Virus en el medio ambiente y minería

Un preocupante panorama de retrasos en proyectos de inversiones mineras se viene sucediendo en Perú, dilaciones que simplemente resultan inadmisibles para los intereses económicos y sociales del país.

Una rápida revisión de los proyectos que sufrieron paralizaciones, arroja el siguiente listado:

• Proyecto cuprífero de Las Bambas (Apurímac), a cargo de la Suiza X-Strata, con una inversión de 4.200 millones de dólares.
• Proyecto cuprífero de Quellaveco (Moquegua), de la minera Anglo American, con una inversión de 3.000 millones de dólares.
• Proyecto cuprífero Tía María (Arequipa), del grupo mexicano Southern Cooper Corporation , con una inversión de 1.000 millones de dólares.
• Proyecto argentífero de Santa Ana (Puno), de la Canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares.
• Proyecto aurífero Conga, (Cajamarca), que forma parte de Yanacocha, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, con una inversión de 4.800 millones de dólares.

Estos progresivos retrasos de las inversiones mineras en Perú estarían preocupando a una buena parte de inversiones extranjeras representadas por una serie de capitales extranjeros entre las que se encuentran: Glencore y Xstrata (suiza) , Shougang (China) , BHP Billiton (Australia) , Barrick Gold (Canadá) , Southern Copper (México) , Phelp Dodge ,Newmont (Estados Unidos) , entre otros ; asi mismo, la gama de capitales nacionales conformada por grupos como : Buenaventura, Brescia,Letts, etc.
Ya nos habíamos referido al tema en cuestión, cuando hacíamos la pregunta ¿Quíenes pagan los retrasos en los proyectos mineros? y decíamos entonces que los retrasos derivados de conflictos sociales no solamente afectan a los inversionistas, a la administración de turno del  Estado peruano, sino que alcanzan a la propia población excluida de servicios básicos. 

Atendiendo a consultas provenientes de algunos países receptores de exportación minera peruana actual, es que retomamos el tema e intentaremos dar alguna explicación técnica del porqué se produce esta situación que acompaña a los índices de éxitos económicos y crecimiento del país que le permitieron lograr mejoras en grado de inversión.

Una muestra de estos indicadores son las reservas internacionales, las que situaron en US$56,649 millones - al 10 de abril del 2012 - debido al incremento de los depósitos del sistema financiero en US$661 millones y a las compras de moneda extranjera en US$327 millones.
La economía peruana, que paso desde la hiper inflación a la estabilización y actual crecimiento en los últimos tiempos, evidencia el problema de la "justa distribución de las riquezas del país", el cual se agudiza porque hay mas riquezas que distribuir y está en proceso de ver por el mecanismo más adecuado de hacer llegar ese crecimiento económico a los pueblos que no se encuentran insertados en los corredores económicos de la costa peruana.   

La carencia de un organismo sistémico que planifique a nivel nacional su desarrollo en el país, un limitado accionar del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y un  incipiente Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) , creado en el año 2000  y puesta en marcha el año 2005, que no se termina por adecuar a las necesidades actuales y retos económico-sociales futuros del país, podrían responder ,en parte, a las causas generadoras de las fallas pendientes por atender.
A esto debe sumarse las externalidades producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico  y corrupción que tienen en el proceso boyante de lavado de activos provenientes de actividades diversas como producto de una minería ilegal, "distribución de presupuestos públicos" y otras modalidades conocidas de asociación ilícita para delinquir que tiene el crimen organizado existente en las diferentes latitudes del planeta . 
El déficit de obras públicas en Perú, caracterizado como brecha de infraestructura,requiere de medidas urgentes para elevar los niveles de la inversión, sin embargo los procesos lentos de inversión pública, aumentan la ansiedad y expectativas embalsadas en la población de interés o stakeholders que terminan por retrasar la inversión privada en sectores muy dinámicos y con grandes potenciales, como es en el caso de la minería y el sector hidro energético.
A mayor abundamiento, indicamos que los procesos seguidos de pre inversión y ejecución de obra pública, pasando por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), suman en etapas legales que van desde uno a tres años y medio que además de retardar plazos, fomentan la existencia de proyectos pequeños, atomizados y sin mayor relevancia para la comunidad, provocando en la mayoría de los casos que no se inicien proyectos relevantes y de impacto para las grandes mayorías de población beneficiaria.
El retorno de los fondos al tesoro público por deficiencias en la gestión de los organismos del estado en los niveles regional y local, terminan por agravar la situación, dando la impresión de falta de capacidad de gasto e incrementos en depósitos al sistema financiero.

Según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2010, las inversiones en el sector minero alcanzaron 4.068 millones de dólares, en el 2011; sumaron 7.202 millones de dólares , y en Enero y Febrero del 2012 ; sumaron 1.049 millones de dólares.

De lo expuesto se desprende que los capitales tanto nacionales y extranjeros continúan apostando por invertir en el país, sin embargo, como contraparte queda aún pendiente en la agenda política del estado peruano la mejor forma de resolver estos temas ante el auge económico ligado a la eficaz, eficiente y efectiva forma de distribución de la riqueza para los pueblos del país.
En estricto, la administración del Estado Peruano está en proceso de interpretar la posición de las comunidades que demandan no seguir esperando más por los servicios básicos que les son esquivos y brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida.
A modo de un reporte de la actualidad sobre el particular, podemos incluir el comentario de un funcionario de la actual administración del Estado que manifestaba lo siguiente : “Lamentablemente, hemos comprobado que existe mucha desinformación sobre el marco legal que se aplica hoy a la actividad minera y también acerca de lo que ella aporta en el desarrollo de la región.” De otro lado, las disquisiciones difundidas en el sistema Judicial peruano, ante un pedido al Congreso de la República sobre "facultades extraordinarias para remplazar a jueces, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales denunciados por casos de corrupción". Asimismo, la determinación del Tribunal Constitucional respecto a que "un Gobierno Regional se extralimitó en sus competencias normativa a la luz de las competencias establecidas en la Constitución, la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales".

Debemos mencionar que el Estado peruano está realizando los esfuerzos para terminar de ponerse de acuerdo entre sus diferentes niveles de gestión (Nacional, regional y local) respecto al desarrollo de proyectos que implican afectación de un gasto con calidad percibida por la población en lugares excluidos y estratégicos del país, justamente allí donde llega la actividad minera.

Finalmente, podríamos indicar que en Perú también se vislumbra una linea de pensamiento que evalúa la mejor forma de enfrentar el virus que esta en el medio ambiente referida a tres elementos: la mentira,el odio y el miedo que hace mención el expositor Dr. Joan Melé en su disertación sobre "Dinero y Conciencia" para atender el tema social referente a la distribución del dinero (riquezas)& con justicia y llegue a todos.

Inversión privada y medio ambiente

Con fecha 22 de Abril del 2012, el grupo de empresarios asociados en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, emitieron un comunicado con el título : La inversión privada responsable es el motor del desarrollo respetando el medio ambiente, en los términos siguientes:

"Los empresarios que integramos los gremios de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP creemos que, en el marco del estado de derecho, todos los actores involucrados en el desarrollo de Cajamarca: autoridades nacionales, regionales y locales, dirigentes sociales, empresarios, trabajadores, ciudadanos y sociedad en general, debemos respetar el resultado del peritaje internacional del Proyecto Conga.

Asimismo saludamos el fallo del Tribunal Constitucional con el que se ratifica la plena vigencia del estado de derecho.

La gran mayoría de peruanos reconocemos que la inversión privada es el motor del desarrollo y que garantiza una más justa distribución de la riqueza del país. Los proyectos empresariales que son necesarios para el crecimiento del país son los que generan inversión y empleo, tributos, dinamismo económico y que cumplen con las normas ambientales.

Es necesario también, continuar con los esfuerzos que se vienen haciendo de fomentar un mayor acercamiento entre las empresas y las comunidades para brindar una mejor información sobre los beneficios que generan sus actividades, aclarar dudas y difundir el trabajo que realizan en el marco de su responsabilidad social.

Reconocemos las gestiones del Gobierno Peruano para solucionar de manera transparente y técnica el problema generado alrededor del proyecto "Conga".

Reiteramos nuestra invocación para que las autoridades a nivel nacional y regional asuman su verdadero rol de promotores del desarrollo y bienestar, dejando de lado otros intereses que afecten el bien común.

Desde CONFIEP reiteramos nuestro compromiso en seguir trabajando por un Perú más próspero e inclusivo".

En este contexto, consideramos que la justa distribución de la riqueza del país debería aplicarse en todo el ámbito del territorio nacional y que la inversión pública pueda acompañar a las iniciativas privadas en puntos estratégicos del país, con alta vulnerabilidad y que merecen mayores y mejores atenciones de la actual y futuras administraciones del Estado. 

Transparencia para el caso Doe Run

Una definición de transparente es: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.En el sentido de esta  acepción, debemos indicar que los actores principales en el tema Doe Run Perú (DRP), parecieran no estar actuando con la debida transparencia. Si fuera este el caso, la situación debe corregirse en el extremos del lado peruano a fin de poder cautelar oportunamente  tanto de los elevados intereses de la nación como de las futuras inversiones y la población local afectada (léase trabajadores directos e indirectos).

En nuestro comentario referido a los conflictos sociales y minería, decíamos que “La actuación discrecional del gobierno de turno en sus diferentes niveles no debiera terminar alimentando el ruido político, para lo cual es preciso que la administración del estado peruano, no solamente debe ser transparente, sino también; parecerlo.

En la confusión generada para el caso DRP se le llega a denominar como “minera” y permite espacios a dudas sobre la existencia de supuestos actos discriminatorios que puedan insinuarse como que el Gobierno Peruano busque una expropiación, nada más alejado a la verdad.

En esta línea de pensamiento, algunos empiezan a comentar sobre posibles cambios en el modelo económico, de recuperación, nacionalización o estatización; soslayando el hecho que la economía peruana viene teniendo treinta (30) meses de crecimiento consecutivo porque su estabilidad política y económica se sustentan en el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones y compromisos asumidos, independientemente de la administración de turno.  

DRP se trata de un Complejo Metalúrgico operado en La Oroya desde 1997(además tiene labores en la mina Cobriza - Huancavelica, desde 1998).

Por temas estrictamente gremiales,en el año 2009 DRP fue suspendida por una asociación civil empresarial no gubernamental, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y  al año siguiente (Enero del 2010), expulsada.

En julio del 2010, al vencer los reiterados plazos de ley dado por el Congreso de la República para que DRP cumpla con sus compromisos asumidos con el país, es que se agudiza la controversia entre las partes.

Una de las partes, DRP aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno peruano no habría cumplido con su compromiso de remediar los suelos en La Oroya y así mismo, considera que los actos discriminatorios sufridos han afectado sus inversiones y operaciones.En Enero del 2011, la estadounidense Renco Group y su filial DRP , iniciaron entonces un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en contra del Estado peruano por la disputa empresarial del precitado complejo metalúrgico del país.De otro lado - como resultado de las operaciones de DRP en La Oroya - existe una demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación contra Renco Group, el principal accionista de DRP, de modo tal que con la anarquía creada, se pretende que el país asuma las obligaciones para con los demandantes.El aparente desorden, da la impresión que los temas centrales del incumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el capital de trabajo que necesita el complejo metalúrgico para adecuarse a este instrumento de gestión para reiniciar sus actividades, no estuviera adecuadamente difundido.En el presente año 2012, la Junta de Acreedores de DRP no aprobó el Plan de Reestructuración que propuso la administración del complejo metalúrgico y votó por la liquidación de la empresa y se encuentra adoptando una modalidad de liquidación con negocio en marcha que permite que la empresa siga operando hasta por un periodo de 12 meses, lapso en que se tratará de vender los activos de la empresa como una unidad productiva a un tercero.El estado de situación actual está en que DRP no podría iniciar labores pues no cumpliría con los estándares de contaminación previstos por Leyes ambientales peruanas que están acordes con las normas generalmente aplicadas internacionalmente.

En este contexto, la opinión pública nacional y mundial, deben ser apropiada y oportunamente ilustradas por el Estado peruano, a través de sus instancias correspondientes.

Conflictos sociales & Minería

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta que en el Perú se incrementaron los conflictos sociales activos, principalmente los vinculados a problemas socioambientales.
Las cifras presentadas fríamente llegan a 237, el mayor nivel de los últimos doce meses. Asimismo, el informe revela que hay ochenticinco (85) compañías mineras involucradas en conflictos.

La radiografía de la conflictividad en el país, también indica que en los últimos 30 días los conflictos socioambientales se incrementaron y pasaron de 109 a 117.

Sin embargo, una resonancia magnética de los niveles de conflictividad expresados, nos permitirá ver con mayor aproximación sobre los hechos causales ajenos a las propias labores mineras que generaron este escenario social. 

RUIDO POLÍTICO

Citaremos unas muestras de los hechos presentados últimamente y que abonan en la excitación social:

1. En el caso de la familia Sánchez Paredes,investigados por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado por el presunto delito de lavado de activos, fue resuelto por una magistrada , en sólo quince (15) días y sobre un expediente de investigación de un millón de folios, se pronunció en contra de denunciar a la precitada familia.
2. Los cuestionamientos hechos al Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en el extremo referido a que las Concesiones de 1995 a marzo del 2012 no requieren de consulta previa.
3. El secuestro de un grupo de funcionarios de la empresa sueca Skanska, contratista del Consorcio Camisea en el poblado de Kepashiato - Cusco.
4. La extorsión social generada por una empresa operadora del complejo metalúrgico de la Oroya, que pretende mayores plazos a los ya obtenidos por parte del estado peruano para que se le apruebe su plan de reestructuración - cumpliendo con sus obligaciones ambientales - y no ir a liquidación según indica la norma peruana. El lobby empresarial realizado en el Congreso de la República  apuntaría otorgar mayores plazos como una inadecuada señal obsecuente a potenciales inversionistas responsables en territorio peruano.
5. En el Concurso Público para la selección de postulantes al cargo de presidente de  consejo directivo de los organismos reguladores, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conformó una comisión que presentaba eventuales conflictos de intereses. Se concluyó declarando desiertas sólo las plazas de dos organismos reguladores.
6. La contratación de tres (03) peritos internacionales por parte de PCM, encargados de estudiar y evaluar el Estudio de Impacto Ambiental de Minas Conga, en Cajamarca. La decisión política se aplazó por el lapso de cuarenta (40) días, tiempo ya concluido para que los peritos puedan “identificar y proponer las medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto minero Conga”.

PRESUPUESTOS DE GOBIERNOS LOCALES

En el país existe una distorción en la distribución presupuestal asignada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que distingue y privilegia a algunos distritos, excluyendo con su procedimiento distributivo a otros distritos. Los criterios técnicos de ésta redistribución de la "riqueza",en la práxis, significa una diferencia de seis y siete veces respectivamente si consideramos los datos para el presupuesto asignado en el año 2012 de los casos presentados seguidamente de San Isidro en Lima, y los distritos de Morales en San martín y de Rupa Rupa (Tingo María) en Huánuco. Con el añadido, que éste último se encuentra desde el año 2005 en Estado de Emergencia y en "teoría" debiera merecer una "atención especial de parte del Estado" en cuanto a la asignación y ejecución presupuestal.  

Presupuesto percápita asignado por el MEFa tres distritos en el periodo 2007-2012.

Se evidencia entonces, que la falta de acompañamiento del Estado a las iniciativas de inversión privada focalizadas en algunas localidades del interior del país resultan ser una constante y que ésta administración y las futuras administraciones del gobierno peruano debieran estudiar con detenimiento a efectos de mantener la paz social, garantizando un equilibrio armónico tanto a capitales nacionales y extranjeros , cuya inversión mantenga la tendencia en el crecimiento que se viene presentando en la economía del país, por la acción de algunos sectores que resultan siendo los motores del ya reconocido desarrollo económico peruano, de tal modo que éste sea sostenible en el tiempo.

En suma, los problemas denominados socioambientales por la Defensoría del Pueblo no sólo debieran ser atribuidos a la reacción adversa de alguna población frente a la presencia de sectores extractivos en sus localidades, sino que también obedecen a la ansiedad de una población que ve postergada sus justas demandas al acceso a servicios básicos de salud, educación, vivienda, agua, desagüe ... y donde la actuación discrecional del gobierno de turno en sus diferentes niveles no termine alimentando el ruido político, para lo cual es preciso que la actuación de la administración del estado peruano, no solamente debiera ser transparente, sino también; parecerlo.

Actividades minero-energéticas & Narcoterrorismo

El ministerio del Interior peruano, emitió un comunicado en donde se reconoció oficialmente el secuestro de trabajadores de una empresa contratista del Consorcio Camisea en Cusco.

Seguidamente  se transcribe detalles del comunicado:

1. El lunes 9 de abril, a las 4 de la mañana, presuntos delincuentes terroristas ingresaron a las instalaciones de las empresas contratistas del proyecto Gas de Camisea, ubicadas en el centro poblado de Kepashiato, distrito de Echarate, provincia de La Convención (Cusco).

2. Al incursionar dentro de ellas, los encapuchados violentaron puertas y obstáculos a su paso, y despojaron de sus pertenencias a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Luego de unas horas, abordaron tres camionetas llevándose como rehenes a varios trabajadores.

3. En ese sentido, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han tomado las acciones necesarias para liberar a los secuestrados y capturar a los responsables de este hecho delictivo.

4. Por su parte, el Vice Ministro de Orden Interno, Iván Vega, y el Director General de la Policía Nacional del Perú, Gral. Raúl Salazar, se desplazaron al mediodía de hoy a la zona para dirigir y realizar diversos operativos en varios ejes de acción.

5. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú seguirán informando a la población sobre las acciones referidas a estos operativos.

Trascendió extraoficialmente que se mantendría aún secuestradas a siete (7) personas de las treinta (30) inicialmente retenidas.

Este secuestro sería el segundo de gran magnitud después del efectuado en junio del 2003, cuando narcoterroristas   secuestraron a setenta (70) trabajadores de otra empresa.

Los casos aislados de secuestros producidos en los años 2009 y 2010 de trabajadores y/o funcionarios de empresas dedicadas a las actividades minero-energéticas, se habían manejado discretamente hasta la fecha en que - por la magnitud de los hechos - se hace público este evento realizado al estilo de los efectuados por las FARC en el hermano país de Colombia.

Corrigiendo malas prácticas que perjudican al sector minero formal

Luego de habernos pronunciado en un envio anterior, respecto al eventual conflicto de intereses que podría haberse presentado con el Comité encargado de llevar a buen puerto el Concurso Público para la Selección de Postulantes al cargo de Presidente de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores ( SUNASS, OSINERGMIN,OSIPTEL y OSITRAN) cuyos integrantes fueron nombrados con Resolución Ministerial Nº 043-2012-PCM.

En este sentido, saludamos la publicación del Comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros emitido con fecha cinco de Abril de 2012 respecto al precitado "CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE POSTULANTES AL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS ORGANISMOS REGULADORES", en los siguientes términos:
La Presidencia del Consejo de Ministros hace de conocimiento de la ciudadanía que habiendo concluido el Concurso Público para la Selección de Postulantes al cargo de Presidente de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 097-2011-PCM y luego de evaluar la información contenida en la comunicación cursada por la Comisión de Selección respecto a los resultados de las Etapas del Concurso para los Organismos Reguladores OSIPTEL y OSITRAN, se ha dispuesto declarar desierto el Concurso, respecto de dichos organismos reguladores, procediéndose a efectuar una nueva convocatoria mediante la publicación del aviso correspondiente, en la forma y plazos que establezca el reglamento del nuevo Concurso.

Reiteramos nuestros mejores deseos para que en los procesos de CONGA (Cajamarca) y DOE RUN (La Oroya), así como en otros del ámbito minero,se llegue a la mejor solución, donde se requiere ante todo la integridad en la actuación del funcionario público peruano por el bien y la salud de la gobernabilidad del país.

5 de Abril de 1992 un hito en Perú

El prestigioso diario "La República" informaba el día de hoy cinco de Abril de 2012, de la siguiente manera recogiendo expresiones del actual mandatario del país:

"La ruptura de la democracia llevó a una serie de problemas de corrupción, traición a la patria, de impunidad de la clase política, de una clase política que quiso pactar con el dictador en el año 2000. Esto debe quedar en la historia para que no se vuelva a repetir".

Así opinó el Presidente de la República, Ollanta Humala, al ser consultado sobre su opinión de los 20 años del autogolpe de Estado que diera Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.

El mandatario sostuvo que fue a partir de este hecho que se desencadenaron una serie de delitos que deben ser respondidos ante la justicia:

"Falta recuperar la plata que se robaron del país. Miles de millones de dólares desfalcaron al Estado peruano. Mediante mecanismos ilegales e ilegítimos, con medidas que no eran publicadas en El Peruano. De eso solo se han recuperado 200 millones de dólares", indicó.

En diálogo con el canal oficial, Humala Tasso aseguró que también hace falta capturar a los delincuentes que apoyaron y que fueron parte de la mafia de los 90s.

"Hoy están con paradero desconocido, o en clandestinidad a la espera de que prescriban sus delitos. Por lo mismo proponemos que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y que estos delincuentes sean declarados reos contumaces", finalizó.

RECICLADOS

El impacto de los miles de millones de dólares desfalcados al Estado Peruano, afectan diréctamente a los más necesitados del país; peruanos que se encuentran muchos de ellos en zonas con tradición minera, así como en las nuevas concesiones, las cuales son indirectamente impactados por lo que generaron estos malos elementos que están prófugos de la justicia peruana y muchos de los testaferros que se encuentran reciclados como "técnócratas" formando parte de las sucesivas posteriores administraciones de gobierno,incluyendo la actual.

Recordemos los miles de millones de dólares gastados en obras e infraestructura de agua potable y saneamiento en localidades donde hoy en día se demanda "nuevas inversiones sostenibles", presionando a las inversiones privadas -bajo el concepto de responsabilidad social empresarial- a efectos que los consideren en sus necesidades de atención para con los servicios básicos, particularmente en zonas rurales donde se cuestiona la calidad del gasto realizado.  

TRANSPARENCIA

Las nuevas inversiones previstas a realizarse en el país, requieren de ponderación en la toma de decisiones en la actual administración del país. Casos como Conga en Cajamarca y Doe Run en la Oroya, marcarán el norte a los actuales y potenciales capitales que necesitan de un ambiente apropiado para mantener las inversiones seguras y sostenidas en un país que mira al futuro con esperanzas de alcanzar el crecimiento y desarrollo sostenibles.

Malas prácticas que impactan sobre la minería formal_II

Luego que DOE RUN Perú presentara a una junta de acreedores su plan de reestructuración y que éste fuera rechazado por el gobierno peruano en los siguientes términos:

“Exigimos que DOE RUN cumpla con sus obligaciones ambientales (…) Cualquier reestructuración pasa por el cumplimiento de estas exigencias" y en esta línea de conceptos  "DOE RUN tiene obligación de cumplir sus obligaciones ambientales sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados".

Como respuesta surgen las conocidas malas prácticas, manipulando a Pobladores y trabajadores mineros para que estos procedan a bloquear la Carretera Central y dar inicio al paro como protesta - es una forma tradicional de arrinconar al ejecutivo de turno - exigiendo el reinicio de operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya.

Es inadmisible desde todo punto de vista que los manifestantes suspendan de manera total el tránsito por esta zona, atentando con el libre tránsito de ciudadanos que desean desplazarse a doce distintos lugares hacia los cuales se impide el acceso libre.

Los manifestantes reclaman al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, el reinicio de operaciones del complejo metalúrgico para el 1 de mayo y la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El estado de derecho y el principio de autoridad deben imponerse de manera soberana, de tal modo que los reclamos se puedan ver en las instancias que correspondan y no proseguir con prácticas ilegales y punibles que deben ser literalmente desterradas de los procedimientos para alcanzar objetivos de grupos particulares.

Javier Prado Blas. Malas prácticas que perjudican al sector minero formal.

El decano de la prensa Nacional "El Comercio", el pasado viernes 30 de Marzo del 2012 publicaba lo siguiente:

Primer ministro señaló que se están iniciando acciones conjuntas con la Contraloría en caso del renunciante funcionario, dueño de la mayor exportadora de oro del país.
“Se le ha exigido su renuncia, ya no es funcionario público, estamos iniciando las acciones con la Contraloría porque un conflicto de esta naturaleza tiene que ser visto por Contraloría. Los funcionarios públicos no pueden tener ese doble papel”, respondió hoy el primer ministro Óscar Valdés.
Fue al ser consultado sobre el caso del -hasta anoche- director general de Hidrocarburos, Luis Zavaleta Vargas, quien además es propietario de la principal exportadora de oro del país, la misma que tiene sucursales en zonas de minería ilegal de Madre de Dios, según denunció El Comercio.
Valdés señaló que el Estado tiene cerca de 20 mil funcionarios y aseguró que el control es continuo. “Lamentamos que esto haya sido detectado primero por la prensa y se nos hayan adelantado”, se limitó a responder en relación a los filtros del Ejecutivo para evitar conflicto de intereses en la contratación de funcionarios públicos.

SOBRE ‘CHUPONEO’

Valdés también afirmó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben adoptar acciones drásticas contra los responsables de interceptaciones telefónicas.

“Nosotros deploramos que estas malas prácticas se sigan dando en el Perú”, expresó en conferencia de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros.

De otro lado en este espacio, se ha probado la infuencia directa negativa que tiene sobre el sector minero y los conflictos sociales,la ineficiente gestión de las Empresas Prestadoras de servicio de Saneamiento y el organismo Regulador en el sector saneamiento.  

SOBRE ‘SANEAMIENTO’

La presidencia del Consejo de Ministros através de una Resolución Ministerial,involucró a un funcionario (Jesús Vidalon Orellana) ex vice ministro del sector el año 2006, especialista en el sector saneamiento ligado a un Ministro (Hernán Garrido Lecca)  que se encuentra,según la prensa, investigado por una megacomisión en el Congreso de la República, con evidentes conflictos de intereses formando parte del prestigioso grupo encargado a determinar la lista de postulantes seleccionados  para elegir al nuevo presidente del organismo regulador por los próximos cinco años.

SOBRE ‘OTROS CASOS_ CONGA_DOE RUN"

La necesaria transparencia en las prácticas de la presente administración del estado peruano, permitirá que importantes inversiones puedan ser colocadas en los diversos sectores de la economía peruana y en especial en el sector minero.

En unos días , se debe estar presentando el informe del peritaje respecto al caso  Conga, donde el presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró que el gobierno esperará estos resultados para evaluar una solución al conflicto minero de Cajamarca.

Hacemos votos porque se llegue a la mejor solución en este y otros casos sonados como lo es DOE RUN, donde se requiere ante todo la integridad en la actuación del funcionario público por el bien y la salud de la gobernabilidad del país.

Javier Prado Blas _Saneamiento & Mineria

El agua constituye el enlace entre los sectores saneamiento y minería, con una dimensión tan importante que introduce nuevas variables penetrando e inficionando los componentes social, político, económico y ambiental del que hacer nacional.

Lo que disemina  y aumenta los conflictos sociales en detrimento de la población asentada en zonas de tradición minera, se sustenta en el siguiente argumento incumplido de las administraciones de turno en el país:

“ampliar la cobertura de saneamiento y mejorar la calidad de los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario en beneficio de los usuarios, debido a que el sector público enfrenta rigurosas restricciones financieras para atender las inversiones y el mantenimiento adecuado de la infraestructura sanitaria”. Este argumento trivial, tiene en esencia que cambiar.

El reciente “Shock de inversiones en saneamiento” fue coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó con el progreso logrado en el desarrollo nacional.

En este espacio, opinábamos respecto a los problemas presentados en las deficiencias para la calidad del gasto en saneamiento, apoyándonos en el indicador relación de trabajo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) el cual, pese a las importantes inversiones realizadas, registró 0.65 (ó 65%) tanto para el año 2006 como para el 2010.

Existe una relación directa entre la ejecución de proyectos de infraestructura en saneamiento, el crecimiento del PBI y la competitividad del Perú y de sus regiones. Por ello, la falta de calidad en el gasto y los retrasos de los proyectos en saneamiento salen onerosos al país

En lenguaje coloquial, podemos indicar que antes y después del shock de inversiones realizadas (con parte de las contribuciones mineras) se mantiene constante la siguiente descripción en el sector saneamiento:

“Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población; deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos; Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios; el tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera; debilidad institucional y financiera; recursos Humanos en exceso, pocos calificados y con alta rotación en las EPS”. En suma, no se registraron mayores progresos.

Es más, la situación financiera de las 50 EPS reguladas actualmente por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS es  preocupante, la magnitud de deudas que arrastran devienen en impostergable una reestructuración de algunas más que otras EPS para que sean empresas financieramente viables.

En el 2003 el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimaba (para 45 EPS registradas entonces) el orden de cuatro billones la brecha de infraestructura para saneamiento en los próximos 10 años a efectos de equipararse respecto a un país vecino. Supuestos considerando una situación de eficencia de gestión en las EPS, condición que no se cumplió.

En el 2006, cuando estábamos en SUNASS precisábamos la grave situación en que se encontraban las EPS, diagnosticando las razones técnicas y otras que obedecían a la interferencia política en los gobiernos locales que determinaba una tendencia decreciente de las inversiones y la gestión ineficiente de estas EPS.

Decíamos entonces que la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional era crítica, por razones de obsolescencia, insuficiencia y cobertura. Pese a los esfuerzos legislativos como la Ley para optimizar la gestión de las EPS, que entre otras consideraciones tocaba aspectos de la reestructuración de las deudas de las EPS, no se llegó a buen puerto en el sector saneamiento.

Es así que pasado el tiempo, la situación no ha mejorado a pesar del flujo de inversiones, por ello sostenemos que el acompañamiento de una mejor gestión en las EPS, el fortalecimiento  del regulador y actualización del marco regulatorio en saneamiento resultan indispensables para mejorar en acceso al agua de la población y por consiguiente , en la adecuada relación entre el sector saneamiento y minero.

En consecuencia, la decisión política de la reciente  administración del Estado peruano, pasa por continuar la política de gobierno en saneamiento y su relación con la minería de la anterior administración saliente, o  sentar las bases para desarrollar una Política de Estado en el uso adecuado del recurso agua  que consolide el desarrollo sostenible del país. 

LAS CIFRAS

• En el periodo 1985-2005 (veinte años), las inversiones en Saneamiento fueron del orden de los tres mil millones de dólares.
• En el periodo 2006-2010 (cuatro años), se invirtió en Saneamiento el orden de los dos mil millones de dólares.
• En el periodo 2006-2011 (cinco años), los conflictos sociales en Perú produjeron 195 muertos y 2312 heridos.
• En el periodo entre Enero y Noviembre del 2011 (11 meses), las inversiones en minería en Perú ascendieron al orden de los 6 mil millones de dólares. 71.9 por ciento más respecto al mismo período del 2010.
• Las reservas internacionales del país superan los 50 mil millones de dólares.
• Perú ocupa el puesto catorce (14) en el acceso a agua potable de dieciocho (18) países de América Latina.
• En Perú cuatro (4) de cada diez (10) niños menores de cinco (5) años no tienen acceso a agua limpia y esos cuatro (4) niños son de familias rurales. (índice de oportunidades Humanas publicado en el libro "Midiendo y entendiendo la evolución de las oportunidades para los niños en el Perú).

Javier Prado Blas _ Corrupción y minería ilegal

En la línea que estábamos comentando respecto a la corrupción como correlato de las causas de los conflictos ambientales , presentamos seguidamente como ve la prestigiosa agencia de noticias internacionales EFE la corrupción asociada a la minería ilegal en Perú.

"Un largo y ancho rastro de barro contaminado y estéril marca el paso de la corrupción y de la minería ilegal por lo que antes era selva amazónica en Madre de Dios, en el sureste peruano.
A lo largo de decenas de kilómetros entre la nueva carretera Interoceánica que une Brasil y Perú, y el río Manuani, un afluente del Malinowsky que marca el límite de la Reserva Nacional Tambopata, el paisaje es lo más parecido a la desolación que hubiera causado un intenso bombardeo de napalm.
La huella tiene unos cinco kilómetros de anchura y en ella no queda vida: ha desaparecido totalmente la fina capa de suelo fértil que alimenta la Amazonía, declarada Maravilla de la Naturaleza el 2010 por la Unesco y el ecosistema con mayor biodiversidad de la Tierra.
Pero tampoco quedan ya las dragas, bombas de succión, tractores, palas mecánicas, botellas de mercurio y de cianuro; ni están las carpas de plástico que alojaban camastros, bares y prostíbulos, porque los buscadores de oro ilegales ya han movido su campamento un par de kilómetros a lo largo del corredor.
Comuneros del río Manuani, que intentan contener el avance de la minería ilegal en sus tierras terrenos y en la reserva, mostraron a un par de periodistas, entre ellos al enviado especial de Efe, dónde estuvo hace semanas el campamento minero, una zona que llaman La Pampa, pero al lugar donde se han instalado ahora, advirtieron, los extraños pueden ir pero no volver.
Los ánimos están especialmente caldeados entre los mineros ilegales después de los tres muertos que sufrieron en un enfrentamiento con la policía en Madre de Dios, hace una semana, cuando protestaban por las nuevas leyes que intentan poner algo de orden en la minería fluvial.
Durante las protestas, según dijeron testigos a Efe, dirigentes mineros "empadronaban" a los manifestantes para darles luego 70 soles (unos 27 dólares), sueldo que aumentaron a 100 soles según iba en aumento el número de policías.
Cada dos o tres meses los mineros ilegales no solo mueven su campamento con su maquinaria pesada y sus tiendas, sino que arrastran su séquito de mujeres y niñas menores de edad que ejercen la prostitución o son forzadas bajo cuatro palos clavados en el barro y cubiertos por una lona de plástico.
En lo que cuelga de lo que fue uno de esos burdeles de cuatro metros cuadrados todavía se puede leer el nombre comercial del local: La Chapita.
Los comuneros del Manuani, agricultores, recolectores y muchos de ellos mineros artesanales con reducido impacto medioambiental -aunque también utilizan mercurio-, denunciaron a las bandas de mineros ilegales que con su maquinaria pesada invadieron la zona hace cinco años, coincidiendo con la apertura de la carretera.
De nada sirvió las denuncias, según reconocen, y poco después tuvieron que enviar a sus mujeres y a sus hijas a Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, porque los mineros ilegales están bien armados y en los campamentos se consume mucho alcohol.
Aunque el gobierno central, en Lima, ha dicho recientemente que luchará contra la minería ilegal, para los habitantes de la región que hablaron con Efe bajo la condición de anonimato la corrupción en la región es imparable.
Según su relato, la corrupción comienza con la concesión de permisos forestales a un grupo maderero en la "zona de amortiguamiento" de la reserva natural de Tambopata.
Estos madereros limpian de árboles la zona y la alquilan a los mineros, aunque, ante una eventual e improbable acusación, afirman que su territorio ha sido invadido por los buscadores de oro.
Después viene el alquiler - en oro - de maquinaria pesada y potentes bombas de succión a los mineros por parte de empresarios, negociantes y autoridades, incluso uniformadas, que las trasladan desde regiones del Perú donde no están controladas.
Por la carretera la policía pide los permisos a las camionetas que trasladan familias, pero los camiones con la maquinaria pesada a la vista circulan sin problemas, criticó uno de los comuneros.
Con maquinaria para procesar las toneladas de arena necesarias para obtener unos pocos gramos de oro, ya solo faltan nuevas armas y más mujeres y niñas "importadas" desde otras regiones más pobladas de Perú para que el campamento quede de nuevo instalado.
Desde él, y con la complicidad de madereros y fiscalizadores, la franja de desolación y barro avanzará un par de kilómetros más, la selva recibirá una herida bien visible desde el aire y el mercurio y el cianuro contaminarán más aguas del río Manuani, la cuenca de la reserva y la del Amazonas.
Pero el problema es aún mayor. La Pampa es solo uno de los centenares de lugares donde la minería ilegal arrasa los ríos de Madre de Dios: según cifras oficiales al menos hay 50.000 mineros en la región, y 18 toneladas de oro mensuales dan para mucho, en perjuicio de la amazonía peruana".

Javier Prado Blas _ Tratamiento de Minería ilegal en Región.

La presencia de la minería ilegal que contamina aguas arriba antes de ingresar el recurso hídrico ya contaminado a territorio peruano, es tratado por la agencia Andina de la forma siguiente:

“El Perú considera necesario que la minería ilegal sea abordada como un problema regional a fin de diseñar políticas conjuntas con todos los países del ámbito latinoamericano, informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.

Jiménez Mayor dijo que esta postula la transmitió al secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien sostuvo una reunión en la ciudad de Washington.

“La minería ilegal la compartimos con Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos países de América Central. Creemos que ha llegado el momento de que se vea a nivel regional, como parte de los problemas que debemos afrontar conjuntamente todos los países”, indicó.

Añadió también que en el encuentro con el alto funcionario de la OEA expuso sobre el “paquete normativo” aprobado por el Gobierno del Perú para combatir la minería ilegal y que incluye normas que penalizan esta actividad.

“Hubo interés en conocer cómo estamos afrontando este problema y creemos que es una posibilidad muy interesante para considerar apoyo de otros países y luchar de una manera conjunta”, indicó.

El ministro peruano añadió que la minería ilegal es una actividad que “está afectando los derechos humanos” en los países y destacó que el Perú es el primer Estado que está afrontando el problema de una “manera enérgica”.

“(…) Hemos señalado que la minería ilegal es una actividad que en el futuro se va a convertir en algo similar a lo que actualmente es el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado”, añadió tras destacar también la reunión con representantes de Diálogo Interamericano.

Jiménez viajó a Washington con la finalidad de participar en una serie de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculadas al Perú.

Entre ellas se encuentran la medida cautelar presentada por organizaciones no gubernamentales para paralizar el proyecto minero Conga, en la región norandina peruana de Cajamarca, en la cual se señala que no han sido consultados sobre este tema.

Al respecto, dijo que la delegación peruana ratificará que el estado de emergencia decretado en Cajamarca por el caso Conga ya ha sido desactivado y que no pudo aplicarse la consulta previa, pues cuando se inició el proyecto aún no se había creado ese mecanismo”.

Javier Prado Blas _ Causas de conflictos sociales

De la escalada de conflictos sociales en Perú se le atribuye un importante número de ellos a los que se encuentran focalizados en zonas donde se desarrollan labores y prospectos mineros,estableciendo que las consideraciones medioambientales son en estricto los generadores de los problemas. No es tanto así.

Es cierto que una de las causas de los conflictos radica en el temor de las poblaciones a la potencial contaminación que pudieran ocasionar las actividades extractivas, entre las que se encuentran las mineras.

Sin embargo, no es la única, pues paradójicamente abonan a la realidad del contexto minero, una razón no menos importante que influye en la conflictividad de la sociedad peruana y perjudica directamente a la industria minera : la corrupción en las empresas de carácter público que se encuentran diseminadas en el territorio nacional.

Una de ellas son las denominadas Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que en número de cincuenta (50) se encuentran encargadas de la prestación del servicio de agua para el consumo humano de la población  (50 son las empresas bajo regulación en el país pero existen otras más funcionando informalmente).

 Adicionalmente existen las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) que en número indeterminado (porque no existe registro en el país) se encuentran funcionando en las zonas rurales, poblados menores y caseríos; donde en muchas de ellas se posesionan los actores sociales que tienen que ver con las labores mineras.

En suma, el problema de los denominados conflictos socio ambientales se traduce también en la anarquía existente en la gestión de estas EPS que en la actualidad se encuentran en una grave situación económica y financiera, pues muchas de ellas necesitan un plan de salvataje a corto y mediano plazo.
Se presenta entonces por un lado con un escenario donde se encuentra un sector de población sin mayor nivel cultural , que toma conocimiento - por los medios de comunicación masivas de los precitados actos de corrupción no castigados – y de otro lado, con la insuficiente comunicación e información de las empresas mineras que no deslindan claramente de los actos de corrupción recurrentes que pudieran producirse con el dinero producto de sus impuestos o donaciones como aportes diversos a este tipo de empresas que brindan servicios públicos, haciéndoles vulnerables a la manipulación por parte de elementos interesados en promover y generar desorden con el discurso de “defensa del medio ambiente” ante una colectividad ya sensibilizada con los escándalos relacionados con el acceso a la tierra y al agua.

Silencio del discurso antiminero frente a una mineria ilegal - II

En Octubre del 2010, en este espacio nos referíamos a cerca del Silencio del discurso antiminero frente a una minería ilegal, mencionábamos en ese entonces los detalles de fondo que en la actualidad la revista Poder 360° expone con palpitante actualidad de la siguiente forma:

"La ficha que uno debe llenar para subir a un taxi colectivo en Puerto Maldonado es el último contacto que hay con la legalidad más elemental en varios cientos de kilómetros a la redonda. Dos horas y media después, el vehículo llegará a Mazuco, un pueblo que existe gracias a la carretera Interoceánica y a la minería informal, y que es como un gran centro comercial donde uno puede comprar desde sandalias de plástico hasta un tractor, pero nunca pescado. Aquí uno debe subirse a una mototaxi que, luego de cruzar caminos de piedras, llegará al pequeño puerto.

El río Inambari se puede cruzar en bote solo cuando no está ni muy bajo ni muy crecido, porque la cantidad de personas que lo atraviesa al mismo tiempo, más la carga de equipajes y bolsas llenas de productos de todo tipo, suponen un riesgo si se tiene en cuenta la fragilidad de la embarcación. A veces hay chalecos salvavidas; otras, no. Al otro lado del río hay un puerto similar, que también huele a petróleo donde esperan alineadas varias camionetas 4x4 especialmente acondicionadas para lo que sigue, es decir, para cruzar un río más pequeño con una decena de personas a bordo y para penetrar algo que antes fue selva verde y que ahora es un terreno lechoso, fangoso, sucio y desordenado aunque muy activo que, al final de la ruta, en su punto más crítico, se llama Huepetuhe.

En todo este recorrido uno ha podido escuchar, a veces sin siquiera preguntar, historias de todo tipo sobre una tal ‘Goya’. Los relatos más creíbles hablan de una mujer que, pese a su presencia casi invisible, controla todo el negocio de la minería informal en el pueblo y que ha acumulado una riqueza tal que hasta tiene una casa en Estados Unidos. Hay quienes dicen haberla visto pasear con una botella de gaseosa repleta de láminas de oro obtenidas en Huepetuhe, y que en las fiestas ella sacude y hace sonar a modo de matraca. De esto hay muchos testigos, incluidos antiguos choferes y guarda espaldas suyos. Pero también hay quienes comentan –pero sin que nadie más escuche– que hay varias mujeres jóvenes y foráneas que han desaparecido en sus concesiones mineras en ritos extraños relacionados con pagos a la tierra. De esto no hay testigos, y tampoco hay –por ahora– modo alguno de comprobarlo, pero es parte de la oscura leyenda que rodea a este personaje. Gregoria Casas Huamanhuillca, ‘Goya’, no se deja ver. A menos, claro, que ella quiera.

La historia de la minería informal en Madre de Dios es la historia de Huepetuhe, pero la historia de Huepetuhe es la historia de ‘Goya’. Y cada una es más sórdida que la otra.

LAS FIRMAS DE LA INFORMALIDAD

“Claro, aún hay mucha informalidad, pero eso es culpa del Estado, que no está presente”, se lee en una página del diario El Madrediosense de noviembre del 2007. La frase pertenece a Cecilio Baca Fernández, uno de los primeros pobladores de Huepetuhe. Cusqueño de nacimiento, Cecilio pisó Madre de Dios a mediados del siglo pasado para cumplir su servicio militar obligatorio. Atraído por la industria maderera, que por aquel entonces empezaba a tomar impulso en esta región del país, llegó a Huepetuhe, que en el dialecto arasaire-harakmbut significa ´río de tigre’.

Un día, Cecilio buscó a una mujer. Al principio fue su sirvienta, pero con el tiempo se convirtió en su esposa. Gregoria Casas Huamanhuillca no sabía –no sabe aún– leer ni escribir, pero era muy rigurosa con las cuentas. Poco a poco, ambos fueron adquiriendo terrenos que primero habían sido explotados para extraer madera, pero que debajo de la superficie estaban llenos de oro. Con el paso de los años, un pueblo entero se formó alrededor de las concesiones mineras. De hecho, la zona ‘urbana’ de Huepetuhe se estableció sobre lo que es una concesión minera de esta temida familia. Y el pueblo es suyo desde el punto de vista comercial, pero también político: Cecilio fue su alcalde cuando este lugar pasó de ser centro poblado menor a distrito.

El registro de concesiones mineras en Madre de Dios indica que ‘Goya’ maneja cuatro concesiones, que en total suman 700 hectáreas, mientras que Cecilio –de quien luego se divorció, aunque mantienen los mismos vínculos comerciales– es titular de otras cuatro concesiones que suman, en total, 845 hectáreas. Ambos, además, tienen otras concesiones en proceso de trámite por un total de 600 hectáreas. En Huepetuhe nadie entrega facturas ni boletas, no hay sucursales bancarias ni controles fiscales. No hay siquiera cajeros automáticos. Por esta razón nadie sabe exactamente cuánto oro extrae esta familia, la más poderosa de la región, ni cuánto dinero moviliza cuando se traslada de Cusco a Madre de Dios y viceversa en sus modernas camionetas, resguardada siempre por guarda espaldas, llevando el dinero –que no es poco– en efectivo. En un sector de la zona de trabajo minero, a la que ningún foráneo tiene acceso, ‘Goya’ mandó colocar una placa en la que se lee “Grupo Baca”. Hace pocas semanas, sus tractores ingresaron a un terreno que era ocupado por los llamados ‘mineros sin tierra’ (que vienen de paso, extraen oro y se van) y derrumbó sus campamentos para utilizar ella ese espacio. Este es su imperio. Huepetuhe se debe a ella y ella se debe a Huepetuhe, por más indigna que esta ecuación resulte.

No hay cifras exactas, decíamos, pero sí cálculos cercanos. Hace pocos meses, técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios tomaron, a modo de muestra, las concesiones ‘Cecilio Gregoria’ y ‘Aluvial 93’, pertenecientes a esta familia. Encontraron que al día en estas concesiones se moviliza un promedio de 960 metros cúbicos de tierra con un equipo básico conformado por un cargador frontal y un volquete. Extendiendo esta cifra a toda la maquinaria instalada en la zona, se dedujo que en Huepetuhe y sus alrededores se comercializa alrededor de 450 kilos de oro al mes. Si se calcula que 1 kilo de oro equivale a US$60.500 (cada onza se cotiza en US$1.716), deducimos que la cantidad de dinero que aquí se moviliza es obscena (unos US$27 millones al mes).

Todos los días, a toda hora, en algún rincón de este pueblo se está extrayendo, vendiendo y comprando oro. Y, según revela un funcionario –que prefiere mantenerse en el anonimato , por seguridad– de la oficina de Fiscalización de la Dirección Regional de Energía y Minas, en todo el proceso (extracción, venta, compra) se infringe una cadena interminable de normas ambientales, laborales y legales, cuyas sanciones resultan siendo parte del problema. Un ejemplo: en la resolución 031-2004 del Ministerio de Energía y Minas, promulgada el 3 de febrero del 2004, se da cuenta de una inspección llevada a cabo en tres concesiones pertenecientes a Cecilio Baca y Gregoria Casas, para verificar el cumplimiento de normas ambientales, laborales y de higiene minera. A modo de sanción, se exigió un pago de S/.10.602,04. Cuando el ministerio anunció que aplicaría un cobro coactivo por el incumplimiento del pago correspondiente, ‘Goya’ visitó personalmente la oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas y aseguró que ya había cancelado ese monto al Banco de la Nación, y hasta mostró los sellos de caja que le fueron entregados. Ella no podía leerlos por su condición de analfabeta, pero sí sabía exactamente para qué sirven estos papelitos. Un par de llamadas a los directivos del banco y un cruce básico del registro de ingresos demostraron que ‘Goya’ había falsificado los vouchers. Tiene suficiente dinero como para pagar multas aún mucho mayores, y lo ha demostrado más de una vez: antiguos funcionarios de la oficina de la Sunat en Madre de Dios cuentan que en una inspección llevada a cabo en Huepetuhe se exigió personalmente a ‘Goya’ el pago de varios cientos de miles de soles por concepto de multas por evasión, y que ella le pidió a un empleado suyo que le alcanzara un maletín y allí mismo, frente a los funcionarios estupefactos, contó cada billete y cada moneda y pagó su multa en efectivo. Pero en aquel caso, cuando ‘solo’ debía pagar S/.10.602,04, prefirió falsificar un papel. La resolución, firmada por el entonces ministro Hans Flury, dictaba iniciar acciones legales contra esta familia.

Esa fue la primera huella de ilegalidad que dejaron en su camino los magnates del oro en Madre de Dios. La primera, pero no la única.

LA SELVA YA NO ES VERDE

Había una piscina en Huepetuhe, la única del pueblo. Era parte de un hotel medianamente decente, de cinco pisos, de habitaciones con vista al río. El edificio ahora luce abandonado, torcido hacia un lado, y la piscina –que ocupaba el cuarto piso– está ahora en el primero. Los tres primeros pisos están enterrados bajo varias capas de relaves mineros que se han desplazado con el paso de los años. De hecho, ocurre cada cierto tiempo: los habitantes de este pueblo se dan cuenta de que el muro arenoso de contención, que años atrás fue levantado, está próximo a ser sobrepasado, lo que significa el inminente desembalse de los ríos de barro y mercurio seco. Y no hay cómo detenerlo. Hay comerciantes que, bajo lo que es ahora son sus tiendas, tienen acumulados productos –repuestos para camiones, motores, herramientas– que no pudieron recuperar. Y, ni modo, compraron un poco de madera y levantaron un piso nuevo. Y así. La vida no se acaba en Huepetuhe porque hay oro y porque ‘Goya’, el eje de esta economía infestada de ilegalidades, necesita que trabajen para ella. Hay que extraer oro y rápido; luego habrá tiempo para pensar en una nueva piscina.

Un periodista de un canal de televisión de Madre de Dios es uno de los pocos que ha logrado entrevistar a ‘Goya’. Ella lo citó, junto a un grupo reducido de personas, en uno de sus campamentos. Para llegar a este lugar se debe atravesar la carretera de Huepetuhe, que en realidad era el río, pero en vez de agua hay relaves mineros que el sol seca y por los cuales perfectamente se puede transitar, incluso en los camiones más pesados. No hay río y por lo tanto no existe aquí un solo pez. El periodista recuerda que ‘Goya’, para jugar un poco con la idea de hasta dónde puede llegar su riqueza, les sirvió camarones, un plato físicamente imposible de obtener en la zona. Ese mismo reportero, por criticar a los poderosos gremios mineros de Madre de Dios, ha sido agredido e insultado y ahora ‘colecciona’ mensajes de voz amenazantes en su celular.

Pocos son los dueños de Huepetuhe; dueños, se entiende, en sentido comercial, que es el único orden aquí. Algunas de las mayores fortunas locales pertenecen a las familias Cosme Quispe y Huaquisto, así como a la empresa Sur Amazónico –todos estos dedicados, también, a la extracción de oro informal–, pero en cantidades muy menores comparadas con la enorme porción de territorio que pertenece a las familias Baca Casas, Baca Fernández, Baca Gutiérrez y Baca Condori; es decir, a Cecilio Baca, Gregoria Casas y sus hijos. Uno de ellos, Marco Baca, llegó a ser presidente de la federación de mineros locales, y representante, casi al mismo tiempo, de la concesionaria de Volvo en el lugar. Es decir, el poder económico de esta familia no tiene límites. En sus dominios ocurre de todo: luego de una inspección llevada a cabo a finales de junio del 2010, y en la que participaron inspectores laborales y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, se sometió a investigación a 12 empresas locales, entre ellas ‘Baca Fernández Cecilio’ y ‘Goya’, que han acumulado denuncias por informalidad laboral. Esto, por cierto, es un eufemismo de lo que realmente ocurre en estos campamentos, donde la explotación y marginalidad y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad es lo más común.

Años atrás, cuando ya el imperio de ‘Goya’ marcaba un rumbo sostenido gracias al incremento en el precio internacional del oro, otros mineros informales y artesanales se desplazarían y buscarían nuevos territorios a los cuales ingresar sin ningún tipo de control. Huepetuhe era ya, y es y seguirá siendo, un enorme forado, un tajo mal abierto. Las fotos aéreas que acompañan estas páginas así lo demuestran. Por cierto, imágenes muy similares componen el póster que venden algunos ambulantes en la plaza de Armas de Puerto Maldonado, bajo el eslogan “Huepetuhe, capital peruana del oro”. En ellos aparecen, sin pudor alguno, los cerros ya pelados y las enormes máquinas y el pueblito reducido, casi escondido. Solo se han borrado, quizá por estética simple, las imágenes de los gallinazos que abundan en el lugar. Huepetuhe representa el inicio de la decadencia de Madre de Dios.

Aún queda la impresión de que en la capital de Madre de Dios, la capital de esta región, los problemas siguen siendo otros. Cuando Mick Jagger viajó de Cusco a Puerto Maldonado, en octubre del 2011, en medio de diplomas y medallas y llaves de la ciudad y otras condecoraciones folclóricas, él les comentó a algunas autoridades presentes un problema que vio desde la pequeña ventana de su avión: el lado oscuro y marrón y ya perdido de la selva.

Madre de Dios: la maldición de los recursos naturales

En la sede de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Madre hay una oficina amplia y silenciosa en la que están repartidas, como si de una reciente mudanza se tratara, varias cajas enormes de cartón, que dentro guardan expedientes del grosor de un ladrillo. Son los estudios básicos de impacto ambiental remitidos por los mineros de Madre de Dios. Un funcionario de esta oficina, que se pasa la vida –literalmente– leyendo estos documentos, comenta que desde el 2009 hasta la fecha a esta oficina han llegado 554 expedientes, de los cuales solo se han podido certificar 88. Antes eran dos las personas que debían revisar cada uno antes de poner el sello correspondiente; ahora son seis. En promedio, el expediente más sencillo y con menos errores demora entre tres y cuatro días en ser corregido. El minero informal, mientras espera, decide empezar a operar. Ocurre siempre, todo el tiempo, todos los días. ¿Quién lo va a sancionar?

Un estudio elaborado en el 2009 por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Ministerio del Ambiente indica que si los mineros de Madre de Dios pagaran impuestos por los S/.1.600 millones que se comercializa cada año, la región obtendría alrededor de S/.50 millones para obras públicas. Pero esta actividad solo reporta impuestos por una cantidad ridícula de dinero: S/.42 mil.

Ante este panorama comienza, entonces, el juego político. Aquiles Velásquez, presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), asegura que ellos, los mineros informales, sí quieren convertirse en formales, pero que el gobierno no se los permite y les impone leyes y normas imposibles de cumplir. La culpa, dice, la tienen ‘los otros’.

‘Los otros’ son las autoridades. Ernesto Montañez, el director regional de Energía y Minas, la tiene más clara, al parecer. “Este no es un tema social ni ambiental ni económico; es un ilícito penal el que se está cometiendo”, señala. El decreto 012 del Ministerio del Ambiente, promulgado en el 2010, prohibía el uso de dragas y otras herramientas de succión en los ríos, y autorizaba a las Fuerzas Armadas para que las destruyeran. Así se hizo. El problema es que esos mismos mineros ahora están en tierra firme, y no hay un decreto que ordene desplazarlos. A lo mucho, explica Montañez, los efectivos policiales y militares destruyen la bomba de inyección de los motores, pero estas se consiguen luego muy fácilmente. Agrega el funcionario: “Como el Gobierno Regional, entonces, decidió no entregar más concesiones, los mineros se movilizaron y compraron el kit de revocatoria del presidente regional, José Luis Aguirre”. Y ahí están, en una carpa en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado, recolectando firmas que valen oro, literalmente.

¿Hay alguna solución, siquiera parcial? César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ex asesor del ministro Antonio Brack, afirma que Madre de Dios sufre la “maldición de los recursos naturales”. El experto comenta que lo primero que debe hacerse para combatir la minería informal es saber realmente a qué se enfrenta el Estado, de qué tamaño es el monstruo. “Lo primero que se debe hacer es ponerlos en evidencia, demostrar que no son pequeños productores mineros, sino gente de mucho dinero. La Sunat y otros organismos deben desenmascararlos, primero, para evitar que se sigan acogiendo a los beneficios de la pequeña minería”.

El Ejecutivo ha anunciado recientemente que evalúa una serie de medidas para seguir combatiendo a los mineros ilegales, entre ellas la tipificación de esta actividad como delito sancionado con prisión efectiva. Mientras tanto, y como demuestran los mapas, los mineros ya se apostaron con sus máquinas y su mercurio y sus prostíbulos y su impunidad sobre la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de Tambopata. Esta reserva, curiosamente, fue el destino turístico amazónico más visitado por turistas extranjeros durante el 2011.

LAS CIFRAS

1.545 hectáreas tienen en concesión 'Goya' y su exmarido en Huepetuhe. Otras 600 hectáreas se encuentran en trámite

27 millones de dólares se mueven mensualmente en Huepetuhe. La mayor parte del dinero llega al imperio de 'Goya'

18.000 kilos de oro extraen anualmente los mineros informales de Madre de Dios

70 toneladas de mercurio y otros químicos son vertidos a los ríos de Madre de Dios anualmente, debido a la actividad minera en la región

1.100 adolescentes son explotadas sexualmente en los bares, cantinas y prostíbulos ubicados en zonas mineras como Huepetuhe, Guacamayo, Delta 1, La Pampa, entre otras".