En Perú se está escribiendo una etapa importante en el proceso histórico referente a la gestión forestal en un país amazónico que realiza marcados esfuerzos para alcanzar su desarrollo sostenible.
Como una condición de trabajo se presenta la lucha frente a la corrupción sistémica en el país, que penetró e inficionó hasta los funcionarios mas altos en los tres niveles de gestión del gobierno, implosionando con el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. Asimismo, cuenta con un poder Legislativo lento de reflejos para identificar los grandes temas nacionales que demandan legislar a efectos de fortalecer políticas de Estado; legitimando un referéndum nacional que convalidó el conocimiento científico sobre los problemas de gobernanza y gobernabilidad existentes de larga data y que merecen atención por parte del Estado.
No podemos soslayar el rol desempeñado bajo el radar de las Leyes por el poder judicial, debiéndose anotar como un hito en casi doscientos años de vida republicana, "la primera sentencia condenatoria" dictada por la corte superior de justicia de Lambayeque- Expediente N° 3243-2017-66- al autor del delito contra los recursos naturales en su figura contra bosques o formaciones boscosas en su forma agravada.
Debo precisar que en mi paso por la primera maestría en ciencias ambientales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, pude contrastar con los enfoques , sobre el tema gestión forestal, recabados en mi alma mater la Universidad Nacional de Ingeniería, encontrando grandes coincidencias con investigadores sobre la materia, tal es el caso de Marc y Axel Dourojeanni, entre otros expertos.
Algunas de mis opiniones sobre el particular fueron transmitidas al centro Mundial para el seguimiento de la Conservación de ONU Medio Ambiente ( UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés) vinculadas a la ingeniería para aumentar la resiliencia de infraestructuras hacia riesgos de desastres naturales, sin embargo, suscribo en todos los extremos lo expresado por Marc Dourojeanni respecto a los "ocho errores capitales de la gestión forestal en el Perú" publicado en actualidad ambiental :
" Es bien conocido que el sector forestal peruano no satisface
las expectativas de la sociedad. Esa es una realidad que es evidente cuando se
sabe que, pese a ocupar el noveno lugar en el mundo por la extensión de sus
bosques, ni siquiera consigue abastecer su propia demanda de productos
forestales. Además, los bosques peruanos están siendo destruidos y degradados a
un ritmo creciente, con graves impactos ambientales. Una de las principales
causas de esta situación es el estilo de gestión forestal que se reitera por
décadas, pese a las evidencias de su fracaso.
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| Bosques amazónicos en Perú son degradados a un ritmo creciente |
En esta nota se resume esa
situación mencionando sus ocho errores principales.
Que algo anda mal en el sector forestal peruano no es
novedad. Esa es una realidad que se prolonga por décadas y que es evidente con:
(i) la pérdida anual de enormes extensiones de bosques valiosos literalmente
transformados en humo, agravando el cambio climático,(ii) la gran superficie deforestada y
habilitada para agricultura o pecuaria que no produce nada o casi nada cada
año,(iii) la informalidad que domina la extracción de madera así como de otros
productos del bosque,(iv) la reiterada vergüenza de tener que admitir que gran
parte de la madera exportada es ilegal y,(v) una reforestación mínima si
comparada con el potencial y con lo que hacen los países vecinos.
Pero la mejor
prueba de que existe un grave problema es que el sector forestal de un país
como el Perú, que ocupa el noveno lugar entre todos los países del mundo por su
extensión de bosques, no contribuye ni con el 1% de su PBI y que, para colmo,
es un importador neto de productos forestales.
Una de las principales causas directas del mal uso del
patrimonio forestal es la persistencia en un estilo de gestión forestal que,
después de cinco leyes en 50 años, las que machacaron todas sobre la misma
tecla, ha demostrado que no funciona. Ocho importantes errores persisten.
Algunas cifras
El bosque natural peruano, que hasta hace 60 años cubría
más de 77 millones de hectáreas, hoy ha perdido entre 12 y 18 %
de su extensión original, según los parámetros que se usen para el cálculo.
Apenas entre los años 2000 y 2017 se ha derrumbado y quemado 2,1 millones de
hectáreas, que fueron sustituidas por una agricultura precaria o por bosques
secundarios de bajo valor. En 2016 se eliminó 164.700 hectáreas de bosques
nativos.
De los más de 8 millones de hectáreas oficialmente
deforestadas en la Selva –en realidad, la deforestación acumulada es mucho
mayor- mal se usa para agricultura unos
2,2 millones de hectáreas que producen, cada una, varias veces menos de lo que
podría si se le aprovechara medianamente bien aprovechando la tecnología
agrícola disponible. Dicho de otro modo, se elimina el bosque pero pocos años
después se abandona casi sin uso la
mayor parte de la tierra ya habilitada.
De otra parte, la explotación forestal actual es agotante y
nunca alcanzó a producir siquiera el 1% del PBI, de lo que la mayor parte es
leña. Por no respetar pautas técnicas ni
las reglas establecidas, esa explotación degrada algunos millones de hectáreas
a cada año. Se estima que hasta el 60 %
de los bosques que no fueron eliminados
ha sido seriamente degradado por la extracción forestal selectiva, por
caza o extracción abusivos, o por contaminación petrolera y minera.
Finalmente, pese a que el Perú posee más de 10 millones de
hectáreas aptas para la reforestación, sus plantaciones forestales ocupan una
extensión ínfima y son de baja
productividad, en especial si se compara esa situación con la de sus vecinos
Chile y Brasil. Por todo eso el Perú no cubre su propia demanda, siendo un
importador neto de productos forestales.
¿Por qué ocurre eso?
Esto ocurre, obviamente, porque la pobreza y la ignorancia
aún predominan en la sociedad, acarreando informalidad y corrupción y
asegurando la permanencia de una clase política que solo piensa en darse bien
pero no en construir el país que es deseable.
En ese tipo de sociedades lo urgente siempre pasa delante de lo
importante y, por eso, todo va de mal en peor. Pero eso no es novedad. Ese
contexto sociopolítico tiene muchas facetas que impactan directamente en la
cuestión forestal como, por ejemplo, el atraso considerable de la
regularización de la tenencia de la tierra en la Selva y que, los pocos que se
proponen cumplir las reglas sufren la presión de la burocracia mientras que los
que las violan no enfrentan problemas.
Entonces, para el pobre que no tiene alternativa, así como
para el rico que sólo piensa en ser más rico en una sociedad sin control
social, la única opción viable, además de fácil y rentable, es deforestar para
plantar, criar vacas o sacar oro aluvial, y asimismo, degradar el bosque
tirando desordenadamente sus maderas y cualquier producto de valor que
contenga.
La gestión forestal, en ese contexto, enfrenta dificultades
casi insalvables para racionalizar el uso y asegurar la conservación del
recurso a su cargo. Pero parte importante de la causa de este escenario tan
desfavorable está en el propio sector forestal peruano que persiste en un
estilo de gestión que ya demostró no funcionar dada la realidad socioeconómica.
Primer error.
No aceptar plenamente que los servicios
ambientales del bosque natural son más importantes que su rentabilidad
económica convencional.
Cualquier análisis económico integral demuestra que el
bosque es mucho más valioso por sus servicios ambientales que como productor de
madera y otros bienes. Si bien hay una cierta compatibilidad entre ambas
opciones de aprovechar los beneficios del bosque, ésta es difícil de alcanzar
ya que implica aplicar el concepto de sostenibilidad que, como se sabe, en gran
medida es una utopía. Para el futuro de cualquier nación es mucho más
importante tener bosques naturales que explotarlos. La madera puede ser reemplazada
por otros materiales, como plástico y metales. Pero la calidad del aire, la disponibilidad de
agua, la regulación del clima y el
mantenimiento de la diversidad biológica, son insustituibles y, lo que es más
importante, son esenciales para la vida.
Esta realidad ha tomado mayor vigencia con las evidencias de
la importancia del bosque tropical como sumidero de carbono tanto en la biomasa
como en el subsuelo y del impacto de su liberación con relación al cambio
climático. La confirmación de la teoría de los “ríos voladores” cuya fuente es
la transpiración de los bosques amazónicos
ha agregado otra dimensión enorme a esas realidades. El problema es que esos servicios para los
peruanos y para la humanidad, a pesar de las interminables discusiones internas e internacionales, no han culminado en pagar efectivamente a los que cuidan del
bosque.
La consecuencia práctica de esa situación es, que a pesar de
los esfuerzos de la corriente conocida como economía ecológica, los aportes de
los servicios ambientales no han penetrado en las mediciones y cálculos de la
economía convencional. Es decir que las promesas de retribución concreta, en
dólares contantes y sonantes, por conservar bosques para frenar el cambio
climático o para proveer agua limpia y regular a las ciudades, no se han
materializado.
Pero ese momento, aunque demore, llegará sin duda. Mientras
tanto, hay muchas opciones bien conocidas de hacer más rentable el
aprovechamiento sostenible del bosque…. Pero todas esas opciones son posibles
si existe respeto a la ley… y siempre y cuando la ley sea sensata, lo que no es
el caso.
Segundo error.
La
responsabilidad del manejo de los bosques naturales públicos debe ser del Estado, pero este deja
el problema al sector privado.
Es preciso recordar que el manejo forestal es la expresión
final y la más decisiva de la gestión
forestal. En términos legales, la gestión forestal es en teoría ejercida por
el Estado. Pero eso no ocurre con su última y más importante etapa que es el
manejo forestal que es delegado en el sector privado.
Si el bosque natural es antes que todo un proveedor de
servicios ambientales fundamentales que, por definición, son para la sociedad
en su conjunto, la responsabilidad de su conservación y/o uso prudente debe corresponder principalmente al Estado y
no a los eventuales usuarios. Pero no es así.
Desde la primera ley forestal peruana, en 1963 y hasta la actualidad, la
responsabilidad primaria del manejo sostenible de los bosques naturales
públicos reposa en el sector privado a través de contratos y ahora de
concesiones en los bosques de producción, no siendo ejercida directamente por
el Estado. Éste, apenas define las normas generales y pretende supervisar su
aplicación. Dicho de otro modo, el
Estado actualmente tiene la pretensión de
hacer la gestión del recurso pero deja el manejo, en el mismo bosque, a
intereses económicos particulares. La supervisión del manejo es,
lamentablemente, muy deficiente y por eso, en la realidad, los madereros o las
empresas forestales prácticamente hacen lo que quieren.
Los planes de manejo forestal que son preparados por las
empresas para cada concesión son, en general, basados en inventarios forestales
deficientes y aunque eventualmente los planes sean de calidad razonable
raramente son aplicados y nunca lo son en forma consistente a lo largo del tiempo. Apenas son documentos
rituales para poder explotar, transportar y comerciar la madera. El resultado
es que tanto como el 90% de la madera extraída de los bosques naturales
amazónicos es técnicamente ilegal, lo
que significa que su extracción compromete la capacidad de esos bosques de
continuar brindando los servicios ambientales. Los esfuerzos del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y de las administraciones forestales
regionales no consiguen evitar esa situación ya que además de no disponer de
los medios para hacerlo, tampoco “tienen la sartén por el mango”. Les resulta
imposible supervisar lo que ocurre en 17,8 millones de hectáreas, de las que
9,4 millones están concedidos a cerca de 2.000 empresas, sin mencionar otras
modalidades de extracción, como 3 a 4.000 permisos y autorizaciones. Por eso, las concesiones forestales han sido
un fracaso en términos de manejo sostenible, como constatado por el Osinfor,
por la Defensoría del Pueblo y,
asimismo, evidenciado por la alta
desistencia de empresas concesionarias.
Por esos motivos el cambio más drástico pero indispensable
es dar al Estado, la responsabilidad completa sobre el manejo del bosque
natural, como la tiene ya sobre la gestión del recurso a nivel nacional. Es
decir que los planes de manejo deben ser realizados por las agencias del
gobierno competentes, como el antes mencionado Serfor y las administraciones
forestales regionales y, esas mismas agencias, deben ejecutar su aplicación.
Tercer error.
Asumir que el manejo de los bosques naturales
ejercido por el Estado obstaculizaría el aprovechamiento de los bosques
naturales por el sector privado.
La propuesta de que el manejo forestal sea realizado
directamente por el Estado no reduce el rol del sector privado que continúa
siendo el responsable de extraer la madera del bosque, transportarla,
procesarla y comercializarla. Lo único que cambia es que la tan criticada y
hasta ahora ineficiente estrategia de dar concesiones grandes -o pequeñas-
sobre el recurso forestal es reemplazada por subastas periódicas del volumen y
de las especies de madera que pueden ser extraídos del bosque, de acuerdo al
plan de manejo de cada unidad de manejo.
El plan de manejo de los bosques administrados por cada unidad forestal
debe considerar abastecer, en la medida de lo posible, la demanda de las industrias localizadas en ese ámbito. Esos
planes son, obviamente, discutidos y aprobados con participación plena de todos
los actores locales y su aplicación es supervisada con participación de la
sociedad local, en especial de las industrias madereras que aprovechan la
madera de esos bosques.
Esa es la forma en que se manejan los bosques naturales –a
veces reconstituidos y naturalizados- públicos de la mayoría de los países
desarrollados, a veces desde hace
siglos, y el buen estado productivo de los bosques en esos países demuestra que
funciona bien y que la convivencia entre producción y conservación, aunque
difícil, es posible. El sector privado, cuando explota bosques públicos, se
libera de todos los costos y problemas que acarrea ser responsable del manejo.
Por ejemplo, disponer de profesionales especializados en manejo, gastos de
guardianía para evitar invasiones, costosas certificaciones o soportar las
supervisiones periódicas por parte de reparticiones del gobierno. Apenas debe,
cuándo entra al bosque a sacar la madera que ha comprado, cumplir las
exigencias propias de la extracción, establecidas en el concurso al que aplicó.
El costo del manejo por el propio gobierno debe ser cubierto
por el precio de la madera en pie –canon forestal- que es vendida por el
gobierno. Con esos recursos, cuyo uso siempre es supervisado por todos los actores locales al nivel de la
unidad de manejo mediante consejos de gestión forestal, la autoridad forestal
local contrata empresas que construyen las vías de extracción, hacen las
labores silviculturales y vigilan el cumplimiento de la ley. Es obvio que eso
implica un cierto crecimiento de la administración pública forestal, pero nada
que no pueda ser cubierto por la producción maderera de bosques bien manejados.
Cuarto error.
No dar a la madera de bosques naturales
amazónicos el valor que realmente tiene.
La madera de los árboles nativos tropicales debe ser tratada
como un producto muy precioso. No solamente por su belleza, raridad y
diversidad, sino porque en muchos casos es el resultado de siglos de
crecimiento lento, totalmente orgánico y natural. Cedro y caoba, entre tantas
otras que tienen gran demanda internacional y que por eso generan hasta
operaciones sofisticadas de contrabando y de corrupción, son apenas algunas del
más de un millar de especies de maderas valiosísimas y hasta ahora totalmente
desperdiciadas. Las maderas “baratas”, que si no son quemadas durante el
desbosque, son en general usadas para cajonería, muebles populares o encofrados
en la construcción civil cuando, si bien tratadas, son verdaderas maravillas
para su uso en mueblería fina u para otros usos especiales y muy nobles.
No importa si se las exporta como productos acabados o
semi-procesados o simplemente como trozas. Lo importante es que, desde el
momento de su cosecha se las trate como se merecen. Es decir como si fueran la
mejor uva para el vino más sofisticado o como si fueran el tabaco de alta
calidad que dará lugar a los más finos cigarros. La madera amazónica, cuando
escapa al desprecio, desperdicio y mal
trato que se le da en la región, se transforma en muchos de los productos más
caros y preciosos del mundo. Se debe, pues, producirla con cariño y cobrar el
alto precio que realmente tiene y abastecer una gran demanda crecientemente
insatisfecha. Apenas hacer saber y promover la decisión de conducir la
explotación maderera a ese escalón de calidad, puede rentabilizar el manejo
forestal productivo sin perjuicio para los servicios ambientales.
Quinto error.
Pulverizar la gestión forestal en tres
ministerios y en las regiones y en muchas agencias y reparticiones.
De otra parte, en la actualidad, el pequeño sector forestal
está literalmente descuartizado entre tres ministerios y los gobiernos
regionales. Una parte está en
Agricultura (el Serfor), otra en Ambiente (Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático), otra está en la Presidencia
del Consejo de Ministros (el Osinfor) y, finalmente, mucho recae en las
desimplementadas administraciones regionales.
La separación de funciones no es clara, existe descoordinación así como
competencia desleal entre esas agencias tanto por fondos como por poder y,
claro, los costos de la gestión forestal son innecesariamente multiplicados.
Aunque en beneficio de la descentralización y
desconcentración de la administración pública sea necesario mantener y ampliar
la regionalización, las otras tres agencias podrían estar todas reunidas en un
solo sector. No hay, realmente, justificación actualmente válida para mantenerlas
separadas. Más aún si se lleva en cuenta la absurda división de la gestión del
recurso fauna, tema en el que no se entra en esta breve discusión.
Sexto error.
El comando de la gestión de los bosques
naturales debe ser del Ministerio del Ambiente.
Si la función principal del bosque natural y de su manejo es
brindar servicios ambientales y si la producción de madera y de otros productos
del bosque natural puede lograrse manteniendo razonablemente esa función, su
gestión debe ser hecha por el sector del Estado que se ocupa del ambiente. De
hecho ya son pocos los países en que la gestión del bosque natural aún se
encuentra bajo comando del sector agropecuario, precisamente por las razones
antes expuestas. En países donde el desarrollo forestal es muy importante
existe una institucionalidad de nivel ministerial propia. En otros, la mayoría, se le ha asignado a los
ministerios que se ocupan del ambiente
Es que hay un antagonismo fundamental entre la función
precipua del sector agrario -es decir la producción de alimentos y otros
bienes- y la función de conservar los bosques naturales por la importancia de
sus servicios ambientales. En efecto, antes de la actual explosión de minería
ilegal, la agricultura era la única y aún es la principal causa de la
deforestación. El subsector forestal, dentro del sector agrario, siempre ha
sido secundario y sometido a decisiones fundamentadas en la constante necesidad
de aumentar la producción agropecuaria. Es, en gran parte por eso que el
subsector forestal peruano nunca consiguió desarrollarse bien.
El sector Ambiente ya es parcialmente responsable de la
gestión de los bosques naturales. En efecto, el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Sernanp) está a cargo de la preservación y manejo,
inclusive productivo de bosques en algunas categorías de áreas protegidas,
sobre unos 20 millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales. Este
sector, asimismo, es responsable por el Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático que prioriza, por ejemplo,
trabajar en tierras indígenas. Esas dos dependencias deben intervenir en más
del 50% de los bosques del Perú y administrar
otro tanto de los fondos
destinados a los bosques naturales en el país.
Nada más lógico, pues, que entregarle el resto.
Es decir que el Serfor debería ser integrado al sector
Ambiente y que este, a su vez, debería absorber al Programa Nacional de Bosques
y quizá al Osinfor, simplificando la burocracia. El Osinfor fue un resultado
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU, para combatir la corrupción en
el sector forestal. Si el manejo forestal es realizado por el propio Estado, el
Osinfor pierde parte de su razón de ser. Puede convertirse en un órgano de
control interno, aunque para eso ya existen otros mecanismos en cada
ministerio.
Séptimo error.
Escaso
apoyo efectivo a la reforestación con fines de producción.
Los bosques naturales son esenciales para mantener servicios
ambientales pero los bosques cultivados son o deben ser la base de la
producción forestal industrial. Pinos y eucaliptos no se siembran, en general,
para mejorar el ambiente y si para producir madera o resinas que alimentan
industrias mecánicas o químicas. No hay gran diferencia entre plantar
eucaliptos y plantar cacao, café o palma aceitera. Es un tema perfectamente
coherente con las responsabilidades de cualquier ministerio de agricultura.
La reforestación con fines industriales merece mucho más
atención de la que recibe dentro de un servicio forestal convencional que
tiene, como en el Perú, una larga tradición, aunque haya sido poco exitosa, de
dedicación al bosque natural. La reforestación merece tener, en la administración
pública, en el Ministerio de Agricultura, una institución propia y
especializada, con rango elevado, similar al que se otorga a la agricultura o a
la ganadería, a las que es en todo comparable. Potencialmente la silvicultura
tiene tantas o más posibilidades de expansión que esas dos actividades juntas,
especialmente ocupando las tierras deforestadas abandonadas o subutilizadas.
Para desarrollar la reforestación en gran escala también se necesita mucha
dedicación a la creación de una estrategia de incentivos económicos propia,
como se ha hecho para lanzar los programas silvícolas de Chile y Brasil, cuyos
PBI forestal son muy importantes gracias a la reforestación y no a la explotación de sus bosques naturales.
Existe, como siempre, una área gris entre la reforestación
para producción y la reforestación para restauración de ecosistemas degradados
en la que el objetivo económico directo – producción de madera- es subsidiario
al objetivo de conservar el suelo o de garantizar el abastecimiento de agua a
centros urbanos o áreas agrícolas. En esos casos, es decir en los que están
relacionados al manejo de cuencas hidrográficas, la coordinación intersectorial
debe resolver lo que se hace en cada situación.
Octavo error.
Descuidar los bosques de protección o protectores que en un país
montañoso como el Perú son claves para el manejo de las cuencas hidrográficas.
Los estudios disponibles sobre la capacidad de uso mayor de
los suelos del Perú indican que en la Selva existen casi 19 millones de
hectáreas, es decir grosso modo un 25% de esa región, cuyos suelos sólo serían
aptos para ser conservados o protegidos. Aunque esa cifra puede ser discutible
es evidente que la mayor parte de los bosques naturales de la Selva Alta y
muchos de los que están en Costa y Sierra no deben ser eliminados pues se
encuentran en pendientes muy fuertes, altamente erosionables y porque captan y
acumulan agua. Mantenerlos no solo permite evitar desastres naturales que
afectan vidas e infraestructuras sino que garantiza el abastecimiento de agua
de calidad para las ciudades y agricultura de los valles, mantiene estable el
caudal y el cauces de los ríos y,
también alberga gran parte de la biodiversidad y del potencial turístico del
país.
Pero los bosques de vocación protectora -el término incluye
toda la vegetación natural- no se restringen a los que cubren las fuertes
pendientes andinas. En realidad la función protectora del bosque y de la
vegetación natural se extiende asimismo a las riberas de ríos, lagos y lagunas;
a las nacientes de agua, al tope de las montañas, a la que cubre y fija las
dunas, etc. Sin la vegetación protectora en la borda de los ríos estos reciben
muchos sedimentos, salen del cauce y destruyen cultivos y viviendas, la calidad
del agua que conducen se deteriora y, por ejemplo, en el caso de las dunas,
éstas avanzan sobre los pueblos y la agricultura.
Lo curioso es que a pesar de lo anterior, que es
indiscutible, los únicos bosques de protección y protectores que existen en
el Perú cubren apenas 570.000 ha, es decir poco más del 0,8% de lo que
realmente debería estar muy bien cuidado apenas en la Selva y quizá apenas 0,4%
de lo que debería estar protegido en todo el territorio nacional. Es verdad que
parte de los bosques con vocación protectora ocurren, en mayor o menor
proporción, dentro de la mayoría de las áreas naturales protegidas, tales como
parques, santuarios y reservas nacionales o comunales -que dependen del
Sernanp- y en algunas otras áreas naturales protegidas regionales o
particulares. Quizá se cubra así hasta
un 20% de lo que debería ser protegido en la Selva bajo el criterio de bosques
de protección. El resto, o sea la mayor
parte de esos bosques, está dentro de tierras públicas no alocadas y en gran
parte dentro de tierras de comunidades campesinas y nativas y, obviamente,
también en propiedades privadas, grandes o pequeñas.
Esta situación deriva de un error iniciado con la ley
forestal de 1975 y que, como otros errores, ha sido perpetuado en las leyes siguientes.
El resultado es que, para defenderlos, se ha optado por crear una categoría
especial de área natural protegida con el nombre de “bosques de protección”
(Sernanp) que requieren de un complejo
ritual de creación, planos de manejo, presupuesto individual para
infraestructura, personal, etc. Por eso
es que se crearon tan pocos y se abandonó la mayor parte. Ocurre que es
simplemente imposible cuidar esos bosques en forma individualizada. Esos
bosques cubren una extensión enorme y están en todas partes. Por eso, en casi
todos los demás países del mundo, ese tipo de vegetación protectora es
protegido por el simple efecto de una ley y no requiere declaraciones
específicas que son apropiadas para las verdaderas áreas naturales protegidas,
cuya función primordial es la conservación de muestras representativas de los
ecosistemas y de la biodiversidad.
Decidir cuál es el pendiente límite -en general por encima
de 45º- o el ancho del bosque a ser protegida en la ribera de los cursos de
agua –que depende del caudal- es un tema técnico, variable con una serie de
situaciones, que debe ser reflejado en la ley.
Pero, las normas deben ser claras y muy simples de aplicar y verificar.
La responsabilidad de proteger esos espacios es de cada ciudadano y de cada
propietario y, como en el Brasil entre otros países, ese tipo de legislación es
estrictamente aplicado por las autoridades agrarias, forestales y ambientales y
asimismo por el Ministerio Público, pues no respetarlo implica perjuicios
graves a toda la sociedad. En el Brasil
la falta de respeto a esa legislación implica imposibilidad de conseguir
préstamos agrarios; venta, compra o alquiler de propiedades rurales, además de
multas y de la obligación de recuperar o compensar los bosques destruidos.
Conclusión
Hay algunos aspectos de la gestión forestal del último medio
siglo que funcionaron bastante bien. Ese ha sido el caso, en especial, del tema
de las áreas naturales protegidas que a pesar de las limitaciones
presupuestales ha asegurado la
conservación de la mayor parte de la diversidad biológica del Perú y estimulado
un creciente turismo nacional e internacional, entre otros progresos
indiscutibles. Pero, como visto, ese no es el caso de la gestión de los bosques
naturales productivos ni, por otras
razones, la de los cultivados.
No tiene sentido continuar haciendo lo mismo que no funcionó
durante más de medio siglo. Siempre es difícil cambiar la rutina o ir contra
las tradiciones que se perpetúan en las burocracias y en las universidades.
Pero no es imposible. Y, si se desea que los bosques peruanos contribuyan real
y efectivamente al desarrollo nacional, es urgente rediseñar la política
forestal y reformar la legislación".
