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jueves, 24 de noviembre de 2011

Proyecto Conga & punta de un Iceberg

Seguidamente reproducimos un artículo de actualidad publicado -en el diario La República- por el periodista Augusto Alvarez respecto a lo mucho que está en juego en el paro cajamarquino previsto en contra del proyecto Conga.
Hoy (24 de Noviembre del 2011) es un día trascendental para el país pues el paro indefinido contra el proyecto Conga que se inicia en Cajamarca va a determinar, de un modo positivo o negativo, mucho de lo que suceda en los planos político, económico y social durante este lustro en el Perú.
La reacción es contra la voluntad del presidente Ollanta Humala de que se ejecute el proyecto de Minas Conga bajo condiciones que aseguren la calidad de vida del ciudadano de la región, incluyendo la protección del medio ambiente.
La inversión proyectada en Conga es US$ 4,800 millones.
A lo anterior debe agregarse la conclusión del actual Ministerio de Energía y Minas de que la evaluación que ya ha realizado ese organismo durante el gobierno anterior es positiva para la ejecución de Minas Conga.
El anuncio fue recibido de modos distintos. Para el empresariado, constituye una rectificación positiva frente a las posiciones iniciales que tuvo al inicio de la campaña electoral y porque significa un claro respaldo a la inversión privada.
Para las dirigencias regionales como las de Cajamarca, entre muchas otras, así como para un segmento relevante de sus poblaciones, la decisión presidencial constituye una traición por parte del candidato por el que votaron hace solo unos meses.
Ese es el marco general de este choque de visiones que se ha estado produciendo en Cajamarca por el proyecto de Conga, al igual que en varias otras regiones, y que ahora se enfrentarán en el paro indefinido convocado para hoy.
Un escenario optimista del paro es que discurra por un par de días de un modo relativamente pacífico –dentro de la trifulca propia de estos eventos– y que desfogue tensiones creando el espacio propicio para un debate con las autoridades regionales que conduzca a la ejecución del proyecto pero ofreciendo todas las seguridades para el interés del ciudadano.
El escenario pesimista, sin embargo, es que el paro produzca un enfrentamiento con víctimas que no solo tenga consecuencias lamentables en vidas sino, también, en el entrampamiento del diálogo minero por mucho tiempo en el país.
Conga es relevante por la inversión involucrada de US$4.800 millones. Pero lo es mucho más porque su evolución –que dependerá mucho de lo que suceda con el paro de hoy– influirá bastante en todo el proceso futuro de inversión privada en el país, así como en el modo de relacionarse del gobierno con la población de las regiones y de enfrentar la conflictividad social.
Así, Conga solo es la punta de un iceberg ubicado en el Ande peruano que esconde debajo decisiones trascendentales para el Perú durante el lustro 2011-2016.

sábado, 19 de noviembre de 2011

Minería e inclusión social

La agenda política actual en Perú, registra un debate interesante con la intervención de diferentes puntos de vista y propuestas sobre la relación existente entre Minería,medio ambiente e inclusión social.
De las múltiples intervenciones, recogemos una que sintetiza - a nuestro juicio - la posición que va tomando cuerpo entre la mayoría de ciudadanos y ésta se sustenta en el empeño en que están los esfuerzos, no entre el agua y el oro, sino fundamentalmente entre el progreso y la asimilación de los marginados, en razón de cautelar la heredad, que es la naturaleza entregada al ser humano para su servicio, la cual debe ser respetada, pero debe ser compartida y debe ser cuidada porque así la hemos recibido de quienes nos antecedieron.
En este orden de ideas se viene gestando iniciativas que involucran a interesantes modelos de gestión  - plausible de replicarse - donde se involucra la participación activa de las comunidades 
Un  ejemplo es la asociación  propuesta por la Compañía Minera  Kuri  Kullu  S.A.  
filial de la canadiense Minera IRL Limited– a la asamblea general de la Comunidad Campesina de Ollachea, provincia de Carabaya (Puno), representada por su presidente Edwin Tito Checmapuco.
Como antecedente se tiene que cuatro años atrás, la Compañía Minera Kuri Kullu y la comunidad de Ollachea, firmaron un primer convenio sobre uso de tierra para exploración y explotación de minería artesanal y que actualmente se ha visto ratificado con el respaldo de la comunidad hacia el proyecto minero.
Es así que la comunidad ha decidido respaldar el desarrollo de una mina de oro subterránea y una planta de tratamiento para producir más de cien mil (100.000) onzas de oro anuales, de la que serán socios en un cinco por ciento (5%) cuando la mina empiece su producción.
Es la primera vez que en nuestro país se suscribe un acuerdo de esta naturaleza, de manera voluntaria y no por imposición de leyes que pueden ahuyentar la inversión.
El resultado no puede ser mejor: se evitan innecesarios conflictos y la comunidad   –tras sus propios mecanismos de diálogo y debate internos– decide convertirse en socio activo que se beneficiará, también, con el éxito comercial del proyecto.
La noticia fue difundida por el diario El Comercio (19 Nov. 2011) y da cuenta que mediante mecanismos como el referido, las comunidades pueden empezar a confiar en las empresas, en los beneficios del desarrollo social y en la minería ambientalmente responsable.
De este modo, también, las comunidades se podrán incorporar al mercado, comprender su dinámica y convertirse en empresarios vigilantes de que “sus” proyectos marchen adecuadamente para el bien de sus familias y del espacio en el que habitan.
En esencia, el ejercicio de inclusión de las comunidades como accionistas de proyectos que se albergan en el subsuelo de sus tierras es una medida innovadora,acertada, respetuosa, justa y podría constituirse en un mecanismo que evite los conflictos socioambientales que generan algunos nuevos emprendimientos mineros.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Gobierno peruano declara de interés nacional lucha contra la minería ilegal

La agencia de noticias oficial peruana ANDINA, difundio que el gobierno ha decidido declarar de interés nacional la lucha contra la minería ilegal en todo el territorio nacional, informó hoy (16/11/2011) el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.
“De esta manera, todos los sectores involucrados deberán desplegar sus esfuerzos para combatir actividades ilegales que dañan nuestro medioambiente y se introducen en zonas de reservas naturales por lo que tenemos que ponerle un alto”, consideró.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.
El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.
En la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.
También se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.

martes, 15 de noviembre de 2011

Suspensión de concesiones mineras y la búsqueda de una minería sostenible

El proceso social en búsqueda de una minería sostenible en Perú, tiene como un antecedente legal al Decreto Supremo Nº 026-2011-EM -publicando el 29 de Mayo del 2011 en el diario oficial El Peruano- que dispuso la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno por un plazo de doce (12) meses.
Esta medida se dictó como resultado del proceso de diálogo desarrollado entre representantes del Poder Ejecutivo del anterior gobierno nacional y las autoridades regionales y locales de Puno, departamento en el que se acató una huelga por 18 días en contra de las actividades mineras en la zona sur peruana.
Similar método se sigue actualmente en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros para lograr que la administración del gobierno peruano en funciones, genere un Decreto Supremo reforzando la posición de no tener minería en esas jurisdicciones territoriales.



En este proceso, se trata de hacer una minería sostenible respetando el medio ambiente y las necesidades de las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos mineros.
Para alcanzar esa minería sostenible, no se debería soslayar responsabilidades compartidas evidentes para lograr un real y efectivo ordenamiento territorial.
Las protestas se incrementan porque no se llega a distinguir a la mineria formal de la minería informal y/o ilegal ; no se toma conocimiento pleno de la regulación correspondiente a los planes de cierre con que cuentan las mineras formales, las cuales garantizan a la población que una vez terminada la vida útil de la mina, se podrá continuar con las actividades normales de las poblaciones aledañas sin afectar negativamente su calidad de vida.
La poblaciones reclaman del Estado peruano una participación de los beneficios que otorga el sector minero formal, ya que no percibe mayor mejoramiento de su calidad de vida pese a que la minería tiene marcada presencia através de los años en sus localidades.
De otro lado, consideran que no pueden seguir siendo juez y parte en las decisiones que involucran a sectores productivos y a los que cautelan el medio ambiente.
La suspensión de concesiones mineras sólo estaría retardando la toma de decisiones que deberá tomar el país en forma consensuada sobre qué es lo que le conviene  y sobre todo a las nuevas cuencas mineras y aquellas cuencas que tienen larga tradición minera.
Las opciones son conocidas, optar por dejar los ingentes recursos mineros en donde se encuentran actualmente también constituye una opción válida, sin embargo, la decisión pasa por la libre determinación de los pueblos que cautelan los intereses nacionales  de las grandes mayorías actuales y de las futuras generaciones de peruanos.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Imperio de la Ley & minería ilegal

Actualmente, la administración del Estado Peruano se encuentra en un proceso de establecer con mayor énfasis el orden y llevar el imperio de la Ley en zonas del territorio nacional donde existen marcadas evidencias de actividades ilícitas y que en particular algunas tienen relación con labores de mineros informales y/o ilegales. Uno de los soportes utilizados por el Estado de Derecho , considera  como  instrumento  legal a la Resolución Suprema N°511-2011-DE del cuatro de noviembre del 2011 y publicada en la misma fecha en el diario oficial El Peruano, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias del Manu,Tambopata y Tahuamanu del Departamento de Madre de Dios, para prevenir actos de violencia que pudieran suscitarse por las intervenciones de la fuerza pública contra la minería ilegal. Es así que se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la PNP del cinco de noviembre al cuatro de diciembre del 2011. Inmediatamente después que la impecable intervención de la Autoridad Nacional en la Región Madre de Dios se difundiera a través de los medios masivos de comunicación,los mineros informales y/o ilegales -que actúan también en otras partes del país- se pusieron a buen recaudo, protegiéndose mediante las protestas que elevaron los conflictos sociales tanto en número como en intensidad.
En la escalada de protestas promovidas como una actitud reactiva de los mineros informales y/o ilegales ante el orden aplicado, utilizan a los agricultores y entre ellos a las asociaciones de regantes para dar una imagen de descontrol de la minería en su conjunto -sin discriminar la minería formal de la informal-  focalizando sus protestas en contra de las concesiones mineras supuestamente por poner en riesgo sus propiedades al venir ocupando mayores espacios de territorio y generar con sus actividades descontroladas eventuales impactos ambientales negativos que afectarían a los recursos hídricos y con ellos a sus productos agrícolas y ganaderos. 
Su discurso tiene acogida entre los campesinos ya que ciertamente la minería informal y/o  ilegal, generan altos niveles de contaminación no solamente en las cabeceras de cuencas , sino en los cuerpos de agua donde intervienen, reduciendo la calidad de vida de las poblaciones aledañas a este tipo de labores mineras.
Debemos precisar que esta minería ilegal, salvaje , invasiva y contaminante no permite ni cuenta con regulación alguna por parte de la autoridad ambiental en todos sus niveles de gestión que pueda controlar,supervisar y/o fiscalizar sus actividades.
El ordenamiento legal peruano, establece que la atención de la mediana minería y minería artesanal es competencia de los gobiernos regionales, sin embargo, algunas regiones no estarían cumpliendo con este mandato legal y por consiguiente con sus funciones específicas en este extremo.
En este contexto, la minería ilegal -para subsistir- utiliza las legítimas y justas demandas de la población afectada por las actividades contaminantes y se aprovecha de la inacción de algunas autoridades regionales y locales del país.
La evidente estrategia que utiliza la minería informal y/o ilegal pasaría por dilatar los proyectos mineros formales que si pasan por controles diversos por parte de la autoridad,de tal modo que puedan transitar por la consulta previa, libre e informada que tienen que ver con las concesiones mineras, volver a revisar las concesiones mineras y participar de una reglamentación que impida a la minería formal actuar en espacios del territorio peruano liberados de minería. 
En estricto lo que se buscaría es sacar de los espacios concesionados a la minería formal  y continuar en su lugar con  labores mineras en un ambiente informal y/o ilegal.
Para citar un ejemplo actual de lo anteriormente descrito, nos situamos en la protesta antiminera de los agricultores que se realiza en las localidades de chincheros y Andahuaylas, el hecho es que en esa zona de desborde social, no se encuentra operando ninguna minería formal, es mas, en la actualidad no se esta procesando por parte de la autoridad competente minera ninguna concesión en la zona de influencia de las protestas.
Es así que el accionar del gobierno central tiene al frente no solamente a una población que es virtualmente  la  población  afectada  por  el  ordenamiento  minero -que tenían las actividades informales y/o ilegales mineras-sino que al mismo tiempo debe enfrentar a algunas equivocadas autoridades regionales y algún Congresista de la República en búsqueda de notoriedad,que por evidentes acciones populistas, se pliegan a las protestas en contra de los proyectos mineros y en defensa del agua y la vida, sin diferenciar a que tipo de minería se refieren.

Esta confusión, debe ser oportunamente aclarada por la administración del gobierno peruano, o en todo caso, difundir su accionar con mas precisión a los efectos de no generar mayores dudas a la población objetivo y con ello dar fuertes señales a los capitales tanto nacionales como extranjeros para no afectar los niveles de inversiones del sector minero previstas para el país.

martes, 8 de noviembre de 2011

Reacción por el ordenamiento minero

La adecuada actuación de la actual administración del Gobierno peruano para ordenar la minería informal e ilegal en el país causaron diversas reacciones por parte de sectores de la población que ejecutaban sus labores económicas ligadas directa o indirectamente a éstas actividades. 
Un primer escenario es Madre de Dios (Acciones en respuesta del Decreto de Urgencia Nº 012-2010), donde los mineros informales del sector de La Pampa bloquearon este domingo 6 de Noviembre tres kilómetros de la vía Interoceánica durante seis horas.
Lo hicieron en protesta por la operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional del sábado 5 de noviembre, que destruyó finalmente más de 75 balsas dragas y similares.
Desde las 10 a.m. alrededor de cinco mil (5.000) mineros y algunos comerciantes tomaron la carretera que une Puerto Maldonado con Cusco y levantaron barricadas con llantas, mesas de plástico y madera entre los kilómetros 107 y 110.
Esta acción sería parte del paro indefinido que planean los mineros informales en Puerto Maldonado en las que se integrarían unas 30 mil personas que desarrollan labores mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata.
El segundo escenario es Apurimac ( Acciones en respuesta a la Resolución Directoral Nº 049-2011 GR-DREM-APURIMAC/ RD), donde se resuelve paralizar en el ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros actividades mineras metálicas y no metálicas de productores mineros informales ubicados en cabeceras de cuenca, humedales, ojos de agua, riberas de ríos y zonas agrícolas, extendiéndose su vigencia hasta iniciarse el proceso de zonificación y ordenamiento territorial.
Motivo por el cual los agricultores de la provincias de Andahuaylas y chincheros (región Apurímac), iniciaron desde el 03 de noviembre una huelga indefinida en rechazo a la explotación minera ilegal.Los manifestantes bloquearon las vías de acceso desde Andahuaylas hasta Abancay y la región Cusco.Hasta el momento habría más de 5 mil comerciantes afectados por la medida.
Al restituirse el imperio de la ley en las labores mineras de carácter informal y/o ilegal, los mineros informales afectados por las medidas estarían tratando de confundir a la opinión pública sobre la necesidad de aplicarse la Ley de Consulta Previa y esperar su reglamentación para adecuarse a la misma, entre tanto, continuar operando en la informalidad.
En este contexto, no se debería confundir los hechos que generan los conflictos sociales con las motivaciones y características antes descritas con otros eventuales conflictos sociales ambientales del sector minero que se desarrollan respetando el marco de las Leyes vigentes en Perú. 

sábado, 5 de noviembre de 2011

Ordenamiento Minero

La anterior administración del gobierno peruano dictó  el Decreto de Urgencia Nº 012-2010 de febrero del 2010 , declarando de interés nacional el ordenamiento minero en  Madre de Dios , considerando una serie de medidas inmediatas y fijando el  plazo de su implementación en doce meses contados a partir de su entrada en vigencia, con lo cual se pretende ordenar la minería informal e ilegal identificados  en la zona.
Es en este contexto que funcionarios del gobierno dan cuenta de la destrucción de cinco (5) Dragas balsas en una intervención conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la que participaron alrededor de mil quinientos (1500) efectivos.
Las zonas de influencia de la intervención involucran a los ríos afluentes del río Madre de Dios : Malinowski (Llamada Río Alto Tambopata),Tambopata,Inambari y el propio río Madre de Dios, que pertenecen a la cuenca del río Amazonas.
Se tiene como meta destruir cincuenta (50) dragas balsas cuando se esté culminando la operación para ordenar la minería informal e ilegal en la región. 

jueves, 3 de noviembre de 2011

Proyecto Conga según Reuters

Líderes de una región en el norte de Perú dijeron el miércoles (02 de Noviembre del 2011) que fracasó el esfuerzo del Gobierno para limar posiciones entre la estadounidense Newmont y pobladores que quieren la suspensión del desarrollo de un proyecto minero de 4.800 millones de dólares.
El proyecto de oro y cobre Minas Conga, desarrollado por Newmont y la peruana Buenaventura, representa la mayor inversión minera en el país andino y su viabilidad o no podría marcar la pauta en la relación del presidente izquierdista Ollanta Humala con los capitales privados.
Tres ministros de Estado llegaron a la región minera de Cajamarca y se reunieron con representantes de la compañía, dirigentes y autoridades de la zona que temen que la operación de Minas Conga reduzca la afluencia de agua local.
El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, dijo a Reuters que en la cita no se llegó a un acuerdo entre las partes y los pobladores mantienen su posición para que se suspendan las actividades de Minas Congas, que produciría entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales desde el 2014.
Perú, cuya minería es clave para la economía local, es el segundo productor mundial de cobre y el sexto de oro.
"No ha habido mayor conclusión, nuestro pedido es que se suspenda el proyecto Minas Conga, es el pedido de las municipalidades, del Gobierno regional", afirmó.
Santos dijo que los representantes de las zonas cercanas al proyecto se reunirán el jueves para evaluar las recientes conversaciones con el Gobierno y la empresa.
El funcionario refirió que planean realizar un paro regional el 9 de noviembre para hacer respetar la posición de las comunidades.
Miembros del equipo negociador del Gobierno, que sobrevolaron en un helicóptero la zona donde se encuentra el proyecto Minas Conga, no hablaron sobre un fracaso de las conversaciones en la jornada. Representantes de Newmont no estuvieron disponibles para realizar comentarios del tema.
NO QUIEREN VIOLENCIA
Los dirigentes han dado hasta el jueves para que se retire el campamento minero y la minera Newmont teme una invasión a su propiedad donde tiene maquinarias y personal laborando.
Wilfredo Saavedra, líder de un frente de defensa ambiental de Cajamarca, afirmó a Reuters que para el jueves esperan movilizar unas 5.000 personas hacia una localidad cerca a Minas Conga, para escuchar a sus dirigentes y evaluar el tema.
"El país ya vivió las épocas de violencia y hemos aprendido que no es la forma de resolver las diferencias. Todas las opiniones las escucho y son respetables, por eso hemos venido aquí a visitar diversas zonas de la región", dijo a periodistas en Cajamarca el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.
En muchas zonas mineras de Perú, los pobladores suelen protestar en demanda de mayores beneficios por parte de las empresas, que actualmente gozan de altos precios de los metales, y en medio de temores medioambientales, con manifestaciones que en ocasiones derivan en violencia.
"La posición del Gobierno es que al Gobierno le interesa la inversión, pero no a cualquier precio", dijo Herrera.
El rechazo a Minas Conga surgió apenas días después de que pobladores en Cajamarca bloquearan el acceso a la mina de oro Yanacocha de Newmont y Buenaventura, para presionar a la firma de un "acuerdo social" por unos 73 millones de dólares.
Esa protesta, que también derivó en violencia con la quema de maquinaria, llevó al cese temporal del yacimiento de oro.
"Hay interés en la inversión minera, el Perú es un país minero, pero queremos una minería responsable que cumpla con las obligaciones sociales y ambientales", dijo Herrera.
PROYECTOS BAJO LUPA
El Gobierno de Humala busca aplacar los conflictos sociales relacionados con unos 200 proyectos mineros y de petróleo en el país, donde un tercio de la población vive en la pobreza a pesar del auge económico de los últimos años.
Minas Conga forma parte de los proyectos por unos 45.000 millones de dólares que importantes mineras avanzan en el país rico en recursos naturales y que son amenazados por el persistente malestar social.
Además del proyecto Minas Conga, pobladores de Cajamarca rechazan otros proyectos ubicados en cabeceras de cuencas.
Entre los proyectos mineros que rechazan los comuneros figuran los proyectos auríferos La Zanja, de Buenaventura, y Tantahuatay, también de Buenaventura y la cuprífera Southern Copper, los que ya están en operación.
En el 2003, campesinos de una zona en la región norteña de Piura atacaron y expulsaron a la canadiense Manhattan Minerals, que abandonó su proyecto de cobre y oro Tambogrande cuya inversión ascendía en ese entonces a 315 millones de dólares.
Los pobladores en Piura, quienes protestaron por meses, temían que la mina contaminara sus cultivos de limones y mangos, en uno de los principales valles frutícolas del país.
Cabe acotar - para el caso de Piura - la minería informal ingreso a operar apenas la minería formal abandonara su proyecto con los resultados lamentables ya conocidos en el país.

lunes, 31 de octubre de 2011

Registro de multas en Minería

Sustentabamos en este espacio que las multas que tengan que ver con las inspecciones donde se aplican eventuales cuestionamientos por transgresiones a los Límites Máximo Permisibles son, a la luz de los hechos, pasibles de ser sujetos a revisión, toda vez que los organismos responsables de sustentar los cargos aún continúan con las falencias detectadas en su oportunidad a OSINERGMIN y que OEFA no ha estado en la capacidad de resolver por deficiencias diversas en la administración del estado peruano.
En razón a que la mayoría de las multas se han aplicado por infracciones detectadas por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2006 y que fueron transferidas (Ley N° 28964) al OSINERGMIN en Febrero del 2007.
En Junio del 2010, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, se transfiere las competencias de fiscalización y supervisión de medio Ambiente del sector minero al OEFA.
En Junio del 2011, OEFA informaba que a esa fecha tenía 25 procedimientos administrativos sancionadores abiertos a seis 6 empresas mineras, por incumplimiento a las normas ambientales especialmente por el vertimiento de aguas residuales al río Rímac.
Posteriormente, los medios daban cuenta que las multas alcanzaban un monto aproximado  de 8.2 millones de nuevos soles, y  fueron impuestas por el OEFA tras realizar un análisis de los 1540 expedientes entregados por el OSINERGMIN en octubre del 2010.
Ante esta sucesión de acontecimientos,en Agosto del 2011 y mediante Ley N° 29783 se transfiere las competencias de fiscalización y supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional al Ministerio de trabajo.
Es así que a la fecha , Octubre del 2011, el tema de la supervisión minera en el Perú, se encuentra en un proceso de afianzamiento.
Cabe anotar que el escenario donde nos situamos es la referenciada a la supervisión y fiscalización de la mediana y gran minería formales en el Perú.
El proceso histórico de las multas por infracciones dan cuenta que se han emitido 599 resoluciones en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011.
Número de Resoluciones de Multas emitidas y canceladas a nivel nacional en minería.
Monto aplicado en Multas emitidas y canceladas a nivel nacional en minería.
Asimismo, el registro histórico en ese mismo periodo 2007-20011, establece que 45% de multas emitidas fueron canceladas y  30% de la suma total de multas fueron pagadas, dando claras manifestaciones que el sistema empleado en la aplicación de las transgresiones a la normatividad minera y que devienen en multa, son pasibles de revisión incorporando criterios como el establecido como daño ambiental,largamente analizado y discutido por el nivel académico y colectividades políticas en Perú. 

jueves, 27 de octubre de 2011

Tributos & minería informal e ilegal

La agencia peruana de noticias ANDINA difundió este 27 de Octubre del 2011, una información bastante sensible que hemos estado tratando con antelación, respecto al impacto tributario generado por el crecimiento desordenado de una minería ilegal , así como una minería informal en el país.
La publicación indica que la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.
El presidente del Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.
Luego de inaugurar el II Foro Internacional: Problemática de la Extracción Ilegal de Minerales, organizado por la SNMPE, mencionó que la minería ilegal también se concentra en la explotación de cobre y plata.
Agregó que la SNMPE respalda las medidas y acciones que está realizando el gobierno para hacer frente a la minería ilegal, ya que se está extendiendo peligrosamente por todo el territorio nacional, ocasionando graves problemas ambientales, sociales y económicos.
“El Estado peruano no se está enfrentando a una minería de subsistencia sino a organizaciones ilícitas que financian las actividades de una minería ilegal que a su paso sólo deja destrucción pues viene arrasando bosques y contaminando ríos”, subrayó.
Precisó que en la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.
“El Estado tiene el desafío de controlar esta ilícita actividad no solo porque quebranta la ley sino con el fin de proteger la biodiversidad, el ambiente y la salud de los peruanos”, aseveró.
También estimó que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.
“La minería ilegal alienta la esclavitud de miles de personas que han sido captadas por su organización, para la cual no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica”, recordó.
Dijo que hace algunos años se evitó la instalación de una empresa minera formal en la zona de Tambogrande (Piura) y ahora se ha convertido en un peligroso foco de minería ilegal donde operan más de 15,000 mineros informales; mientras que en Madre de Dios esta ilícita actividad ha arrasado más de 18,000 hectáreas de bosques.

domingo, 23 de octubre de 2011

Perú : País minero

La tesis que cuestionaba la tradición minera en territorio peruano, está siendo dejada de lado progresivamente y pasamos a observar como es que ahora se originan propuestas para participar del crecimiento y desarrollo del sector minero en un país que es identificado claramente como País minero.
A efectos de dar una mejor aproximación del estado de situación en la minería peruana, nos apoyaremos en el audiovisual referenciando a la empresa Minera Volcan , donde se  describen las rutas para llegar a sus operaciones.
Se podrá apreciar el desarrollo histórico de esta empresa Volcan y subsidiarias, que se constituye como una empresa lider en el mercado nacional como primeros en la producción de Zinc,Plomo y Plata. 
La evolución y resultado de mas de cuatrocientos años de mineria artesanal y un siglo de explotación minera industrial, queda como registro histórico y paisajístico.
El informe  además de describir los métodos y características  de las operaciones y nuevos proyectos en diferentes unidades mineras , da cuenta de cómo es que se presenta esta empresa minera con sus sesenta y cinco (65) años de experiencia al servicio del país.
Tal como se expone en el precitado vídeo, estas formas empresariales - como otras que vienen operando en Perú - se constituyen en excelentes oportunidades de negocios contemplando estándares internacionales de productividad,seguridad,medio ambiente y responsabilidad social que contribuyen al crecimiento y desarrollo del sector minero peruano. 

sábado, 22 de octubre de 2011

Oro en el marañón

Con el competitivo precio del Oro, su posesión para el ámbito informal en Perú se torna cada vez más conflictiva por consideraciones sociales y medioambientales.
Los pasivos ambientales que genera su explotación carente de regulación en  vastos lugares del territorio nacional como son -entre otros- los casos de Piura, Lima, Ayacucho, Arequipa,Puno y Madre de Dios.
Para el último de los citados, Madre de Dios  , ya nos hemos ocupado con una buena aproximación de lo que viene sucediendo en relación con labores informales para extraer y obtener Oro.
En esta oportunidad haremos referencia a la forma como se desarrollan labores mineras en la cuenca del río marañón y en particular a la extracción del oro aluvial.
Cuenca del río Marañón en las alturas de Huánuco, donde se registran labores mineras.
A diferencia de las sofisticadas y costosas dragas presentadas en el caso de Madre de Dios, en el río marañón se efectúan labores utilizando dragas rudimentarias y en forma muy precaria.
En la siguiente presentación, se difunde las condiciones y forma como operan buzos en las heladas aguas del rio marañón.
El tema de seguridad ocupacional brilla por su ausencia, se trabaja sin cámaras hiperbáricas para la descompresión de buzos que ejecutan prolongadas jornadas laborales.   
Las alturas de la región Huánuco, son mencionadas como un espacio para desarrollar este tipo de labores mineras -a modo de turismo de aventura- para algunos meses del año, sin embargo, debemos tomar en consideración el impacto que podría generar en el entorno ambiental estas actividades masificadas y sin control alguno. 

miércoles, 19 de octubre de 2011

Yanacocha & el problema del agua

Continuar desarrollando esfuerzos aislados trae como consecuencia los conflictos que se vienen presentando en el país, tomando como principal argumento el impacto de las actividades mineras en las cabeceras de las cuencas y la solicitación de puestos laborales.
Yanacocha y el problema del agua en Cajamarca constituye un claro ejemplo de lo que puede estar sucediéndose en forma de metástasis en las cuencas con tradición minera y más aún en las cuencas que recien ingresan a ser consideradas por los nuevos proyectos que se encuentran en cartera por ejecutarse en territorio nacional.
Yanacocha otorga 3,278 empleos directos y beneficia a más de 7 mil familias cajamarquinas a través de los servis.
Tiene previsto continuar realizando labores mineras en la cabecera de cuenca de la ciudad de Cajamarca hasta el año 2015, fecha en que iniciarán sus explotaciones en el proyecto Conga, para lo cual cuentan con la licencia respectiva para operar en la zona.
Pese a que la minera Yanacocha ejecutó su plan de negocios y programas de responsabilidad social empresarial ajustado a las normas y regulación del gobierno peruano, no podrá sustituirlo en la cobertura de atención básica que solicita la población asentada en la zona de influencia.
Cabe acotar que el Estado peruano -a través de sus diferentes niveles de gobierno- es el llamado a atender en sus solicitaciones básicas a poblaciones asentadas no solamente en zonas de influencia de proyectos mineros, sino en la totalidad de las cuencas del País. Si a este hecho, se le agrega la inadecuada gestión del gasto público en términos de carencia de capacidad de gasto y desatención de las justas demandas de la población para no ver reducida su calidad de vida afectada por la actividad extractiva ; podremos entonces estar situándonos ante una situación de franca oposición de todo lo que signifique la industria minera en los espacios comunes por disputas sobre los diversos usos y en particular del recurso agua.
En la actualidad existe un debate con visos de violencia sobre los eventuales pasivos ambientales en cuatro lagunas impactando a la población asentadas en trentiún caseríos , con mayor incidencia en Sorochuco y Huasmín en la provincia de Celendín y la Encañada provincia de Cajamarca.  
Se evidencia la carencia del programa de desarrollo sostenible por cuencas, al ver los impases subsistentes entre los inversionistas y la población, pese a que se cumplieron los protocolos establecidos por norma sectorial para dar pase a las actividades mineras en el proyecto Conga.
Javier Díaz Tacilia, dirigente del centro poblado de Combayo, señaló " que la actividad minera en la zona afecta a la cantidad del agua, pues algunas lagunas están por desaparecer y otras ya desaparecieron, esta situación se ha puesto de conocimiento a la empresa minera, pero no los escuchan", por ello iniciaron una protesta conjunta con varias comunidades.
La demandas sociales generaron disturbios pues ocho equipos pesados usados para el movimientos de tierras, de propiedad de un contratista de la minera Yanacocha, así como una retro excavadora, fueron quemados por un grupo de manifestantes.
Esta actitud violentista es inadmisible desde cualquier punto de vista y debemos invocar a las partes para que expongan sus diferencias y lleguen a un acuerdo razonable y armónico producto del diálogo.
En este contexto, el Estado peruano no puede soslayar su responsabilidad y debe trabajar con la implementación del programa de desarrollo sostenible por cuencas antes que se produscan los conflictos sociales y no lamentar hechos previsible que pudieron ser oportunamente atendidos.

sábado, 15 de octubre de 2011

Complejo Metalúrgico de La Oroya


El Complejo Metalúrgico de La Oroya fue operado por la Compañía Doe Run y cuyas operaciones se encuentran paralizadas desde mayo del año 2009.
Importantes medios de comunicación del país, como es el caso de El Comercio, dan cuenta que la minera Doe Run Perú estaría buscando una nueva ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 36 meses con la finalidad de implementar acciones que le permitan retomar sus operaciones en este Complejo Metalúrgico.
Según una nota de prensa difundida por la consultora de comunicaciones Llorente y Cuenca a nombre de los acreedores no vinculados de Doe Run Perú, esta constituiría la tercera ley de prórroga que el Estado le daría a Doe Run y la sexta ampliación en 14 años de operaciones de la minera.
Las firmas Renco Group Inc.  (propietario de Doe Run) y Doe Run Perú habían iniciado formalmente el 07 de Abril del 2011 un proceso de arbitraje contra el Estado peruano exigiéndole una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
A cambio de la ampliación del PAMA, Doe Run habría ofrecido al Gobierno suspender el proceso de arbitraje iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Asimismo, habría solicitado que el Estado Peruano sustituya al grupo Renco en los juicios iniciados en Estados Unidos en su contra por pobladores de La Oroya que piden ser indemnizados por la intoxicación con plomo a causa de las operaciones de Doe Run.
Este planteamiento no solo habría sido dado a conocer al Gobierno, sino también a los acreedores mineros que abastecían de concentrados a la fundición de Doe Run, pues a ellos la empresa les habría solicitado un crédito de seis meses que le permita seguir operando sus instalaciones, petición que no habrían aceptado.

lunes, 10 de octubre de 2011

Motilidad de la pobreza & Minería

Uno de los principales problemas que enfrentamos los investigadores sociales en Perú, es tener que lidiar con la carencia de una línea base que sustente científicamente a los programas sociales propuestos e implementados desde el gobierno de turno.
Lo antes mencionado está claramente registrado en  documentos  trabajados rigurosamente,uno de los cuales se presentó como “Elementos para una propuesta desde el Control Gubernamental”, producido en el año 2008 por la Contraloría General de la República.
El efecto que causa esta sumatoria de datos incompletos y dispersos , es el acumulado de incertidumbres en la medición de los indicadores para anotar la evolución de pobreza, pobreza extrema y la exclusión social. 
Sin embargo el principal impacto no inficiona solamente a las estadística e informática del país, si no que penetra y afecta negativamente a la misma calidad del gasto público.
Esta recurrente forma de actuar de las sucesivas administraciones del Estado, generan el debilitamiento de todo esfuerzo que apunte a una Planificación por objetivos y Presupuestos por Resultados.
Existe una relación directa entre la falta o inadecuada instalación de la plataforma de linea base con la calidad del gasto público; a medida que la línea base se debilita, también lo hace la calidad del gasto público.
En el año 2010, un grupo de investigadores sociales, con su referente Olga Andrade, realizando exaustivos ejercicios de reingeniería en las instituciones que tuvieron a su cargo a los programas sociales - aplicados históricamente hasta la fecha en el Perú - descubrieron una enorme brecha social generada por la motilidad de la pobreza.
Algunos podrán preguntarse  ¿ cómo es posible descubrir lo evidente? , pues el equipo lo hizo aplicando el método propuesto por Descartes en el fundamento que sustenta la evidencia como criterio de verdad, éste exige también que el conocimiento se retraiga a sus propios dominios y leyes, independientemente de lo que exista externamente a nuestra mente y su proceder. No hay posibilidad de experimentar una intuición sensible.
Esto no existe. Las ideas que provienen de la sensación son siempre oscuras y confusas, así como los niveles de pobreza que se propalan en el país.
En este contexto, la motilidad de la pobreza en Perú no ha sido valorada en su verdadera dimensión, de modo tal que organismos sistémicos de ámbito nacional que involucran al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no han logrado asentar su dinámica. 
Perú experimentó sucesos y eventos en el tiempo que impactaron la esencia de su sociedad, en diversas estructuras de los niveles nacional, regional y local.
Citaremos sólo cuatro de ellos entre el universo que no han podido ser suficientemente actualizados y por tanto, eximidos por los programas sociales que presentaron bajo cumplimiento en sus metas inicialmente previstas :
  1. La vulnerabilidad asociada a la pobreza de poblaciones desplazadas post fenómenos naturales recurrentes históricamente como los denominados fenómeno de El niño y fenómeno de La niña.
  2. El desplazamiento de poblados enteros por la guerra interna  sufrida desde la década de los ochenta y que generó profundas transformaciones en la sociedad.
  3. La dinámica de miles de miembros de comunidades rurales que se desplazan  por las campañas agrícolas, se incluye a la población movilizadas en las cuencas cocaleras.
  4. El despliegue de millares de familias por la fiebre del oro incentivados por los altos precios que viene alcanzando su cotización en el mercado internacional. 
Este hallazgo si bien no tiene el impacto generado por el neutrino respecto del fotón para la Física ; tiene para los académicos peruanos una importancia singular, pues abre opciones para ajustar criterios en la aplicación de modelos e indicadores para resolver el problema de la focalización del grado de pobreza o pobreza extrema producto de la realidad peruana.
La capacidad de movimiento que presentan  la pobreza, pobreza extrema y exclusión   para moverse espontánea e independientemente en respuesta temporaria de estímulos y condicionantes diversos, permiten el desplazamiento espontáneo de la población objetivo de los programas sociales, una vez que se neutraliza al mutar, reducir o desaparecer el agente social o estímulo generador que conecta el accionar de la administración pública a las necesidades de cada nicho ecológico.
Al suceder esto, los programas sociales entran en barrena , así como sus presupuestos, pues se enfrentarán a un colapso sistémico.
Es así que la población en pobreza extrema en Perú no esperan los tiempos empleados por la atención burocrática de la administración del Estado; se moviliza antes de perecer en un lugar determinado.
El surgimiento anual de un mil ciento diecinueve nuevos centros poblados menores de cien habitantes en el país explica en cierto modo esta dinámica. 
Por consiguiente, los espacios geosociales donde es aún inexistente la presencia del Estado o no es lo suficientemente contínua con la atención básica necesaria, son coyunturalmente servidos por la acción social de compañías del sector minero, energético, entre otras.
Sin embargo, este accionar se circunscribe en el ámbito de la zona de influencia de la actividad extractiva y deja el resto a la competencia del estado peruano en sus diferentes niveles de gestión.
En el periodo 2006-2010 el gobierno central transfirió diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho millones de nuevos soles (S/ 17,858 millones) a las regiones, las cuales presentaron problemas de capacidad de gasto en las administraciones de gobiernos regionales. Sin embargo, el aporte del canon minero, coadyuvó en reducir los niveles de pobreza,pobreza extrema y exclusión desde el nivel de referencia replanteado.
   
Según el Ministerio de Energía y Minas , esta suma se transfirieron a las regiones en este periodo.
El binomio Agricultura - zona rural, conjuga el escenario de lo anteriormente citado, por ello consideramos importante situar nuestro análisis en ese contexto.
El pasado 07 de Octubre del 2011, políticos peruanos convocaron a un Forum : "Visión del Agro peruano al 2021 : Plataforma de Consenso" , el cual se desarrolló en las instalaciones del Congreso de la República con multitudinaria presencia de gente vinculada al sector agrario.
El objetivo del evento fue construir un concenso sobre propuestas de desarrollo para la Agricultura con visión de largo plazo, a fin de aumentar la competitividad del sector que contribuya a la seguridad alimentaria,incremente empleo y mejore la distribución del ingreso en el sector rural, con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
De las exposiciones y conclusiones obtenidas del precitado evento, extraemos el hecho que subsisten las deficiencias históricas ya conocidas en los diagnósticos realizados y difundidos de la realidad de este sector: descapitalización del Agro, problemas de propiedad de la tierra, atomización de la producción, falta de competitividad, entre otros; asimismo, se mantiene las perspectivas del colapso de los sistemas de Planificación e información Agraria, así como en el tema de innovación y transferencia de tecnología por  falta de financiamiento.
Según esta visión del modelo vigente en el país, al continuar debilitándose el sistema de financiamiento y seguro agrario, se vuelve imperativo introducir sistemas de asociatividad y formalización agraria, fortalecer a las organizaciones de usuarios de riego, prepararse para el cambio climático y optar por mejorar las políticas de seguridad alimentaria y desarrollo rural como una tabla de salvación para mejorar la situación de los pobres focalizados en las zonas rurales del país.
A mayor abundamiento, podemos rescatar la propuesta hecha por algunos políticos para reducir los costos de fertilizantes y pesticidas de uso agrario, haciendo grandes volúmenes de compras a través del Estado, en suma  activar la acción empresarial del Estado y competir con la actividad privada para bajar los precios de los insumos agrarios coyunturalmente.
Dicho de otra manera, pero en estricto, lo antes descrito constituye la validación de parte de los  elementos que sustentan la ineficacia de los programas sociales en Perú.
Independientemente a que las políticas agrarias se mejoren o no en un futuro próximo, la migración de las poblaciones objetivo de los programas sociales focalizadas en su espacio geosocial es un hecho científico.

jueves, 6 de octubre de 2011

Javier Prado Blas _ Agua,exclusión & mineria

En el mundo entero el Agua dulce es un recurso muy sensible, en Perú no es la excepción. Es mas, constituye un recurso estratégico que en los últimos tiempos ha sido ligado con carencia de democracia y la exclusión social. Habiéndose inclusive generado la frase popular " sin agua potable no hay democracia".
El sector minero, con la minería responsable y como uno de los usuarios del recurso hídrico, participa de su manejo sostenible en territorio peruano. 
Uno de los componentes sustantivos en su manejo, viene a ser la gestión del agua para consumo humano por parte de las Empresas prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS).
Experiencias de asociación del sector privado a las EPS del país hay varias, algunas de ellas se desarrollaron en Arequipa y Cajamarca por citar dos casos en que funcionó la alianza público-privada en el tema del agua gestionado por empresas públicas municipales denominadas EPS. El gobierno central participa en la gestión de la EPS SEDAPAL (Atiende a la capital de la República - Lima) y en el caso de Tumbes es administrada por privados, pues la EPS fue dada en concesión.
Los resultados positivos son evidentes, ya que los servicios de saneamiento brindados por la EPS en las localidades con funcionamiento de alianzas público-privadas lograron importantes avances.
Sin embargo, en otras partes del país, como en el caso de Piura, no se pudo efectivizar programas de trabajo coordinados por las EPS con el componente privado , como es en el caso del sector minero responsable.
Episodios como el acontecido en Tambogrande - Piura, hizo replegar ese tipo de alianzas público - privadas entre EPS y sector minero regulado.
El resultado es la lamentable situación que se vive en localidades que no cuentan con un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado sanitario; y esto pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno Peruano, que en la pasada administración invirtió en los últimos cinco años - entre agosto de 2006 y julio de 2011-  la suma de cinco mil novecientos millones de nuevos soles en proyectos donde aplicó el modelo que prioriza la inversión pública sobre la privada para "coberturar" obras en infraestructura sanitaria.
Nuestra investigación publicada en el año 2008  sobre la Concesión de EPS de Tumbes y el Desarrollo Sostenible en el Sector Saneamiento ya daba cuenta de lo siguiente:
  1. El modelo aplicado para el incremento de cobertura en la prestación de servicios, se sustenta necesariamente en el incremento de las tarifas y al no haber inversiones eficientes se reduce la capacidad de ampliar la cobertura.
  2. El proceso de participación privada permite elevar los indicadores en la prestación de los servicios de saneamiento mejorando la gestión empresarial sin necesariamente elevar mayores niveles de inversiones
  3. Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una  ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo.
El tiempo y los resultados de la actual situación del sector saneamiento en el País, corrobora lo antes indicado, que anticipa el efecto producido por el modelo aplicado - genera compartimentos estancos y una marcada división entre los sectores público y privado en saneamiento - lo cual inhibe la participacion de importantes capitales del sector privado - entre los que se encuentra el sector minero - en comparación a su intervención en otros servicios como transporte, telecomunicaciones, entre otros.
En este contexto, reiteramos la existencia de serias limitaciones en el modelo aplicado en este monopolio natural y que merecería una revisión por parte del actual gobierno peruano.
La primera, referida a la sostenibilidad de la inversión estatal. Ya que las tarifas actuales no garantizan que la infraestructura sea operada y mantenida adecuadamente. La segunda, tiene que ver con la deficiente gestión de las EPS. La tercera, se sustenta en la necesidad que tiene el Estado peruano de recuperar y fortalecer su función reguladora.
Para tener una idea de la gravedad del tema, podemos mencionar los casos de las EPS en Huancavelica, Moquegua y Pisco que tienen pérdidas superiores al cincuenta y cinco por ciento (55%) por agua no facturada.
Otro detalle a tomar en cuenta es que existen noventa localidades en 32 EPS de provincia, cuyo nivel de tratamiento de aguas residuales es cero por ciento (0%).
Es evidente el impacto que pueda suponerse en el ambiente y la salud humana, por la contaminación bacteriológica que generan los vertimientos de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno a los cursos de agua que posteriormente serán aprovechados en diversos usos. 
En este contexto, el premier Salomón Lerner Ghitis - durante el foro de la Cámara Peruano Británica - anunció que el Ejecutivo trabaja para que las empresas de agua y saneamiento de provincias se conviertan en empresas público-privadasporque no es hora de seguir manteniendo a empresas que no dan buen servicio y no tienen rentabilidad”.
Explicó que con ese objetivo, el Gobierno Central y el Gobierno Regional de Piura llegaron a un acuerdo con el fin de establecer una alianza para que la EPS Grau de Piura se convierta en una empresa público-privada.
Asimismo, anotó que estos cambios son básicos para lograr la inclusión social.
Consideramos que el anuncio hecho por el representante del Ejecutivo constituye una buena señal que envía el gobierno a los actores sociales , reconociendo implícitamente la situación caótica -técnicamente quebradas - en que se encuentran gran parte de las EPS en provincias.
Hacemos votos para que se tomen las decisiones adecuadas a fin de revertir el estado de situación anteriormente descrito.
Ad portas del año 2012, el país cuenta con datos oficiales de saneamiento al año 2009 para las EPS, por lo que sólo es un estimado que aún el 24% de la población peruana no contaría con un servicio de agua potable con la calidad adecuada y el 44% no estaría conectado a ningún sistema de alcantarillado.
Para reducir la exclusión social existente en el extremo de la prestación del servicio básico de agua potable y alcantarillado es importante que la actual administración del Estado peruano tienda puentes para que la inversión privada coadyuve en los esfuerzos de alcanzar el orden de S/. 14 mil millones de nuevos soles que aún se requeriría para atender con servicios de saneamiento a la población peruana que aún carece de este servicio básico.
En ese orden de ideas, debemos considerar la necesidad de alcanzar la sostenibilidad de la infraestructura de saneamiento , lo que implica manejar adecuadamente el tema tarifario y mejorar la gestión de las EPS, para lo cual se debe fortalecer el marco regulatorio y utilizar las estrategias que han demostrado dar buenos resultados para un modelo gestado de la realidad nacional.

sábado, 1 de octubre de 2011

30 Edición de la Convención Minera

Cuando se inició la 30 Edición de la Convención Minera (Perumin),el lunes 12 de septiembre de 2011, la viceministra de Minas, Susana Vilca, anunciaba que el portafolio peruano de inversiones hasta el 2020 se había incrementado de US$42.500 millones a US$50.000 millones.
Estas afirmaciones fueron corroboradas por las empresas mineras que durante el desarrollo del encuentro indicaron que, pese a las condiciones del mercado externo y de los nuevos impuestos, continuarán con el desarrollo de sus proyectos.
Así, Sociedad Minera Cerro Verde, indicó que seguirá adelante con su proyecto de expansión, donde invertirá US$3.500 millones para triplicar la capacidad de la planta concentradora de 120 mil a 350 mil toneladas al día.
Por su parte, el representante de Antamina, señaló que la minera está desarrollando su proyecto de ampliación con US$1.300 millones de inversión, apuntando a que este empiece sus operaciones a fines de este año.
Asimismo,Hudbay Minerals manifestó que durante el segundo trimestre del 2012 iniciará la construcción de la mina de cobre Constancia -región Cusco- donde tiene previsto invertir US$1.000 millones
De igual forma , Minera Chinalco , informó que la mina cuprífera  de Toromocho     - Junín - iniciará su producción en octubre del 2013, pues en el mes de mayo se inició la construcción del proyecto con una inversión prevista de US$2.200 millones.
De otro lado, el 16 de septiembre - coincidentemente con la clausura del evento - se presentaron protestas antimineras por parte de un grupo de comuneros que nos indican el probable escenario en el cual se desarrollará el sector minero de cara al futuro; motivo por el cual se debe fortalecer el manejo de los temas relacionados a responsabilidad social, relaciones comunitarias y un adecuado nivel de comunicación para con la población, en estricto, los socios estratégicos del sector minero en Perú.   
Haciendo un balance de lo actuado, podemos concluir indicando que la Convención Minera en Perú se ha constituido en uno de los eventos más importantes de América latina.
Lo antes mencionado se sustenta no solamente por el movimiento económico que genera este tipo de certamen (el orden de los US$ 18 millones) ; también porque contribuye a dinamizar la cartera de inversiones en el marco de un constante proceso de innovación tecnológica que permite ubicar la minería peruana en el contexto mundial.