Minería & Pueblos indígenas

En pueblos indígenas & minería mencionamos algunas consideraciones por las cuales había la necesidad de publicar una lista para aplicación de la Ley de Consulta previa.
En ese sentido, saludamos el esfuerzo realizado por el Ministerio de Cultura que a través de su viceministerio de Interculturalidad presentara la siguiente lista de 52 pueblos indígenas u originarios identificados en Perú

N°	Pueblo Indígena	Otras denominaciones	Familia Lingüística
1	Achuar	Achual, achuare, achuale	Jívaro
2	Amahuaca	Yora	Pano
3	Arabela	Tapueyocuaca, chiripuno	Zaparo
4	Asháninka	Campa, campa ashanika, campa de Pichis	Arawak
5	Awajún	Aguaruna, aents, ahuajun	Jívaro
6	Aymara	Aru	Aymara
7	Bora	Booraa, miamuna, boro, miranha, miranya, miraña-carapaña-tapuyo	Bora
8	Capanahua	Nuquencaibo, buskipani	Pano
9	Caquinte	Campa caquinte, poyenisati	Arawak
10	Chamicuro	Chamicura, chamicolos	Arawak
11	Chitonahua		Pano
12	Culina	Madija, madiha, kulino, kolina, kollina, karina	Arawa
13	Ese eja	Ese'ejja, huarayo, tiatinagua	Tacana
14	Harakbut	Amarakaeri, arazaeri, arasairi, huachipaeri, huachipayri, wacipairi, kisamberi, pukirieri, puncuri, toyoeri, toioeri, toyeri, tuyune	Harakbut
15	Iñapari	Inapari, inamari, kushitireni	Arawak
16	Iquito	Ikito, iquitu, amacacore, quiturran	Zaparo
17	Isconahua	Isconawa, iskobakebo	Pano
18	Jaqaru	Aymara tupino, aymara central, cauqui, aru	Aymara
19	Jívaro	Jibaro del río Corrientes, chiwaro, siwaro, chivari	Jívaro
20	Kakataibo	Cashibo-cacataibo	Pano
21	Kandozi	Candoshi, chapra, chapara, murato	Kandozi
22	Kashinahua	Huni kuin, caxinahua, kachinahua	Pano
23	Kichua	Quichua, inga, lamas, llacuash	Quechua
24	Kukama-kukamiria	Cocama-cocamilla, ucayali, xibitaona	Tupi-guaraní
25	Maijuna	Orejón	Tucano
26	Marinahua	Onocoin, murunahua, morunahua	Pano
27	Mashcopiro		Arawak
28	Mastanahua		Pano
29	Matsés	Mayoruna	Pano
30	Matsigenka	Machiguenga, matsiguenga, machiganga, matsiganga	Arawak
31	Muniche	Munichi	Muniche
32	Murui-muinanɨ	Uitoto, huitoto	Huitoto
33	Nanti	Kugapakori, kogapacori	Arawak
34	Nomatsigenga	Nomachiguenga, atiri	Arawak
35	Ocaina	Dukaiya, dyo'xaiya	Huitoto
36	Omagua	Omagua yeté, ariana, pariana, anapia, macanipa, yhuata, umaua, cambeba, campeba, omaguino	Tupi-guaraní
37	Quechua	Quechuahablante, chankas, chopccas, wankas, waris, q'eros, cañaris	Quechua
38	Resígaro	Resigero	Arawak
39	Secoya	Aido pai	Tucano
40	Sharanahua	Onicoin	Pano
41	Shawi	Chayahuita, chayawita, campo-piyapi, tshahui, shayabit	Cahuapana
42	Shipibo-konibo	Shipibo, joni, chioeo-conivo	Pano
43	Shiwilu	Jebero, chebero, xebero, shiwila	Cahuapana
44	Tikuna	Ticuna, duuxugu	Ticuna
45	Urarina	Itucali, kacha edze, itukale	Shimaco
46	Uro*	Uru	Uro-chipaya
47	Vacacocha		Zaparo
48	Wampis	Huambiza, maina, shuar-huampis	Jívaro
49	Yagua	Yihamwo	Peba-yagua
50	Yaminahua	Yuminahua, yaminagua, jjamimawa	Pano
51	Yanesha	Amuesha, amage, amuexia, omage, amajo	Arawak
52	Yine	Piro, pirro, pira, simirinche, chotaquiro	Arawak

* El pueblo uro tenía como lengua el uro, perteneciente a la familia lingüística uro-chipaya. Hoy en día esta lengua está extinta y los uro hablan mayoritariamente aymara.
Tanto Empresarios como los comuneros quedan entonces notificados, unos para invertir y los otros para defender sus bosques montanos y el agua. 

Multas e ineficiencias en Gestión

En once mil millones de buenas razones, nos referimos al orden de cuatro mil millones de dólares que se devolvieron_ en el año 2012 _al tesoro público de los dineros no utilizados del canon por fallas de gestión en distintos niveles del ejecutivo peruano, viéndose en la incapacidad de atender al ciudadano que demanda de los servicios básicos insatisfechos, más aún en zonas de tradición minera, afectando directa e indirectamente el sector minero.

A mayor abundamiento, preocupa que a 2 meses de concluir el presente año 2013, quince sectores del Gobierno Nacional_sobre todo ministerios_hayan ejecutado menos del 50% de su presupuesto de inversión pública del 2013.

Para dar una idea de una tendencia que debe revertirse, citamos al portafolio del sector Ambiente que ejecutó solo el 14.7% de su partida, siendo el propio Ministerio del ambiente (MINAM) el más ineficaz (ejecutó solo 8.4 % de su presupuesto de inversión).

Esta situación era previsible desde diciembre del 2012, cuando a modo de contribución advirtiéramos de las eventuales fallas que pudieran presentarse en Gestión Ambiental & RRHH y que de su lectura claramente se explica la actual situación por la cual esta pasando el MINAM en términos de ineficacia.

Insistimos sobre el tema de recursos humanos en el MINAM resulta fundamental tanto para el éxito de la nueva Estrategia Nacional de gestión Ambiental de la presente administración del gobierno peruano , así como para generar confianza en los stakeholders e inversionistas potenciales tanto nacionales como extranjeros que miran al Perú como una opción interesante de cara al futuro.

En este contexto, resulta inadmisible que se pudiera generar situaciones explicadas en Pagos y cobros por multas ambientales para tratar de tapar eventuales ineficiencias de gestión, a la luz que las razones más frecuentes por las que las empresas mineras se hacen acreedoras a estas sanciones constituyen los supuestos incumplimientos de límites permisibles de diversa índole; causal recurrente al hecho de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar.

Once mil millones de buenas razones

Según la percepción del Banco Mundial _en noviembre del año 2009_ la banca privada en el Perú se debiera haber desarrollado productos (créditos) específicos para mejorar la infraestructura de saneamiento en los hogares perteneciente a los sectores C y D de la población, hecho que tiene que ver directamente con la gestión del recurso agua y el desarrollo de infraestructura básica sanitaria.

Resulta pues paradójico que el año pasado (2012), el fisco peruano recibiera S/. 11,000 millones del canon que no fueron utilizados (casi cuatro mil millones de dólares) por los gobiernos regionales y distritales (provincias y distritos) ni las Universidades.

En estricto, se devolvieron dineros no utilizados del canon por fallas de gestión en distintos niveles del ejecutivo peruano, viéndose en la incapacidad de atender al ciudadano que demanda de los servicios básicos insatisfechos, más aún en zonas de tradición minera, afectando directa e indirectamente al sector minero.

Mientras esto sucede en un lado; por otro el país recurre a países amigos para aplicar préstamos en agua y saneamiento, como sucedió en el caso del crédito de US$ 95 millones para saneamiento que formaba parte de un préstamos mayor de $270 millones de un país amigo el año 2010; la información precisa que después de siete años de gracia, éste préstamo se pagará en un plazo de 25 años con una tasa de interés de 1,4%.

Casos como el descrito son múltiples y se presentan por diversos factores, uno de ellos es el proceso trunco en la regionalización y descentralización del país que afecta indiscutiblemente el gobierno unitario de la República Peruana.

Existen pues once mil millones de buenas razones para poner en revisión el tema de la distribución del canon, donde debería primar los altos intereses de la nación sobre los intereses particulares de grupos que desean mantenerse en el poder en algunas regiones y gobiernos locales.

El tema de la baja afectación de los fondos por canon minero por parte de las Universidades tienen que ver también con problemas de carácter administrativo en el formato establecido como compensación económica a los investigadores, desperdiciando una ventana de oportunidades para el crecimiento y desarrollo de los departamentos de Ancash, La Libertad,Cajamarca,Moquegua, Tacna y Puno, que justamente concentran el ochenta por ciento (80%) de los recursos del canon minero. 

¿miedos en proyectos mineros?

Si bien es cierto que la mayoría de proyectos mineros estan en lugares poco accesibles, se encuentran rodeadas de sociedades agrarias que dependen del agua.
Las mineras también dependen de ella, así que se encuentran alineados en el mismo interés sobre una oferta confiable de agua. El tema se agrava en buena parte del territorio peruano donde la disponibilidad de agua es estacional.

Este es el caso de proyectos mineros como Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros; donde necesariamente las empresas mineras necesitan disipar los miedos, y que si a la gente le preocupa el tema del agua, se le debe explicar en la mejor de las formas como es que funcionará la gestión del recurso hídrico en el marco del proyecto.

La empresas mineras hacen su parte con sus proyectos, en el caso de Conga se construyó el reservorio de Chailhuagón y, para Tía María se considera usar agua de mar desalinizada para no afectar el caudal de agua utilizada por otros usuarios.

Sin embargo, no es suficiente las alternativas brindadas por la ingeniería para poder desarrollar las labores mineras, se tiene que ver las externalidades producidas por los ruidos políticos en sus diferentes niveles de gestión: Nacional, regional y local.
En este contexto, el ejecutivo también debiera hacer su parte para reducir los temores.

Un tema central, entre otros, es referido a la estabilidad. Un indicador a Nivel nacional, constituye la alta rotación del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, que _ en el periodo Julio del 2011 a Octubre del 2013_ permitió la presencia de cuatro (04) gabinetes ministeriales: Lerner, Valdes, Jiménez y Villanueva. Este último juramentó en el cargo hoy.
El cambio de nombres no tendría mayor relevancia para los proyectos mineros que los normales, si es que no se contara con el antecedente de la gestión de Valdés, quien por presiones sociales sometiera a vistas de peritos internacionales un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) _ Recurso hídrico del proyecto minero Conga, aprobados por la autoridad competente peruana; lo que hace poner en compás de espera para ver que es lo que sucede en el futuro próximo con la posición de los nuevos funcionarios públicos frente a los EIA.
Seis mil puestos de trabajo se eliminaron cuando se dispuso la paralización del proyecto Conga. Hoy no hay trabajo en Cajamarca y se aprecia un éxodo de la gente a Amazonas y San martín. Esta propia gente se da cuenta que con la minería se puede acceder al agua, carreteras, trabajo  y desarrollo en general.
A Nivel regional y local se puede observar que por ejemplo, quienes se opusieron al proyecto Conga están en el proceso de candidatear a las próximas elecciones Regionales y municipales. 
Lo propio ocurre con el proyecto Tía María, que apareciera en Agosto del 2009 y hace poco presentó su nuevo EIA en taller participativo que prendió la mecha del conflicto social.
A la luz de las condiciones y el escenario en que se presentan en nuevo EIA, la compañía minera Southern Copper Corporatión debiera no precipitarse con la obtención de la licencia social y mirar lo que Gary Goldberg , Presidente y CEO de Newmont Mining indicara prudentemente en setiembre último respecto al proyecto Conga "Hay todavía mucho trabajo de campo por hacer, no sólo de los reservorios, sino hacer plataformas para los molinos, la puesta a punto de la mina, la disposición de los relaves, etc. Pero si tuviéramos luz verde hoy mismo, nos tomaría dos años y medio completar la mina".
La sumatoria de estos acontecimientos permitirá a los inversionistas tener un mejor panorama de cara al futuro para los proyectos mineros en Perú.

¿Antimineria o anticorrupción ?

En la misma linea de lo que adelantáramos en Pagos y cobros por multas ambientales, el día de hoy (23 de Octubre del 2013) Semana económica bajo el título OEFA y las multas ambientales  publica lo siguiente:

"La semana pasada la OEFA promulgó el reglamento Nº 041-2013-OEFA/CD, en el cual se sostiene que las empresas sancionadas por infracciones ambientales impuestas por la OEFA podrán fraccionar sus multas (en pagos de 6 a 60 armadas), dependiendo de la multa que tengan.

A propósito de este tema, vale preguntarse cómo le está yendo a la OEFA en este asunto de la correcta aplicación de incentivos para evitar los delitos ambientales.

Según el último número de Perú Económico, la OEFA ha estado últimamente bastante activa en la fiscalización ambiental:

En el 2012 se realizaron 837 casos de fiscalización (divididos entre vigilancia/monitoreo, acciones de supervisión ambiental y aplicación de sanciones e incentivos), a diferencia de los 209 casos del 2011. No obstante, no todo es color de rosa.

Entre las principales cosas que generan preocupación en el empresariado están las siguientes: La OEFA a veces impone multas arbitrarias y que no pueden apelarse, según la Ley 30011 (Ley Del Sistema Nacional De Evaluación y Fiscalización Ambiental). Es más, si la OEFA se equivoca, existe el peligro de que no devuelva el dinero por falta de presupuesto, porque no está establecido en la Ley 30011 el método de pago. Además, hasta el momento la mayoría de las multas son por exceso de límite máximo permisible, no por daño ambiental causado, lo que a veces genera arbitrariedad en las multas.

A esto, hay que sumarle que desde el 27 de abril, han aumentado los topes de multas por delitos ambientales de 10,000 a 30,000 UIT (S/.111 millones), según la última modificación de la Ley General del Ambiente, lo que ha generado distintas controversias que esperan ser resueltas con el reglamento.

Según Carol Mora, miembro del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), han ocurrido cuestionamientos del sector privado, porque se considera que las multas son elevadas y arbitrarias (en algunos casos se han considerado confiscatorias), al punto de afectar el patrimonio económico y personal de las empresas. Mora señaló que las medianas empresas de los sectores minería, pesca, hidrocarburos y electricidad son las que más han manifestado su disconformidad, que incluso ahora cuentan con multas ya judicializadas. Hay que recordar que anteriormente se consideraba que el tope de pago de multas ambientales era relativamente bajo, por lo que en muchos casos salía más barato pagar la multa que revertir el daño causado. Afortunadamente las cosas parecen estar mejorando. Según Hugo Gómez, presidente de la OEFA, se plantea poner un tope de 10% de los ingresos brutos anuales de las empresas siempre y cuando sean formales. Además, según Isabel Calle, Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, acaban de lanzarse las "Reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de la OEFA Resolución del Consejo Directivo 038-2013-OEFA/CD), que aprueban las condiciones en las cuales actuará la OEFA para proceder a calificar una conducta como infracción y determinar la imposición de mandatos o sanciones, lo cual le quitará arbitrariedad a la sanción.

Asimismo, según la especialista, el fin último del régimen sancionador es disuadir a los agentes de realizar diversas acciones y evitar externalidades y no la imposición de sanciones monetarias con objeto de recaudar. En ese sentido, las acciones de la OEFA deben aplicarse bajo criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad".

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

En tanto que se intensifica el tema de sanciones por ensayo-error para el sector minero formal, por otra se hace esfuerzos en poder combatir a la minería ilegal y también el poder contar con una estrategia que  regule a la minería informal.

Para esta última forma de minería, se acaba de dictar la Resolución Suprema N° 340-2013-PCM, creando una comisión multisectorial (con una vigencia hasta el 31 de marzo del 2014) encargada de elaborar la propuesta de estrategia de saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal. 

Sobre el particular, entendemos que cualquier estrategia pasa por el sinseramiento en las cifras para sentar una linea base real e internalizar conceptos en la cultura popular y así poder neutralizar la filosofía antiminera con la aplicación de una política de estado anticorrupción eficaz, eficiente y efectiva.

Los considerandos ya expuestos en ¿Gran Minería es un tema de Estado? sustentan la necesidad de allanar el camino de las externalidades creadas en el tiempo por diversos factores que no son responsabilidad exclusiva de le Empresas mineras que vienen operando y mucho menos de las futuras empresas que aspiran operar.
Como muestra, tenemos que según el organismo de control y fiscalización del Estado peruano, la corrupción deja pérdidas por el orden de los tres mil quinientos millones de dólares cada año. 

A nuestro juicio esta cifra se queda corta si se pusieran en valor las remesas no contabilizadas de minerales por mar, aire y vía terrestre en el caso del oro.

Las incautaciones que ponen evidencia millonario lavado de dinero difundidas por diversos medios de difusión y recientemente por El Comercio el mes de septiembre pasado y en el presente mes de Octubre por el diario Perú 21 dando cuenta de la incautación por vía terrestre de 26 y 13 kilos de oro respectivamente.

Oro incautado forrado en papel aluminio_ Forma detectada de sacar vía terrestre oro ilegal

Por otro lado,  el ejecutivo del actual administración gubernamental, indica que las pérdidas por corrupción están en el orden de un mil ochocientos millones de dólares.

Ya sea de una u otra forma, ciertamente que tanto la filosofía antiminera como la corrupción , afectan la dinámica de crecimiento y desarrollo del país en todos sus extremos y deberían considerarse su tratamiento como un tema prioritario del Estado.

RIN & Cartera de inversiones mineras

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú llegaron a US$67.320 millones de dólares al 15 de octubre de 2013, mayor en US$3.329 millones de dólares respecto a lo registrado a fines de 2012, lo que favorece el blindaje de la economía, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El BCR refirió que el actual nivel de reservas internacionales representa más de 33% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Además, destacó que cubre más de 19 meses de importaciones y es equivalente a seis veces el adeudado externo de corto plazo, niveles de cobertura superiores al de otras economías de la región.

De otro lado, según publicación en el diario Oficial El peruano del dia de hoy 22 de octubre del 2013, la cartera de inversiones del sector Energía y Minas para los siguientes años asciende a 78,063 millones de dólares, lo que impactará positivamente en la consolidación económica del país.

El presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Abraham Chahuan, sostuvo que de este total los proyectos mineros comprenden 57,403 millones de dólares.

“Del total de la cartera de inversiones en minería, 34,995 millones de dólares corresponden a proyectos de cobre, los cuales representan el 63.4% del total de la cartera del sector.” 

Según Chahuan, el potencial en el rubro cuprífero permitirá duplicar fácilmente la producción de este metal en los próximos años.

“La producción de cobre será de un millón 363,500 toneladas métricas (TM) este año, lo que implica un incremento de 100% respecto al millón 298,744 TM registradas en 2012.” 

El empresario expresó que otros minerales importantes en la cartera de proyectos mineros del Perú son el hierro, con inversiones por 7,060 millones de dólares, lo que representa el 12.3% del total.

Cifra

6,702 millones de dólares suman los proyectos en oro, monto que representa el 12.5% del total de la cartera de inversiones en minería.

Política antiminera & EIA

El coordinador regional de América Latina de Revenue Watch Institute ,Carlos Monge, indicó en el foro: "Perú ¿futuro sostenible?", realizado la semana pasada en Arequipa, que se debe dejar de priorizar los proyectos mineros como fuente única de trabajo e inversión y adoptar un modelo de transición que permita ampliar la dimensión económica en el país.

Esta transición, explicó, debe permitir que otras actividades económicas, como la agricultura y la pesca, se posicionen en el mercado frente a la extracción y exportación de minerales, apoyando principalmente a la pequeña y media producción.

Añadió que el modelo extrativista heredado en los años 90 ha llegado al límite debido a los conflictos sociales.

En este escenario actual se continúa en los esfuerzos para levantar los impases subsistentes sobre el proyecto cuprífero Tía María. 

Southern Perú Cooper Corporation vuelve a la carga tratando de disipar los miedos sobre el proyecto Tía María en la provincia arequipeña de Islay.

La República, desarrolla una interesante descripción del proceso en los actuales momentos:

"El próximo jueves se programó el primer taller para dar detalles de la operación minera y Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Son dos reservas de cobre ubicadas en pleno desierto de la costa sur, a 2.5 Km del valle de Tambo. Los agricultores temen que la mina contamine los cultivos y agote las fuentes de agua dulce destinadas al agro y consumo humano. Esos dos argumentos centrales agitaron la oposición al proyecto en 2011, que se cristalizaron en violentas protestas con un saldo de tres muertos y decenas de heridos. El clima de convulsión ocurrido en plena campaña presidencial obligó al gobierno aprista a cancelar el anterior EIA. Una auditoría externa de Unops le encontró 138 observaciones. El nuevo EIA lo hizo la consultora Geoservice durante un año. Los técnicos trabajaron con perfil bajo. El flamante director de Relaciones Institucionales de Southern y expresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Julio Morriberón, señaló que esos cuestionamientos se subsanaron.¿Cómo se abastecerá la minera del agua, manejo del polvo, una posible contaminación con ácido sulfúrico y la licencia social?.

Aquí sus propuestas y las objeciones de los dirigentes.

EL MAR POR EL SUBSUELO

Southern necesita siete millones de metros cúbicos (m3) de agua para lixiviación. Este proceso libera el cobre de la roca triturada. La solución de agua y ácido sulfúrico cumple tal función.

El anterior EIA planteó tres posibilidades para obtener el recurso hídrico:

a) la explotación del subsuelo en donde existe un inmenso acuífero como consecuencia de filtraciones que provienen de los cultivos.

b) agua superficial con la condición de almacenarla en una represa que la compañía financiaría.

c) la última y más costosa era desalinizar el mar, se estima que tratar un litro de agua de mar cuesta un dólar. 

En 2011 se optó por el agua subterránea, lo que prendió la chispa de la protesta. Ante el rechazo, ahora la minera desalinizará el mar. La planta costará US$ 70 millones.

En el gobierno de García, el ministro del sector, Pedro Sánchez, dijo que la actividad extractiva generaría S/.367 millones por canon minero para la región Arequipa. Este cambio encarecerá en US$200 millones más el costo del proyecto. Y ello tendrá un efecto en la rentabilidad y el canon. Si se estimaba generar S/. 367 millones, ahora el ingreso alcanzaría a S/. 300 millones.

POLVO IRÁ AL DESIERTO

Richard Ale, alcalde de Deán Valdivia y opositor al proyecto, indica que la explotación de agua ya no está en cuestión y sería absurdo protestar. Sin embargo, hay otros puntos que todavía no tienen solución. Los pobladores temen la contaminación por polvo, que desprenderá la operación minera. El polvo, dicen, dañará sus cultivos, las doce mil hectáreas sembradas fundamentalmente de arroz. Según la minera, las explosiones para fracturar la roca se realizarán cuando el viento sople con dirección al norte, es decir al desierto, lado opuesto al valle y poblaciones. En un video,se precisa que el sonido de estas explosiones serán imperceptibles. Uno de los opositores al proyecto, Pepe Julio Gutiérrez, precisa que tendría que ser un “niño de teta” para creer eso. "Jamás hemos visto que hagan una prueba de vientos".También señala que durante el año las corrientes de aire no tienen una sola tendencia, por lo general son entrecruzadas, lo que descarta la tesis del EIA. “Le puedo apostar al mejor ingeniero de la Southern que eso no se podrá evitar”.

IMPERMEABLE A FILTRACIONES

Southern descarta una contaminación del subsuelo en el proceso de lixiviación. El mineral chancado se regará con la solución de agua y ácido sulfúrico en una cancha de 1,500 metros de largo por 300 de ancho. Para evitar filtraciones se hará una impermeabilización con una capa de arcilla. Sobre la arcilla se colocará una película plástica y sobre ella una capa de grava y sobre ella otra membrana de plástico. Además sensores que advertirán las filtraciones en cualquier punto de la cancha. El ácido sulfúrico es el ácido inorgánico más fuerte que existe, su ebullición se produce a temperaturas extremas, según la minera a más de 200 grados centígrados. Lo que descarta una evaporación y posteriores lluvias ácidas. Richard Ale está convencido que esta información es falsa. Precisa que no es necesario llegar a esas temperaturas para lograr la evaporación. “Soy químico puro, a mi no me van a engañar, les reto a que me prueben lo contrario. Cuando lavas tu ropa no esperas que hierva para que se seque, simplemente el agua se evapora, ¿o no?”.

LA LICENCIA SOCIAL,LA LUZ VERDE QUE FALTA

Para que el proyecto se concrete resulta indispensable dos tipos de aprobaciones. Una formal que depende de Energía y Minas, cartera a cargo de dar el visto bueno al EIA previo consentimiento de la población de la zona de influencia. Esta etapa es clave, al igual que la obtención de la licencia social. Un acuerdo más tácito, pero de igual importancia. La licencia se entiende como un consenso entre empresa, población y Estado, y en donde la primera se compromete no solo a desarrollar su industria, sino a contribuir con el desarrollo de las comunidades cercanas. Álvaro Torres, presidente de la Junta de Regantes del Tambo, cree que los talleres no serán objetivos. Señala que en éstos expondrán los técnicos de la minera cuando esa tarea debería hacerla Energía y Minas. Son ellos quienes deberían certificar el estudio. Solo así habrá más confianza. Gutiérrez tiene la seguridad de que por el momento no existen las condiciones para el taller. Y esas condiciones dependen de un trabajo de sensibilización. "La herida se mantiene fresca. La semana pasada, en una encuesta radial, todos estaban en contra del proyecto”, dice. Sin embargo, aclaró que hay hasta tres posiciones sobre el proyecto minero. Quienes se oponen radicalmente a la minería, los que están a favor y quienes están dispuestos a oír los nuevos planteamientos y luego tomar una decisión. Aunque parezca contradictorio, dijo, este escenario resulta positivo,cuando dos partes en conflicto creen tener la razón, siempre es bueno una tercera posición que puede abrir los ojos a cualquiera de los dos”, dice. Ambos dirigentes indicaron que asistirán al taller siempre y cuando se den las garantías y si la comunidad lo pide.“Esperemos que no nos provoquen poniendo quinientos policías, filmadoras por todos lados y haciéndonos firmar papeles. No nos responsabilizamos de lo que pase”, puntualizó Pepe Julio Gutiérrez. El proyecto de Southern comprende dos yacimientos de cobre, Tía María y La Tapada. Ambos se encuentran a 4 kilómetros uno del otro, al norte del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay. La Tapada se explotará en doce años (allí se minarán 817.5 millones de toneladas métricas -Tm- a tajo abierto). Y la segunda seis años.(399.9 millones Tm). Se estima que en la construcción habrá de 2 mil a 3 mil trabajadores directos y cuando funcione la mina 650. Es una enorme posibilidad de desarrollo, pero Southern tiene una tarea fundamental, recuperar la confianza perdida, misión que parece harto difícil. Lo reconoce Julio Morriberón, la minera se ha construido una imagen de haber contaminado el valle de Tambo en décadas pasadas con los humos provenientes de la fundición de Ilo. Abonó a la mala relación lo ocurrido con Tía María en donde faltó tino para tratar a dirigentes y alcaldes que inicialmente estaban de acuerdo con la inversión minera.

EN CIFRAS

• US$ 300 millones anuales recibiría la región Arequipa por canon minero de Tía María. 
• 138 observaciones tuvo el primer EIA que fue anulado por el Minem.
• 3 muertos y cientos de heridos dejaron los enfrentamientos en Cocachacra en el 2011".

Pagos y cobros por multas ambientales

En Perú se continúa auscultando el tema de las sanciones en el sector minero , que el año pasado aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT (Cada UIT en el 2012 equivale a S/. 3,650)  y lo que va del año hasta el mes de Mayo se aplicaron cincuenta sanciones a empresas mineras por 3,252 UIT ( Cada UIT en el 2013  equivale a S/. 3,700). 

A Setiembre del 2013, se han puesto en general 266 sanciones, que significa un número de multas por encima de las 13 mil UIT.

Se anota a empresas con mayor infracción a Volcan Compañía minera con 51 sanciones, Doe Run Perú con 21 sanciones, Santa Luisa (18), Los quenuales (15), Compañía Minera Ares (13) y Compañía Minera Raura (11).

Las razones más frecuentes por las que las empresas se hacen acreedoras a estas sanciones son, en primer lugar el supuesto incumplimiento de límites máximos permisibles de diversa índole, lo cual considera la recurrencia del tema sobre la importancia de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar.

El diario Gestión recoge el proceso establecido bajo el siguiente análisis:

"Con el argumento de optimizar y facilitar a las empresas infractoras en el cumplimiento del pago de las multas ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó el reglamento de fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de esas multas, que en un caso llega al plazo máximo de cinco años.

Este beneficio se dará a las empresas sancionadas que no hayan presentado alguna impugnación administrativa, y si en caso lo hicieron entonces tendrían que desistir para acceder al incentivo.

Así, sin perjuicio del pago inicial, el saldo de las multas impuestas por OEFA podrán ser fraccionadas y/o aplazadas con lapsos en función al monto de las multas.

Para las empresas con multas mayores a 20 mil (S/. 74 millones) se contempla hasta 60 meses en caso de fraccionamiento, y hasta siete meses si es un aplazamiento.

En el caso de multas mayores a 10 mil UIT (S/. 37 millones) y menores o iguales a 20 mil UIT, se darán 48 meses por fraccionamiento, mientras que en aplazamiento es de seis meses. En multas de 5 mil(S/. 18.5 millones) y menores o iguales a 10 mil UIT, se da hasta 36 meses en fraccionamiento, y hasta cinco meses si se aplaza.

El beneficio se da desde multas menores o iguales a 500 UIT, según el OEFA.

¿Estado lento para inversión minera?

Con similar orden de ideas expuestas en ¿Gran minería es un tema de Estado?, el día de hoy viernes 11 de Octubre en diario El Comercio en su editorial propala lo siguiente:

"En la clausura de la IV Conferencia Anticorrupción Internacional, el contralor de la República, Fuad Khoury, declaró que los corruptos en el Perú no tienen miedo, pues persiste la impunidad. Y en buena medida tiene razón, sin duda. No obstante lo cual, es importante que el contralor sea consciente de que el gran reto para su institución no lo suponen solo quienes no tienen miedo en el país, sino también quienes sí parecen paralizados por él; a saber, todos los niveles con poder de decisión de la administración pública. Es decir, en revisar si está apuntando bien al corazón de la corrupción, o si más bien está gastándose en perseguir formalismos.

Las cifras que dio el mismo contralor sobre el trabajo de su organización parecen apuntar a esto último: la contraloría ha denunciado a 4 mil funcionarios públicos en los últimos cuatro años. De ellos, solo 300 casos han recibido sentencias, y únicamente 90 de estas fueron condenas. Lo que quiere decir que la tasa de éxito de las denuncias de la contraloría ha sido solo de un tercio. Una tasa sin duda demasiado baja (aun descontando la parte de culpa que puede tener nuestro Poder Judicial en ella), como para que no dé lugar a pensar que la contraloría está haciendo denuncias febles. Más aun si tomamos en cuenta que, conforme a declaraciones del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, no han sido 300 sino 904 las sentencias que en el mencionado período han recaído sobre casos iniciados por la contraloría, lo que ya hablaría de una tasa de éxito de solo 10%. Y que, por otro lado, los grandes casos de corrupción en el mismo período han sido denunciados por los medios o por terceras personas y no por la contraloría.

Ciertamente, esto ayudaría a explicar por qué nuestros funcionarios públicos parecen tener tal pavor a dar aprobaciones de cualquier tipo. Atrapados entre un fárrago infinito de normas a menudo ambiguas o incumplibles y una contraloría que busca tres pies al gato para disparar observaciones y acusaciones sin mucha discriminación, nuestros empleados públicos se comportan como en un campo minado, donde lo más seguro es no moverse. O empiezan más bien a actuar en falange, realizándose mutuamente, de entidad a entidad, consultas interminables, para intentar dar eventualmente el paso del que se trate de manera compartida.

En cualquiera de los casos, el resultado para el ciudadano y para la inversión es el mismo: un Estado escandalosamente lento (no en vano, según el Reporte Global de Competitividad, la ineficiencia de nuestra burocracia es el principal obstáculo para la realización de negocios en el Perú). Y eso, en un país que, por ejemplo, tiene un déficit de infraestructura de casi US$90 mil millones.

Naturalmente, el destrabe del Estado Peruano no pasa solo por la contraloría: exige también una poda general de nuestros regímenes administrativos para simplificar, acortar, aclarar y unificar trámites.

Y algo de ello ya está intentando hacer este Gobierno, aunque hasta ahora solo muy incipientemente. Sin embargo, mientras la situación del marco normativo lleno de vericuetos, de formalismos, de contradicciones y ambigüedades persista, lo que corresponde a la contraloría no es hacer las cosas más difíciles perdiéndose en las esquinas de nuestra inacabable tramitología, sino más bien ayudar a hacerlo más llevadero y eficaz. Para ello, nuestra contraloría, además de comenzar a concentrarse en auditar los gastos estatales, debería cambiar su actual enfoque formalista por uno de resultados: lo que tiene que contar para los funcionarios de la institución no es el número de trámites supervisados o de denuncias hechas, sino el número de casos en los que logran probar corrupción. Y a esto ayudaría, ciertamente, que se incorporase a la contraloría a la Ley del Servicio Civil, de la que, inexplicablemente, ha sido excluida.

Tiene razón nuestro contralor cuando implica que el miedo tiene una función importante que cumplir para lograr la probidad en un Estado. Pero debe ser consciente de que, para poder funcionar, el miedo tiene que estar en el lugar correcto".

¿Gran minería es un tema de Estado ?

Los resultados de una reciente investigación sobre asuntos del Estado peruano, nos permite indicar que la presencia del Estado en la realización de los grandes proyectos mineros, constituye un catalizador de los procesos por excelencia.

La participación del Estado, a través de los gobiernos de turno, contribuye en el tema de promoción y fomento de las inversiones de capitales, ya sean nacionales o extranjeros, para dinamizar los proyectos de gran minería actuales y futuros.

Así mismo, en el marco del ordenamiento legal vigente, el ejecutivo  mantiene representación en las concesiones mineras, así como en la evaluación, supervisión, fiscalización, control, entre otras funciones _directas o indirectas_ a cargo de múltiples entidades del Estado.

Es así que dentro de sus facultades interviene aplicando incentivos a la reinversión de utilidades, contratos de estabilidad tributaria, entre otros anteriormente aplicados en el país a las labores de la gran minería.

De otro lado, el Estado asiste; garantizando el respeto a la propiedad privada y al orden público, así como el firme cumplimiento de los contratos y la estabilidad jurídica en el país.

¿Mentalidad Colonial y diezmos como Política de Estado?

El tema del desaliento de las inversiones_porque aún persisten las trabas burocráticas atribuidas a la mentalidad colonial_han sido largamente comentadas por funcionarios públicos en diversos periodos de gobierno, un caso reciente es lo manifestado por el actual presidente del Banco Central de Reserva , que menciona esta dimensión poniendo sobre la mesa alternativas diversas para fomentar la confianza entre los inversionistas.

Siguiendo este orden de ideas, aterrizamos con el impacto generado por los diezmos que persisten hasta la fecha; sólo que en la jurisdicción de algunos gobiernos regionales, provinciales o distritales donde se aplican, lo recaudado ya no se envía a la corona española y tampoco va destinado a formar parte del tesoro público.
Por ello el lavado de activos _considerado como delito_ en diversos niveles de gestión del aparato público es una actividad voyante en el país.
Esta forma de "afectación de recaudación" que antes se concentraba en Lima, en los últimos años _con la desconcentración de la ejecución del presupuesto público _ el orden del 60% se traslada fuera de la capital de la República.
Un estigma que se viene combatiendo desde que dejó de ser un secreto a voces y pasar a constituirse en una evidencia de la cultura de la corrupción en la administración pública que no constituye una Política del Estado peruano, pero que es irrefutable su existencia. 

Mito en cultura de la corrupción

El Ama sua ( no seas ladrón) practicada por la cultura de los antiguos peruanos, fue impactada por efectos de la conquista  a tal punto que no es secreto que la corrupción es un problema en el Perú  , problema estructural que penetra a personas naturales y jurídicas, mereciendo la atención del Estado a través de  sucesivos gobiernos.
Estos despliegan esfuerzos de largo aliento para reducir los niveles de connivencia con la corrupción que generan problemas de imagen y de confianza para con la población. 
Resulta que no pocas veces, es esa misma población la que se opone al desarrollo de proyectos de la gran minería.
Algunas veces exacerbada por los medios que difunden declaraciones de funcionarios como es el caso del actual Contralor General de la República afirmando que la corrupción no se castiga y está afectando a los mas pobres del Perú.
En lo que va de los últimos siete años_periodo que alcanza al boom minero en Perú_ los delitos con mayor índice de condena a funcionarios públicos, son de peculado y colusión.
Es correcto afirmar que corrupción se encuentra en diversos países del mundo, también es cierto indicar que los países que alcanzaron su desarrollo en el Planeta fueron los que pudieron controlar y reducir los niveles de corrupción aplicando acertadas políticas de Estado.
En este sentido, la lucha anticorrupción perfilada por el Estado debe merecer por parte de la sociedad peruana y los agentes económicos, el mayor de los apoyos, pues le afecta directamente en los procesos para llevar adelante proyectos de importancia nacional no solamente en el sector minero.

Falta de sostenibilidad en infraestructura Física: Un indicador

Nuestra evaluación se focaliza en la infraestructura de Saneamiento y particularmente en el tema de la gestión del agua por situarse íntimamente ligada con los procesos para grandes proyectos mineros, que finalmente son sujetos pasibles de externalidades generadas.
Partiendo de la premisa que sin el recurso agua no seria factible la gran minería y no hacemos referencia única y exclusivamente al agua utilizada en los procesos desarrollados en la gran minería, también al agua para consumo humano de los pueblos ubicados en las zonas de influencia directa e indirecta a las labores mineras.
Pese haber destinado _en los últimos tiempos_ importantes recursos económicos y financieros a la infraestructura de agua potable y alcantarillado, se tiene un significativo sector de la población peruana reclamando por el servicio del recurso agua a las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) a cargo de gobiernos locales (lease parte del Estado peruano), y que finalmente las solicitaciones de las deficiencias del servicio son trasladadas de indistintos modos al sector minero.
La data de la inversión realizada en Saneamiento : medianas y pequeñas EPS, que conforman una importante proporción de las 50 EPS reguladas, presentan dificultades en términos de su sostenibilidad. La sostenibilidad de los sistemas de agua potable construidos en zonas rurales se encuentra en niveles críticos.

¿Porqué a mayor asignación dineraria menor calidad de servicios?

Esta probado que el sector minero no es responsable de la situación crítica que pasan algunas EPS derivado de una deficiente gestión empresarial y del desequilibrio resultante al privilegiar la cobertura de los servicios y soslayar la calidad de infraestructuras; los que finalmente generan problemas en la operación y mantenimiento de los sistemas construidos.
A esta situación, se le agrega las no pocas infraestructuras construidas e inoperativas que se encuentran en proceso de arbitraje u otra figura jurídica, mucha de las cuales mantienen pinceladas de la cultura de la corrupción antes señalada.
No cabe duda que la decisión del Estado peruano, a través del ejecutivo en su oportunidad, no fue la más adecuada al diseminar múltiples Universidades que forman profesionales de grado universitario como en el caso de la ingeniería sin el debido soporte de la calidad en la enseñanza, hecho que agrava la compulsiva "necesidad de coberturar el servicio a todo costo" relacionados con proyectos vinculados a las actividades de determinados sectores de la administración pública.
Esta situación se agrega a la asesoría brindada por "funcionarios reciclados" (bajo pretexto de experiencia en el sector), muchos de los cuales habiendo sido procesados y condenados en el poder judicial por delitos de corrupción, tienen la habilidad de mimetizarse y formar parte de los gobiernos de turno en sus diferentes niveles de gestión.

¿ Y cómo se relaciona el sector saneamiento con el sector minero?

Las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso al recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios.
En el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial. 
El Estado a través de su organismo proinversión que es un organismo público descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas , quien ha demostrado_conjuntamente con el organismo rector en la materia_que desde el 2006 no ha podido hallar la senda correcta para resolver los problemas de fondo en el sector Saneamiento.
El país ha desarrollado múltiples esfuerzos legales para resolver el problema del agua y saneamiento en su territorio, encontrándose entre los últimos : En el año 2006, mediante Decreto Supremo N° 020-2006-VIVIENDA, se declaró en estado de emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento y ese mismo año se dio la Ley N° 28870 - Ley para optimizar la gestión de las EPS.
Siguiendo la política del "shock de inversiones en saneamiento ", la actual administración del estado, dictó en Junio del 2013, la Ley N° 30045 _ Ley de Modernización de los Servicios de saneamiento" donde se consigna el proceso de la recurrente evaluación y reflotamiento de las EPS.
En tanto que el recurso agua para consumo humano sea un tema de agenda en los conflictos sociales focalizados en zonas de tradición minera, los actuales y futuros proyectos del sector minero se verán impactados por el problema existente en el sector saneamiento.

Tarea pendiente

En el escenario actual, las empresas mineras que se encuentran en operación en territorio peruano y los proyectos en ciernes tienen que remar contra la corriente y el Estado peruano no puede ni debe dejarlas solas haciendo empresa.
El rol del Estado, como se explicara en el desarrollo de la presente exposición, no acaba con la promoción teórica de la inversión privada y el aseguramiento a través de la estabilidad jurídicas, sino que necesita allanar el camino de las externalidades creadas en el tiempo por diversos factores explicados que no son responsabilidad exclusiva de las empresas que vienen operando y mucho menos de las futuras empresas que aspiran operar en el país.
El Estado peruano no debe cejar en la necesidad de realizar las medidas correspondientes para mantener el nivel de competitividad en el mercado internacional y realizar el  debido y oportuno acompañamiento a las empresas formales_ de capitales nacionales o extranjeros_ para que como socios estratégicos caminen hacia ese futuro promisorio que las actividades del sector minero y otros, presentan como alternativa para acompañar al país en su crecimiento y desarrollo armónico.

El Dato

• Diezmos y Cobos ( antes Quintos Reales) a la minería (oro,plata,cobre..) fueron los impuestos aplicados de la corona española durante la época colonial. Subsistió hasta el año 1735 aplicándose en un quinto (1/5) sobre la producción minera. Desde entonces, el quinto se convirtió en décimo (1/10), de donde tomó el nombre diezmos. 
• Cada año el impacto de la corrupción genera pérdidas al país por un estimado de tres mil quinientos millones de dólares.
• Entre 2007 y Agosto del 2013, 6,298 funcionarios y servidores públicos fueron condenados por el poder judicial por delito de corrupción.
• Entre Diciembre 2005 y Julio del 2013 se incrementó en 76% el número de ingenieros colegiados en Perú, subiendo de 84,637 a 149,060.
• En las últimas 3 décadas se colocaron más de US$4,500 millones de dólares en el sector saneamiento  a los efectos de sostener e incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura, así como la gestión, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Corresponde más del 30% del precitado monto a la inversión realizada en los últimos siete años.
• En el periodo 2008-2012, las empresas mineras reportaron US$ 13,690 millones de dólares al Estado peruano por concepto de impuesto a la Renta y permitió el ingreso de US$ 24,000 millones de dólares al país. 

Avance de Obras por Impuesto en Perú

Volcan Compañía Minera se adjudicó, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, seis proyectos que serán ejecutados en la región Pasco, por un monto de 41.4 millones y beneficiará a más de 100 mil pobladores, informó hoy la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Se trata de proyectos en agua y desagüe, servicios educativos, tratamiento de residuos sólidos y pistas y veredas.

Las poblaciones beneficiadas serán de los distritos de Chaupimarca, Huayllay, Tinyahuarco y Ticlacayán, de la provincia de Pasco, que constituyen zona de influencia de la empresa minera.

El asesor ejecutivo de Volcan, Juan Manuel Fernández, señaló que con los proyectos adjudicados, esa empresa se convierte en la compañía con el mayor número de proyectos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos. 

“La Ley 29230 de Obras por Impuestos es una gran herramienta para dinamizar inversiones en los gobiernos regionales y locales, además le permite a Volcan direccionar sus impuestos en la ejecución de proyectos de alto impacto social no sólo en su área de influencia, sino también fuera de ella”, precisó.

Anteriormente y mediante este mecanismo de Obras por Impuestos, Volcan ejecutó otros proyectos en Pachacútec – Ventanilla (Lima).

Actualmente construye el intercambio vial en Trujillo, en consorcio con Cementos Pacasmayo. A la fecha, Volcan ha financiado Obras por Impuestos por más de 76 millones de de soles.

El Dato

1. Volcan es la cuarta productora de zinc y plata en el mundo. Sus principales operaciones mineras se encuentran en Alpamarca, Cerro de Pasco, Chungar, Vinchos y Yauli en la sierra central del Perú.
2. Incluyendo la adjudicación de los proyectos de Volcan en Pasco, ésta compañía alcanza en lo que va del año compromisos de inversión en Obras por Impuestos por 290.3 millones de soles. (40.5% del total).
3. Según data de Proinversión, publicada por la Agencia peruana de noticias Andina, el total histórico acumulado de obras por impuestos en Perú desde el 2009 a setiembre de 2013 asciende a un total de 717.2 millones de soles.

Avance del proyecto Conga

El presidente Ollanta Humala afirmó que el avance del proyecto minero Conga,demorado por más de un año a raíz de protestas sociales y temores ambientales,depende de la empresa privada y “no es un problema del Estado”.

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, dijo que en el caso de Conga, proyecto cuprífero de propiedad de Newmont y Yanacocha, el Estado cumplió con garantizar la propiedad privada y el orden público en Cajamarca.

Pero creemos que hoy el ritmo de avance de este proyecto está enteramente en la cancha de la empresa privada, no es un tema del Gobierno, dijo.

Humala afirmo, además, que es un error creer que este es un tema de conflictividad entre gobierno central y el gobierno regional cajamarquino.

"No es un problema del Estado, pues este ha dado los permisos y ha cumplido con todos los requerimientos que le ha solicitado la empresa privada",señaló.

El jefe de Estado dijo que ahora es tarea de la empresa encargada del proyecto fortalecer el entorno positivo y trabajar de la mano de los alcaldes y cumplir sus compromisos con la comunidad, “creo que de esta manera este proyecto debe ir”.

Paros & Minería ilegal

Tal como lo adelantáramos en "30.9.13_Dead Line de Minería ilegal?, en la fecha las fuerzas en colisión se encuentran desplegadas en determinadas partes del territorio peruano.

Los detalles  dando la descripción del estado de situación actual lo expresa el diario La República en los siguientes términos:

"La destrucción de equipos y maquinarias en el corredor minero de Madre de Dios ha sido tomada por estos como un doble discurso del Gobierno, y por ello hoy iniciarán un paro indefinido en 14 regiones.

En diálogo con La República, el presidente de la Federación Minera de esa región, Luis Otsuka Salazar, explicó que ellos participaban en una mesa técnica de alto nivel con carácter resolutivo, y a pesar de ello, el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, "llevó comandos de las Fuerzas Armadas y comenzó a explosionar las maquinarias".

"Nosotros nos reunimos en cuatro oportunidades con el Premier Juan Jiménez y le explicamos que el paquete de normas emitidas por el Gobierno no hace viable la formalización.

Estábamos conversando, pero así no podemos dialogar, porque mientras nosotros actuamos de buena fe para solucionar el gravísimo problema de la actividad minera, en la que nosotros somos concesionarios, él (Pulgar Vidal) hace destrozos en nuestras maquinarias", señaló.

A la fecha, dijo, ya les han destruido varias excavadoras, volquetes, diez cargadores frontales e incluso campamentos que estaban en el corredor minero y no cerca de los cauces del río (zonas prohibidas). "¿Qué somos nosotros? ¿Delincuentes? No, nosotros somos concesionarios mineros, no somos ilegales. Tenemos estudios de impacto ambiental presentados y la declaración de compromisos, algunos incluso cuentan con el PAMA", aseguró el dirigente, a la vez que lamentó que el trato que el Estado le brinda a la gran minería sea tan distinto.

Todo esto cuando, según la encuesta nacional urbana de GfK, un 79% considera que es muy importante para el país que las empresas mineras informales pasen a la formalidad. Además, se informó que un 55% cree que los mineros informales de Madre de Dios siguen sin formalizarse porque en realidad;"no tienen la intención";de hacerlo; mientras que un 32% considera que ello se debe a que el Gobierno no facilita los trámites para ello.

Incluso, respecto a la acción de interdicción que desarrolla el Gobierno, lo cual implica la destrucción de maquinaria, volquetes y retroexcavadoras, solo un 39% de encuestados dijo estar de acuerdo, y un 38% manifestó no estar de acuerdo. "¿Sabe por qué a la gran minería le dan todo y a nosotros nos bombardean? Porque hay plata y porque son unos sinvergüenzas", volvió a preguntarse Otsuka Salazar, y advirtió que esta situación en cualquier momento va a desbordar en violencia social porque, aseguró, se está generando una polarización entre los mineros.

Según dijo, ellos no entienden por qué si la Ley Minera dice que el pequeño minero puede mover hasta tres mil metros cúbicos y tener hasta dos mil hectáreas, mientras que el artesanal puede mover 200 metros cúbicos y tener mil hectáreas, en los últimos decretos no les permitan contar con maquinaria y equipos. "¿Cómo vamos a mover tres mil metros cúbicos si no es con maquinaria? ¿Con sacos? ¿Con carretillas? En el mundo desarrollado se usa maquinaria. Eso es lo que tiene que entender el Gobierno", reclamó.

Luego insistió en que es mentira que el proceso de formalización avance, y la mejor prueba de ello es que en 18 meses no ha podido formalizarse ni un solo minero informal. Pero a pesar de todo ello, informó que el paro podrían levantarlo si las autoridades del Gobierno deciden modificar los decretos referidos a la minería, se amplía el plazo para la formalización y se suspende el bombardeo.

Lo que sí no pudo asegurar es que en el paro de hoy no vayan a participar el sector de mineros ilegales que depredan en las zonas de amortiguamiento donde no hay concesiones.

Respecto a ellos, solo indicó que es competencia del Gobierno central y regional, ya que la federación minera no puede resolver su situación.

Pero quienes no se plegarán a esta medida de protesta son los mineros agremiados a la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe). Su presidente, Celso Cajachagua Güere, indicó que ellos continuarán participando en la mesa de diálogo con el Gobierno, puesto que ya han logrado varios avances.

ALERTA EN LAS REGIONES CON MINERÍA ILEGAL

En tanto, en Puno,mineros informales del sector conocido como La Rinconada se movilizaron masivamente -desde el viernes- hacia Juliaca para participar hoy en el paro nacional minero. En esa parte del país, como en otras, la Policía Nacional moviliza efectivos para custodiar el orden público y evitar desmanes como el producido en agosto en Ica.

En medio de esto, el Alto Comisionado en Asuntos de Minería, Daniel Urresti, informó que continuarán en octubre con la capacitación de mineros informales como parte del proceso de formalización.

CLAVES

La medida de fuerza de los mineros, que tiene carácter nacional, será acatada por las bases de 14 regiones del país, entre ellas Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Puno, Piura, Cajamarca, Apurímac, Ica, Áncash, Huancavelica, Huánuco, Lima y Cerro de Pasco. En Madre de Dios, unos veinte mil mineros realizarán una movilización pacífica por toda la ciudad y en horas de la tarde se congregarán en la Plaza de Armas, donde habrá un mitin".

¿Giro gubernamental minero?

En Perú se registra un hecho evidente en la gestión del Estado. que contrasta la evolución del discurso antiminero del candidato presidencial Humala en el 2011 con el proceso para alcanzar una madurez que trasciende a los dos años en frente a la administración Humala. 

En este lapso, se presentaron ruidos mayormente legislativos y de cumplimiento del ordenamiento legal ambiental vigente, como fue el caso en el año 2011 de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo; y entre otras, los actuales proyectos de ley sobre derecho humano al agua y el ordenamiento territorial respectivamente.
Las precitadas leyes o iniciativas legislativas resultan extremadamente sensibles para el desarrollo de la política e inversión minera en el país.  
También se presenta en este escenario, las controversias existentes entre el tratamiento de las diferentes minerías que se desarrollan en territorio peruano, una minería formal, la minería informal y minería ilegal.
La vorágine del crecimiento en relación a la explotación minera de oro, a escala de la denominada "minería artesanal" da cuenta del incremento _ entre Nov. 2010 y Jun. 2013_ del orden de 20% de concesiones mineras ( creció de 9,900 a 12,300) , lo que determinó el aumento de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, las áreas concesionadas para este tipo de minería.
En esta evolución plasmada en relación al tratamiento formal de la nueva relación de la administración del actual gestión del estado peruano con la gran minería al año 2013, se traduce en el discurso presidencial en la clausura de la 31 Convención minera Perumin en Arequipa:
"La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales del crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad de esta perspectiva de desarrollo e industrialización".

En este contexto, el diario El comercio opina de la siguiente manera sobre el tema en cuestión.

"La última vez que se realizó la convención minera Perumin,hace dos años por parte del Gobierno no asistió ni el ministro de Energía y Minas.

Esta semana, sin embargo, han acudido a la más reciente versión de Perumin ocho ministros y el propio presidente de la República.

La percepción del Gobierno sobre la importancia de la minería en el desarrollo del país parece, pues, haber cambiado radicalmente en estos dos años.

¿Qué es lo que ha pasado para explicar este cambio?

En resumidas cuentas, que la realidad demostró que el constante crecimiento que el Perú venía experimentando en el desarrollo de sus proyectos y producción mineros no constituía un derecho divino a prueba de balas (muchas veces literales) sino que, de hecho, podía frenarse y, peor aun, también comenzar a revertirse.

Así, los proyectos arbitrariamente detenidos a causa de protestas sociales, que en los más de los casos han estado basadas en demostradas mentiras, comenzaron a sumar decenas de miles de millones de dólares, al tiempo que nos hacían recordar la dura realidad de que el Perú no es la única opción que tienen en el mundo los inversores mineros.

Un sector empresarial que solo se puso más cuidadoso con sus decisiones de inversión desde que las cotizaciones internacionales de los metales comenzaron a descender.

Conga, La Granja, Michiquillay, Galeno, Pucamarca, Tía María, Río Blanco, Toquepala y Cañariaco, junto con otros proyectos que tuvieron que paralizarse pese a cumplir con todo lo que les exigía la normativa del sector –que desde hace muchos años ya es cualquier cosa menos laxa– representan hoy alrededor de US$22 mil millones de inversión frustrada y cerca del 40% de la cartera de proyectos mineros que tiene el país.

Esta cartera, por su parte, es a la fecha solo la mitad de la que tiene otra muy cercana opción –aunque bastante más predecible– en la presente década para la inversión minera internacional: Chile.

Comoquiera que, pese a la creciente diversificación que la economía nacional ha estado experimentando, la minería aún representa un tercio de lo que recauda cada año nuestro Estado como concepto de Impuesto a la Renta, este frenazo ha de haber hecho sentir al Gobierno que se le reducía el viento bajo las alas. Sobre todo habida cuenta de que esta parte de la recaudación representa un porcentaje igual de las posibilidades que cada año tiene el Estado para gastar en “incluir” a los que menos tienen en los beneficios de una buena salud, educación o seguridad, por solo citar tres ejemplos claves.

Así es cómo han llegado los 8 ministros y el presidente a Perumin: porque, con buen sentido, el gobierno ha visto la evidente conexión entre el cuero y las correas que parece pasar totalmente desapercibida en esos líderes radicales que no parecen encontrar contradicción entre marchar por acabar con la minería en sus regiones y marchar para exigir que se incremente el canon (proveniente de la minería) de las mismas.

Por otro lado, también pueden haber formado parte de esta toma de conciencia gubernamental los enormes efectos que la inversión minera tiene de forma directa (y ya no solo a partir de lo que da el Estado) en la generación de oportunidades para la población.

Recordemos, por ejemplo, que la minería compra actualmente ni más ni menos que el 14% de lo que produce la industria nacional, lo que ayuda explicar que la inversión minera genere, según un estudio del IPE, 9 puestos de trabajo indirectos por cada puesto que crea en su propio sector.

Por lo demás, vale la pena precisar también que estos efectos colaterales de la inversión minera tienen la potencialidad de alcanzar, como los de ningún otro sector, a esos bolsones de pobreza que, según la tercera medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que publicásemos esta semana, todavía persisten en las regiones más alejadas del país y, particularmente, en las altoandinas.

Es decir, precisamente ahí en donde opera la minería y en donde suele haber, por la lejanía de los mercados y la dificultad del clima y la geografía, poco espacio para otros sectores productivos.

No es en vano que un estudio de Macroconsult haya demostrado que los distritos mineros tienen ingresos superiores en casi 36% respecto de los otros.

Aunque lo haya hecho un tanto tarde, hay pues que felicitar al gobierno por haberse decidido a no dejar pasar la oportunidad de la minería. Y más aun porque, al lado de los gestos como el de su presencia en Perumin, haya puesto manos a la obra con iniciativas como las 40 “mesas de desarrollo” en las que las empresas mineras, el Estado y las comunidades vienen coordinando a lo largo del país, en prometedor silencio, proyectos de desarrollo local a partir de los proyectos mineros.

Igual que Canadá, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y tantos otros países, el Perú ha recibido en sus recursos naturales una oportunidad dorada que tiene que ser utilizada, como sucedió en todos esos países, como palanca de una generación de riqueza que nutra a otros sectores y ayude a financiar el camino de su población hacia el desarrollo y el primer mundo".

¿30.9.13_Dead Line de minería ilegal ?

En Perú se alista para este 30 de Septiembre del 2013 una asonada promovida por la minería ilegal, con el conocido escudo de los mineros informales.

Como respuesta, la agencia peruana de noticias Andina recoge las precisiones del actual Presidente de la República en los siguientes términos:

El presidente Ollanta Humala ratificó hoy la decisión de su gobierno de erradicar la minería ilegal del país, por ser una actividad que destruye el medio ambiente y que afecta el desarrollo.

"(La minería ilegal) huele a crimen organizado, a tráfico de personas, que termina con miles de hectáreas de bosques y contamina las fuentes de agua, que se burla de todos y de los sueños de progreso, y no la debemos tolerar", enfatizó durante la ceremonia de clausura de la 31a Convención Minera Perumin.

Recordó que por primera vez en la historia del país se ha establecido la distinción entre minería informal e ilegal, la primera de las cuales, dijo, debe regularizarse de forma progresiva, y con la segunda solo queda la erradicación.

Como parte de las acciones del Gobierno contra la minería ilegal, se dispuso llevar a cabo interdicciones para la eliminación de maquinarias como dragas y retroexcavadoras en sitios como Madre de Dios.

El Ejecutivo ha determinado que la interdicción no se detendrá, pese a los reclamos de los ilegales que planean un paro a fin de mes.

Paralelamente a dicha acción, se trabaja en la formalización de los informales, es decir de aquellos que laboran en zonas permitidas pero que todavía no han regularizado su situación.

A la fecha son más de 70,000 los mineros informales que han expresado su interés por formalizarse, y de ellos más de 30,000 han iniciado ya este proceso, que culminará en abril del 2014.

Prueba de la ferocidad de la minería ilegal la dio a conocer esta semana el Ministerio del Ambiente, a través de un video de un sobrevuelo por miles de hectáreas de bosques devastados por la contaminación en Madre de Dios.

IR & Regalías mineras_2008-2012

Cuarenta y dos mil doscientos un millones de nuevos soles representa el aporte de las empresas mineras en los últimos cinco años al país en términos de Impuesto a la Renta y regalías mineras, información que recoge El comercio del evento Perumin que se viene desarrollando del 16 al 20 de septiembre en la ciudad de Arequipa.

"Las empresas mineras que trabajan en el Perú pagaron S/.7.600 millones al Estado por concepto de Impuesto a la Renta (IR) durante el 2012, informó hoy la Sociedad Nacional de Minería,Petróleo y Energía. (SNMPE).

La presidenta de la SNMPE, Eva Arias, comentó que el pago de ese tributo equivale a cubrir el costo del pliego presupuestal para el año 2013 de los diversos ministerios del Estado.

CIFRAS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO

Durante su participación en la 31 Convención Minera (Arequipa), detalló que las mineras pagaron S/.39.150 millones al Estado por concepto de IR en el quinquenio 2008 – 2012.

Para Arias resulta necesario que estos tributos sean invertidos de manera eficiente por las autoridades de los gobiernos central, regional y local, en programas y obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo y social de las regiones y comunidades. Asimismo, informó que las empresas mineras pagaron S/.3.051 millones por concepto de regalías mineras en el período 2008 – 2012.

“Sólo en el último año, el 2012, la cifra por regalías ascendió a S/.584 millones”, remarcó.

BUEN MANEJO DE FONDOS

La minería responde por el 11,3% del Producto Bruto Internacional (PBI) nacional, el 57% de las exportaciones totales del país y alrededor del 31.2% del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado peruano, acotó".