se cuestionó a Yanacocha por derrames de sustancias químicas que eventualmente pudieron ser causantes de mortandad de truchas en zonas como El Milagro, Tembladera, Chilite, Granja Porcón, Puruay.

En junio del año 2000, Yanacocha enfrentó un conflicto  por el derrame de aproximadamente ciento cincuenta kilogramos de mercurio. Más de trescientos pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena fueron afectados.

En Septiembre del 2004, se presentó otro conflicto para Yanacocha en el cerro Quilish, que movilizó más de 40 mil personas en un paro a nivel de la Región Cajamarca.

Esta causa obligó al Gobierno Central  a postergar la exploración de Yanacocha en esa zona. De igual forma, la Administración del estado peruano terminó cediendo a las presiones desarrolladas por movimientos regionales como sucediera en Puno. 

CONSTRUYENDO CONFIANZA

El Estado peruano al no actuar coordinadamente, resulta con claros desfaces en sus distintos niveles : Nacional, Regional y Local. La actuación descoordinada le hace presentar ante las comunidades como un Estado débil con la necesidad de generar espacios de confianza.
La debilidad del estado peruano no solamente se traduce con una falta de presencia de los servicios básicos  a la población localizada en las zonas de influencia de los proyectos mineros, también su debilidad parte por que sus esfuerzos mayormente legislativos tienen poca aceptación y escazo o nulo cumplimiento tanto a nivel de productores como de los consumidores legales.Las últimas sucesivas administraciones del estado peruano buscaron en la desconcentración y descentralización de funciones a cerca del tema minero una opción fallida para darle solución a este tipo de conflictos sociales que van escalando a medida que se producen nuevas concesiones y denuncios de yacimientos mineros.

El Estado peruano se ve arrinconado en alguna forma por las suscesivas declaraciones de paros regionales con toma de locales públicos y cierre de carreteras donde las fuerzas públicas se ven superadas por las masas. Y lo que es más crítico, las propias autoridades locales y regionales -que legalmente forman parte de esa organización juridicamente establecida como Estado- están contra el mismo aparato del Estado, una suerte del enfrentamiento de Estado vs Estado. No pocas de las autoridades, se han involucrado como promotores o agitadores políticos en campañas y movilizaciones en contra de los proyectos de inversiones mineras. "Esta situación es verdad aunque usted no lo crea".

No puede soslayarse en el tema de confianza, la responsabilidad de las autoridades regionales y locales, a las que se les ha transferido mayores funciones, y recursos del canon minero, entre otros tributos.

También es inadmisible que ministros encargados de dos portafolios que se reunen con el Presidente de la República en múltiples consejo de ministros, salgan a ventilar públicamente através de los medios de comunicación  masivos del país, discrepancias y contradiciones de carácter interno sobre la necesidad de examinar para corregir, ampliar,enmendar o reparar "sin llegar a revisar" un Estudio de Impacto Ambiental que legalmente ya fuera aprobado por el propio Estado.

La probable fuga de información pudo haber generado la renuncia de algún vice ministro de uno de los portafolios que intervinieron en este episodio que ayuda poco en retomar la confianza en las instituciones del país.
El estado peruano está aún en proceso de aprender de sus errores del pasado y mantiene compartimentos estancos entre los sectores Salud, Agricultura,Ambiente, haciendo ineficaz e ineficiente la labor de control, supervisión, fiscalización y regulación de las actividades extractivas entre las que se encuentran las labores mineras.

En síntesis, para resolver los conflictos socio ambientales de origen minero o de otra etiología, es imprescindible construir espacios de concertación y diálogo para hacer retornar la confianza entre las partes. 

EL AGUA COMO ELEMENTO CONCILIADOR

Al cambio de la Ley General de Aguas por la Ley de Recursos Hídricos, se propuso mejorar la administración y gestión de los cuerpos de agua en el país, con persistentes graves deficiencias en su manejo.
Sin embargo, el proceso quedó inconcluso básicamente por el factor de los recursos humanos calificados en el sector público. No pagar sueldos adecuados a los técnicos calificados, ni asegurar los  recursos necesarios para generar información consistente en temas estratégicos como en el caso del Agua, permitieron que hasta en la actualidad se continúe tomando como referencia información producida en la década de los ochenta, un ejemplo es la producción de la fenecida institución denominada ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales), cuyos datos se usan para realizar proyectos y proyecciones al futuro como referencia el CEPLAN.    

Para conciliar posiciones respecto al estado de situación del Agua en Perú, se requiere datos duros a fin de poder revertir la campaña de desinformación que impulsan quienes están en contra de las inversiones mineras.
Es preciso que las autoridades competentes sean alimentadas de información por las instituciones que correspondan a efectos de aclarar datos sobre la real situación de los cuerpos de agua en el país a la opinión pública de las comunidades en conflicto.
Es así que el Gobierno tiene que responder de forma contundente técnicamente y con la verdad para recuperar credibilidad política y hacer viable la explotación minera responsable, no dejando  que sólo cada inversionista ( sea nacional o extranjero) pueda defenderse como pueda .

Volviendo al proyecto Conga en Cajamarca, presenta su punto más complejo el que implica trasladar lagunas, ubicadas en las cabeceras de cuenca. Es decir, nuevamente el Agua.

En este contexto, y como la información debe manejarse con una visión de cuencas, es que la Administración del Estado peruano, como parte de una política de educación e información de Estado,debería dar la información adecuada del caso a las personas que desconocen los procesos del ciclo hidrológico del agua, así como el concepto de áreas de drenaje.

Es así como se informarán que el agua se origina por las lluvias que caen sobre una área o superficie.Las aguas discurren por la superficie terrestre por escorrentía superficial y forma los ríos o por el interior de los suelos formando ríos subterráneos y los niveles de napa freática. Ambos cursos de agua, a lo largo de todo su recorrido hasta que desembocan en otros cuerpos de agua, ya sean otros ríos, lagos, lagunas o el mismo mar o los océanos, reciben agua que pueden ser de las lluvias en mayor o menor intensidad sobre las áreas de drenaje.

Por ello es imprescindible el conocimiento de lo que sucede con el agua -vista tanto en cantidad como en calidad- en determinadas cuencas (altas-medias-baja) o micro cuencas del país.Otro hecho, que debería merituarse por justicia y legitimidad, es que históricamente en Perú se han desarrollado importantes obras hidráulicas que produjeron el trasvase de aguas de una cuenca hidrográfica a otra ubicada en la costa donde se ubica gran parte de la población peruana, que utiliza el agua para diversos usos.

En consecuencia, no existe un argumento científico,técnico ni legal, basado en el uso del agua que impida el uso racional del agua  en la industria minera en el país.Lo que sí existe es la desconfianza en que las empresas mineras puedan comportarse como en el pasado, cuando tenían un estado económicamente débil y sin capacidades para cautelar los adecuados niveles de calidad y cantidad para garantizar la vida y lograr el anhelado desarrollo humano con inclusión social.

Proyecto Conga & punta de un Iceberg

Seguidamente reproducimos un artículo de actualidad publicado -en el diario La República- por el periodista Augusto Alvarez respecto a lo mucho que está en juego en el paro cajamarquino previsto en contra del proyecto Conga.

Hoy (24 de Noviembre del 2011) es un día trascendental para el país pues el paro indefinido contra el proyecto Conga que se inicia en Cajamarca va a determinar, de un modo positivo o negativo, mucho de lo que suceda en los planos político, económico y social durante este lustro en el Perú.

La reacción es contra la voluntad del presidente Ollanta Humala de que se ejecute el proyecto de Minas Conga bajo condiciones que aseguren la calidad de vida del ciudadano de la región, incluyendo la protección del medio ambiente.

La inversión proyectada en Conga es US$ 4,800 millones.

A lo anterior debe agregarse la conclusión del actual Ministerio de Energía y Minas de que la evaluación que ya ha realizado ese organismo durante el gobierno anterior es positiva para la ejecución de Minas Conga.

El anuncio fue recibido de modos distintos. Para el empresariado, constituye una rectificación positiva frente a las posiciones iniciales que tuvo al inicio de la campaña electoral y porque significa un claro respaldo a la inversión privada.

Para las dirigencias regionales como las de Cajamarca, entre muchas otras, así como para un segmento relevante de sus poblaciones, la decisión presidencial constituye una traición por parte del candidato por el que votaron hace solo unos meses.

Ese es el marco general de este choque de visiones que se ha estado produciendo en Cajamarca por el proyecto de Conga, al igual que en varias otras regiones, y que ahora se enfrentarán en el paro indefinido convocado para hoy.

Un escenario optimista del paro es que discurra por un par de días de un modo relativamente pacífico –dentro de la trifulca propia de estos eventos– y que desfogue tensiones creando el espacio propicio para un debate con las autoridades regionales que conduzca a la ejecución del proyecto pero ofreciendo todas las seguridades para el interés del ciudadano.

El escenario pesimista, sin embargo, es que el paro produzca un enfrentamiento con víctimas que no solo tenga consecuencias lamentables en vidas sino, también, en el entrampamiento del diálogo minero por mucho tiempo en el país.

Conga es relevante por la inversión involucrada de US$4.800 millones. Pero lo es mucho más porque su evolución –que dependerá mucho de lo que suceda con el paro de hoy– influirá bastante en todo el proceso futuro de inversión privada en el país, así como en el modo de relacionarse del gobierno con la población de las regiones y de enfrentar la conflictividad social.

Así, Conga solo es la punta de un iceberg ubicado en el Ande peruano que esconde debajo decisiones trascendentales para el Perú durante el lustro 2011-2016.

Minería e inclusión social

La agenda política actual en Perú, registra un debate interesante con la intervención de diferentes puntos de vista y propuestas sobre la relación existente entre Minería,medio ambiente e inclusión social.

De las múltiples intervenciones, recogemos una que sintetiza - a nuestro juicio - la posición que va tomando cuerpo entre la mayoría de ciudadanos y ésta se sustenta en el empeño en que están los esfuerzos, no entre el agua y el oro, sino fundamentalmente entre el progreso y la asimilación de los marginados, en razón de cautelar la heredad, que es la naturaleza entregada al ser humano para su servicio, la cual debe ser respetada, pero debe ser compartida y debe ser cuidada porque así la hemos recibido de quienes nos antecedieron.

En este orden de ideas se viene gestando iniciativas que involucran a interesantes modelos de gestión  - plausible de replicarse - donde se involucra la participación activa de las comunidades 

Un  ejemplo es la asociación  propuesta por la Compañía Minera  Kuri  Kullu  S.A.  
–filial de la canadiense Minera IRL Limited– a la asamblea general de la Comunidad Campesina de Ollachea, provincia de Carabaya (Puno), representada por su presidente Edwin Tito Checmapuco.

Como antecedente se tiene que cuatro años atrás, la Compañía Minera Kuri Kullu y la comunidad de Ollachea, firmaron un primer convenio sobre uso de tierra para exploración y explotación de minería artesanal y que actualmente se ha visto ratificado con el respaldo de la comunidad hacia el proyecto minero.

Es así que la comunidad ha decidido respaldar el desarrollo de una mina de oro subterránea y una planta de tratamiento para producir más de cien mil (100.000) onzas de oro anuales, de la que serán socios en un cinco por ciento (5%) cuando la mina empiece su producción.

Es la primera vez que en nuestro país se suscribe un acuerdo de esta naturaleza, de manera voluntaria y no por imposición de leyes que pueden ahuyentar la inversión.

El resultado no puede ser mejor: se evitan innecesarios conflictos y la comunidad   –tras sus propios mecanismos de diálogo y debate internos– decide convertirse en socio activo que se beneficiará, también, con el éxito comercial del proyecto.
La noticia fue difundida por el diario El Comercio (19 Nov. 2011) y da cuenta que mediante mecanismos como el referido, las comunidades pueden empezar a confiar en las empresas, en los beneficios del desarrollo social y en la minería ambientalmente responsable.

De este modo, también, las comunidades se podrán incorporar al mercado, comprender su dinámica y convertirse en empresarios vigilantes de que “sus” proyectos marchen adecuadamente para el bien de sus familias y del espacio en el que habitan.

En esencia, el ejercicio de inclusión de las comunidades como accionistas de proyectos que se albergan en el subsuelo de sus tierras es una medida innovadora,acertada, respetuosa, justa y podría constituirse en un mecanismo que evite los conflictos socioambientales que generan algunos nuevos emprendimientos mineros.

Gobierno peruano declara de interés nacional lucha contra la minería ilegal

La agencia de noticias oficial peruana ANDINA, difundio que el gobierno ha decidido declarar de interés nacional la lucha contra la minería ilegal en todo el territorio nacional, informó hoy (16/11/2011) el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

“De esta manera, todos los sectores involucrados deberán desplegar sus esfuerzos para combatir actividades ilegales que dañan nuestro medioambiente y se introducen en zonas de reservas naturales por lo que tenemos que ponerle un alto”, consideró.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.

El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.

En la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

También se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.

Suspensión de concesiones mineras y la búsqueda de una minería sostenible

El proceso social en búsqueda de una minería sostenible en Perú, tiene como un antecedente legal al Decreto Supremo Nº 026-2011-EM -publicando el 29 de Mayo del 2011 en el diario oficial El Peruano- que dispuso la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno por un plazo de doce (12) meses.

Esta medida se dictó como resultado del proceso de diálogo desarrollado entre representantes del Poder Ejecutivo del anterior gobierno nacional y las autoridades regionales y locales de Puno, departamento en el que se acató una huelga por 18 días en contra de las actividades mineras en la zona sur peruana.

Similar método se sigue actualmente en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros para lograr que la administración del gobierno peruano en funciones, genere un Decreto Supremo reforzando la posición de no tener minería en esas jurisdicciones territoriales.

En este proceso, se trata de hacer una minería sostenible respetando el medio ambiente y las necesidades de las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos mineros.

Para alcanzar esa minería sostenible, no se debería soslayar responsabilidades compartidas evidentes para lograr un real y efectivo ordenamiento territorial.

Las protestas se incrementan porque no se llega a distinguir a la mineria formal de la minería informal y/o ilegal ; no se toma conocimiento pleno de la regulación correspondiente a los planes de cierre con que cuentan las mineras formales, las cuales garantizan a la población que una vez terminada la vida útil de la mina, se podrá continuar con las actividades normales de las poblaciones aledañas sin afectar negativamente su calidad de vida.

La poblaciones reclaman del Estado peruano una participación de los beneficios que otorga el sector minero formal, ya que no percibe mayor mejoramiento de su calidad de vida pese a que la minería tiene marcada presencia através de los años en sus localidades.

De otro lado, consideran que no pueden seguir siendo juez y parte en las decisiones que involucran a sectores productivos y a los que cautelan el medio ambiente.

La suspensión de concesiones mineras sólo estaría retardando la toma de decisiones que deberá tomar el país en forma consensuada sobre qué es lo que le conviene  y sobre todo a las nuevas cuencas mineras y aquellas cuencas que tienen larga tradición minera.

Las opciones son conocidas, optar por dejar los ingentes recursos mineros en donde se encuentran actualmente también constituye una opción válida, sin embargo, la decisión pasa por la libre determinación de los pueblos que cautelan los intereses nacionales  de las grandes mayorías actuales y de las futuras generaciones de peruanos.

Imperio de la Ley & minería ilegal

Actualmente, la administración del Estado Peruano se encuentra en un proceso de establecer con mayor énfasis el orden y llevar el imperio de la Ley en zonas del territorio nacional donde existen marcadas evidencias de actividades ilícitas y que en particular algunas tienen relación con labores de mineros informales y/o ilegales. Uno de los soportes utilizados por el Estado de Derecho , considera  como  instrumento  legal a la Resolución Suprema N°511-2011-DE del cuatro de noviembre del 2011 y publicada en la misma fecha en el diario oficial El Peruano, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias del Manu,Tambopata y Tahuamanu del Departamento de Madre de Dios, para prevenir actos de violencia que pudieran suscitarse por las intervenciones de la fuerza pública contra la minería ilegal. Es así que se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la PNP del cinco de noviembre al cuatro de diciembre del 2011. Inmediatamente después que la impecable intervención de la Autoridad Nacional en la Región Madre de Dios se difundiera a través de los medios masivos de comunicación,los mineros informales y/o ilegales -que actúan también en otras partes del país- se pusieron a buen recaudo, protegiéndose mediante las protestas que elevaron los conflictos sociales tanto en número como en intensidad.

En la escalada de protestas promovidas como una actitud reactiva de los mineros informales y/o ilegales ante el orden aplicado, utilizan a los agricultores y entre ellos a las asociaciones de regantes para dar una imagen de descontrol de la minería en su conjunto -sin discriminar la minería formal de la informal-  focalizando sus protestas en contra de las concesiones mineras supuestamente por poner en riesgo sus propiedades al venir ocupando mayores espacios de territorio y generar con sus actividades descontroladas eventuales impactos ambientales negativos que afectarían a los recursos hídricos y con ellos a sus productos agrícolas y ganaderos. 

Su discurso tiene acogida entre los campesinos ya que ciertamente la minería informal y/o  ilegal, generan altos niveles de contaminación no solamente en las cabeceras de cuencas , sino en los cuerpos de agua donde intervienen, reduciendo la calidad de vida de las poblaciones aledañas a este tipo de labores mineras.
Debemos precisar que esta minería ilegal, salvaje , invasiva y contaminante no permite ni cuenta con regulación alguna por parte de la autoridad ambiental en todos sus niveles de gestión que pueda controlar,supervisar y/o fiscalizar sus actividades.
El ordenamiento legal peruano, establece que la atención de la mediana minería y minería artesanal es competencia de los gobiernos regionales, sin embargo, algunas regiones no estarían cumpliendo con este mandato legal y por consiguiente con sus funciones específicas en este extremo.
En este contexto, la minería ilegal -para subsistir- utiliza las legítimas y justas demandas de la población afectada por las actividades contaminantes y se aprovecha de la inacción de algunas autoridades regionales y locales del país.

La evidente estrategia que utiliza la minería informal y/o ilegal pasaría por dilatar los proyectos mineros formales que si pasan por controles diversos por parte de la autoridad,de tal modo que puedan transitar por la consulta previa, libre e informada que tienen que ver con las concesiones mineras, volver a revisar las concesiones mineras y participar de una reglamentación que impida a la minería formal actuar en espacios del territorio peruano liberados de minería. 

En estricto lo que se buscaría es sacar de los espacios concesionados a la minería formal  y continuar en su lugar con  labores mineras en un ambiente informal y/o ilegal.

Para citar un ejemplo actual de lo anteriormente descrito, nos situamos en la protesta antiminera de los agricultores que se realiza en las localidades de chincheros y Andahuaylas, el hecho es que en esa zona de desborde social, no se encuentra operando ninguna minería formal, es mas, en la actualidad no se esta procesando por parte de la autoridad competente minera ninguna concesión en la zona de influencia de las protestas.

Es así que el accionar del gobierno central tiene al frente no solamente a una población que es virtualmente  la  población  afectada  por  el  ordenamiento  minero -que tenían las actividades informales y/o ilegales mineras-sino que al mismo tiempo debe enfrentar a algunas equivocadas autoridades regionales y algún Congresista de la República en búsqueda de notoriedad,que por evidentes acciones populistas, se pliegan a las protestas en contra de los proyectos mineros y en defensa del agua y la vida, sin diferenciar a que tipo de minería se refieren.

Esta confusión, debe ser oportunamente aclarada por la administración del gobierno peruano, o en todo caso, difundir su accionar con mas precisión a los efectos de no generar mayores dudas a la población objetivo y con ello dar fuertes señales a los capitales tanto nacionales como extranjeros para no afectar los niveles de inversiones del sector minero previstas para el país.

Reacción por el ordenamiento minero

La adecuada actuación de la actual administración del Gobierno peruano para ordenar la minería informal e ilegal en el país causaron diversas reacciones por parte de sectores de la población que ejecutaban sus labores económicas ligadas directa o indirectamente a éstas actividades. 
Un primer escenario es Madre de Dios (Acciones en respuesta del Decreto de Urgencia Nº 012-2010), donde los mineros informales del sector de La Pampa bloquearon este domingo 6 de Noviembre tres kilómetros de la vía Interoceánica durante seis horas.
Lo hicieron en protesta por la operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional del sábado 5 de noviembre, que destruyó finalmente más de 75 balsas dragas y similares.
Desde las 10 a.m. alrededor de cinco mil (5.000) mineros y algunos comerciantes tomaron la carretera que une Puerto Maldonado con Cusco y levantaron barricadas con llantas, mesas de plástico y madera entre los kilómetros 107 y 110.

Esta acción sería parte del paro indefinido que planean los mineros informales en Puerto Maldonado en las que se integrarían unas 30 mil personas que desarrollan labores mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata.

El segundo escenario es Apurimac ( Acciones en respuesta a la Resolución Directoral Nº 049-2011 GR-DREM-APURIMAC/ RD), donde se resuelve paralizar en el ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros actividades mineras metálicas y no metálicas de productores mineros informales ubicados en cabeceras de cuenca, humedales, ojos de agua, riberas de ríos y zonas agrícolas, extendiéndose su vigencia hasta iniciarse el proceso de zonificación y ordenamiento territorial.

Motivo por el cual los agricultores de la provincias de Andahuaylas y chincheros (región Apurímac), iniciaron desde el 03 de noviembre una huelga indefinida en rechazo a la explotación minera ilegal.Los manifestantes bloquearon las vías de acceso desde Andahuaylas hasta Abancay y la región Cusco.Hasta el momento habría más de 5 mil comerciantes afectados por la medida.

Al restituirse el imperio de la ley en las labores mineras de carácter informal y/o ilegal, los mineros informales afectados por las medidas estarían tratando de confundir a la opinión pública sobre la necesidad de aplicarse la Ley de Consulta Previa y esperar su reglamentación para adecuarse a la misma, entre tanto, continuar operando en la informalidad.

En este contexto, no se debería confundir los hechos que generan los conflictos sociales con las motivaciones y características antes descritas con otros eventuales conflictos sociales ambientales del sector minero que se desarrollan respetando el marco de las Leyes vigentes en Perú. 

Ordenamiento Minero

La anterior administración del gobierno peruano dictó  el Decreto de Urgencia Nº 012-2010 de febrero del 2010 , declarando de interés nacional el ordenamiento minero en  Madre de Dios , considerando una serie de medidas inmediatas y fijando el  plazo de su implementación en doce meses contados a partir de su entrada en vigencia, con lo cual se pretende ordenar la minería informal e ilegal identificados  en la zona.

Es en este contexto que funcionarios del gobierno dan cuenta de la destrucción de cinco (5) Dragas balsas en una intervención conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la que participaron alrededor de mil quinientos (1500) efectivos.

Las zonas de influencia de la intervención involucran a los ríos afluentes del río Madre de Dios : Malinowski (Llamada Río Alto Tambopata),Tambopata,Inambari y el propio río Madre de Dios, que pertenecen a la cuenca del río Amazonas.

Se tiene como meta destruir cincuenta (50) dragas balsas cuando se esté culminando la operación para ordenar la minería informal e ilegal en la región.