- US$ 67 mil millones en minería

En el Perú, cuando hablamos de minería, la asociamos a dos cosas: riqueza y conflictos sociales. En los últimos seis años, hemos sido más sensibles a los conflictos sociales ante la presencia de la industria minera. Estos han desembocado, en muchas ocasiones, en violencia por parte de las fuerzas del orden y de la comunidad afectada.

Algunos ven a la minería como una vía para el desarrollo y como actividad responsable en gran parte de la dinamización de la economía; otros como la principal protagonista de la destrucción del medio ambiente. La industria minera representa cerca del 11% del Producto Bruto Interno (PBI).

Asimismo, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el crecimiento del PBI se estima en 3.9%, 5.3% y 5.8% para el 2015, 2016 y 2017, respectivamente; se sustenta principalmente en el incremento de la inversión minera, que, se prevé, aumente en 11.9% en el 2015 y 17.8% en el 2016.

LAS CIFRAS HABLAN

Según el último informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), como resultado del retraso de los proyectos mineros en el país, durante el periodo 2008-2010 la economía dejó de crecer 2.9 puntos porcentuales, mientras que entre el 2011 y el 2014 se perdieron 13.4 puntos porcentuales de crecimiento.

Del total de proyectos mineros para ser desarrollados del 2008 al 2014, el 22.8% fueron ejecutados, el 36.2% de los proyectos aún se encuentran en plazo de ejecución, el 8.7% han sufrido demoras por factores internos (propios de las empresas) y el 32.3% (15 proyectos) han sido paralizados o retrasados por conflictos sociales y trabas burocráticas.

El estudio toma solo este último grupo y lo analiza en el periodo descrito.

Así, la inversión que el país dejó de percibir en los últimos siete años es de 21,515 millones de dólares, mientras que la producción perdida en dicho periodo fue de 24,640 millones de dólares.

Si consideramos ambos montos y se suma el impacto en el resto de la economía (US$21,048 millones), el Perú perdió 67,203 millones de dólares.

A MANERA DE EJEMPLO

En 2014, si los proyectos mineros se hubiesen ejecutado de acuerdo con el plan inicialmente trazado, el PBI habría crecido 6.8% en lugar del magro 2.4%. La minería habría permitido generar más puestos de trabajo, incrementar la recaudación de impuestos y reducir la pobreza a pesar de la desaceleración internacional (el menor crecimiento de China, la crisis de Europa y el estancamiento de Estados Unidos).

OPINIONES

Roque Benavides, presidente del directorio de la minera Buenaventura, señala que, en los últimos cuatro o cinco años, han puesto en producción La Zanja y Tantahuatay en Cajamarca; Mallay, muy cerca de Lima, en Churín; la planta procesadora de Río Seco y la hidroeléctrica de Huanta.

Benavides enfatiza en que “hay proyectos que se han podido realizar, pero obviamente Conga, Tía María y Santa Ana han hecho primeras planas. Nuestros proyectos no han hecho primeras planas y venimos trabajando, operando y produciendo, con dificultades, pero hemos logrado seguir adelante, así que tenemos que ver las cosas con cierto optimismo. Quisiéramos tener mucho más respaldo, pero eso no nos va a vencer, vamos a seguir operando; tenemos una responsabilidad muy grande. En nuestro caso, son 12,000 personas que trabajan en la empresa. Mucha gente no es consciente de la cantidad de personal que puede tener una compañía minera, sobre todo en zonas rurales alto andinas descentralizadas de nuestro país”.

Rodrigo Prialé, gerente general de Gerens, reporta que, mientras en el 2007 el Perú tenía una participación de 5.6% en la minería mundial, actualmente solo bordea el 4%. Así, para Prialé, “la preponderancia del Perú en la industria minera mundial ha caído como consecuencia de un crecimiento interno de la industria mucho más lento”.

Cartera de proyectos y conflictos socioambientales_ Mayo_2015 

LOS CONFLICTOS SOCIALES

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a la fecha existen 95 conflictos socioambientales en el sector minero. La mayoría se concentra en la sierra sur (Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Apurímac y Junín).

Kurt Burneo, economista y vicerrector de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, remarca que hoy ve el caso de Tía María como una reproducción del conflicto de Conga, que vivió cuando estaba en el gabinete. Al respecto, comenta que “muchas veces las empresas mineras no toman una parte muy activa a la hora de buscar la legitimidad social entre las comunidades. Además, la lógica del Gobierno Nacional muchas veces va en contra de la lógica del gobierno regional o municipal, sencillamente porque a veces el gobierno local hace demasiado cálculo político a la hora de tomar el liderazgo para poder explicar a la población los beneficios que tiene la actividad minera y deja aislado al Gobierno Nacional. En ese sentido, en Tía María y Conga había gobiernos regionales contrarios al desarrollo del proyecto. Las relaciones no solo son de no colaboración, sino de oposición. Pero, en ambos casos, otro elemento común que encuentro es que las empresas mineras no desarrollaron una parte proactiva que creo que les correspondía”.

De otro lado, Carlos Arredondo, alcalde provincial de Yauli-La Oroya, afirma: “Es paradójico que, mientras en proyectos como Conga (Cajamarca) o Tía María (Arequipa) la población rechaza la presencia de la minera, en La Oroya la población se moviliza exigiéndole al Estado que existan la minería y la metalurgia. Considero que la minería es la principal y única fuente económica de toda la población. Dependemos del funcionamiento del complejo metalúrgico, pues este genera el dinamismo de diversos sectores”.

ALGUNAS REFLEXIONES

La postergación de los proyectos mineros de mediana o gran envergadura tiene un impacto en la economía del país y generalmente sobre el bienestar de todos los peruanos; eso es absolutamente incuestionable,indica Rodrigo Prialé.

Raúl Jacobs, vicepresidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala: “Estamos dejando de generar puestos de trabajo bien remunerados que resultan de gran importancia en las zonas donde se encuentran los proyectos, que usualmente coinciden con zonas alejadas de los grandes centros urbanos o zonas de ingresos deprimidos”.

Roque Benavides hace una autocrítica e indica: “Las empresas tenemos que aprender a integrarnos con la comunidad muchísimo más. Tenemos que aprender su cultura, su idioma. Uno va a la casa de una persona que lo invita y habla en el idioma de la persona. Yo creo que hay un tema cultural, lingüístico y de tradiciones que hay que respetar. Ciertamente, nos preocupamos de esos aspectos, que podrían ser considerados blandos, pero que son duros en el fondo. Hay que valorizar la cultura y el idioma con los que tenemos que tratar”.

Para Kurt Burneo, el Perú es un país minero y eso es algo que no se puede obviar. Además, indica: “Es un absurdo decir no a la minería, pero se entiende que estamos hablando de una actividad minera que sea respetuosa del medio ambiente, que tenga un derrotero claro cuando se abordan yacimientos mineros, con perspectivas de las actividades económicas que tienen las comunidades que se encuentran alrededor del yacimiento minero y como se practica en otros países, como Canadá o Australia, donde, de la mano de la minería, se pueden desarrollar otras actividades económicas”.

EXPECTATIVAS

Carlos Arredondo espera que un nuevo gobierno pueda tener mejores políticas en cuanto a medio ambiente y actividad minera para que, sobre todo, haga un trabajo de sensibilización a las comunidades, a las poblaciones donde hay presencia minera. El alcalde remarca: “Esto le faltó hacer al gobierno actual en las zonas sur y norte del país. En La Oroya lo que falta es comunicación. Al gobierno le faltan mecanismos para poder impulsar proyectos mineros importantes en el país”.

Roque Benavides señala que espera que el próximo gobierno evalúe la eficiencia de la denominada “permisología”, que en muchos casos ha sido un proceso que ha trabado el desarrollo de operaciones sencillas como también de ampliaciones.

Kurt Burneo destaca, como parte de su experiencia en el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), “la necesidad de diferenciar las demandas de las poblaciones afectadas por el desarrollo de la actividad minera. Así, cuando se soslaya la diferencia de agendas y se trata de aplicar un mismo molde, se entra en problemas. En el caso de Tía María, faltó una mejor evaluación de cuáles son las actividades importantes, cuál es el nivel de ingreso de la población involucrada”.

Prialé enfatiza que la minería es un importante generador de divisas, pero se deben buscar otros sectores que de manera paulatina aporten al PBI, como ocurre en otros países. Raúl Jacobs manifiesta que el Estado debe cumplir su rol de asegurar la tranquilidad pública, además de respetar los derechos de las comunidades y los procedimientos establecidos.

Perú y Bolivia Vs Minería ilegal

Perú y Bolivia tienen la imperiosa necesidad de luchar contra la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas en la zona fronteriza, sostuvo hoy el embajador peruano en La Paz, Luis Chimoy.

“Otro aspecto de la relación bilateral lo constituyen la imperiosa necesidad de actuar de manera conjunta y también coordinada para terminar con los ilícitos que se dan en la frontera común, como la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas y otros”, declaró a la Agencia Andina.

En ese sentido, destacó que estos temas que se multiplican de manera alarmante en la frontera común, serán abordados en el encuentro presidencial y el primer gabinete binacional, a realizarse este martes 23 de junio en Puno.

Refirió que estos ilícitos que afectan la moral, la economía y la seguridad de las poblaciones que viven en los límites entre ambos países, y por ello será un tema importante en el diálogo que sostendrán el presidente Ollanta Humala y su homólogo boliviano, Evo Morales.

“Los delincuentes aprovechan la posibilidad de burlar la justicia pasando de una frontera a otra, los esfuerzos que realizamos en Perú y Bolivia no son suficientes, entonces hay que llevar a cabo acciones coordinadas y conjuntas”, agregó.

Otro tema de interés en la opinión pública boliviana que ha estado presente en la agenda mediática del país altiplánico es la preocupación por la contaminación del Lago Titicaca, que ha producido la muerte de algunas especies de aves y peces que habitan en la zona.

“Este tema será parte de un primer grupo de asuntos que se abordará en el evento, la preservación, protección, remediación y aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos que compartimos Perú y Bolivia, entre ellos el lago Titicaca, símbolo de la fraterna vecindad entre ambos pueblos”, señaló.

Laudato si´_ Alabado seas

El pasado día 18 de Junio del 2015, se inició la difusión de la encíclica Laudato si’ en la que el Papa Francisco exhorta al mundo a preservar a la madre Tierra.

Algunos extractos del documento son:

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor»,cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia,y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor,por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.

El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.

Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos.

Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.

El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez.

La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso.

Es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible. Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilidades de adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental, porque no tienen la capacitación para desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos.

Por eso, hay que mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse «especialmente en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más poderosos».

Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia.

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo muy especial a los más débiles y necesitados. Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales.

Alianza del pacífico en Paracas_Ica

Más de 400 ejecutivos de distintos sectores económicos y comerciales de Perú y de la región, asistirán el 1 y 2 de julio de 2015 al encuentro internacional empresarial denominado “CEO Leadership Conference:Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico – Liderando el crecimiento” en Paracas, Ica.

Este encuentro reunirá a los líderes del ámbito empresarial y gubernamental de Chile, Colombia, México y Perú y en él se analizarán los desafíos que plantea el proceso de integración con el fin de consolidar el crecimiento económico y la competitividad de la Alianza del Pacífico en la economía mundial.

Este evento se realizará en paralelo a la X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacifico. La Cumbre Empresarial contará también con la participación especial de los jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet; de Colombia, Juan Manuel Santos, de México, Enrique Peña Nieto y del Perú Ollanta Humala Tasso.

Expositores

Asimismo, los expositores confirmados de Perú son: Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo; Alonso Segura, ministro de Economía y Finanzas; Piero Ghezzi, ministro de la Producción; y Jaime Saavedra, ministro de Educación.

Además, participarán Xavier Sala i Martin, creador del Índice de Competitividad Global del WEF; Luis Alberto Moreno, presidente del BID; Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF; Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE de México; Alvaro Saieh, presidente, Corpgroup de Chile.

Asimismo, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia; Eduardo Hochschild, presidente Hochschild Mining; Fernando Zavala, CEO de Backus; Walter Bayly, CEO del Banco de Crédito del Perú; Mario Alvarado Pflucker, CEO de Graña y Montero; Guillermo Ferreyros, presidente del Capítulo Peruano del CEAP; y otros líderes empresariales internacionales.

Temas de agenda

Los temas que se abordarán son: Avances y perspectivas de la Alianza del Pacífico; la innovación: Herramienta de creación de valor en la Alianza del Pacífico; Visión de la Integración Económica y Financiera en la Alianza del Pacífico.

Asimismo, Desafíos para mejorar la competitividad económica y social en la Alianza del Pacífico; Rol Empresarial en el liderazgo del crecimiento económico de la Alianza del Pacífico; Educación y competitividad en la Alianza del Pacífico, y Alianza del Pacífico: Visión del futuro.

Chinalco inició producción comercial de Cobre en Toromocho_Junín

La minera Chinalco anunció que a partir de hoy su proyecto cuprífero Toromocho comenzó su producción comercial, en línea con su último plan, como se describe en su informe anual.

El proyecto ubicado en Junín inició operaciones en diciembre del 2013 con una inversión de US$3,500 millones. Se estimaba que en esta etapa produjera 275,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre al año.

La segunda etapa del proyecto, que entraría en operación en enero del 2018, demandará una inversión de US$1,320 millones, según consigna el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Se espera que la ampliación genere una producción anual adicional de 25,000 TMF de cobre.

En enero el proyecto cuprífero registraba un avance del 62% en el uso de su capacidad instalada.

Toromocho, junto con Cerro Verde y Las Bambas, es uno de los principales proyectos mineros del país. Éstos serían el principal factor del crecimiento del PBI minero, el cual -según APOYO Consultoría- registraría una expansión de 15.2% en el 2016 y de 16.2% en el 2017.

Amazonía Exporta Limpio-I_Lima

El dia de hoy 11 de Junio del 2015,los gobiernos regionales de San Martín, Loreto,Ucayali,Madre de Dios y  de Amazonas expusieron su oferta exportable en el Foro Exposición de Oportunidades de Negocios : "Amazonía Perú Exporta Limpio."

El evento fue organizado por la mesa de trabajo para el desarrollo sostenible de la amazonía peruana presidida por el congresista César Yrupailla Montes y se realizó en las instalaciones del Congreso de la República en la ciudad de Lima, capital peruana.

"Foro Amazonía Exporta Limpio_Lima_11 de Junio del 2015"

En el evento participaron agregados comerciales de países cooperantes con las regiones amazónicas así como el embajador de Brasil Carlos Lazary; embajador de Indonesia, Moenir Ari Soenanda;embajador de Israel, Ehud Eitam; entre otros personajes.

Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de los gobiernos regionales amazónicos e instituciones académicas y especializadas como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y representantes de diversos ministerios competentes en el tema, del ejecutivo peruano.

A tenor de las exposiciones sobre la oferta exportable del lado peruano, recordaremos el proyecto de la línea férrea transcontinental  que se sustenta en el acuerdo trilateral suscrito entre los gobiernos de Perú_Brasil y China, en los términos siguientes:

"Brasil y Perú tienen un antiguo sueño, unir las costas de los océanos Pacífico y Atlántico. China era el ingrediente que faltaba para que este sueño se realice. Los presidentes de los tres países firmaron un memorándum de entendimiento en julio de 2014 para construir la ferrovía transcontinental. El acuerdo trilateral se firmó entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, el Ministerio de Transportes de Brasil y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. 

Una salida a través del Pacífico, aproximaría Brasil a la región con el mayor crecimiento económico del mundo: Asia. En el caso de Perú, se facilitaría el transporte de productos que llegan por el Atlántico y de otros que se negocian con países del Cono Sur. Para China, se reduciría el costo de transporte de la producción agrícola que se importa desde los países latinoamericanos. El cálculo inicial indica que el precio por tonelada de granos exportados se reduciría en US$ 30 dólares.

Entre los commodities más importantes para China se encontrarían la soja, proveniente de la región Centro-oeste y de Pará en Brasil y la roca fosfórica, una materia prima utilizada por la industria de los fertilizantes. Este mineral se extrae en la mina de Bayovar, en el desierto de Sechura, Perú, considerado uno de los mayores depósitos de América del Sur, con una capacidad de 3,9 millones de toneladas por año. La producción está dirigida principalmente a la demanda de los mercados de Brasil, América del Norte y Asia.

Costo financiero

El costo estimado de una vía férrea de 5.300 km que unirá a Perú con Brasil, y tardaría seis años en construirse, está en el orden de los US$ 10 mil millones. El presidente de la Asociación de Empresas Chinas en Perú (AECP), Gong Bencai, ya anunció que China International Water & Electric Corporation (CWE) es una de las empresas chinas interesadas en el proyecto. CWE es una subsidiaria de China Three Gorges Corporation (CTE) y una de las empresas más importantes del gigante asiático, con experiencia en obras de usinas hidroeléctricas, carreteras y ferrovías en más de 30 países.

El acuerdo tripartito para la construcción de la ferrovía transcontinental pasaría por el estado brasileño de Rondonia comenzando en los municipios de Porto Velho e Vilhena. El trazado además incluiría los estados de Goiás y Mato Grosso y se llegaría a la frontera con Perú por Acre. Según VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovías S.A. (Ingeniería, Construcciones y Ferrovías S.A.), una empresa pública controlada por la Unión a través del Ministerio de Transportes del Brasil, la Ferrovía Transcontinental – cuya sigla es EF-354 – fue planeada para alcanzar una extensión aproximada de 4.400 km en suelo brasileño, entre el Puerto del Açu, en el litoral del estado de Río de Janeiro, y la localidad de Boqueirão da Esperança (Acre), como parte de la conexión entre los océanos Atlántico, en Brasil, y el Pacífico, en Perú.

Del lado peruano el trazado todavía no ha sido definido. Una de las propuestas sugiere la construcción de una línea férrea transcontinental Brasil-Sur del Perú (Fetras) que uniría Madre de Dios, Cusco, Puno y Arequipa en Perú con Rondônia, de Brasil. Este proyecto complementaría la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuya inversión estimada alcanzaría US$ 2 mil millones. La segunda alternativa sería la construcción de una ferrovía transcontinental Brasil-Perú (Fetab) que uniría del lado peruano Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Pasco, Huánuco y Ucayali a Brasil.

Alto costo socioambiental

“El costo socioambiental de un proyecto, del modo en que se lo viene promocionando, puede ser mucho mayor al del gasto de las obras”, afirmó Pedro Tipula, del Instituto del Bien Común (IBC) con sede en Lima. Tipula se desempeña en el área de ordenamiento territorial y analiza las presiones y amenazas que atentan contra la Región Amazónica. Además, IBC integra la Red Amazonas de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Según el IBC, en la región existen comunidades que viven en la selva y no reciben la información adecuada. “Antes de llevar a cabo todo el proceso de construcción de dicha infraestructura es necesario que haya una consulta previa, tanto en Perú como en Brasil”, argumentó.

“Todos los proyectos que el gobierno peruano realiza en nombre del desarrollo tienen información muy parcial. Sólo se habla sobre los beneficios del proyecto, pero nadie hace comentarios con respecto a sus impactos”, afirmó Tipula. “Definitivamente, las familias afectadas no serían pocas, ya que en esta región existen más de 600 comunidades nativas de diferentes grupos lingüísticos. Además son 15 los pueblos que viven en aislamiento voluntario, como el que habita la reserva indígena de Isconahua (en la frontera Perú-Brasil), en áreas de difícil acceso, cuyo territorio podría comprimirse debido al proyecto. Ellos ya sufren debido a las amenazas de los madereros”, agregó.

El cordón umbilical entre el Perú y Brasil, como ya destacara Marc Dourojeanni, ingeniero agrónomo francés de origen peruano que reside en Brasil y ex encargado de la División Ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo, se encuentra en el río Amazonas. En un estudio sobre la propuesta de construcción de una Carretera Interoceánica Sur realizado en 2006, Dourojeanni ya se había referido al río como la gran ruta que lleva los nutrientes que garantizan la vida desde los Andes hasta Brasil. El Amazonas también es perfectamente navegable por ser el río más caudaloso del mundo y también lo son sus afluentes, el Marañón y el Ucayali.

Al ser consultadas, las autoridades ambientales de Perú, casi no se han manifestado en relación al tema, especialmente por desconocimiento del proyecto bioceánico. La directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú –una agencia creada en el mes de agosto de 2014, perteneciente al Ministerio de Agricultura– Fabiola Muñoz Dodero, sostiene una mirada más integradora del concepto de paisaje que implica sostenibilidad de un determinado territorio natural tanto en el aspecto socioambiental como en el económico.

Sin embargo, reconoce su desconocimiento sobre el los detalles de la propuesta.”En cualquier proyecto que involucre una infraestructura de ese nivel, es necesario que existan instrumentos de gestión ambiental para evaluar si hay condiciones para mitigar sus impactos. No sé a qué nivel se encuentra este proyecto, pero todos estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la conectividad de esta región, que es crítica. Todo el proyecto todavía se encuentra en fase de discusión.”, dijo a Diálogo Chino".

Inversiones & Hospital de Moyobamba

De Tambogrande a Tía María. Doce(12) años de acervos conflictos sociales han reconfigurado la faz de la inversión minera en el país e inducido a las empresas mineras, a ensayar nuevas estrategias de acercamiento con las comunidades.

El pasivo es bastante conocido: proyectos paralizados por miles de millones de dólares. Pero el aprendizaje ha sido amplio. Prueba de ello son los US$19.000 millones en inversiones mineras viabilizadas por las empresas mineras, merced a un acertado relacionamiento social.

Es el caso de Las Bambas (US$10.000 mlls.), la Ampliación de Cerro Verde (US$4.600 mlls.), la Ampliación de Toquepala (US$1.200 mlls.), Tambomayo (US$250 mlls.) y Shahuindo (US$130 mlls.), por citar los proyecto más conocidos.

De Quellaveco (US$3.300 mlls.), La Granja (no hay una cifra confirmada pero se habla de más de US$1.000 mlls.), Corani (US$600 mlls), Ollachea (US$170 mlls.) y la reanudación del Complejo Metalúrgico de La Oroya – CMLO (US$800 mlls.), proyectos en suspenso por factores económicos, pero que gozan de una amplia base popular de apoyo que presiona por su desarrollo.

Eso es lo que acontece en La Oroya, donde la población no solamente exige la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico, sino que amaga con perpetrar un ‘segundo Tía María’ para forzar al Estado a generar las condiciones que permitan atraer la inversión minera.

Para este contexto de experiencia de inversiones en el país, en lo que va del año y de manera conjunta, los  niveles de gobierno local, Regional y nacional declararon viables 7,356 Proyectos de inversión pública, por un monto total de 21,089 millones de soles al 4 de Junio del 2015, informó el Ministerio de Economía y Finanzas y publicado por la agencia oficial Andina.
Sin embargo, el fantasma de proyectos paralizados por millones de dólares persiste, con el consecuente riesgo de elevar los niveles de conflictos sociales en un año pre electoral.

Con la finalidad de tener alertas tempranas que no impacten en los proyectos de grandes inversiones previstas, se hace necesaria entonces una respuesta inmediata de parte del ejecutivo, a los efectos dar respuesta a las justas demandas de poblaciones que reclaman servicios básicos, como es en el caso del componente de los servicios de salud.

Para ilustrar con un ejemplo el escenario antes descrito, citaremos el caso del proyecto de inversión y construcción del Hospital  de Moyobamba en la región San Martín. En el año 2011 la población asentadas en las provincias del alto mayo en San martín, observaban con beneplácito el desarrollo del proyecto del Nuevo Hospital de Moyobamba.

Sin embargo, luego de realizado los procesos correspondientes para otorgar la buena pro a las empresas encargadas de la ejecución de las obras,equipamiento y supervisión de las mismas en el hospital, surgieron controversias entre las partes contratantes.

Desde Abril del año 2014, la unidad ejecutora intervino la obra por incumplimiento de los plazos en la ejecución referida a una supuesta falta de liquidez, motivo por el cual la constructora interpuso acción de arbitraje administrativo ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

La paralización de la infraestructura construida y la exposición de los equipos a los rigores del clima y el tiempo en estado de abandono, fueron verificados en sendos procesos de supervisión y fiscalización. 

Congresista de la República Cesar Yrupailla constatando el deterioro de equipos abandonados al interior del hospital.

Activado el arbitraje, se produjeron cuestionamientos que entramparon el oportuno accionar del organismo autónomo del Estado_OSCE, que según norma debiera resolver en días lo que va durando a la fecha mas de siete (07) meses.

El impase del caso emblemático de este hospital ha escalado de tal forma que el propio jefe de Estado tomó conocimiento del proceso y es así que en fecha 05 de febrero del 2015, el presidente de la República peruana Ollanta Humala Tasso indicaba en su discurso de orden:

"Pero también lo que tenemos que trabajar en San Martín son los proyectos de desarrollo. Por ejemplo, Moyobamba necesita su hospital, ese hospital está en estos momentos paralizado, desde al año pasado, y es de la gestión regional anterior, y yo le propongo al presidente regional de una vez que haga el expediente técnico del 30 por ciento que falta hacer para completarlo.  Son 100 millones de soles que cuesta ese hospital y estamos dispuestos a trabajar si inmediatamente levantan la medida cautelar y me hacen el expediente, si no pueden pásenmelo a mí y yo le armo el expediente para que la población tenga su hospital".

En junio del 2015, los impases subsisten y se activaron mecanismos judiciales para resolver asuntos administrativos que generan el malestar de la población en ese extremo del país. 

Actualmente el frente de defensa de Moyobamba anunció un paro de 48 horas para los días 9 y 10 de junio, exigiendo la culminación del hospital de esta ciudad que se encuentra paralizada desde hace8 meses.

En una asamblea popular, las organizaciones acordaron acatar esta medida de protesta ante los problemas legales que existe entre el Organismo de Supervisión y Contratación del Estado (Osce) y el consorcio encargado de esta obra.

Los dirigentes indicaron que vienen organizando los piquetes de lucha con el apoyo de las autoridades locales para acatar esta medida de protesta.

La reacción reguladora oportuna del gobierno central se hace necesaria para evitar que los conflictos sociales se nutran de casos como el expuesto que se encuentran fuera de la influencia de localidades con tradición minera.

$ 9,130 millones en Región Apurímac

El mapa de exploración minera se ha reconfigurado en los últimos años en el Perú y hoy en día la región Apurímac se convertido en el lugar donde más se invierte para encontrar grandes proyectos.

En total en Apurímac se invierte US$ 9,130 millones, siendo el proyecto más importante el llamado Huaquira, a cargo de Minera Antares Perú, con una inversión de US$ 2,800 millones.

De acuerdo con el reporte de la Cartera de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía y Mina (MEM), los otros proyectos de exploración en Apurímac son Hierro Apurímac de la empresa Apurímac Ferrum por US$ 2,300 millones, además de Los Chancas a cargo de Southern Copper con US$ 1,560 millones en inversión.

La lista la completan el proyecto Cotabambas de Panoro Apurímac con US$ 1,380 millones, Trapiche de la compañía El Molle Verde (US$ 1,000 millones) y Anubia de la empresa Anabi (US$ 90 millones).

Otra de las regiones que recibe una cantidad importante de inversión en exploración minera es Cajamarca, que son solo tres proyectos el monto total previsto es de US$ 4,200 millones.

Los proyectos Galeno, Michiquillay y La Granja, son los que tienen la apuesta de las empresas para conseguir nuevos proyectos mineros.

Estado de emergencia por Tía María

Debido a los nuevos actos de violencia registrados durante las protestas contra el proyecto Tía María, el Gobierno resolvió anoche decretar el estado de emergencia en todos los distritos de la provincia de Islay, en Arequipa,anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano.

Precisó que quedan suspendidas a partir de hoy las libertades personales, referidas a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y la libertad de reunión.

Indicó que conforme lo establece la Constitución y de acuerdo con el decreto que se publicará en El Peruano, la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, se encargará del mantenimiento del orden público.

Régimen de excepción

Cateriano sustentó que el Gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia de conformidad con el régimen de excepción que establece la Constitución Política. En ese sentido, dijo que el Gobierno no hubiera querido llegar a esta situación, y prueba de ello es que se han hecho todos los esfuerzos para solucionar los cuestionamientos técnicos al proyecto Tía María, mediante el diálogo, como corresponde a un sistema democrático. “No obstante, a pesar de que la propia empresa ofreció una pausa para que en este período se pueda explicar con amplitud y debatir todo lo relacionado con la temática técnica del proyecto, hoy han continuado los actos de violencia.” “Cuando las circunstancias demuestran que un grupo mínimo no quiere acatar la Constitución y la ley; es decir, violentar el Estado de derecho, el Gobierno tiene los instrumentos legales que la Constitución franquea para garantizar el mantenimiento del orden público.”

En ese contexto, el titular de la PCM recalcó que el gobierno del presidente Ollanta Humala defenderá con firmeza, pero con apego a la Constitución y a la ley, el derecho de todos los peruanos a vivir en paz y en democracia, exhortando a que se deponga la violencia y solucionemos las diferencias basado en el diálogo.

Socializar el proyecto Tía María

Tres muertos, más de 200 heridos, 54 días de paro indefinido y una denuncia de soborno: ese es el saldo del último conflicto minero de Perú que llevó al presidente Ollanta Humala a desplegar al ejército en los alrededores de la mina en la región sureña de Arequipa.

En el centro de la polémica está un millonario proyecto de Southern Perú Copper Company (SPCC), principal subsidiaria del Grupo México, para construir la mina de cobre "Tía María".

Los residentes del valle del Tambo, en la provincia de Islay, la mayoría agricultores y ganaderos, consideran que el proyecto arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura en el área.

Pero Southern Perú Copper Company asegura que cumplirá con los más altos estándares medioambientales.

En todo caso, la compañía anunció este viernes una "pausa" en el desarrollo de su millonario proyecto despejar dudas de los opositores al plan en un plazo de 60 días.

"Hemos escuchado al (...) Presidente y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente de Southern Copper, Oscar González.

¿Qué está en juego?

La subsidiaria del Grupo México prevé invertir US$1.400 millones en el proyecto minero Tía María, que tendrá una proyección estimada de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre desde el inicio de operaciones.

Sin embargo, la compañía mexicana no lo ha tenido fácil desde el principio. En 2011, cuando se anunció el proyecto durante el gobierno de Alan García, Tía María ya originó protestas que dejaron tres muertos y más de 40 heridos.

Estuvo paralizado dos años, hasta que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con el que consiguió que el gobierno de Humala le diera permisos de construcción este año.

Los grupos locales piden ahora que se suspenda porque aseguran que el desarrollo minero contaminará sus campos de cultivo y el agua del río de la zona, el Tambo.

La compañía alega que usará agua de mar desalinizada y un portavoz de Southern Copper llegó a acusar a la población de "terrorismo antiminero".

¿Sobornos?

En medio de los cruces de acusaciones entre la empresa mexicana y los comuneros peruanos, el gobierno de Humala decidió suspender las negociaciones con la filial de la minera mexicana hasta que aclare si tiene alguna responsabilidad en el presunto interno de soborno a líderes comunitarios para que frenaran las protestas.

La polémica surgió después de que se publicara un audio en el que se puede oír a un dirigente comunitario, Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas, hablar con un abogado al que le planteaba la posibilidad de pedir dinero a la empresa minera para calmar las movilizaciones.

En un comunicado, SPCC rechazó estar negociando con los promotores de las protestas y lamentó la "incorrecta acción" que, dice, "fue ocasionada por terceros ajenos a la organización".

Este viernes, el dirigente Pepe Julio Gutiérrez fue detenido acusado de extorsión y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber pedido dinero a la minera.

BBC Mundo solicitó a Southern Perú Copper Company una entrevista, pero un portavoz de la compañía señaló que por el momento no darán declaraciones al respecto.

Otros "problemas" del Grupo México

La de Tía María no es la única controversia en la que está metido el Grupo México por sus inversiones en el campo de la minería.

Con Germán Larrea Mota-Velasco como principal accionista -es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim- la compañía ha estado involucrada en varios accidentes.

Uno de ellos, el derrame el año pasado de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, en Sonora (México), fue considerado por el gobierno como "el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos".

Las sustancias tóxicas llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora y afectaron a miles de personas.

Precisamente esta misma semana, el Grupo México se ha visto envuelto en otra polémica en España luego de que el gobierno de Andalucía anunciase la suspensión de uno de sus proyectos en la mina de cobre, zinc y plomo de Aznalcóllar de manera cautelar por las supuestas denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación.

Sin embargo, la minera aseguró este viernes no haber sido notificada por el momento.

¿Un nuevo Conga?

Las interrogantes el torno al proyecto Tía María hacen preguntarse si no correrá una suerte similar a la del proyecto aurífero de Conga, en Cajamarca, que fue suspendido en 2012 por protestas que dejaron cinco muertos.

El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, asegura no ver otra solución para este conflicto debido a que las voces por la suspensión o postergación de la explotación minera son mayoritarias y al punto violento al que han llegado las protestas.

Entre las voces que piden la suspensión está la del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.

"Ningún proyecto se puede imponer por la fuerza y menos ejecutar en las condiciones de violencia que se vive en Islay. Creo que debe darse una pausa, generar un espacio, para, primero, apaciguar los ánimos y, segundo, retomar el diálogo", dijo en un comunicado publicado en la página web de la SNMPE.

Gálvez aboga por una pausa "de tres a cuatro meses" que permitiría a los agricultores cosechar y sembrar para paliar las pérdidas del paro y que devolvería "la tranquilidad en Arequipa".

"Hay una situación de punto muerto entre el Estado y las empresas y una desconfianza muy grande de las comunidades locales sobre la capacidad del Estado de hacer cumplir la legislación. No le creen al presidente Humala diga lo que diga y haga lo que haga", le dijo el profesor Panfichi a BBC Mundo.

En este sentido, el analista apunta a que, con elecciones en el horizonte el próximo año, "el proyecto de Tía María en el mejor de los casos será retomado por el próximo gobierno a ser electo".

Mensaje a la Nación sobre Tía maría

El presidente Ollanta Humala descartó esta tarde que el Estado Peruano suspenda unilateralmente el proyecto minero Tía María, pues hacerlo tendría “efectos nefastos” para el Perú. Además, dijo que su gobierno hará respetar el principio de autoridad y el Estado de derecho.

“Una acción como esta, decidida unilateralmente por el Estado, tendría efectos nefastos tanto jurídicos como económicos. Tía María es un tema nacional y no solo un proyecto más.Requiero la unidad de los demás poderes del Estado, que actúen con decisión”, señaló Ollanta Humala en su mensaje a la Nación.

Además, precisó que el proyecto no puede ser suspendido debido a que “no se ha iniciado”. “No podemos tomar una decisión unilateral que no esté regida en el marco de la ley”, enfatizó tras indicar que esa acción podría costarle al Perú una demanda ante tribunales internacionales.

De otro lado, Ollanta Humala explicó que la labor del Ejecutivo es defender el principio de autoridad y el Estado de derecho en el país. “Tía María no es un caso aislado. Los actos de hoy repercutirán en el modelo de desarrollo del Perú”, agregó.

El mandatario también “demandó a la empresa [Southern, que ejecuta el proyecto cuprífero] manifestar su voluntad y tomar acciones para lograr desarrollo” y bienestar social en Arequipa. "No defendemos intereses individuales ni de alguna empresa. Defendemos el Estado de derecho y la estabilidad jurídica", añadió.

Foco de violencia

Ollanta Humala no se refirió a la posibilidad de declarar estado de emergencia en la provincia de Islay, en las que las manifestaciones han cobrado la vida de tres personas. Asimismo, respaldó el trabajo de la Policía Nacional.

“Rechazamos las posiciones extremistas y violentas. Solicito al Ministerio Público y al Poder Judicial administrar justicia y [hacer] caer el peso de la ley contra los delincuentes, asesinos y extorsionadores. No podemos ceder al chantaje ni a la extorsión […] Un reconocimiento especial a la Policía, que enfrenta estoicamente la violencia”, manifestó.

En otro momento, negó que haya incongruencia entre el discurso sobre Tía María que tuvo cuando fue candidato y el que defiende ahora como jefe del Estado. “Frente a los enemigos de Arequipa que han querido enfrentarme a él [el pueblo] digo: La voz del pueblo es la voz de Dios. La decisión de las mayorías debe ser respetada”, concluyó.

Credibilidad empresarial en Tía maría

Las protestas sociales en contra del proyecto Tía María, vienen escalando dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa. Las manifestaciones en contra, están próximos alcanzar los dos meses en la actualidad, dejando 6 personas fallecidas en 6 años (Incluyen a 5 manifestantes y 1 policía) como saldo por enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En este contexto se emitió la Resolución Suprema N° 105-2015-IN que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en el departamento de Arequipa, provincia de Islay, del 09 de mayo al 07 de junio de 2015, con el fin de asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico

La oposición al Proyecto cuprífero Tía María afirma que se afectará tanto a la agricultura en el valle del Tambo, como al agua.

En el extremo que consigna al agua, el proyecto establece que usará agua de mar, desalinizándola y que no afectará la cantidad el recurso hídrico de la zona de influencia.

El tema entonces pasa por el detalle de la calidad del agua efluente y una eventual afectación a la agricultura, sustentada en la falta de credibilidad de los compromisos empresariales del pasado, el cual da origen a un discurso anti proyecto: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”.

Un análisis que realizamos en este orden de antecedentes y contradicciones sobre la credibilidad empresarial del pasado fue presentado en Julio del 2010 en “Capital y tecnología puestos a disposición del país”.

El dato cronológico

El inicio del proyecto minero “Tía María” data del año 2003, con una inversión prevista de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 toneladas de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 toneladas de mineral de cobre oxidado). Las actividades de exploración se efectuaron en el lapso comprendido entre 2006-2008.En el año 2009, se cuenta con el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual es remitido a UNOPS (The United Nations Office for Project Services), obteniendo a principios del año 2011 su informe del EIA  con 138 observaciones.A fines del año 2013, Southern Perú presenta el segundo EIA al Ministerio de Energía y Minas, obteniendo su aprobación en Agosto del 2014.A fines del primer trimestre del año 2015 se reinició las protestas contra el proyecto Tía María.

Escalamiento de conflicto Tía María

Continuando con lo expuesto en ¿Ocaso de Tía María?, tenemos que con Resolución Ministerial N° 216-2015-MEM/DM del 08 de Enero del 2015, se aceptó la renuncia del Director General de la Dirección General de Minería del ministerio de Energía y Minas. Este suceso se produce coincidentemente con el escalamiento del conflicto social en el área de influencia del proyecto minero Tía María.

Los antimineros que protestan contra el proyecto Tía María, en Arequipa, cada día radicalizan sus protestas y paro indefinido.

El 05 de Mayo, el obrero de construcción civil Henry Checya Chura (35) murió en Mollendo luego de un enfrentamiento con la Policía cuando una turba de manifestantes intentaba bloquear una vía en la zona de Alto Inclán.

El deceso de Checya Chura nos remonta a agosto del 2009, cuando se iniciaron los talleres informativos de Southern Perú para dar a conocer Tía María. Posteriormente vinieron los violentos acontecimientos del 7 de abril del 2011 en Mollendo, donde murieron Andrés Taipe (22), Aurelio Huarcapuma (50) y Néstor Cerezo Patano (31) en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. En ese contexto, el Proyecto viene dejando 5 muertos en 6 años.

Como es público (de ése entonces), 16 días antes, los residentes del valle de Tambo venían protestando contra Tía María. Sin embargo, el gobierno de Alan García Pérez no halló una solución y, debido al alto costo social, canceló dicho proyecto.

No obstante, en el 2013, ya durante el periodo de Ollanta Humala, la compañía presentó un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA), el mismo que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas el 2014, lo que dio nuevamente luz verde a la iniciativa cuprífera en la que se invertirán 1,400 millones de dólares.

Por ello, el conflicto social volvió a estallar este año en Islay y los agricultores exigen que el EIA de Southern Perú sea sometido a una revisión por un ente internacional.

Pampa de Pongo & Jinzhao Mining

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó  que aprobó el estudio de impacto ambiental(EIA) presentado por la compañía Jinzhao Mining Perú para desarrollar su proyecto Pampa de Pongo de US$1.500 millones, ubicado en Arequipa.

Pampa de Pongo será un yacimiento de producción de hierro. El desarrollo del proyecto contempla la construcción de una faja transportadora y un terminal portuario en la playa Sombrerillo, ubicada en la provincia arequipeña de Caravelí.

El Minem indicó también que la DGAAM aprobó hace unas semanas el EIA del mencionado puerto, que demandará una inversión de US$340 millones. Este terminal servirá para exportar los minerales que se producirán y transportarán desde la mina Pampa de Pongo.

Con estas aprobaciones, Jinzhao Mining Perú, controlado por el grupo chino Zibohongda, ahora requiere la aprobación de los permisos de construcción para comenzar el desarrollo de Pampa de Pongo.

Según cálculos del Minem, el requerimiento de mano de obra de Pampa de Pongo durante la fase de construcción de la mina será de 3.294 personas, mientras que en la etapa de operación será de aproximadamente 1.256 personas.

Jinzhao Mining Perú se hizo de Pampa de Pongo en el 2009. Cuando entre en operación plena, se estima que la mina producirá anualmente cerca de 22,5 millones de toneladas de hierro.

Xiaohuan Tang, gerente general de Jinzhao Mining Perú, señaló anteriormente que la compañía espera que el yacimiento inicie una primera etapa de producción anual de entre 10 y 11 millones de toneladas hacia fines del 2016.

Para cubrir la demanda de agua de la mina y el terminal portuario, Jinzhao Mining Perú construirá una planta desalinizadora de agua de mar, que tendrá una capacidad de producción de 11,6 litros por segundo.

1er caso de colusión en un Regulador

Con vergüenza ajena de haber realizado funciones como ex miembro de un organismo regulador que no es OSIPTEL, presento el registro del diario La República, dando cuenta del primer caso de colusión en un organismo regulador peruano: 

El 1° de diciembre del 2009, los funcionarios de la Gerencia de Políticas Regulatorias de Osiptel Jorge Nakasato, Pabel Camero, Luis Pacheco y Lenin Quiso enviaron una carta al presidente del organismo regulador, Guillermo Thornberry. El Consejo Directivo Osiptel, de tres miembros,  acababa de aprobar un reajuste de tarifas solicitado por Telefónica del Perú mediante una sesión electrónica, en la que los consejeros expresaron su  posición vía email. La carta denunciaba que el voto de uno de ellos, Marco Antonio Torrey, provino de un documento de Microsoft Word cuyo creador era otra persona. Es sabido que cualquier computadora permite conocer el origen de un archivo de Word haciendo clic en una de las opciones del menú que dice “Propiedades”. Aparecen el título, las palabras clave y el autor. El autor del documento enviado por Torrey  era nada menos que José Juan Haro Seijas, vicepresidente de Estrategia y Regulación de Telefónica.

DOS VOTOS CONTRA UNO

El reajuste de tarifas propuesto por Telefónica era objetado por la Gerencia de Políticas Regulatorias de Osiptel. En el Consejo Directivo este planteamiento solo fue defendido por el presidente, Guillermo Thornberry. A favor de la posición de Telefónica votaron Torrey y la tercera consejera, Martha Linares. Telefónica, a través de Haro, también le había hecho llegar documentación a Linares para que sustentara su voto, según después se supo. Conocida la denuncia, a los pocos días el Consejo Directivo anuló la resolución que favorecía a la empresa. Linares acompañó a Thornberry en la decisión revocatoria, mas no así Torrey.

Cinco años después, la Corte Superior de Lima ha emitido una sentencia condenatoria para los implicados. Ocurrió en diciembre del 2014, pero es noticiosa porque ha pasado desapercibida en la prensa. Dos cosas sorprenden en la resolución, que encuentra culpables a un funcionario público y a un alto ejecutivo de Telefónica. La primera es que por primera vez se sentencia un caso  de colusión en un organismo regulador. Segundo: la sentencia es tan benigna que también pareciera redactada en una computadora de la empresa.

LAS DOS LLAMADAS

Los jueces consideraron que Torrey y Haro concertaron horas antes de que se produjera la votación en el directorio de Osiptel. En los días previos un grupo de ejecutivos de Telefónica había explicado ampliamente al directorio sus puntos de vista, de modo que sus miembros conocían perfectamente los argumentos de la empresa. En otra reunión, la Gerencia de Políticas Regulatorias les explicó sus objeciones. Solo faltaba que cada cual votara electrónicamente en la fecha prevista, 27 de noviembre del 2009. El día anterior, la gerencia de Osiptel les comunicó que Telefónica había enviado documentación para que la consideraran en su análisis. Podían recogerla y leerla, mas no usarla como apoyo en el voto porque llegó fuera del plazo indicado para presentar materiales sustentatorios. Ni Thornberry, ni Torrey ni Linares, lo hicieron. Pero en la noche de la víspera de la votación, Torrey llamó por teléfono a Haro.

En una primera ocasión Torrey dijo que nunca había hablado con Haro. En otra audiencia dijo que una vez. Luego admitió que dos veces, para regresar finalmente a la segunda versión: una vez. Haro, por su parte, dijo que estaba cenando cuando recibió una llamada de Torrey a su celular. Después recordó que fueron dos veces.  Los jueces, ante tanta contradicción, llegaron finalmente a concluir que ambos tenían una cierta relación de confianza, y que esa noche hablaron sobre el voto. Torrey dijo que estaba desamparado de argumentos, y que necesitaba una ayuda memoria de la empresa para poder escribir su voto esa misma noche.

VOTO.DOC

El hecho es que Haro le envió un mensaje electrónico con un archivo en Word. Torrey reconoció en el juicio que el noventa por ciento de su voto —que requería una sustentación técnica— lo tomó del documento de Haro, pues coincidía casi plenamente con su auténtica posición. Dio una explicación incomprensible acerca de por qué no creó otro archivo, un documento nuevo, para escribir su texto. En realidad simplemente reenvió como voto lo que le había enviado Telefónica.

Los jueces establecieron que se había violado groseramente el protocolo de Osiptel referido a las comunicaciones de sus directivos con una empresa sometida a regulación. Pero por sobre todo se había cometido un delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión. La sala rechazó todos los recursos de los imputados para invalidar las pericias que demostraron la autoría de Haro del voto doloso. En el caso de Linares, no se comprobó que se hubiera comunicado con algún ejecutivo de Telefónica. La redacción de su voto, aunque concuerda con la postura de Telefónica, no revela estar hecha copiando el documento de Haro. Arguyó ante los jueces que tuvo una coincidencia técnica con lo planteado por la empresa.

En ninguna parte de la sentencia se habla de una coima o beneficio económico que Torrey habría obtenido por votar con un texto redactado por Telefónica. El Ministerio Público no aportó ninguna información relevante sobre sus bienes e ingresos. Haro, a su vez, apareció actuando por decisión propia y no enviado por una jerarquía superior de la empresa. Aunque dieron por acreditada la ilicitud, la investigación no demostró un móvil específico. Torrey habría querido beneficiar a Telefónica por amor al arte. Tampoco se estima el beneficio que habría obtenido la empresa de haberse mantenido la decisión. El proceso judicial, en ese sentido, presenta un vacío.

¡CIEN MIL SOLES!

En resumen, la sentencia asume que Telefónica les hizo el voto a dos miembros del Consejo Directivo de Osiptel. La Primera Sala Superior Liquidadora de la Corte Superior se declaró convencida de que Torrey y Haro se coludieron en agravio del Estado, y a ambos los condenó a cuatro años de prisión, suspendiendo la efectividad bajo determinadas normas de conducta. Linares fue absuelta, al no comprobarse que concertó con la empresa. Telefónica, como tercera civilmente responsable, deberá pagar cien mil soles junto con los dos culpables. 

Prácticamente no hay costo para Telefónica. El resultado no es comparable con los beneficios comerciales que hubiera obtenido ilícitamente si Torrey no era sorprendido, si por lo menos hubiera copiado el texto de Haro en un nuevo documento de Word. La sentencia, por otra parte, no es disuasiva para las compañías cuyos funcionarios delinquen. Aquí se advierte la pertinencia de la discusión en el Congreso sobre un proyecto para penalizar a las personas jurídicas por delitos de corrupción, entre otros.

Los ilícitos económicos más graves se cometen en beneficio de una compañía y usando su infraestructura. Una ley bien diseñada, que impida abusos del sistema de justicia, permitiría determinar si una empresa tiene políticas internas destinadas a evitar que sus ejecutivos corrompan a funcionarios públicos y si actúa diligentemente ante las denuncias, castigándolas cuando es pertinente. Telefónica ha apelado la sentencia. Según una fuente legal de la empresa, no se probó colusión, un delito para el que se requiere concertación respecto de un contrato, y con perjuicio demostrado al Estado:

—No hubo contrato de por medio, ni concertación ni perjuicio estatal. En todo caso lo habría habido para los usuarios. Y tampoco hubo perjuicio económico: la resolución nunca se aplicó.

Agua según Global Water Partnership

¿Si vivieras en un lugar árido, que sería lo más caro o lo más apreciado? Respuesta: El agua. Por supuesto, este es uno los elementos más importantes para la humanidad, ya que sirve para cubrir casi todas nuestras necesidades básicas. Sin embargo, para el 2050, más de mil millones de habitantes vivirán en ciudades sin suficiente agua, según el Banco Mundial.

¿POR QUÉ NOS QUEDAMOS SIN AGUA?

El principal problema no es que el agua esté desapareciendo, sino que a medida que se incrementa la población, también crece la necesidad de abastecimiento y la cantidad de agua que hay en el mundo no aumenta.

Es aquí donde algunos países de Latinoamérica juegan un rol importante. Según la GWP (Global Water Partnership), casi un tercio de los recursos hídricos renovables están en Sudamérica y Perú figura entre los más ricos.

En el listado de los países que tienen una gran cantidad de agua, tres países latinoamericanos están entre los 10 primeros: Brasil (primer sitio), Colombia (tercero) y Perú (octavo).

Sin embargo, esta abundancia de agua no llega a todos. Por ejemplo, en ciudades como Lima, Sao Paulo o la ciudad de México, la demanda de este recurso es muy elevada, pero la gran parte del agua potable es desperdiciada por el uso ineficiente y a las malas instalaciones, agravando así la futura crisis.

ALTO PRECIO DEL AGUA

Según información del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 1.100 millones de personas en el mundo, distribuidas en 31 países, carecen de acceso a agua potable.

Por ejemplo, Perú tiene una gran zona cubierta por desierto y son los más alejados quienes obtienen el agua a través de camiones cisterna, pozos artesanales, ríos, acequias o manantiales y el costo es abismal.

Según el informe realizado por el portal web, El País, Perú ya supera el 90% de cobertura en agua y saneamiento.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) también señala que un metro cúbico de agua para un usuario conectado a la red pública cuesta aproximadamente 30 céntimos de dólar, mientras que comprar agua al camión cisterna puede llegar a costar más de cuatro dólares por metro cúbico, es decir, más de 12 veces su precio.

CUIDAR UN RECURSO NO RENOVABLE

La clave para enfrentar esta crisis está en aprender a reutilizar el agua, en especial para el sector agrícola.

En Perú, la capital económica del 2015, un cartel produce agua a partir de la humedad del aire limeño, que alcanza el 98%. Lo bueno es que un proyecto se está enfocando en mejorar las antiguas tuberías de la ciudad y así evitar fugas de agua y su consecuente pérdida.

Además, el 71% de los glaciares del mundo se encuentran en el país y un proyecto busca aprovechar el agua de Los Andes, unos 7.240 kilómetros de picos cubiertos de nieve que juegan un papel vital en el abastecimiento de agua de la región, pero que al mismo tiempo se ven amenazados debido al derretimiento producido por el calentamiento global.