Evaluación y Fiscalización Ambiental

En Julio del 2011, en nuestro reporte errores de gestión por corregir en evaluación y fiscalización ambiental  sustentamos nuestra posición de no poder seguir soslayando la labor reguladora ambiental que demanda la actual y potenciales inversiones del sector minero,el medio ambiente y la población peruana en general.

Asimismo,en nuestra último reporte de Multas & Sanciones en  minería , decíamos que la agenda pendiente pasa por alinear los criterios para asignar sanciones con eventuales daños ambientales generados, remediación de los impactos ambientales producidos, implementación de mecanismos para agilizar pago de las sanciones ambientales impuestas,entre otros.

En ese orden de ideas,se produjo una suerte de avance cerrando el mes de Marzo del 2013: 
En primera votación con asistencia de 88 % de parlamentarios ,el pleno del Congreso de la república peruana aprobó_en primera votación_ modificaciones a ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental.

Aprobó el Proyecto de Ley 1815/2013-CR que introduce  mejoras a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y  modifica  la Ley General del Ambiente.
El dictamen del Proyecto de Ley, que fuera previamente aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, fue aprobado en primera votación durante la sesión matinal del Pleno y contó con el voto aprobatorio de 45 congresistas, 26 votos en contra y 4 abstenciones.
Esta norma promueve un nuevo enfoque en la fiscalización ambiental brindándole a las empresas la oportunidad de subsanar omisiones, pero incrementando los topes de multas, hasta 30 mil UIT.
Se precisó que las normas de OSINERGMIN e INDECOPI, contemplan la aplicación de multas que pueden superar ampliamente el tope propuesto.
Asimismo se precisó que el tope es aplicable únicamente para los casos extremos de mayor gravedad.
En tal sentido, la iniciativa promueve la fiscalización como agente de cambio, y busca, entre sus principales medidas, la promoción de la subsanación de infracciones menores y mecanismos para simplificar la tipificación de infracciones así como la fiscalización efectiva a ilegales e informales. 
Asimismo, se hacen precisiones en la regulación del Régimen Común de Fiscalización Ambiental,se propone mayor transparencia en la información, se introducen mecanismos para fiscalización ambiental efectiva (mandatos, medidas preventivas y papeletas ambientales), se eliminan las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales y para el establecimiento de tope máximo de sanciones así como se fortalece el Tribunal de Fiscalización Ambiental que contará con vocales especializados a tiempo completo.
Queda pendiente que en la próxima sesión del pleno a realizarse la primera semana de abril del 2013 se concrete la segunda y última votación del dictamen a efectos de dejar firme la precitada iniciativa.
Se plantea ajustes sobre la implementación de la Ley SINEFA e incorpora la posibilidad de reparar las infracciones leves o el incumplimiento de una formalidad que no amerita sanción. Este elemento promotor permitirá al operador desarrollar una actividad productiva sin afectar a las personas y al ambiente.
El proyecto aprobado apunta a permitir al Estado cobrar efectivamente las multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Se propone, además, la exigencia de carta fianza como condición para que en la vía judicial se emitan medidas cautelares a fin de asegurar que el OEFA pueda ejecutar coactivamente las multas.
Para asegurar la mayor transparencia a la fiscalización ambiental se permitirá a la población conocer información sobre los resultados de la fiscalización, sin vulnerar el denominado principio de presunción de inocencia de las empresas.

Multas & sanciones en Minería

En nuestro reporte de registro de multas en minería, dábamos cuenta del proceso histórico seguido por las multas referenciadas a la supervisión y fiscalización de la minería formal en Perú, es decir, aquella actividad minera sujeta a regulación.

Anotamos que hasta el año 2006 el Ministerio de Energía y Minas fue el encargado de aplicar multas por infracciones y que a inicios del 2007 esta facultad fue transferida al OSINERGMIN y a mediados del 2010, el Ministerio del Ambiente, transfiere al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En el lapso 2007-2011 se tenía quinientos noventa y nueve (599) resoluciones de multas por infracciones,de las cuales 45% de multas emitidas fueron canceladas y 30% del monto total fueron pagadas.

Según datos de OEFA _actualizados al 29 de marzo del 2012_ esta entidad impuso 200 multas desde que asumió funciones que suman casi S/.60 millones de nuevos soles,de las cuales 13 multas fueron pagadas (alrededor de S/.1.3 millones de nuevos soles), mientras que la mayoría de estas se encontraba con recurso de apelación.

Esta cifra significa que sólo el orden del dos por ciento (2%) de las multas fueron pagadas en el periodo de creación del nuevo regulador.

El ejecutivo peruano incrementó los montos de las multas a través del Ministerio del Ambiente quien dispuso la aprobación de la nueva escala de infracciones y sanciones aplicables a la gran y mediana minería para las actividades de explotación,beneficio,transporte y almacenamiento de concentrados de minerales, sin embargo estos esfuerzos legislativos devienen en estériles en la medida que el Estado peruano no puede ejecutar los cobros.

A la luz del reporte de OEFA _actualizados al 13 de marzo del 2013_ la institución ratificó a través del  Tribunal de Fiscalización Ambiental la imposición de multas a 78 Empresas Mineras por infringir normas ambientales, lo que acumulado al reporte anterior,superan las 28 Unidades Impositivas Tributarias, es decir mas de S/. 100 millones de nuevos soles.

En esencia lo que busca el regulador mediante las multas es lograr disuadir a las empresas mineras e internalizar las consecuencias de sus infracciones.

La praxis indica que las multas en la mayoría de casos no son pagadas pues casi la totalidad de las sanciones impuestas son apeladas administrativamente por las empresas mineras.

Sin perjuicio del plazo administrativo tomado en cuenta por el proceso sancionador, en Perú se permite que una empresa minera multada pueda agotar la vía administrativa y apelar después en proceso contencioso-administrativo en el Poder Judicial y mientras tanto la multa no se paga.

La agenda pendiente pasa entonces por alinear los criterios para asignar sanciones con eventuales daños ambientales generados, remediación de los impactos ambientales producidos, implementación de mecanismos para agilizar el pago de las sanciones ambientales impuestas, entre otros; todo ello  en el marco del despliegue de acciones integrales que correspondan para otorgar la confianza necesaria a los actores sociales con el fin de mantener una relación armónica con la naturaleza y dinamizar la inversión de los proyectos mineros estancados. 

Acción contencioso-administrativa

La acción contencioso-administrativa, entre la que se desenvuelve la minera contemporánea en Perú se ubica cronológicamente en el marco establecido por el Decreto Legislativo N° 109 (Ley general de Minería) dado en el año 1981 y la Constitución Política del Perú de 1993, que en su artículo 148° establece "Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa".

Su evolución se presentó de la siguiente manera:

1992

Mediante el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92-EM) en su artículo 157° que decía: 

La demanda de impugnación ante el Poder Judicial contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Lima, la que conocerá del procedimiento en primera instancia, sustanciándose por los trámites del juicio ordinario. La demanda se entenderá con el Procurador General de la República encargado de los asuntos del Sector Energía y Minas, así como en su caso, con la parte que hubiere obtenido resolución favorable en el procedimiento administrativo.

En estos procedimientos son admisibles la prueba instrumental, la inspección ocular, la de peritos y las demás compatibles con la naturaleza del proceso. En ningún caso será admisible la prueba de confesión y la de testigos.

El término probatorio será de diez días, salvo que sea necesario actuar la prueba de inspección ocular y/o peritos, en  cuyo caso la Corte Superior habilitará el término necesario.

Procede recurso de nulidad contra la sentencia de la Corte Superior.

No podrá exonerarse del pago de costas a quien fuere totalmente vencido en el juicio.

1996

Con Ley N° 26629 se sustituyó el artículo 157° del Texto Único ordenado de la Ley General de Minería por el siguiente texto:

"La demanda de impugnación ante el Poder Judicial contra las Resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, se interpondrá dentro de los tres (03) meses de notificada o publicada la Resolución impugnada, lo que ocurra primero, ante la Sala Civil de Turno de la Corte Superior de Lima, la que conocerá del procedimiento en primera instancia, sustanciándose por los trámites del proceso abreviado del Código Procesal Civil. La demanda se entenderá con el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas, así como en su caso, con la parte que hubiere obtenido Resolución favorable en el procedimiento administrativo.

En estos procedimientos son admisibles la prueba instrumental, la inspección judicial, la de peritos y las demás compatibles con la naturaleza del proceso. En ningún caso, será admisible la declaración de parte y la de testigos.

Procede Recurso de Apelación con efecto suspensivo, contra la  sentencia de la Sala Civil Superior, ante la Corte Suprema la que resolverá en segunda y última instancia".

Asimismo se podía interponer demanda en el Poder Judicial contra las resoluciones supremas que establecían servidumbres mineras, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Tierras N° 26505, pero solo en el aspecto de la valorización indemnizatoria. Quien podía interponer la demanda impugnatoria era la parte perjudicada por la resolución del Consejo de Minería y por la resolución suprema que establecía la indemnización. La demanda solo podía presentarse en primera instancia ante la Corte Superior de Lima y se entendía interpuesta contra el Supremo Gobierno e igualmente, contra la contraparte favorecida en la respectiva resolución del Consejo de Minería o en la valorización ordenada a raíz de la servidumbre minera. 

2001

Se dictó la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo Ley Nº 27584 que entre sus disposiciones derogatorias se encuentra la primera que indica : "A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogados: 4. El Artículo 157 del Capítulo XV del Título Duodécimo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM".

De otro lado, se prolongó su entrada en vigencia mediante Decreto de urgencia N° 136-2001.

2002 

La Ley 27684 modifica  artículos de la Ley Nº 27584, deroga el decreto de urgencia Nº 136-2001 y precisa entrada en vigencia de la Ley Nº 27584.De conformidad con el Artículo 4 de la Ley N° 27684, se deja sin efecto el Decreto de Urgencia N° 136-2001, disponiendo asimismo el Artículo 5 de la Ley 27684 que la presente Ley entrará en vigencia a los 30 días posteriores a la Ley N° 27684. Con Ley 27709 se modifica el artículo 9º de la Ley Nº 27584, Ley que regula el proceso contencioso-administrativo.

2005

Con Ley Nº 28531 se modifica los artículos 9º y 25º de la Ley Nº 27584.

2008

El Decreto Legislativo Nº 1067 con su respectiva fe de erratas modifica la Ley N° 27584. Así mismo se establece el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS con el que se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificada por el Decreto Legislativo N° 1067.

2009

Mediante Ley Nº 29364 se modifica diversos artículos del Código procesal Civil.

EL DATO

En esta dinámica cambiante, las demandas judiciales contra las resoluciones administrativas que causen estado a que se refiere el artículo 148 de la Constitución, pueden ser impugnadas judicialmente en la actualidad básicamente con arreglo a la Ley N° 27584 del año 2001 y sus modificatorias.

EGM 2013 & Mercurio en Perú

La Evaluación Global de Mercurio (EGM) 2013, publicada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, muestra que las emisiones causadas por la minería de oro a pequeña escala en Sudamérica se han doblado desde 2005.

En Agosto del 2011, ya indicábamos que Perú se constituía en el mayor importador de mercurio en América  del Sur como consecuencia  de su crecimiento exponencial desde el año 2003 por la "Fiebre del oro" extendida en el territorio nacional y la inadecuada regulación respecto a la venta y uso del mercurio al interior del país.

Un reciente estudio revela que cerca del 80% de la población en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado, mostraba niveles de exposición a niveles inseguros de mercurio.

El gobierno peruano, emitió el Decreto Legislativo N°1103 _ publicado el 04 de marzo del 2012 en el diario oficial El Peruano_ con medidas de control y fiscalización en la distribución,transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la Minería Ilegal. En este contexto, se estableció que el mercurio  deba ser registrado en el registro único fiscalizado por SUNAT y que los usuarios deban registrarse, generándose la controversia si es que el mercurio deba considerarse como mercadería restringida y en consecuencia se tenga la necesidad de normativas reglamentarias.

En este lapso, continúan las discrepancias generadas por el potencial impacto que pudiera generarse ante el uso inadecuado del mercurio, principalmente en los productores de trucha afectados por rumor de contaminación.
De otro lado, existen procesos por determinar a cerca del destino dado a mas de 180 toneladas de mercurio que fueron traídas al Perú desde EE.UU y España en los últimos dos años.

El mercurio

Un metal pesado, de color blanco plateado, es líquido a temperatura ambiente y se puede evaporar fácilmente. En el medio ambiente, se encuentra en depósitos de cinabrio. También aparece en formas naturales en otras rocas, como por ejemplo caliza y carbón. El mercurio se puede liberar al aire mediante una serie de procesos industriales descontrolados como sucede con la minería informal en Perú.Una vez se emite, persiste en el ambiente durante mucho tiempo; circula a través del aire, la tierra y organismos vivos, y se puede dispersar a larga distancia en amplios espacios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) : "El mercurio es altamente tóxico para la salud humana y supone una amenaza específica al desarrollo del bebé no nacido y durante los primeros años de vida. La inhalación del vapor de mercurio puede causar efectos dañinos en los sistemas nervioso, digestivo e inmune, así como en los pulmones y riñones, y puede ser fatal. Las sales inorgánicas de mercurio son corrosivas para la piel, ojos y tracto gastrointestinal, y puede inducir toxicidad renal si se ingiere".

Remediación de pasivos ambientales

Mediante Decreto Supremo No. 058-2006-EM publicado el 04 de Octubre del 2006 en el diario oficial El Peruano, el Estado había encargado a Activos Mineros S.A.C. la conducción de la ejecución de los proyectos de remediación ambiental que estuvieron a cargo de Centromin Perú S.A. y otras empresas del Estado, según lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 022-2005-EM.

Según publicación de Andina, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) encargó hoy a la empresa estatal Activos Mineros para que ejecute la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Áncash  Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.

Ello luego de que dispuso, excepcionalmente y en función de la debida tutela del interés público, que el Estado asuma la remediación de los pasivos ambientales mineros de varios proyectos de remediación.

Estos proyectos son Relavera Ticapampa, Acombamba, Lichicocha, Pacococha, Chugur, Santa Rosa 2, Azulmina, Delta Upamayo y Río San Juan, y Saramarca, ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica, respectivamente, calificados de alto riesgo y de muy alto riesgo.

En caso se identificara a los responsables de los pasivos ambientales mineros materia de la remediación ambiental encargada a Activos Mineros, ésta podrá iniciar las acciones legales correspondientes para ejercer el derecho de repetición contra dichos responsables.

Ello a fin de exigir la devolución del monto gastado más los intereses de ley, el mismo que será empleado para posteriores remediaciones de pasivos ambientales mineros, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que proceda iniciar, señala la Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM publicada hoy 18 de marzo del 2013 en el diario oficial El Peruano.

Minería peruana impactada

El primero de Junio del 2012 reiteramos nuestra percepción del tema referido a la minería peruana bajo ataque, considerábamos entonces la posibilidad que en el futuro próximo se abran nuevos frentes antimineros para hacer colapsar el modelo económico con el mito de no existir minería responsable en Perú.
En esa línea de análisis,el día de hoy miércoles 13 de marzo del 2013, el prestigioso decano de la prensa nacional "El Comercio" publica en su editorial bajo el título "Minería en jaque" los hechos que en este espacio venimos documentando desde el año 2010 en forma sostenida:
"Muchos creen que la minería viene creciendo a tasas altas en nuestro país. Esto, lamentablemente, no es cierto. Pocos saben que en los últimos cuatro años el valor bruto de la producción minera ha venido decreciendo a un ritmo promedio de 1,9% por año. El decrecimiento acumulado es de casi 8%.
La razón principal tiene que ver con las dificultades que encuentran las mineras existentes para desarrollar ampliaciones y nuevos proyectos, debido a la resistencia bien organizada y financiada del movimiento antiminero y a las dificultades para obtener permisos y licencias.
El epicentro de la acción antiminera es Cajamarca, donde dicho movimiento prácticamente ha logrado sus objetivos. Hace unos días el INEI reveló que la producción de oro en esa región cayó 27% en el 2012 (y venía ya disminuyendo los años anteriores).La producción de oro de Yanacocha, por ejemplo, ha bajado de 3,3 millones de onzas en el 2005 a 1,3 millones en el 2012. Es decir, se ha reducido a la tercera parte, y ya su gerente general ha explicado que si no se abren Conga y otros proyectos, Yanacocha se retirará de Cajamarca en el 2016. A pesar de que esa empresa posee reservas conocidas para una vida útil de por lo menos cuarenta años, estas le son de muy poca utilidad si no se le deja explotarlas. Los antimineros, de este modo, están logrando hundir a Cajamarca. A partir del 2016 esa región se quedaría sin canon, porque los otros proyectos (Galeno, Michiquillay y La Granja) muy probablemente no saldrían si Conga no va.
Sin embargo, los antimineros no se han quedado satisfechos con paralizar Cajamarca. Su siguiente ataque ha sido al proyecto Cañariaco en la sierra de Lambayeque (el último evento ha sido el acuerdo del Comité Unificado de Lucha de Cajamarca de organizar a 5.000 campesinos de tres departamentos para desalojar a la minera Candente Copper el próximo sábado).
También han sido puestos en la mira los promisorios proyectos Pukaqaqa en Huancavelica y Pucará en Tacna. Todo esto luego de haber tenido éxito en paralizar los proyectos Río Blanco en Piura y Tía María y la ampliación de la concentradora de Toquepala en el sur.
La minería sin duda está en jaque en el Perú. Hay quienes dirán que los proyectos Antapaccay, Las Bambas y Toromocho revertirán la caída y que aumentará nuevamente la producción. Pero tal como vienen las cosas, nada es seguro. Ya el primero está nuevamente bajo acoso en Espinar y si no se adoptan medidas preventivas, los otros dos pueden verse amenazados.
Por supuesto, el movimiento antiminero no es realmente uno ecológico, sino en cambio uno ideológico. Si bien se vende como el defensor del medio ambiente, en verdad no es más que un enemigo del capital.
De lo contrario, lo veríamos tomando alguna acción o llevando a cabo alguna protesta para combatir a la devastadora minería ilegal. Como ha demostrado un estudio citado por Richard Webb en esta página, 200.000 habitantes de Madre de Dios están siendo envenenados por el mercurio que emplea la minería informal. ¿Acaso alguien ha visto a Gregorio Santos, Marco Arana, Wilfredo Saavedra u otro antiminero protestando por esta tragedia?
El gobierno, desafortunadamente, no ha tomado al toro por las astas y sigue consintiendo las acciones ilegales de dicho movimiento a lo largo y ancho del país.
No es gratuito que la percepción de los empresarios acerca de la promoción de la inversión privada que realiza el gobierno se haya deteriorado. El año pasado un 23% de los empresarios encuestados por Apoyo Consultoría le daba una mala calificación al gobierno en ese tema. Ahora, ese porcentaje ha subido al 52%.
El presidente Humala no puede darse por vencido en la tarea de promover la minería responsable.
De los recursos que esta produce dependen no solo el bienestar económico de miles de familias, sino también los recursos estatales que podrían impulsar la salud, educación, seguridad o infraestructura que tanto necesita nuestro país".

Efectos de acciones antimineras

Como un correlato de las acciones antimineras y una caída en precios internacionales de algunos minerales, la producción de cobre cayó 4,41% y oro cayó 25,12% en enero del 2013, debido a menores suministros de las grandes firmas del sector en Perú informó el Ministerio de Energía y Minas. 

La producción de cobre cayó en enero a 93.469 toneladas. Mientras que la producción de oro, se desplomó a 11,7 millones de gramos finos, ante el menor procesamiento de las principales auríferas del país.

“Minera Yanacocha procesó 3’157.418 gramos finos, que es el 26,84 % del total (de oro producido en el país), acusando una disminución de 25 % con relación a enero de 2012”, afirmó el ministerio.

Asimismo, la producción de plata también cayó un 7,27% interanual en enero del 2013 a 266.981 kilos.

De otro lado, el Perú registró un déficit comercial de US$ 484 millones en enero, debido a una caída en las exportaciones de productos primarios, entre los que se encuentran los minerales.

La gerencia general del banco central de reservas , dijo que el déficit comercial tiene factores transitorios como los precios de las materias primas.

Por su parte , según lo informado por ADEX, en Enero del 2013 los envíos de productos peruanos anotaron una caída interanual de 32% a US$ 2.717,5 millones.

Marco tributario del sector minero

El nuevo marco tributario del sector minero en Perú está arrojando algunas cifras en aplicación de la Ley N° 29788 - Ley que modifica la Ley 28258 - Ley de regalía Minera; Ley N° 29789- Ley que crea el impuesto especial a la minería y la Ley N° 29790 _ Ley que establece el marco legal del gravamen especial a la minería.
Esta última norma  establece que el gravamen es un recurso público originario proveniente de la explotación de recursos naturales no renovables que,de conformidad con la presente ley se hace aplicable a lo sujetos de la actividad minera en mérito y a partir de la suscripción de convenios con el Estado, respecto de proyectos por los que se mantienen vigentes Contratos de Garantías y medidas de Promoción a la Inversión de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. Dicho gravamen es trimestral y nace al cierre de cada trimestre. El monto efectivamente pagado por concepto del gravamen es deducible como gasto para efectos del Impuesto a la Renta.
El Ministro de Economía y Finanzas adelantó que el nuevo esquema de imposición minera al cuarto trimestre del 2011 produjo S/. 723 millones de nuevos soles. Asimismo, indicó que la proyección para el año 2012 por la aplicación de los tres conceptos legales sería del orden de los S/.2,900 millones de nuevos soles.

De acuerdo a las precisiones hechas por la jefa de SUNAT , quedó establecida que las manifestaciones antimineras generarán que se recaude 1,000 millones menos por concepto de impuesto a la renta para el año 2012.

En este orden de ideas, la lectura de las nuevas proyecciones de la recaudación en el sector minero aplicando el nuevo marco tributario para el año 2012 sería del orden de S/.1,900 millones de nuevos soles, hecho que afectaría el presupuesto previsto para algunas regiones del país.

Actividad minera 2013_16

El diario especializado en Economía Gestión, publica las estimaciones del presidente del Banco Central de Reserva (BCR),Julio Velarde :

"Entre el 2013 y el 2016, la actividad minera en el Perú alcanzará un crecimiento de 11.2% en promedio anual, a diferencia de los siete años previos en que creció en solo 2%, en promedio, por año". 

Esta cifra la dio durante una exposición ante empresarios mineros canadienses y de diversos países del mundo, en reunión que organizó la Cámara de Comercio Canadá – Perú en Toronto.

Velarde integra la delegación peruana que participa en el PDAC 2013.

“A diferencia de los siete años previos, se verá ahora que la minería va a crecer a dos dígitos”, avizoró.

Ese crecimiento estará sustentado en inversiones mineras por US$ 64,000 millones hasta el 2015, indicó.

Vale recordar que el Ministerio de Energía y Minas había previsto inversiones en minería por poco más de US$ 50,000 millones en el próximo quinquenio.

Inversión

Para los próximos 10 años, en que se pondrán en marcha nuevos proyectos mineros, la inversión en esa actividad será impresionante, vislumbró el titular del BCR.

En el corto plazo, estimó que la mayor producción de cobre que se logrará con estos proyectos dará un fuerte sustento a nuestras reservas de ese mineral rojo para el año 2015.

El dinamismo de la actividad minera, según indicó, dará a su vez un mayor sustento al crecimiento económico proyectado por el BCR para los próximos años.

Remarcó que para los próximos cuatro años, incluyendo el 2013, ese banco estima un crecimiento de la economía en 6.5% del PBI, mientras que para este año será de 6.3%.

Conectividad en la siembra de agua

En Perú se estanca las inversiones en proyectos mineros  aunque  la  expectativa  de inversiones  en exploración mantiene su vigencia , un indicador de ello es que según algunas recientes publicaciones sólo en Canadá habría "un universo de trescientas empresas junior que están interesadas en Perú, las cuales todavía no han venido".  

Conocemos como minera  Junior en Perú a las encargadas de realizar exploraciones,desarrollar proyectos y operar minas en lapso no mayor a tres años. 

En Julio del 2011 comentábamos a cerca de los efectos de incertidumbre generados por los conflictos sociales  y consideramos que las causas que la originaron en ése entonces subsisten.

Una de las causas principales tiene que ver con el tema agrícola y los usos del agua, que bajo la cosmovisión ancestral de los habitantes Andinos, constituye un eje fundamental para su existencia.

Lagunas naturales de agua existentes en las partes altas Andinas.

En esta dimensión sistémica inficiona la posición antiminera para generar controversias entre la agricultura y minería,indicando que la minería acabará con el agua necesaria para el uso agropecuario pues la sola presencia de exploraciones mineras contaminarán los cuerpos de agua en sus respectivas jurisdicciones.

Los primeros resultados del IV Censo Nacional Agropecuario confirman lo evidente " La superficie agrícola en Perú, varía entre departamentos ( hoy cambiada de nombre a regiones políticas) que conforman las grandes regiones naturales,se ha expandido en la Costa en razón de las nuevas áreas ganadas por las grandes obras de irrigación, las cuales son manejadas por grupos empresariales, sin dejar nuevos espacios para más agricultores familiares o medianos agricultores; los cuales optaron por incrementar mayores unidades agropecuarias en la Sierra y Selva.

Se debe poner en valor el agua almacenada sin ser aprovechada adecuadamente.

Es así que el tema del recurso agua toma mayor preponderancia en la Sierra, pues es conocido que en Selva existe mayor cantidad  del recurso hídrico del país.

En este contexto se mantiene en el tiempo la pugna por el agua entre Agricultura y Minería; por cierto, el tema es recurrente y se intensifica dada la condición de los regímenes climáticos temporarios que originan muchas veces que la falta de agua en la sierra no sea tal, sino que esta agua existente se pierda sin ser almacenada y aprovechada adecuadamente.

Para reducir la conflictividad generada por el tema agua, es importante entonces incrementar la inversión en infraestructura para mejorar la "Conectividad del agua sembrada ya sea natural o artificialmente", de modo tal que las poblaciones andinas situadas en las mal denominadas "cabeceras de cuencas", puedan desarrollar sus actividades  ancestrales sin perjuicio de las labores mineras que pudieran ejecutarse en la zona de influencia.

Cuerpos de agua que podrían ser mejor aprovechados en el país

Un inventario actualizado en materia de cuerpos de agua existentes en las zonas estratégicas de los Andes es prioritario y la determinación de líneas bases reales sobre el particular _para determinar la infraestructura necesaria a desarrollar en el tiempo_ ayudarían  hacer despegar a las inversiones mineras estancadas y potenciales en el territorio nacional. 

Impacto económico de conflictos

Como ocurre actualmente en otros países de la región de las Américas, en Perú se empieza a sentir los efectos ocasionados por las protestas ambientales en contra la minería formal.

El retraso en el cronograma de nuevas inversiones en el sector minero constituye un indicador que no solamente obedece a una reducción de los precios internacionales de los minerales sino que fundamentalmente recoge la demora de los permisos para proyectos nuevos ante la presión ejercida por la población asentada en las zonas de influencia minera. 

Las movilizaciones para proteger sus recurso naturales en tanto no visualicen la forma de cómo participarán en la "distribución de la bonanza económica", representa en buena parte el origen del impase subsistente en este extremo del tema minero.

La externalidades generadas impactan sobre el nivel de producción de algunos de sus minerales de "exportación bandera", como es en el caso de la plata y el cobre, sin perjuicio de la producción del oro que también se ve afectada.

En suma, el efecto dominó impactará sobre las expectativas de los ingresos del Estado por conceptos tributarios de impuestos atribuidos al sector minero.

El sector privado y los inversionistas están haciendo su parte, pues las inversiones en minería para el 2012 alcanzaron US $ 8,549 millones , que representa un incremento de dieciocho por ciento respecto al año 2011; pese a los conflictos sociales acontecidos en ese lapso.

El Ejecutivo _a través del sector público peruano_ tiene la palabra, ya que las últimas modificaciones en la legislación laboral y la intensificación de los conflictos sociales son eventos concurrentes a las trabas burocráticas que finalmente afectan a la competitividad del país trascendiendo a otros sectores colaterales de la dimensión minera.

Tendencias & Nuevas concesiones

A inicios de la presente administración del estado peruano, referíamos que existía un retroceso de la minería producto de los conflictos socio ambientales existentes en el país. 

Pasados casi veinte meses de la nueva gestión, la tendencia a postergar los proyectos mineros ligados a la gran minería se mantiene.

Sin embargo _ a Enero del 2013_ el gobierno peruano a través de Ingemmet  otorgó ciento veinticinco (125) concesiones mineras brindando las facilidades previstas por el ordenamiento legal vigente a los denuncios mineros.

Entre los países participantes en las concesiones se encuentran : China (HBDK EperMining), Japón (Sumitomo Metal Mining Perú), México (Fresnillo Perú), Perú (Minera Paragsha SAC) y otros.

Las regiones que otorgaron mas concesiones en minería fueron Áncash (17), Cusco (16), Lima (13) y Huánuco (12).

LCP & Caja negra minera

Los comunicados de prensa donde se consignan importantes inversiones en operaciones mineras en Perú a un ritmo vertiginoso, dan cuenta por ejemplo que la empresa estadounidense Southern Cooper está planeando realizar una expansión con un monto de mil seiscientos millones de dólares en sus minas de Toquepala y Tía maría.Freeport-McMORan ha aprobado una expansión de cuatro mil millones de dólares en sus operaciones de Cerro verde en Arequipa; Antamina considera invertir mas de mil millones de dólares en labores de expansión; de otro lado, Anglo American planea invertir tres mil millones de dólares en Quellaveco, todo ello sin perjuicio de las inversiones previstas en los proyectos mineros altamente publicitados por las disputas entre las "comunidades situadas en las zonas de influencia en general" y las compañías mineras.

En este contexto, surgen las consecuencias prácticas del "derecho" que asiste a las "comunidades indígenas o las denominadas Comunidades originarias" y el "derecho " de las compañías mineras formales.

Es así que los eventos se producen al interior de una suerte de Caja negra minera que  invita a mirar los límites de la propiedad de la tierra.

No podemos soslayar entonces, que los primeros resultados del censo agropecuario nos dicen que ya no hay un millón 750 mil unidades agropecuarias sino que existen actualmente dos millones 300 mil y que estas unidades tendrían menos de una hectárea y se encuentran fundamentalmente ubicadas en la sierra, es decir, compiten con la minería por la tierra y el agua en sentido estricto por encontrarse sistémicamente ligadas.

Es evidente que la agenda pendiente del Estado peruano pasa por dar luces respecto a la necesaria información que demandan tanto las comunidades originarias y los potenciales inversionistas.

En esa línea de pensamiento, presentamos el editorial presentado por el prestigioso diario El Comercio, titulado "sombras nada mas" que hace referencia a un problema que finalmente no sólo afecta a las inversiones mineras en Perú.

"La Ley de Consulta Previa (LCP) fue aprobada por el Congreso en agosto del 2011. A la fecha, todavía no se publica la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la misma (como se sabe, no todas las comunidades cumplen estos dos requisitos).

Con esta larga negligencia, el Estado está haciendo aun más grande la estela de incertidumbre y de expectativas mal fundadas que creó con la aprobación de la referida ley.

En efecto, la LCP vino al mundo con una falla de fábrica (siendo la “fábrica”, en este caso, un convenio de la OIT). Así, la ley da el derecho a las comunidades indígenas y originarias a ser consultadas antes de la realización de cualquier proyecto privado o estatal que pudiese afectar su “identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”, pero otorgando al mismo tiempo al Estado la potestad de decidir discrecionalmente si se continúa o no con el proyecto aun cuando haya habido un “no” como resultado de esta consulta.

En otras palabras, da un “derecho” que, propiamente hablando, no es tal, pues su ejercicio no tiene efectos vinculantes para nadie, pero que al ser llamado “derecho”, sí crea una justificada sensación de empoderamiento en quien lo recibe.

 A nuestro entender, esta es la fórmula de una guerra avisada (y, a juzgar por lo que pasó en Bagua, de la que sí mata gente). Nada asegura mejor que no habrá paz que la falta de claridad sobre hasta dónde alcanza el derecho de cada quien.

Así las cosas, no publicar la lista en cuestión es algo así como permitir a la bruma entrar en una habitación que ya estaba llena de humo.

Gracias a esta continuada omisión, el problema no es solo que ni las comunidades originarias ni los inversionistas puedan tener claro cuando el “no” de las primeras podrá detener un proyecto (todo dependerá del valor que el Gobierno de turno decida otorgar a esa negativa), sino también que no hay manera de saber quiénes tienen el derecho a dar ese “no” en primer lugar.

No es el caso, por lo demás, que aun antes del humo y la bruma hubiese alguna claridad en esta habitación. Como se sabe, es extremadamente común que los padrones de las comunidades no estén actualizados y, por ende, que no se sepa nunca con seguridad quiénes son los comuneros calificados para formar la voluntad de una comunidad en su asamblea y dar un “sí” o “no” válido a cualquier cosa. En la práctica, entonces, tenemos que las decisiones de las comunidades –y los acuerdos con ellas– siempre acaban sujetos a la posibilidad de ser objetados bajo el argumento de que no asistieron o votaron en la asamblea el suficiente número de personas dado el “verdadero” número de miembros de una comunidad. Es cierto que este último problema no se aplica solo a la consulta previa, sino a cualquier decisión que tome una comunidad (como otorgar, por ejemplo, el derecho a usar su superficie para hacer una exploración), pero es igualmente cierto que se aplica también a ella. Con lo que acabamos teniendo respecto de la consulta previa la siguiente situación: nadie sabe bien hasta dónde llega el “derecho” (cuándo acabará siendo vinculante y cuándo no), nadie sabe bien qué comunidades lo tienen, y lo único que sí se sabe bien es que, aun cuando se conociese cuáles son estas últimas, no habría manera de saber con seguridad quiénes son las personas que la forman.

En suma, la consulta previa, que estaba planeada para que haya mayor paz social, ha acabado siendo, al menos hasta el momento, una habitación oscura en la que a todos los que están adentro –comunidades e inversionistas– les será muy fácil tropezarse sin poder saber siquiera con quién. 

Considerando que fue el Estado quien metió a todo el mundo en ese cuarto en primer lugar, imaginamos que no ha de ser mucho pedir que le ponga un poco de luz".

Desafíos en concesiones mineras

Discutiendo el tema de las concesiones y la informalidad minera organizada, nos referíamos al antecedente ligado a la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una concesión  del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima. 

Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.

La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación. 

Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.

En el extremo último citado, recordamos un detalle que levantamos in situ haciendo la consulta a la población periférica de la zona, nos indicaban ante la pregunta del porqué tanto temor a la presencia minera, obteniendo por respuesta: "además de no poder abandonar a nuestros antepasados en el cementerio, la minera traerá las antenas de teléfono y estas radiaciones producirán  infertilidad en los hombres", adujeron.

Ciertamente estas dudas no fueron adecuadamente aclaradas y en esa oportunidad no se neutralizó el discurso antiminero promovido por cierto sector agroindustrial exportador que creyó verse afectado por la presencia de la minería formal.

El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.

Transcurrida más de una década, se presenta un caso similar , pero con otro escenario y  resultado diferente, tratado por el diario El Comercio que toma un interesante artículo de Financial Times  respecto a un análisis de los desafíos políticos para sacar adelante las inversiones mineras en los siguientes términos para el Perú: 

"Situada a una altitud de 5.200 metros en Los Andes peruanos, la recién construida ciudad, que pronto será bautizada como Nueva Morococha se ve incongruente, sus filas inmaculadas de tejados rojos dominan el valle en forma de cuenca.

Chinalco, la empresa minera china, construyó el asentamiento para reubicar a unas 3.500 personas de la localidad de Morococha -un ex campo de explotación minera construido sobre un vertedero a inicios de los 1900.

Nueva Morococha tiene calles pavimentadas, parques infantiles, escuelas, iglesias y plantas de procesamiento de agua, lo que contrasta con la antigua y precaria aldea.

El motivo de Chinalco para trasladar a los habitantes del pueblo se aprecia en grietas en forma de cono que se han cavado en la montaña, color ocre, que se cierne sobre el viejo pueblo.

Es aquí, en Toromocho, que Chinalco está invirtiendo US$2.200 millones en una mina de cobre y planta de procesamiento.

Los pobladores de Morococha están, simplemente, en el camino.

Según la empresa, 77% de los hogares, cerca de 900 familias, acordaron reubicarse.

Chinalco dice que aún está calculando el costo de la reubicación, pero se estima entre US$150 y US$ 200 millones.

El problema es que no todo el mundo está listo para moverse de inmediato. Marcial Salomé, alcalde de la ciudad, ha desafiado a Chinalco y prometió no trasladarse al nuevo pueblo hasta que consiga lo que, él cree, le corresponde al pueblo. “Yo no estoy en contra de la medida, sólo quiero que la empresa nos dé lo que es justo”, dice Salomé. Él representa a una minoría, unos cien residentes, que se ha resistido a los términos de la reubicación. Salomé quiere que Chinalco garantice puestos de trabajo en la nueva mina y que la empresa compense a su pueblo con US$300 millones por la destrucción de su aldea. “Esta es nuestra casa, tenemos que defender lo que es nuestro”, añade.

AMBICIOSOS OBJETIVOS DE LIMA

Si Perú recibe todas las inversiones que tiene en proyecto en los próximos 10 años -alrededor de US$53.000 millones por 52 proyectos- (produciendo así 5 millones de toneladas anuales para 2025) el país se ubicará inmediatamente después de Chile, el mayor productor mundial de cobre, con una producción de 5,7 millones de toneladas.

Perú es actualmente el tercer productor de cobre más grande, ya que produce alrededor de 1,3 millones de toneladas. La minería es la columna vertebral de la economía de rápido crecimiento y representa el 15% del PIB. 

Sin embargo, la explotación de las reservas de cobre presenta un desafío político complicado para el presidente Ollanta Humala.

Si bien muchas de las minas de Chile se encuentran en zonas remotas o despobladas como el Desierto de Atacama, el cobre de Perú se ubica frecuentemente cerca de pueblos y comunidades indígenas. Esto ha obligado a Humala a realizar un delicado acto de equilibrio. 

El presidente ganó la elección comprometiéndose a apoyar a los pobres en los conflictos mineros. No obstante, Humala es consciente de que los miles de millones de dólares de inversiones mineras prometidas son cruciales para mantener el magnífico 6% de crecimiento económico del país.

Esto genera los ingresos extras que necesita para programas sociales, que apoyan a más de un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza -gente como los habitantes de Morococha vieja.

“Perú tiene potencial minero para ser una superpotencia cobre y está mucho más cerca de ese estatus que lo que estaba hace 20 años. Se está moviendo en esa dirección”, sostuvo Anthony Bebbington, un ex consultor del Banco Mundial. “La pregunta es, entonces, ¿se puede avanzar sostenidamente hacia adelante? ¿Y cuáles serían las condiciones sociales y políticas institucionales que permitan que eso suceda?” El gobierno admite a más de 200 conflictos.

Los que más a menudo se vuelven violentos están relacionados a la minería y cada vez más se centran en el uso del agua. Minas Conga, Tintaya-Antapaccay de Xstrata, en la región sur del Cusco y el proyecto Cañariaco de Candente Copper en Lambayeque, son los mayores conflictos. 

El gobierno está tratando de enfriar las disputas mediante la participación de autoridades regionales directamente en la gestión de conflictos y los procesos de resolución, así como su inclusión en las negociaciones de los proyectos.

Finalmente, la administración está poniendo su fe en una ley de consulta previa, que recogerá las impresiones de las comunidades locales antes que se inicien grandes proyectos mineros, aunque hay muchos escépticos. En tanto, el gobierno recibirá a los inversionistas con los brazos abiertos.

El año pasado (2012) concedió 4.668 permisos de explotación minera a 582 empresas, frente a 3.100 en 2011".

Plazos & Control de contaminación

Existe una polémica generada en razón de las recientes medidas tomadas por el Ejecutivo peruano respecto al tratamiento sobre el tema del Control de la Contaminación en la Gran y Mediana minería y su equivalente en la minería informal.

Ya con fecha 10 de noviembre de 2012, se había publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo Nº 007-2012-MINAM, donde se aprueba el Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de las labores de explotación, beneficio, transporte  y almacenamiento de concentrados de minerales.

Mediante este dispositivo se actualiza la Escala de Sanciones, aumentándose el tope máximo de 600 UITs de multa hasta 10,000 UITs, conforme a lo establecido por la Ley General del Ambiente. Este Decreto Supremo se encuentra en plena vigencia desde el once (11) de Noviembre de 2012.

Ante una lectura de una supuesta ampliación de plazos para la formalización de la minería informal, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, precisó que el Gobierno no ha ampliado el plazo de formalización para la minería ilegal, a propósito de los decretos supremos emitidos el miércoles otorgando plazos adicionales para presentar algunos documentos necesarios para la formalización.

En ese sentido explicó_ según lo propalado por los diarios Gestión y Expreso entre otros medios de comunicación_ que el plazo para presentar las declaraciones de compromiso a nivel nacional ya venció y estos decretos supremos emitidos ayer “no permiten que se presente una más”. “El proceso de formalización a nivel nacional vencerá en abril de 2014 y ese plazo no se ha cambiado. No se ha extendido un día más”, dijo.
Sin embargo, el prestigioso diario Gestión, aclaró que el mismo día en que el Ministerio del Ambiente publicaba su norma, el Ministerio de Energía y Minas emitía otra similar _ Decreto Supremo_ que modificó el art.3° del Decreto Legislativo N° 1100, fijando que el Gobierno Regional de madre de Dios deberá conducir y culminar el proceso de formalización hasta el 19 de Abril del 2014.
Asimismo, precisa que  el art.3° del Decreto Legislativo N° 1100, publicado el 15 de marzo del 2012, señalaba que el proceso de formalización en Madre de dios se daría hasta marzo de este año (2013).

Proceso de formalización minera

A lo anteriormente anotado en Plazos para la minería informal  añadimos que en virtud a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1105 _publicado el 19 de abril del 2012 _ se estableció las Disposiciones para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, con el objeto establecer normas complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional;en este contexto los titulares de las concesiones mineras tenían inicialmente un plazo para presentar la declaración de actividad minera informal en el área de su concesión hasta el 17 de Julio del 2012.

Mediante Ley N° 29910, se estableció un plazo adicional de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del 06 de Setiembre del 2012 para que los sujetos de formalización, cumplan con presentar la Declaración de Compromisos, con el objeto de acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

Con fecha 05 de febrero del 2013 se dio el Decreto Supremo N° 001-2013-MINAM ampliando el plazo a los sujetos materia de regulación para presentar el “instrumento de Gestión Ambiental Correctivo” ante el correspondiente Gobierno Regional hasta el 05 de octubre de 2013. 

Asimismo, según lo dispuesto por el Decreto Supremos 003-2013-EM, dada en la misma fecha que el instrumento legal precitado,05 de febrero del 2013, los sujetos a la norma deberán cumplir con presentar hasta el 5 de setiembre de 2013 la acreditación de titularidad , el contrato de cesión y el acuerdo o contrato de explotación que tengan sobre la concesión minera. 

De otro lado, también deberán presentar la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial hasta el próximo 16 de setiembre del 2013, en tanto que la autorización de uso de aguas se podrá acreditar hasta el 25 de setiembre del 2013.

Sin perjuicio de la precisión de las fechas establecidas :05,16 ó 25 de Setiembre del 2013  o eventualmente el mes siguiente 05 de octubre del 2013, se hace evidente que el presente año 2013 se torna crucial para ver el cumplimiento del ordenamiento legal vigente peruano para formalizar a la minería ilegal.

De no lograr su objetivo, es muy probable que exista un crecimiento exponencial de esta ilícita actividad en el país, pues el desborde de las leyes tendrá que ser regulada con los instrumentos pertinentes como son la interdicción y represión en contra de los sujetos que se colocaron fuera del proceso y en consecuencia continúan en flagrante ilegalidad.

Una adecuada política de Estado sobre el particular es necesario que se internalice en el país de cara a la administración de futuros gobiernos, a efectos de armonizar el crecimiento y desarrollo de la sociedad peruana en general.

Inversiones mineras & Redistribución

El diario Perú 21 difundió detalles de la entrevista realizada en canal 2 televisión a un connotado empresario minero peruano en los siguientes términos:
Roque Benavides,CEO de la minera Buenaventura, criticó la gestión del premier Juan Jiménez, y dijo que tiene un sesgo que le impide abocarse a promover las inversiones en el país, al cuestionar que el jefe del gabinete juan-jimenez-y-gregorio-santos no haya hablado sobre el futuro del proyecto Conga en la reunión que sostuvo con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.
El problema de Cajamarca es el minero, los recursos de Cajamarca vienen del sector minero. ¿Cómo es posible que no se haya hablado del sector minero como si fuera un apestado?. Yo creo que debió hablarse de las posibilidades de desarrollo de Conga , de cómo se va a mantener las operaciones de Yanacocha y otras mineras”, manifestó.
Las cosas hay que hablarlas:los seres humanos nos diferenciamos de los animales en que podemos hablar de todo”, agregó en tono irónico en el noticiero “Abre los ojos” de Frecuencia Latina.
En ese sentido, puso en entredicho la gestión de primer ministro en cuanto a la promoción de inversiones se refiere. “Juan Jiménez es un hombre que está muy abocado al tema anticorrupción.
Creo que es un sesgo que tiene. A mí me gustaría verlo más abocado a la atracción de inversiones, a fomentar de que haya mucha más actividad económica”, refirió. Benavides recalcó que debió hablarse del desarrollo de proyectos mineros en Cajamarca como La Granja (minera Rio Tinto), Michiquillay (minera Anglo American), Galeno (Lumina Copper), Tantahuatay, entre otros. Buenaventura contó que ha visto a Gregorio Santos en dos oportunidades y que en ambos la autoridad regional lo desairó. “Él salió y me paré para saludarlo, pero se pasó de largo. La otra ocurrió en Conga cuando fueron tres ministros, él le dio la mano a las autoridades y cuando estiré mi mano, se dio la media vuelta y se fue”, contó.

Desarrollo rural en el 2013

En la siguiente entrevista_presentada en cepes rural_Carlos Monge, Coordinador Regional de America Latina de Revenue Watch Institute, analiza el concepto de desarrollo rural que maneja el actual gobierno, así como la necesidad de que la pequeña agricultura sea una de las palancas para lograr el desarrollo rural. También insiste en que la gran minería no se propone hacer ningún tipo de desarrollo rural en el país, y que los lobbys mineros, en la actualidad,están impidiendo la promulgación de una ley de ordenamiento territorial. 

Este año 2013 ha sido bautizado por el gobierno como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, lo cual nos lleva a preguntar ¿qué entiende el gobierno sobre desarrollo rural?

Yo no he escuchado, de parte del gobierno, una especie de gran definición conceptual: «esto es lo que entiendo por rural, esto es lo que entiendo por desarrollo, y en consecuencia esta es mi política supra, grande, orientadora sobre desarrollo rural». A mi me ilustra más bien lo que el gobierno está haciendo. Y lo que veo en relación con el mundo rural ─no solamente agrario, sino el mundo rural de manera más amplia─ es que hay una política sectorial agraria que ha estado fuertemente centrada en la promoción de la mediana y gran agricultura de exportación en la costa.

Ha seguido la inercia de anteriores gobiernos…

Sí, de acuerdo. Incluso tu lo ves en la selección de los últimos tres ministros: Miguel Caillaux, que ha sido presidente de Conveagro pero que es un líder de medianos agroindustriales costeños; Luis Ginocchio, un conocedor de la agricultura costeña y de la plataforma agroexportadora del norte; y ahora Milton von Hesse, un técnico que viene del MEF.

 ¿Y el perfil de estos tres ministros que te da a entender…?

Me da la impresión de que ha habido una continuidad por la consolidación de la plataforma agroexportadora costeña. Y el caso emblemático es Olmos. Que un Ministerio de Agricultura con cuadros progresistas, con gente que viene de la izquierda, y con mucha cercanía con Conveagro, haya dejado que ocurriera lo de Olmos, en mi opinión, fue una barbaridad. Olmos es un proyecto diseñado para reconcentrar tierra, donde premias al que compra más y no había ningún espacio para promover el acceso a pequeña y mediana propiedad. En mi opinión, los perfiles de las personas y las políticas más significativas tienen que ver con la continuidad.

¿Ha habido un excesivo apoyo a la agricultura industrial en desmedro de la pequeña agricultura?

No digo que la descarten ─porque creo que también se debe tener una plataforma agroexportadora exitosa, ojalá democratizada, ojalá no tan concentrada─ pero que por lo menos le presten mayor o igual atención a los problemas de inversión, crecimiento económico, desempeño, y productividad de la sierra andina, de la sierra campesina empobrecida. Yo veo un Ministerio de Agricultura muy costeño. Y ahí no está ni la mayor ni la peor pobreza. Ahí no están los gravísimos problemas estructurales del  minifundio, de la interculturalidad, de la complejidad de la geografía. Veo un ministerio centrado en costa que no tiene un gran liderazgo, ni un gran discurso, ni una gran apuesta en relación a la sierra. Sin embargo, lo que sí veo en políticas para la sierra es una incesante y enérgica promoción de una gran minería en el espacio andino, y, por otro lado, la promoción de programas de lucha contra la pobreza.

¿La pequeña agricultura continúa siendo la actividad económica que servirá de palanca para superar la pobreza rural? ¿O el actual gobierno está concibiendo otras actividades económicas?

En la práctica, lo que el gobierno está haciendo en ese mundo rural pobre, de pequeños productores parceleros, comunitarios, quechuahablantes, es promover la minería y focalizar los programas sociales. Yo no veo que esté haciendo una apuesta por esa pequeña agricultura comunal, familiar, parcelaria. Esa es mi crítica. Parece que en la imaginación del gobierno, el desarrollo rural de las zonas pobres y, por tanto, la superación de la pobreza, no va a venir de la agricultura misma sino de un cheque del Programa Juntos, con su Cuna Más, su Pensión, su Beca, es decir, la suma de todos los programas. Ciertamente ahora cuentan con técnicos más calificados y con más respeto por la dignidad de las personas. Los equipos que ahora manejan el MIDIS no manosean la dignidad de las personas, con los niveles del clientelismo que había durante Fujimori, e incluso también con Toledo y García. Pero, finalmente, lo que veo es harta minería y harto programa social, y poca política que saque al campesino de la pobreza a partir de su condición de ser campesino. Yo creo que la única salida de la pobreza ─que sea sostenible, permanente y con dignidad─, es que el campesino sea exitoso en el mercado. Así de simple. Cuando un campesino pueda vender sus carnes, sus lanas, su fibra, su artesanía, sus papas, sus quinuas en el mercado ─sin necesidad de un cheque mensual que lo sostenga, como colgado de los pelos, encima de la línea de la pobreza─, entonces yo creo que ahí va haber inserción social.

¿Para caminar hacia este anhelado desarrollo rural, la pequeña agricultura tiene que ser necesariamente la palanca? ¿Por qué no puede serlo también la gran minería?

No, porque la gran minería plantea tres problemas fundamentales. El primero es que la gran minería compite por la tierra ─y sobre todo por el agua─ con esa misma población campesina, parcelera, comunera. La gran minería, en algunos casos, destruye fuentes de agua al hacer tajo abierto en las praderas altoandinas. Y, en muchos casos, contamina el agua que no consume, devuelve aguas contaminadas o tira relaves. Entonces, hay un primer problema de que la minería compite con la agricultura en el tema de acceso a ciertos recursos. En segundo lugar, la minería genera poco empleo directo, y no se puede reconvertir a 600 mil pobladores de Cajamarca en trabajadores mineros. No hay manera. La minería grande y formal es una operación muy intensiva en capital, que requiere mano de obra calificada, que no puede ser provista por las poblaciones locales. Y en tercer lugar, la gran minería tiende a no abastecerse de los agentes económicos locales, es decir, tiene poco contenido local, porque hasta la comida la traen de afuera. El Estado no tiene ninguna política para promocionar que las empresas mineras compren en los mercados locales. Cero políticas al respecto.

¿Crees que las actuales políticas del gobierno están dirigidas a una convivencia entre la gran minería y la agricultura en determinadas zonas?

Creo que el gobierno apunta por la gran minería porque es fuente de renta, esa es la razón principal. Una fuente de renta que le va a permitir sostener sus programas sociales, porque en la concepción del gobierno la lucha contra la pobreza pasa, fundamentalmente, no por el Ministerio de Agricultura ni por el Ministerio de la Producción, sino por el MIDIS. Pero al final están repartiendo plata y eso requiere un presupuesto. ¿Te acuerdas de la frase del presidente Humala?: «Conga garantiza la gran transformación». Bueno, Conga es la fuente de renta para los programas sociales y eso es lo que él quiso decir. Yo no sé si el gobierno sabe cuán compatible es ese gran proyecto minero con la pequeña agricultura. Su visión fundamental es: «necesitamos meter el paquete de 56 mil millones de dólares de inversión minera porque esa es la renta que nos va a permitir atender la pobreza». Esa es su compresión de lucha contra la pobreza y todo lo demás es secundario.

Hace unas semanas se firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas para buscar una buena relación o convivencia entre la pequeña agricultura y la minería. ¿Esto qué implica?

El mismo término “convivencia” me preocupa. Es como que están juntos y no se tocan, no es una relación mutuamente beneficiosa. Creo que es un gesto político más que algo real. Mi preocupación es que quieren sacar adelante proyectos ─tipo Conga o Tía María─ a como dé lugar y sin importar el tema del agua que es fundamental para la agricultura. Por otro lado, tampoco tienen ninguna política que le diga, a esos mismos agricultores del valle Río Tambo o de las cuencas de Celendín, que la mina les va a comprar o que fomentarán un proceso de asociatividad, capacitaciones o asistencia técnica. Eso no hay, no existe, ni forma parte de una política gubernamental. Lo que sí hay es: «te impongo el proyecto minero», y lo demás librado a la buena de Dios…

¿Necesitamos la gran minería para aspirar a un desarrollo rural integral?

No, para nada. Lo que el gobierno dice es que la minería genera renta y con esa renta hacemos escuelas, vías de comunicación, etc. Pero la minería, per se, no genera ningún tipo de desarrollo rural, incluso en algunos casos lo perjudica. Nosotros hemos investigado cómo, en muchos casos, la rentabilidad minera se traduce en presupuesto municipal a través del canon; y el alcalde ─desesperado por gastar y con el afán de hacerse reelegir─ paga jornales tres o cuatro veces más altos de los que paga la agricultura. Entonces tienes problemas de falta de competitividad de la agricultura porque le distorsionas el mercado de mano de obra por la vía de la obra municipal en la infraestructura. Eso ya lo hemos documentado en varios casos en el país. Hablemos claro: en primer lugar, la minería no se propone hacer desarrollo rural. La minería podrá manejar un concepto de responsabilidad social corporativa y preocuparse por el bienestar social de su entorno ─en algunos casos más y en otros menos─, pero su objetivo fundamental no es el desarrollo rural. En segundo lugar, no hay ninguna política pública que busque una mejor articulación de la minería con su entorno rural.

En medio de este proceso de descentralización ¿los diversos gobiernos regionales están acogiendo la actividad minera como parte de sus planes de desarrollo?

Creo que hay de todo. Es difícil hablar de “los gobiernos regionales” porque hay una enorme heterogeneidad. Existen algunos como el de Cajamarca que se han tirado frontalmente en contra, presionados por su base social.  Y además Yanacocha es una mala marca, tiene una mala imagen. Pero tienes casos como los de Moquegua y Tacna donde los gobiernos regionales entran en la lógica de la negociación, siempre en torno al agua, y buscando proteger a una base social que es fundamentalmente agraria y que compite con la mina, o que siente que la mina, más bien, compite con ellos por el agua. Entonces en un caso un gobierno regional dice: «o sacamos Pasto Grande o no hay Quellaveco»; y en otro caso un gobierno regional dice: «desaliniza agua de mar, aunque bajes tu tasa de ganancia, o sino, no hay ampliación de Cuajone y Toquepala». En ambos casos es un gobierno regional el que ingresa al debate, aunque no tiene ninguna competencia, pero como actor político entra al debate y pone en el centro del problema el tema del desarrollo rural ─buscando proteger una dotación de agua para el desarrollo rural─ y planteando soluciones creativas.

Sin embargo, ¿no suena utópico plantear que se impida el ingreso de la gran minería sabiendo la alta rentabilidad que en la actualidad tiene esta actividad?

Bueno, puede sonar utópico pero en Costa Rica ya lo hicieron. Ahí te prohíben la minería de tajo abierto; te prohíben el uso de mercurio y cianuro; y apostaron por la pequeña y mediana agricultura. Esas son sus bases de generación de empleo, de ingresos públicos y de renta pública. Y Costa Rica es un país moderado, tirando para conservador, nada izquierdista, casi una colonia norteamericana, culturalmente hablando. Entonces, ¿por qué va a ser totalmente utópico? Me parece más bien realista el pensar que no es posible que el país siga absorbiendo todo un paquetón de inversiones mineras. El gobierno debe bajar un poco el ritmo. Allí donde no se puede, pues no se puede. Y más bien debe empezar a pensar qué se puede hacer con esa pequeña y mediana producción. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿cuál ha sido la acción del gobierno ante el proyecto Conga? Yo no veo un Ministerio de Agricultura interviniendo con la misma energía para recuperar la ganadería lechera, las cuencas, la alfalfa. Eso no hay. Solo es minería, minería, minería.

Entonces… ¿cuál es la visión de desarrollo que tiene el gobierno de Ollanta Humala? o mejor dicho ¿tiene una visión de desarrollo rural?

Yo no creo que tenga una visión de desarrollo rural. Creo que lo que ha tenido son ministerios con visiones parciales. Creo que el Ministerio de Agricultura ha estado muy concentrado en la agricultura de costa, eso es lo que sus cuadros conocen, eso es lo que los ministros conocen. Creo que la sierra se la han encargado al Ministerio de Energía y Minas y al MIDIS, y que ellos vean como hacen. Yo no conozco un discurso central que me haya impactado y que me diga que existe un conjunto de intervenciones del sector público en comunicaciones, transporte, agricultura, trabajo, pequeña y mediana empresa, destinadas a recuperar la competitividad de la pequeña agricultura y crearle condiciones mínimas para salir adelante. No veo eso.

¿De qué manera una Ley de Ordenamiento Territorial ayudaría a ver el camino  para alcanzar ese desarrollo rural?

Ese tema es súper importante. La Ley de Ordenamiento Territorial, si se hace bien, va a terminar de definir la metodología y las competencias para hacer un proceso previo de zonificación ecológica y económica. Eso es totalmente fundamental porque, si se hace bien y de manera participativa, permitirá combinar los saberes técnicos con los saberes populares para generar una suerte de acuerdo, de consenso, de pacto social respecto de cuáles son los recursos que hay en ese territorio y cuáles son los prioritarios; para qué se deben usar; en qué partes del territorio y para quién; y por la misma razón, cuáles son las cosas que no se pueden hacer.

¿Estamos maduros, políticamente hablando, para ejercer una ambiciosa ley de este tipo? Es decir, la madurez de actores sociales de una zona para reunirse y tomar una decisión consensuada sobre el futuro económico de su territorio…

Pero son madureces que también se construyen. Es decir, no se debe tener un gobierno central que reaccione con miedo cuando Cajamarca hace su zonificación. Por ejemplo, en el gobierno anterior el ministro Brack la declaró ilegal porque no la hizo él ni estuvo bajo su control, o porque le tuvo miedo, o porque las mineras se quitaron del proceso y la denunciaron como una conspiración comunista en contra de la inversión. ¡Y eso que el proceso fue acompañado por la GIZ, por Dios! La GIZ es la misma que colabora con el Ministerio de Agricultura, con la Defensoría del Pueblo, con el MEF y con medio mundo. Pero no, la reacción no es de liderazgo. La reacción no es de: «vengan, hagamos esto, encerrémonos una semana, juntemos a los técnicos, veamos cuáles son las bases mínimas de acuerdo». Yo parto de la premisa de que son madureces que se construyen en la búsqueda del consenso, con la intencionalidad de sacar esto adelante. Siempre habrán discrepancias, obviamente, en un proceso participativo. El conflicto es parte de la vida social. Habrá intereses contrapuestos pero también mecanismos institucionales para resolverlos. Pero yo sí creo que el ejercicio mismo puede generar bases de consensos más grandes de lo que podría aparecer a primera vista.

¿Y cuál es la posición actual de los lobbys mineros sobre el ordenamiento territorial? ¿Permitirán que salga una ley de este tipo?

Yo entiendo que su posición es que «mientras menos mejor y si no hay una, muchísimo mejor». Y en algunos de los debates, a uno de sus representantes le he escuchado decir: «el único ordenamiento territorial que hay es el resultado de la exploración que te dice si hay o no hay minerales». Es decir que, para ellos, la única lógica de ordenamiento territorial es la rentabilidad de esa inversión en el mercado. O sea, «si hay minerales y es rentable, esa es una zona minera, y el resto son vainas. Eso del ordenamiento territorial es un invento de los ambientalistas agitadores, ultras, extranjeros…». Es decir que, para ellos, el destino de un territorio lo decide la rentabilidad en el mercado de los recursos que contiene. Yo estoy absolutamente seguro que el lobby minero está ahí, trabajando contra el ordenamiento territorial y estoy seguro que tiene al MEF y al Minem de su lado.